POLITICA
Las áreas que más empleos públicos ajustaron y el objetivo de la motosierra de Milei para 2026

A pocos días de comenzado el año, la cúpula del Gobierno dejó trascender a que tenían una meta informal en materia de política fiscal y de gestión: reducir un 10% de la dotación estatal durante el primer trimestre. Esto no se concretó en los hechos y tiempo después el objetivo se reconvirtió con un nuevo horizonte, fines de 2026.
Se trata de un objetivo ambicioso. En particular, porque hubo un recorte sustencial de la dotación en los primeros dos años de la administración Milei. La profundización de la misma ya genera ciertos reparos entre algunos ministros, que reconocen que el margen para seguir acotando el personal es fino si es que no se quieren desnaturalizar las tareas de áreas u organismos clave.
El Informe de Gestión N° 145 que presentó la Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados esta semana da cifras oficiales y magnifica lo hecho hasta entonces. En el universo de las empresas públicas, la reducción total entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 fue de 18.278 empleados, con una caída desde 91.166 a 72.888 puestos. En el conjunto de ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional (APN), la merma alcanzó los 37.972 agentes sobre un total de 205.550, lo que equivale a una contracción del 18,5% en el período.
El sector del Ejecutivo que tiene la responsabilidad de la planificación de la política de empleo estatal es el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y que reconoció en una de las respuestas que no hay prevista una meta cuantitativa de despidos para 2026.

“Las reducciones de personal no responden a una meta cuantitativa fija, sino que se producen de manera gradual, a medida que se avanza en el análisis detallado de cada área u organismo. Dicho análisis evalúa la existencia de superposiciones de funciones entre dependencias y si dichas funciones relevadas corresponden efectivamente a cometidos propios del Estado Nacional con sustento normativo de rango legal”, respondió la cartera en uno de los casos.
El proceso de evaluación sobre la dotación estatal llevó a la salida de casi 56.250 trabajadores entre empresas públicas y organismos del Estado. De querer desplazar al 10% de la dotación, deberían desplazar a cerca de 17.000 agentes solo en la APN y 7.000 en las empresas públicas.
La respuesta oficial, incluida en el informe parlamentario presentado esta semana, establece con precisión el criterio rector: cuando el análisis concluye que las funciones de un área se superponen con las de otra dependencia, o que no constituyen responsabilidades propias del Estado nacional con respaldo legal, se dispone la discontinuación de esa área y la desvinculación del personal afectado.
Cuando, en cambio, se trata de funciones indispensables previstas en una norma legal, se determina la dotación mínima necesaria para prestarlas de manera eficiente, con base en el volumen de trabajo y los procesos asociados. La política, según el texto oficial, es de adecuación funcional y racionalización organizacional, no de ajuste por cupo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ordenó a los ministerios reducir un 2% los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital (inversión/obra pública) para sostener el “déficit cero”. Tal y como informó oportunamente Infobae, hay ministros que no ocultan incomodidad por la medida, ya que el margen para cumplir con el objetivo informal de 10% es reducido.
Las empresas que encabezan la motosierra
Datos públicos publicada en el Anexo de la Pregunta N° 153 del Informe de Gestión, el Correo Oficial de la República Argentina encabeza la lista de empresas con mayor reducción en términos absolutos: perdió 4.891 empleados, con una caída desde 16.879 hasta 11.988. Le sigue la Operadora Ferroviaria S.E. (Trenes Argentinos Operaciones), que pasó de 23.875 a 20.138 agentes, con 3.737 puestos menos. Aerolíneas Argentinas registró una baja de 1.838 puestos, de 11.617 a 9.779, mientras que Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) redujo su planta en 1.667 empleados, de 7.680 a 6.013.
Un caso particular es el de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (DECAHF), que eliminó la totalidad de su planta: los 1.425 empleados que registraba en diciembre de 2023 no tienen continuidad en febrero de 2026. En términos proporcionales, la Agencia de Publicidad del Estado redujo su dotación un 78,5%, de 790 a solo 170 agentes. Otras empresas con bajas relevantes fueron Casa de la Moneda (-682), Corredores Viales (-640) y la Agencia de Publicidad del Estado (-620).

