POLITICA
Las diferencias entre La Libertad Avanza en el Senado y la Casa Rosada liman los acuerdos con los aliados
A pesar del incipiente “consenso” -aún no sellado en su totalidad- para modificar la ley que blinda el derecho a la propiedad privada, el sendero de la “buena voluntad” en el Senado comenzó a presentar espinas en las últimas semanas, tras negativas de la Casa Rosada a la hora de convalidar acuerdos entre libertarios y la oposición dialoguista. Esto pone en riesgo diálogos sobre varios proyectos y, en medio de reminiscencias del “por todo y contra todos”, genera un mal clima de cara a la eventual sesión que se piensa en la Cámara alta para el jueves 14, aún sin confirmación oficial.
El detonante ocurrió el miércoles pasado, cuando el jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), anunció -vía red social X- que diversas iniciativas relacionadas con Ficha Limpia comenzarán a ser analizadas en los próximos días. Es decir, por fuera de la amplia reforma electoral que envió el Ejecutivo para dinamitar las PASO. De hecho, llamó la atención el cabildeo de diputados “karinistas” para forzar todo en el mismo paquete. Más curioso fue que éstos se enteraron tarde que, en el Congreso, corre un “deadline” hasta finales de mayo para avalar un pacto del Estado con dos holdouts. Prioridades.
De nuevo en la Cámara alta, lo cierto es que, hasta el término de la corriente semana, aún no se llamó a comisión para Ficha Limpia. Y la jugada de Goerling pone en la plana principal algo básico: demostrar si en Balcarce 50 la quieren de verdad. Votos hay en el Senado, como contó este medio durante el último período estival. Sí avanzaría propiedad privada que, de hecho, tuvo otro inconveniente: el oficialismo intentó apurar un dictamen exprés sin siquiera convocar de nuevo al plenario, que había pasado a un cuarto intermedio. Algo parecido a lo que se hizo en la ley Bases, en 2024. De mínima, desprolijo. Al final, no ocurrió.
La ley en cuestión tuvo la novedad -ya adelantada- de la eliminación, por completo, del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denostó el sistema en manos de Nación y buscaba delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una mega millonada en juego. Todo sea por el déficit fiscal cero, el alma del plan económico.
También es cierto que, de esta manera, sobrevive un sistema de regularización de barrios populares promocionado en la era Cambiemos por la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votado con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores privilegiados suelen vanagloriarlo con un exceso -para nada- sugestivo.
A los proyectos mencionados se le deben sumar los cambios a le ley de salud mental -hay cerca de 60 invitados y el martes próximo habrá plenario-, la eterna siesta en la norma sobre discapacidad -sin respetar desde el Ejecutivo la insistida con dos tercios por ambas Cámaras-, y otras delicias que marcan el pulso del Senado. Un ejemplo claro es que dialoguistas dejaron en stand by los pliegos judiciales ya analizados en la comisión de Acuerdos. No hay un solo dictamen de mayoría. Y para la potencial sesión del 14, donde hay ascensos diplomáticos en fila, ya son muchos los que piden que aparezca antes la lista de 2026.
“Hasta que no vengan los del interior, estaremos sin novedades. Ya le dimos casi todo desde diciembre a los libertarios. El problema no es con -la jefa oficialista, Patricia- Bullrich, que es una mujer de palabra. Pero sospechamos que el Gobierno nos quiera extorsionar con los jueces que nos interesan para que votemos más leyes. Se agotó esa avivada”, sentenció un experimentado legislador a Infobae.
Otro movimiento que hicieron los aliados en la Cámara alta -Bullrich incluida- y que no pasó desapercibido el miércoles último fue, tras un encuentro en la bancada radical, la cumbre informal -no fue Labor Parlamentaria- que mantuvieron con la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. “No nos metemos en sus internas. Pero ser parte de esta desconexión que quiere imponer el Ejecutivo es un delirio y no podemos intoxicar más el clima acá”, reflexionó una senadora dialoguista ante este medio.
