A pocos días de comenzado el año, la cúpula del Gobierno dejó trascender a que tenían una meta informal en materia de política fiscal y de gestión: reducir un 10% de la dotación estatal durante el primer trimestre. Esto no se concretó en los hechos y tiempo después el objetivo se reconvirtió con un nuevo horizonte, fines de 2026.

Se trata de un objetivo ambicioso. En particular, porque hubo un recorte sustencial de la dotación en los primeros dos años de la administración Milei. La profundización de la misma ya genera ciertos reparos entre algunos ministros, que reconocen que el margen para seguir acotando el personal es fino si es que no se quieren desnaturalizar las tareas de áreas u organismos clave.

El Informe de Gestión N° 145 que presentó la Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados esta semana da cifras oficiales y magnifica lo hecho hasta entonces. En el universo de las empresas públicas, la reducción total entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 fue de 18.278 empleados, con una caída desde 91.166 a 72.888 puestos. En el conjunto de ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional (APN), la merma alcanzó los 37.972 agentes sobre un total de 205.550, lo que equivale a una contracción del 18,5% en el período.

El sector del Ejecutivo que tiene la responsabilidad de la planificación de la política de empleo estatal es el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y que reconoció en una de las respuestas que no hay prevista una meta cuantitativa de despidos para 2026.

“Las reducciones de personal no responden a una meta cuantitativa fija, sino que se producen de manera gradual, a medida que se avanza en el análisis detallado de cada área u organismo. Dicho análisis evalúa la existencia de superposiciones de funciones entre dependencias y si dichas funciones relevadas corresponden efectivamente a cometidos propios del Estado Nacional con sustento normativo de rango legal”, respondió la cartera en uno de los casos.

El proceso de evaluación sobre la dotación estatal llevó a la salida de casi 56.250 trabajadores entre empresas públicas y organismos del Estado. De querer desplazar al 10% de la dotación, deberían desplazar a cerca de 17.000 agentes solo en la APN y 7.000 en las empresas públicas.

La respuesta oficial, incluida en el informe parlamentario presentado esta semana, establece con precisión el criterio rector: cuando el análisis concluye que las funciones de un área se superponen con las de otra dependencia, o que no constituyen responsabilidades propias del Estado nacional con respaldo legal, se dispone la discontinuación de esa área y la desvinculación del personal afectado.

Cuando, en cambio, se trata de funciones indispensables previstas en una norma legal, se determina la dotación mínima necesaria para prestarlas de manera eficiente, con base en el volumen de trabajo y los procesos asociados. La política, según el texto oficial, es de adecuación funcional y racionalización organizacional, no de ajuste por cupo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ordenó a los ministerios reducir un 2% los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital (inversión/obra pública) para sostener el “déficit cero”. Tal y como informó oportunamente Infobae, hay ministros que no ocultan incomodidad por la medida, ya que el margen para cumplir con el objetivo informal de 10% es reducido.

Las empresas que encabezan la motosierra

Datos públicos publicada en el Anexo de la Pregunta N° 153 del Informe de Gestión, el Correo Oficial de la República Argentina encabeza la lista de empresas con mayor reducción en términos absolutos: perdió 4.891 empleados, con una caída desde 16.879 hasta 11.988. Le sigue la Operadora Ferroviaria S.E. (Trenes Argentinos Operaciones), que pasó de 23.875 a 20.138 agentes, con 3.737 puestos menos. Aerolíneas Argentinas registró una baja de 1.838 puestos, de 11.617 a 9.779, mientras que Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) redujo su planta en 1.667 empleados, de 7.680 a 6.013.

Un caso particular es el de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (DECAHF), que eliminó la totalidad de su planta: los 1.425 empleados que registraba en diciembre de 2023 no tienen continuidad en febrero de 2026. En términos proporcionales, la Agencia de Publicidad del Estado redujo su dotación un 78,5%, de 790 a solo 170 agentes. Otras empresas con bajas relevantes fueron Casa de la Moneda (-682), Corredores Viales (-640) y la Agencia de Publicidad del Estado (-620).

No todas las empresas mostraron caídas. Ferrocarriles Argentinos S.E. (FASE) sumó 419 empleados en el período (aunque por el reordenamiento que hubo de las empresas públicas ferroviarias), Radio y Televisión Argentina (Canal 7) incorporó 147, e Intercargo registró una leve suba.

Los organismos con mayores caídas porcentuales

Entre los organismos de la APN, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) registró la mayor contracción proporcional: un 58,5%, con 377 puestos menos, de 644 a 267 agentes. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) cayó un 49,1%, de 275 a 140 agentes, y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) perdió el 48% de su dotación, de 508 a 264 empleados.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) disminuyó un 44,9%, con 335 puestos menos. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) registró una baja del 43,1%, y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) perdió el 41,3% de su personal. Los dos ministerios con mayor peso absoluto en esta franja fueron el Capital Humano, con una caída del 40,8% (-5.483 empleados), y el de Economía, con un 40,5% menos (-5.313 agentes).

El ENACOM perdió el 39,7% de su plantilla, otro dato que ilustra la profundidad del proceso en organismos regulatorios y de control.

En el otro extremo, el Ministerio de Seguridad sumó 442 agentes, un incremento del 45% respecto de su dotación inicial. El Ministerio de Justicia incorporó 129 empleados, la Procuración del Tesoro 48, y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) casi triplicó su planta, de 33 a 97 agentes.

Organismos bajo revisión sin decisiones cerradas

El informe incluye respuestas de varias carteras que grafican el estado actual del proceso.

En el caso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el organismo pasó de 5.391 agentes en diciembre de 2023 a 4.497 en marzo de 2026, con 894 desvinculaciones en el período. El informe precisa que esas bajas se enmarcan en el Decreto 1149/24 y sus modificatorias, que establecen restricciones al ingreso de personal en el sector público, y que no existe un plan específico y autónomo de reducción para el organismo.

Dos respuestas del informe merecen atención por su especificidad. El Ministerio de Defensa salió al cruce de versiones sobre posibles desvinculaciones masivas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La cartera negó que se vaya a desvincular a 500 trabajadores experimentados, aunque por estas semanas se efectivizó el despido de 240 trabajadores sin un plan de transición para comprar maquinarias que puedan suplir el trabajo de los desplazados.

La Cancillería, por su parte, explicó que en 2025 no convocó a un nuevo proceso de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) porque un análisis interno concluyó que la dotación vigente y las necesidades de servicio no lo hacían imprescindible. El organismo continuó con las actividades de capacitación y perfeccionamiento de los diplomáticos ya incorporados.

En el sistema ferroviario, la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSA) pasó de 23.833 empleados en diciembre de 2023 a 19.913 al 7 de abril de 2026, una reducción de 3.920 puestos. El Ministerio de Economía aclaró que no tiene previsto modificar la modalidad de contratación de los servicios de limpieza y control de pasajes.