No todas las empresas mostraron caídas. Ferrocarriles Argentinos S.E. (FASE) sumó 419 empleados en el período (aunque por el reordenamiento que hubo de las empresas públicas ferroviarias), Radio y Televisión Argentina (Canal 7) incorporó 147, e Intercargo registró una leve suba.
Los organismos con mayores caídas porcentuales
Entre los organismos de la APN, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) registró la mayor contracción proporcional: un 58,5%, con 377 puestos menos, de 644 a 267 agentes. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) cayó un 49,1%, de 275 a 140 agentes, y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) perdió el 48% de su dotación, de 508 a 264 empleados.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) disminuyó un 44,9%, con 335 puestos menos. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) registró una baja del 43,1%, y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) perdió el 41,3% de su personal. Los dos ministerios con mayor peso absoluto en esta franja fueron el Capital Humano, con una caída del 40,8% (-5.483 empleados), y el de Economía, con un 40,5% menos (-5.313 agentes).
El ENACOM perdió el 39,7% de su plantilla, otro dato que ilustra la profundidad del proceso en organismos regulatorios y de control.

En el otro extremo, el Ministerio de Seguridad sumó 442 agentes, un incremento del 45% respecto de su dotación inicial. El Ministerio de Justicia incorporó 129 empleados, la Procuración del Tesoro 48, y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) casi triplicó su planta, de 33 a 97 agentes.
Organismos bajo revisión sin decisiones cerradas
El informe incluye respuestas de varias carteras que grafican el estado actual del proceso.
En el caso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el organismo pasó de 5.391 agentes en diciembre de 2023 a 4.497 en marzo de 2026, con 894 desvinculaciones en el período. El informe precisa que esas bajas se enmarcan en el Decreto 1149/24 y sus modificatorias, que establecen restricciones al ingreso de personal en el sector público, y que no existe un plan específico y autónomo de reducción para el organismo.
Dos respuestas del informe merecen atención por su especificidad. El Ministerio de Defensa salió al cruce de versiones sobre posibles desvinculaciones masivas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La cartera negó que se vaya a desvincular a 500 trabajadores experimentados, aunque por estas semanas se efectivizó el despido de 240 trabajadores sin un plan de transición para comprar maquinarias que puedan suplir el trabajo de los desplazados.
La Cancillería, por su parte, explicó que en 2025 no convocó a un nuevo proceso de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) porque un análisis interno concluyó que la dotación vigente y las necesidades de servicio no lo hacían imprescindible. El organismo continuó con las actividades de capacitación y perfeccionamiento de los diplomáticos ya incorporados.
En el sistema ferroviario, la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSA) pasó de 23.833 empleados en diciembre de 2023 a 19.913 al 7 de abril de 2026, una reducción de 3.920 puestos. El Ministerio de Economía aclaró que no tiene previsto modificar la modalidad de contratación de los servicios de limpieza y control de pasajes.
POLITICA
Círculo rojo: las mil y una discusiones por el modelo peronista y las negociaciones bonaerenses

“Hay que aprovechar el Mundial para empezar a ordenarse”, asegura un altísimo dirigente del peronismo con ambiciones presidenciales. Pareciera ser un objetivo casi tan complejo como la obtención del bicampeonato por parte del seleccionado de Lionel Scaloni, aunque con una diferencia sustancial: el liderazgo indiscutible del técnico argentino. Sin embargo, la discusión en el seno del peronismo ya no es solo por el candidato si no más bien por el modelo y, algo aún más relevante, quién lo lidera. Es decir, no solo por el DT si no por la estrategia que ejecute en la cancha de cara a las elecciones del año próximo.
Ese debate se adelantó en el feriado del 1 de Mayo, en el acto de Parque Norte encabezado por dirigentes como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel e intendentes del interior y del Gran Buenos Aires, que postularon la necesidad de recuperar la doctrina de Néstor Kirchner de crecimiento sin déficit fiscal, el término maldito que Javier Milei introdujo en estos años con éxito en la agenda pública y que ahora interpela a un PJ que quiere saldar cuentas antes de la campaña del 2027 para no repetir los errores de la fallida experiencia del Frente de Todos. “Es importante ganar, pero también llegar con un plan discutido, que fue lo que no tuvimos en el 2019″, admite uno de esos dirigentes.