Premios
Como se informó semanas atrás, la otrora kirchnerista Carolina Moisés (Convicción Federal) no sólo se quedó con el premio de la vicepresidencia de la Cámara: sumó un lugar en la siempre juguetona bicameral que controla los organismos de inteligencia, conocida por tener presupuesto reservado. Es lo único así en el Congreso. Al cristinismo le dejaron un solo lugar por el Senado y estallará de furia. Esto se activaría en 48 horas.
Moisés se colgó otra medalla: también aparece en la estratégica bicameral de Trámite Legislativo, que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Desde otros bloques ya hacen apuestas sobre “cuándo” se “volverá a dar vuelta”. Algo similar, en la Mixta Revisora de Cuentas, para su colega y siempre pícaro catamarqueño Guillermo Andrada, cuya botonera es direccionada sin chistar por el gobernador, Raúl Jalil. Apuestas de altísimo riesgo.
Mientras los ex kirchneristas obtienen cositas -la jujeña criticó la prisión de la ex presidenta cuando, en paralelo, ésta le destrozaba el PJ local, a favor de La Cámpora-, dialoguistas que no se movieron del cerco aliado esperan, por citar un caso, que el Ministerio de Economía confirme si los adelantos de coparticipación podrán ser devueltos no en cuatro meses, sino en ocho. Fue planteado por el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes) ante el propio Luis Caputo. Bajo esta rutina se convive en el Senado.
Lo que parece estar claro, sobre todo por Bullrich y lo del miércoles de Goerling Lara -fue astuto al hacerlo por X, el corazón de los mileístas-, más otros aliados que asoman la cabeza, es que la Cámara alta es hoy uno de los pocos terrenos donde se volvió a hacer política. Algo que olvidó hace muchísimo tiempo el kirchnerismo, que se autoproclama experto y no encuentra dos gotas de agua para cargar una discreta “pelopincho”. Ahora, la pelota pasa hacia la Casa Rosada. El resto mira desde muy lejos.
POLITICA
El vicerrector de la UBA desmintió los dichos del vocero presidencial sobre la cantidad de extranjeros en universidades públicas
Adrián Ravier, vocero presidencial, sostuvo durante la conferencia de prensa de este martes 28 de julio que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. La afirmación no tardó en ser rebatida desde la propia institución. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, salió a contradecir ese número.
Según informó Yacobitti en su cuenta de X, en 2026 los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 6,1% de los ingresantes a Medicina, y el 2,5% del total de los más de 70.000 nuevos estudiantes que ingresaron a la universidad este año.
Ravier atribuyó el dato cuestionado al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, y presentó un cuadro que también consignaba que el 51% de los alumnos regulares de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) son extranjeros. Lo hizo luego de que la afirmación fuera cuestionada en la conferencia de prensa por el cronista de El Destape, quien abrió el debate al consultar sobre el tema.
Yacobitti respondió que esas cifras son “erróneas” y que el debate público merece sostenerse sobre información precisa. Desde la UBA ofrecieron reunirse con el Gobierno para contrastar los registros.
Las diferencias entre ambas series de datos podrían responder, en parte, a qué universo mide cada uno. Yacobitti precisó que sus cifras corresponden a ingresantes de 2026 con residencia temporal, transitoria o precaria, mientras que los datos oficiales que compartió Ravier hacen referencia a alumnos regulares —una categoría que incluye a quienes ya llevan años cursando.
Ni la UBA ni el Gobierno aclararon públicamente cuál es información que surge de registros comparables.
El vicerrector también desglosó la presencia de extranjeros en otras facultades: 4,1% en Odontología, 2,7% en Ingeniería y menos del 2% en el resto de las unidades académicas. Agregó que desde 2022 la UBA exige a los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español, tanto en comprensión como en producción oral y escrita, un dominio del idioma prácticamente equivalente al de un hablante nativo.