Esa postulación de Parque Norte se interpretó no solo como un mensaje a Axel Kicillof, que no suele ponderar en sus discursos el equilibrio de las cuentas públicas más allá de que alcanzó el superávit fiscal en la provincia de Buenos Aires hasta la irrupción de Milei en la escena nacional –“Axel no es un talibán del superávit, pero tampoco es un fanático del déficit: hay momentos en los que se puede, y momentos en los que no se puede”, respondieron desde La Plata-, sino como un aviso al kirchnerismo duro, y una señal al círculo rojo, ávido, en un sector, por una propuesta de continuidad programática con algo más de racionalidad que el esquema actual libertario. “El círculo rojo tomó nota, nos preguntan ‘¿es en serio esto del equilibrio fiscal…?’“, admitió un dirigente que encabezó el lanzamiento de Parque Norte.
La semana pasada, en una entrevista con El Destape, la diputada Paula Penacca, de La Cámpora, muy cercana a Máximo Kirchner, metió el dedo en la llaga. “Ese verso no hay que comérselo más, nos empiezan a meter en una discusión en la que nos moderan los términos, y cuando nos moderan los términos nos moderan las acciones. El peronismo no puede ser un peronismo modesto, condescendiente, que habla de equilibrio fiscal. Está bien, todos creemos que hay que tener una macro estable en la Argentina, ahora, eso no puede ser a condición de dejar para último minuto la distribución del ingreso”, dijo. Le respondió Tolosa Paz, a través de un posteo en X titulado “escuchar a Néstor, SIEMPRE”, en el que publicó un fragmento de un discurso de Kirchner en el que el ex presidente se refería al “cuidado del gasto”, y que “el equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental”.
Fue Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, abiertamente enemistado con La Cámpora, el que, de todos modos, ofreció durante la semana una versión mucho más audaz. Cuando Pedro Rosemblat, en su programa de Gelatina, le preguntó qué dejaría de la gestión Milei, la respuesta del ex funcionario lo tomó por sorpresa. “¿Vos querés saber si yo dejo algo de lo que hizo Milei? Todo… Todo, no toco nada, y empiezo a mirar pedacito por pedacito, porque el esfuerzo que le hicieron hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar, no se puede dejar de costado», sorprendió. El quilmeño dijo que el peronismo no debería correr el péndulo en materia de gestión si le toca volver al poder el próximo año: “Tenés que ponerte en condiciones para saber lo que vas a hacer”.

Esa frase es la que, en parte, atraviesa al peronismo: qué modelo ofrecer a la sociedad para ser atractivos tras el fiasco del Frente de Todos, una coalición exitosa electoralmente pero muy defectuosa en términos de gestión y del programa, que terminó con el triunfo de Milei en el 2023, un outsider que llegó a la Presidencia con una inflación desbocada, un hartazgo generalizado en la “casta política” y un nuevo sujeto social que la propia Cristina Kirchner, en su rol de vicepresidenta, catalogó como “trabajadores asalariados pobres”, según remarcó, una experiencia inédita para el peronismo.
En junio del 2021, en una de sus clases magistrales en Avellaneda, en un plenario de la CTA junto al intendente Jorge Ferraresi -uno de los más entusiastas hoy en el proyecto presidencial de Kicillof-, la ex presidenta hizo una larga presentación económica en la que incluyó gráficos con información del G20 en los que se exhibía a Estados Unidos al tope de un ranking de países desarrollados en materia de desequilibrio fiscal. “Fíjense -pedía, mientras se sucedían filminas y gráficos-, Estados Unidos récord en materia de déficit fiscal total. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué el déficit fiscal es bueno? No, no quiere decir que es bueno. Estoy tratando de buscar las causas por las que la inflación acá es única en el mundo, por el déficit fiscal no es. El déficit, que es un concepto económico, no matemática, no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la súper inflación», planteó frente a una platea que aplaudía a rabiar. Enseguida, hizo alusión a la oferta y la demanda, a los postulados de Milei, que empezaba a hacerse notar cada vez más desde el Congreso, e hizo hincapié en la supuesta evasión y las ganancias de las empresas, en la formación de activos en el exterior y en lo que denominó “festival de importaciones”, un latiguillo que hizo mucho ruido hacia adentro del gabinete de Alberto Fernández.

Según datos recopilados por la consultora Equilibra, de Diego Bossio y Martín Rapetti, el último año con superávit financiero durante el kirchnerismo fue en el 2008, en el segundo año del primer gobierno de Cristina Kirchner: el ex presidente había llegado a ese objetivo durante toda su gestión, apalancado, en buena medida, por el viento de cola del valor de los commodities como la soja. El 2009 fue el último año de superávit primario, es decir, sin incluir el pago de los intereses de la deuda pública.
Cuando Milei llegó al gobierno, colocó un ancla inflacionaria a su programa y basó toda su administración en el equilibrio de las cuentas públicas hasta convertirlo en un dogma. Era una discusión que ya se había instalado en el seno del Frente de Todos en la campaña del 2023, y que desde el equipo de Sergio Massa proponían como posible programa de gobierno, aunque desde las oficinas del propio candidato admitirían, una vez asumido Milei, que la base electoral del peronismo, y los integrantes de la coalición peronista, no hubieran tolerado un ajuste de estas magnitudes. Lo sufrió en carne propia Martín Guzmán, que no pudo aumentar las tarifas de los servicios públicos por el rechazo interno del cristinismo: el ex ministro de Economía ni siquiera pudo correr de su cargo a Federico Basualdo, que se opuso a esa decisión por sobre su propio jefe.
Massa deshoja ahora su propia margarita de cara al 2027. En su entorno se dividen las aguas, entre los que piensan que tiene “una bala más en la recamara”, en referencia a una hipotética nueva postulación nacional, y los que consideran que tiene que volver a reconstruir su vínculo con la sociedad desde una postulación a gobernador. Están, por último, los que creen que es mejor así: ejecutar la influencia que ejerce desde su oficina de Libertador, con redes en todo el círculo rojo.
El ex ministro mantiene intacta su sociedad con el kirchnerismo, y una buena relación con Kicillof. Ayer, Sergio Uñac, que se lanzó a la Presidencia, reunió a referentes del PJ en su provincia. Se postuló con el guiño de la ex presidenta, interpretado como una señal, tibia por el momento, a Kicillof.

Lo cierto es que, en el debate fiscal, dentro del propio Gobierno se inquietan ahora por el ajuste de Luis Caputo, “Toto”, que hasta él mismo cuestionó hace dos semanas, en una entrevista televisiva, cuando se sinceró: “Tenemos que recaudar más, seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”. Más directo fue un altísimo dirigente del oficialismo, que planteó: “Es fácil tener superávit a lo ‘Toto’ si no le pagás a nadie”.
Por eso Vaca Muerta se transformó, transversal a todos los gobiernos, desde CFK -el kicillofismo saca pecho con la estatización- hasta Milei, en una política de Estado que puede ser la llave de esa disyuntiva para las próximas administraciones, con una generación de divisas fenomenal en un mundo, como el actual, que demanda energía. Algo similar sucede con la minería, en particular con el cobre: las grandes compañías a nivel global, desde Glencore y Río Tinto hasta BHP/Lundin, ya pusieron un pie en el país, con inversiones a largo plazo que, según los proyectos presentados en el RIGI, ascienden a más de USD40.000 millones. Según los expertos del sector, la minería podría convertirse, en unos 10 años, en un rubro tan trascendental para el desarrollo del país como el campo o Vaca Muerta.
El mes pasado, cuando se sancionaron en el Congreso las modificaciones a la Ley de Glaciares que reclamaban las empresas y las provincias mineras, los representantes de la cámara sectorial pidieron una reunión con Kicillof mientras se discutía el proyecto en audiencia pública. Dos días antes, la dieron de baja: la ministra de Medio Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, de La Cámpora, expuso en el Congreso con argumentos durísimos contra la iniciativa, lo que motivó la suspensión. Fastidiados, desde el sector explicaron que les hicieron llegar el mensaje de que, por ser de La Cámpora, el gobernador no tenía herramientas para dar de baja la exposición de su ministra. Desde La Plata lo desmienten: “Axel sí la podía bajar, pero no quiso, como tampoco rosqueó con el resto de los gobernadores para que no salga la ley, más allá de algunos reparos”. En Provincia explicaron, por caso, que nunca pusieron reparos a la minería para operar en ese distrito.