La disputa no se limita a una diferencia estadística: expone una tensión más profunda entre el Ejecutivo y las universidades nacionales en torno a una política que el Gobierno impulsa desde 2025 y que las casas de estudio se niegan a implementar: el cobro de aranceles a los alumnos que no posean la ciudadanía argentina.
En efecto, la polémica se enmarca en un debate más amplio sobre el DNU 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los alumnos extranjeros. Álvarez había recordado en su cuenta de X que la norma sigue vigente y que los rectores están “legalmente autorizados desde el día 28/5/2025” para aplicar el cobro. No obstante, a finales de junio la Cámara Nacional Electoral anuló parte del decreto al declarar inconstitucional el artículo que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía argentina, competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.
Alrededor del subsecretario sostienen que solo ese punto está bajo disputa judicial y que la posibilidad de cobro a extranjeros permanece intacto. Los rectores, en cambio, consideran que el decreto modifica dos leyes vigentes —la de Educación y la de Migración— y que cualquier impugnación ante la Justicia prosperaría, dado que un DNU no puede situarse por encima de una ley. Ninguna universidad nacional ha implementado el arancel hasta la fecha.
En las últimas semanas el debate se reeditó con la presentación del diputado bonaerense, Agustín Romo, para establecer por ley en la provincia de Buenos Aires el cobro de aranceles por los servicios de educación y salud a las personas nacidas en otros países.
Adrián Ravier,Emiliano Yacobitti,UBA,vocero presidencial
POLITICA
El Gobierno autorizó la extradición a Turquía del jefe mafioso que denuncia vínculos entre el crimen organizado y el entorno de Erdoğan
El Gobierno autorizó la extradición de un jefe mafioso turco que durante los últimos seis años buscó evitar que lo devolvieran a su país, donde afirma que podría ser torturado o asesinado por revelar los presuntos vínculos entre organizaciones del crimen organizado, sectores de inteligencia y personas del entorno del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.
Detenido en la Argentina desde 2020, Serkan Kurtulus solicitó permanecer en el país como refugiado político, petición que le fue denegada, por lo que, una vez agotadas todas las instancias judiciales, la decisión quedó en manos del Poder Ejecutivo. Tras la firma de la resolución correspondiente, la Cancillería dispuso su entrega a Turquía, y las oficinas de Interpol en Buenos Aires y Estambul comenzaron a coordinar los detalles del traslado.
La administración del presidente Javier Milei decidió así que Kurtulus será enviado a Turquía, que lo requería como supuesto cabecilla de una organización acusada de homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de armas, entre otros delitos registrados durante las últimas décadas.
Alojado en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel federal de Ezeiza, Kurtulus fracasó en sus últimos intentos por evitar o demorar su envío, mientras que el gobierno de Erdoğan, que incluso designó un funcionario para seguir de cerca en la Argentina la evolución del expediente, aguardaba la decisión de la Casa Rosada para enviar una comisión oficial encargada de trasladarlo a Ankara.
La decisión del Gobierno argentino adquiere una dimensión adicional por las denuncias formuladas por Kurtulus desde la cárcel. Según sostiene su defensa, el detenido se convirtió en un “arrepentido” dispuesto a aportar información sobre la presunta relación entre organizaciones mafiosas, sectores de inteligencia y dirigentes políticos turcos. Esa condición es la que, según afirma, lo expondría a un riesgo extremo si regresa a Turquía.
En ese contexto, una de las voces que más reclamó que la Argentina le concediera asilo político a Kurtulus fue un periodista que figuraba entre los objetivos de la organización criminal que integraba el detenido. Se trata de Can Dündar, exdirector del principal diario de Turquía, Cumhuriyet, condenado en ausencia a 27 años de prisión por la Justicia turca tras revelar el envío clandestino de armas por parte de los servicios de inteligencia de ese país hacia Siria.
“Ante la insistente presión del gobierno turco para lograr su extradición, las autoridades argentinas están a punto de enviar a Kurtulus de vuelta a Turquía. Como cabe imaginar, eso supondría para él la tortura e incluso la muerte”, aseveró Dündar en diálogo con desde su exilio en Berlín, donde se convirtió en uno de los mayores críticos del régimen de Erdoğan.