PBA en el ojo de la tormenta. El debate en torno a la minería y sus eventuales implicancias ambientales es uno de los temas que divide al peronismo. Durante la discusión en el Congreso, hubo innumerables posiciones de rechazo, desde La Cámpora hasta destacadas figuras del espacio y del kicillofismo, más allá de Vilar, y definiciones a favor. La UOCRA, por ejemplo, marchó en torno al Parlamento para apoyar la iniciativa.
La posición del gobernador bonaerense, y su hipotético modelo económico, es motivo de análisis en el círculo rojo y entre los inversores, que suelen formular dos preguntas a sus interlocutores domésticos: qué posibilidades tiene Milei de ser reelecto y, por el contrario, cuántas chances reales tiene el peronismo de volver al poder. En este último caso, la figura de Kicillof genera algún tipo de alarma en algunos sectores, a pesar de que un buen número de empresarios que se entrevistaron con él en estos meses salieron mucho menos espantados de lo que preveían antes de verlo.
Pero si existe cierta preocupación en el establishment, dentro del propio peronismo, en particular en territorio bonaerense, la situación es más bien parecida a la de la guerra feroz y a cielo abierto entre las dos facciones del gobierno lideradas por Karina Milei y Santiago Caputo. En la provincia de Buenos Aires, esos dos bandos están representados por el gobernador y por Cristina y Máximo Kirchner.
El vínculo entre Kicillof y el jefe de La Cámpora no tiene retorno en términos personales, y desde lo político cada uno inició su camino. Circularon incluso en estas semanas versiones en torno a que el diputado había pedido una reunión mano a mano, pero fueron desmentidas: por el momento, no pasó ni pasará. Tampoco con la ex presidenta, a pesar de los esfuerzos de algunas figuras como Federico Otermin, el intendente de Lomas de Zamora que quiere ser gobernador, que tiene buena relación con todos los sectores y que suele aconsejarle a Kicillof que intente visitar nuevamente a CFK. “En las últimas reuniones, Cristina le pidió lo mismo: que Axel valide todas y cada una de sus decisiones con Máximo, y eso no va a pasar”, respondieron desde La Plata. En el 2021, cuando el peronismo perdió las elecciones intermedias, la ex presidenta autorizó una intervención del gabinete provincial con el desembarco de Martín Insaurralde, socio del jefe de La Cámpora. Tanto el ex intendente de Lomas como Kirchner aspiraban a quedarse con la Provincia en el 2023, cuando desde el dispositivo cristinista se le pidió al gobernador que fuera el candidato presidencial para correrlo de ese territorio. Kicillof se negó, y esa negativa terminó por dinamitar los puentes, incluso antes de que CFK fuera por el PJ, ante la falta de apoyo de su ex ministro, y de que fuera presa, y desde ese sector se le achacara públicamente al gobernador que no se pronunció de manera enfática por ella.
La disputa se trasladó más tarde al gabinete y a la Legislatura, con epicentro en el Senado, desde donde el kirchnerismo entabló una guerra despiadada contra Verónica Magario por el control de la caja y el reparto de comisiones, recién saldado. En Diputados aún hay tierra fértil para La Cámpora y para que Insaurralde, desde la clandestinidad pública, ejerza todavía una influencia decisiva.
En esa Legislatura se debate, por ejemplo, la re-reelección de los intendentes. También la postulación de los cuatro aspirantes a la Corte Suprema provincial, que funciona con tres integrantes, como la Corte nacional. Es una negociación que está empantanada. De esas cuatro vacantes, tres les corresponden, según el peronismo, a ellos, y otra a la oposición. El problema es que no hay una sola oposición, tampoco un solo peronismo. Según trascendió, sería uno para Kicillof, uno para Massa y otro para el cristinismo, aunque desde la gobernación reclamaron dos para sentarse con más aire a la mesa de negociaciones: “Si vamos con uno, terminamos con nada”.
La Justicia es un rubro al que el gobernador no le dedica demasiado tiempo, pero hay funcionarios y operadores que empezaron a abrirle algunas relaciones.
Existieron, en los últimos meses, conversaciones subterráneas con la Corte, que acumula ocho demandas millonarias de la Provincia contra Milei por transferencias interrumpidas. Tuvo lugar, además, una cumbre reservada en Avellaneda, con Ferraresi como anfitrión, que convocó a los jueces Ariel Lijo, María Servini, Jorge Rodríguez, Diego Armella y la fiscal Cecilia Incardona. El gobernador llegó con el ministro Javier Alonso y Santiago Pérez Teruel, uno de sus asesores judiciales, y no conocía el detalle de la convocatoria. No participó Juan Martín Mena, el ministro de Justicia provincial, que tiene buen diálogo con el gobernador pero responde directamente a San José 1111. Los asistentes le preguntaron a Kicillof por su visión sobre la Justicia. “No les voy a pedir nada para no deberles nada”, respondió, según sus colaboradores.

Esa displicencia en un rubro tan sensible evidencia, según algunos dirigentes del peronismo, cierta debilidad en la construcción del proyecto presidencial de Kicillof. Es algo que ahora compromete al Presidente, inmerso en un pleito judicial entre dos bandos que se dirime en Comodoro Py. En el PJ apuntan, en ese sentido, a su temperamento, y a su estilo de conducción: para algunos sectores, no conduce, aunque tenga un diálogo fluido con otros gobernadores. La independencia definitiva de Cristina Kirchner es otra de las inquietudes, igual que la herramienta para determinar al candidato: no es lo mismo con o sin PASO. Una vez culminado el Mundial comenzarán algunas revelaciones. La eliminación o no de las primarias es una de ellas. El casi seguro adelantamiento del calendario provincial también cautiva a inquietos: algunos probables postulantes trabajan con la hipótesis de una elección posible en mayo.
“Axel no tiene que ser el candidato de la rosca, tiene que ser el candidato de la gente”, aseguraron en La Plata. Cualquier candidatura, de todos modos, está atada no solo a la rosca, las negociaciones y el debate por el modelo, si no también por la situación socioeconómica bonaerense. El programa de Milei ofrece, en ese sentido, una novedad: es la primera vez, en los últimos veinte años, que Buenos Aires no es un eje central de los proyectos nacionales porque es la primera vez que la conducción provincial no coincide con el poder central. En el 2015, con el triunfo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la Casa Rosada privilegió las transferencias a ese distrito, a pesar de que los tarifazos en los servicios públicos impactaron fuertemente en el Gran Buenos Aires. En el gobierno del Frente de Todos, esas transferencias se multiplicaron. En plena pandemia, Alberto Fernández recortó la coparticipación que Macri le había aumentado a la capital en el 2016 por el traspaso de la Policía y se la giró a Kicillof, presionado por un acuartelamiento de la fuerza provincial por demandas salariales. El experimento Milei, de asfixia a la principal provincia del país, pone al gobernador a prueba a diario: desde el año pasado, las cuentas bonaerenses cerraron con déficit. Una situación aún más acuciante puede tirar por la borda cualquier proyecto presidencial.
En la reunión de hace algunas semanas de intendentes del conurbano con la cúpula de la Iglesia se hizo especial hincapié en esa cuestión: “No hay explosión, pero no sabemos si mañana no puede llegar a haberla”, fue el mensaje de los jefes comunales. La jefatura eclesiástica pidió mayor cohesión en el peronismo, hasta que uno de los intendentes señaló: “Si llegó Milei es por culpa nuestra”.
La crisis en el conurbano es algo que se sigue con interés también desde la Casa Rosada, más precisamente en el despacho de Diego Santilli, que ya trabaja para ser gobernador, impulsado, según su entorno, por los hermanos Milei, que le hicieron saber de esa intención finalizadas las elecciones de octubre pasado. Sebastián Pareja, que intenta negociar con funcionarios bonaerenses por las vacantes en la Corte, ya tiene el dato.
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POLITICA
El caso del FIFAgate y la sombra que se proyecta sobre la AFA

La noticia se asemeja a una bomba de profundidad. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puede viajar a Estados Unidos y disfrutar del Mundial, desde adentro, como líder de la comitiva oficial argentina. Pero ahora sabe que al menos tres fiscales norteamericanos investigan los movimientos de dinero de la entidad que preside y, por extensión, lo investigan a él. Y los antecedentes al respecto distan de ser tranquilizadores.