“Resulta curioso que yo ahora esté intentando salvar la vida de quien podría ser mi asesino; pero se trata de un denunciante de gran importancia, cuyos conocimientos y archivos podrían ayudar a esclarecer muchos rincones oscuros de la historia de Turquía”, remarcó Dündar.
Según investigaciones judiciales desarrolladas en Turquía y testimonios posteriores, Kurtulus integró una organización criminal vinculada con atentados y asesinatos por encargo contra opositores, periodistas y empresarios. Y tras su detención en la Argentina, el criminal decidió revelar información sobre el funcionamiento interno de la organización que complica a Erdoğan y su círculo íntimo.
Las advertencias formuladas por Kurtulus y por el periodista Can Dündar encontraron eco en organismos internacionales que denuncian la situación institucional de Turquía desde hace años. Entre otros motivos, por el deterioro del Estado de Derecho, la persecución de opositores y periodistas, y el incumplimiento de fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En ese sentido, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo de Europa, entre otros organismos, han denunciado reiteradamente detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución judicial contra periodistas, dirigentes opositores y magistrados en Turquía. Sobre esa base, la defensa de Kurtulus sostiene que las garantías diplomáticas que pueda ofrecer Ankara resultan insuficientes para asegurar su integridad física, una postura que también expresó públicamente Dündar.
Antecedente
Kurtulus siguió, sin embargo, los pasos en la Argentina del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, otro caso en el que el debate giró en torno a la tensión entre un pedido de extradición y el eventual riesgo de persecución política en el país requirente. Apablaza recibió el asilo político en 2010, condición que el entonces presidente Mauricio Macri revocó en 2016, mientras que Milei firmó el decreto para su extradición en marzo de este año.
El recorrido de Kurtulus incluye una notificación roja de Interpol —el mecanismo mediante el cual ese organismo solicita a los países miembros la localización y detención provisoria de una persona requerida por la Justicia de otro Estado— por crímenes cometidos entre 2016 y 2017 y una detención en Puerto Madero en 2020, después de haber ingresado a la Argentina con documentación falsa, junto a su lugarteniente, Líder Camgoz. Ambos terminaron enfrentados durante su permanencia en prisión.
Durante las últimas semanas, en tanto, el abogado de Kurtulus en la Argentina, Héctor Trajtemberg, intentó abrir un resquicio que le permitiera evitar la entrega de su defendido a Turquía. Presentó nuevas incidencias procesales, aunque el expediente principal ya quedó firme tras el rechazo de todas las apelaciones judiciales ordinarias y extraordinarias.
El fallo que la Corte Suprema dictó en 2023 llegó con una pauta explícita. Confirmó que la extradición era procedente, pero exhortó a Turquía a garantizar la integridad física de Kurtulus. En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda sostuvieron: “Esta Corte entiende pertinente exhortar al país requirente para que se comprometa a garantizar que la entrega y permanencia” de Kurtulus “se llevará a cabo en condiciones que salvaguarden su integridad”.
Esa exhortación constituye una garantía meramente formal, según la defensa de Kurtulus, al igual que para Dündar y organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Se apoyan en que, según el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diversas organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Erdoğan ha incumplido en reiteradas oportunidades resoluciones judiciales que ordenaban la liberación de periodistas, jueces y dirigentes opositores, mientras continúan acumulándose denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas y persecuciones políticas en Turquía.
Con las instancias judiciales agotadas y la autorización del Poder Ejecutivo ya concedida, el expediente ingresó ahora en su etapa final. La ejecución de la extradición quedó en manos de la Cancillería, Interpol y las autoridades de ambos países, que deberán coordinar la fecha, el operativo de seguridad y el traslado de Kurtulus hacia Ankara.