Corría el año 2010 cuando una investigación en Estados Unidos sobre el crimen organizado ruso derivó hacia la corrupción en el fútbol. Y se aceleró cuando un agente del organismo tributario de ese país (IRS, por sus siglas en inglés) abrió en 2011 una causa por evasión impositiva contra Chuck Blazer, el exsecretario general de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, conocida como la Concacaf.
El primer punto de inflexión llegó cuando los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York confrontaron a Blazer junto a dos agentes del FBI, Jared Randall y John Penza. Le mostraron las evidencias que habían recolectado sobre su proceder delictivo con sociedades pantalla e impuestos impagos, y le ofrecieron el clásico dilema: cárcel o cooperación. Y en diciembre de 2011, Blazer aceptó volverse informante. En otras palabras, se reunió decenas de veces con los fiscales entre 2011 y 2013 y llegó a portar un micrófono oculto en un llavero durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El estallido público del llamado FIFAgate llegó, sin embargo, recién en mayo de 2015. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch —que había encabezado la pesquisa como fiscal del Distrito Este y llevaba apenas un mes en su nuevo cargo— presentó una acusación de 47 cargos contra catorce dirigentes y ejecutivos del marketing deportivo, coordinada con un operativo de la policía suiza que arrestó esa madrugada a varios imputados en Zúrich.
Los fiscales sostuvieron la jurisdicción estadounidense argumentando que el dinero —lícito e ilícito, incluidos sobornos— había transitado por el sistema bancario norteamericano, una construcción jurídica que les permitió perseguir a corruptos de toda Iberoamérica. Es la misma premisa que los fiscales podrían invocar ahora para avanzar sobre los movimientos de dinero —lícito y bajo sospecha— de la propia AFA y la gerenciadora TourProdEnter LLC.
La estrategia combinó cooperación internacional con Suiza, presión sobre imputados para obtener nuevos delatores —figuras como Alejandro Burzaco se convirtieron en testigos clave— y una segunda tanda de imputaciones en diciembre de 2015 que sumó dieciséis acusados más. El despliegue, sostenido durante años por un equipo reducido, consolidó un modelo de persecución extraterritorial de la corrupción transnacional que sigue produciendo causas derivadas hasta hoy.
El FIFAgate reveló un esquema sistemático de sobornos por más de US$150 millones a cambio de derechos de televisación y marketing de torneos y de votos para la organización de Mundiales. Consolidó, además, el largo brazo de la Justicia de Estados Unidos sobre los negocios del fútbol.
En ese marco, “Chiqui” Tapia fue autorizado por la Justicia argentina para viajar a la final de la Champions League, en Europa, y al Mundial que se desarrollará a partir del 11 de junio y durante 39 días en Estados Unidos, México y Canadá. A cambio, la condición impuesta fue depositar una caución de $30 millones en el expediente del fuero en lo Penal Económico en el que fue procesado por presunta retención indebida de aportes.
Así, Tapia voló este jueves a Europa, para luego seguir su camino hacia Estados Unidos. Tendrá hasta el 21 de julio para retornar a la Argentina. En el interín, podrá vivir desde adentro el esfuerzo de la Selección por obtener la cuarta estrella. Pero se sabrá, también, bajo una lupa.
El titular de la AFA conoce, sin dudas, el antecedente de Jeffrey Webb, quien presidía la Concacaf en mayo de 2015. Se hospedó en el hotel Baur au Lac de Zúrich, en vísperas del congreso de la FIFA, y se despertó esposado por la policía suiza a pedido del Departamento de Justicia. La lección: una imputación sellada (sealed indictment) puede materializarse en cualquier momento, sin previo aviso, mientras el acusado desayuna en su hotel. El FBI y el Departamento de Justicia mantienen una larga tradición de elegir el momento de máxima exposición pública —congresos, finales y ceremonias deportivas— para los arrestos.
El espejo más cercano para el fútbol sudamericano, sin embargo, lo aportó el expresidente de la Conmebol, Juan Ángel Napout. Arrestado en el mismo hotel suizo en 2015, el paraguayo fue extraditado a Estados Unidos, condenado a nueve años de prisión y fallecido en una cárcel federal en 2022.