Hugo Alconada Mon,Turquía,Conforme a
POLITICA
El Gobierno descartó incluir un blindaje al Indec en la reforma del Banco Central que presentará Milei
El Gobierno descartó incluir un blindaje al Indec en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que Javier Milei presentará este jueves. En el Ejecutivo aseguran que la propuesta no forma parte del proyecto y deslizan la opción de impulsarla durante los próximos meses mediante otra iniciativa. “No está en el texto”, expresan en Nación.
La idea había sido acercada por el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio durante la reunión que el Presidente mantuvo con legisladores oficialistas para explicarles los alcances de la modificación. El planteo apuntaba a reforzar la autonomía del organismo estadístico y evitar que una administración manipule los índices oficiales.
La Casa Rosada tomó inicialmente la recomendación y la derivó al equipo económico para su análisis. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó entonces que la alternativa estaba bajo estudio y que Milei había valorado la propuesta durante el encuentro con los diputados.
En Balcarce 50 explicaban que la preocupación estaba vinculada con uno de los mecanismos contemplados en la reforma del BCRA. El proyecto analiza restringir la distribución de utilidades de la entidad, con excepciones bajo determinadas condiciones económicas, entre ellas un eventual escenario de deflación.
El oficialismo advertía que una futura intervención sobre las estadísticas oficiales podría alterar la aplicación de esas cláusulas. “La idea es blindarlo para que no sea manipulable, que no llegue un Moreno y te cambie todo”, expresaron en las filas oficiales al defender el análisis de la propuesta.
El Gobierno evaluó distintas alternativas para reforzar la independencia institucional del Indec. Una de las opciones contemplaba que la designación de su titular tuviera un mandato determinado y requiriera aprobación legislativa, bajo una lógica similar a la que se utiliza para otros cargos con autonomía respecto de Nación.
El Ejecutivo decidió finalmente no incorporar ese capítulo en la primera versión de la reforma del Banco Central. En despachos oficiales sostienen que el texto estará concentrado en las funciones, la gobernanza y las restricciones operativas de la autoridad monetaria, sin sumar cambios orgánicos sobre el instituto estadístico.
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En la Casa Rosada no descartan que el planteo pueda retomarse más adelante, aunque aclaran que no existe por ahora un proyecto definido ni un calendario para presentarlo. La alternativa sería impulsar una ley específica sobre el INDEC en lugar de incorporar el tema dentro de una modificación de la Carta Orgánica del BCRA.
En Balcarce 50 buscan mantener acotado el alcance de la reforma para acelerar su tratamiento parlamentario. Apuntan a votarla durante agosto junto con los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, dentro de la sesión amplia en Diputados. La intención es evitar que la incorporación de nuevos capítulos abra discusiones adicionales y demore una iniciativa que Milei quiere convertir en una de las principales banderas económicas del segundo semestre.
El oficialismo apunta además a que la entidad vuelva a tener como objetivo principal la preservación del valor de la moneda. La modificación pretende revertir parte de los cambios introducidos en 2012, cuando se ampliaron sus funciones a metas vinculadas con empleo, desarrollo económico y equidad social.
El Gobierno trabaja también sobre la eliminación de las Letras Intransferibles, las restricciones a los adelantos transitorios y las condiciones en las que el BCRA puede operar con títulos públicos. En Nación quieren impedir que esas herramientas funcionen como mecanismos de financiamiento directo o indirecto del fisco.
En el Ejecutivo analizan, en paralelo, endurecer el régimen de responsabilidades para las futuras autoridades de la entidad. Milei quiere que los funcionarios que habiliten asistencia monetaria al Tesoro puedan enfrentar sanciones, aunque la redacción final y su eventual articulación con el Código Penal siguen bajo revisión.
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El oficialismo buscará utilizar el anuncio para instalar la reforma como una de las principales banderas económicas del segundo semestre. El blindaje al INDEC quedará afuera de esa primera presentación y seguirá como una posibilidad sin definición, mientras la Casa Rosada concentra su capital político en los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.
Gobierno, Indec, Banco Central
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