Tapia, ahora, se sabe bajo una lupa.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
La reconversión de Santiago Caputo: el asesor de Milei levanta el perfil para recuperar influencia

“Está cruzando su desierto en 40 días”, dijo un feligrés de Santiago Caputo después del comentado levantamiento en primera persona del asesor de Javier Milei contra los Menem y la ola de fotos de sí mismo que republicó para mandar mensajes políticos en las redes sociales, el 25 de Mayo. En Las Fuerzas del Cielo creen que el consultor acaba de dar otro paso en su reconversión hacia el rol de un dirigente político, aunque saben que el cargo “obvio” para él y una eventual candidatura están sin dudas vetados por Karina Milei.
En su entorno aseguran que Caputo trabaja principalmente para que Milei “sea el mejor presidente de la historia”. Pero admiten que aquella decisión del inicio de la gestión libertaria de ser un mero asesor ya no existe. Y deslizan que se encuentra en un proceso de redefinición o “transición” de su identidad política. “Todos los que están en política son dirigentes, lo asuman o no. Eso siempre fue asi”, deslizaron en el caputismo.

En la previa del año electoral, creen que se prepara para asumir un papel nuevo y transita una etapa de transición, cuyo resultado no está claro. ¿Un cargo? La Jefatura de Gabinete de ministros sería su destino natural, dicen en su círculo, porque “desde 2023 viene ejerciendo ese rol”. Pero se desaniman de inmediato: esa discusión quedó saldada el año pasado, cuando Karina Milei ya le había hecho la cruz e impuso a Manuel Adorni tras la salida de Guillermo Francos.
¿Candidato? Todos dicen que “no lo ven”. Por ahora, como mínimo, transita el camino rumbo a una mayor exposición.
En el Gobierno descuentan que el principal colaborador del Presidente busca empoderarse frente a la Secretaria General, con quien la relación empeoró ostensiblemente en los últimos meses. “Es una forma de decir: si quiero, puedo llevarme la atención”, interpretaron en Balcarce 50 sobre las llamativas fotos del lunes pasado.
Aunque, para cuidarse de represalias, cerca suyo siempre insisten en que la pelea es con los Menem, y únicamente para proteger a Milei de ellos, no en contra de su hermana. Incluso lanzaron a correr la versión de que había replicado su imagen el lunes patrio para llevarse la atención y así desviar el foco del escándalo del ladero karinista Manuel Adorni. Algo algo así como “inmolarse”.
Más allá de sus planes políticos, la confrontación de Caputo con los Menem, de manera directa, al exponer la famosa cuenta RufusPeriodista, generó un clamor entre los propios, que mostraron los dientes en redes y aullaron de alegría en privado. “Es el momento más feliz que vivo en los últimos tres años”, llegó a decir un eufórico dirigente de la primera plana de Las Fuerzas del Cielo.

Se sentían amordazados, y con esos tuits firmados por su líder se vieron liberados. Para ellos, las imágenes de Caputo de boina y tapado en la Plaza de Mayo en homenaje al personaje principal de la serie de los mafiosos Peaky Blinders, fueron la frutilla del postre después del estallido del conflicto con los riojanos de Karina. “Se está divirtiendo”, se entusiasmaron en LFC.
El camino de Caputo hacia una reconversión de su papel público tuvo dos hitos: su afiliación a La Libertad Avanza, en febrero de 2025, y el blanqueo de su identidad en redes para comunicarse con propios y ajenos por medio de un usuario oficial, @Slcaputo, en septiembre. Desde ese avatar marca posturas políticas -desde la hidrovía a la “guerra espiritual”-. Y sobre todo destaca publicaciones de los organismos que áun controla, como la SIDE y Salud. Una de las más recientes combinó a ambos: fue sobre el uso de la inteligencia del Estado para prevenir la llegada del virus del Ébola al país. También al canciller, Pablo Quirno. En Balcarce 50 relativizaron que esos retuis busquen capitalizar las medidas: “Las levanta porque es buena gestión”, dijeron.
Caputo aún no dio entrevistas en vivo, sino que habla unilateralmente. Y no asumió un cargo, sino que sostiene su vínculo con el Estado vía contratación y monotributo. Además, aún opera mediante otras cuentas encubiertas para bajar línea desde atrás del cortinado.
¿De ahora en más? “Nadie sabe cómo termina el camino”, dicen en su entorno. Aseguran que tampoco Caputo tiene definidos los siguientes pasos de su carrera política, si bien sus seguidores se jactan de que en política sólo juega al ajedrez.
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