POLITICA
Del dólar blue al SIRA. La Justicia rastrea la conexión con exfuncionarios del gobierno de Massa y Fernández
Comenzó con una pelea entre ”cueveros» y se transformó en una investigación clave que tiene en vilo a la política. La Justicia analiza una serie de maniobras para obtener dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo, durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa en sus comienzos indagaba la posible vinculación entre financistas y funcionarios del Banco Central. Luego incorporó el “circuito paralelo” para autorizar importaciones, conocido como Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios en poder de los investigadores judiciales reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.
Alrededor de Martín Migueles, un joven que comenzó como ladero de Elías Piccirillo, el financista conocido como el “rey del blue”, aparecen “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato”, los sobrenombres que usan en los chats para identificar a los cómplices que conseguían dólares baratos o facilitaban importaciones.
Con diferentes roles, “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato” permitían acelerar los trámites a cambio de un sistema aceitado de coimas. ¿Quiénes son lo máximos responsables? Antes de que se levante el secreto de sumario, la Justicia pidió identificar a los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el Banco Central, por entonces comandadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente.
“Deberá aportarse un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes”, se lee en los oficios enviados a los tres organismos.
“Contestaron parcialmente, dijeron que la autorización final era de la Secretaría de Comercio, pero faltan los nombres”, dijo anoche una fuente de la investigación.
Concretamente, se pidió información sobre los trámites realizados por tres empresas: Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H, Técnicas Ferroviarias Argentina (TEFASA), propiedad de Miguel Ángel Jiménez (vicepresidente de Racing durante la gestión de Víctor Blanco), y Fizika S.R.L.
Con esto, la fiscalía a cargo de Franco Picardi busca subir en la escala de responsabilidades del presunto “circuito paralelo”.
Las pruebas surgieron de la extracción del teléfono de un exsocio del financista Elías Piccirillo, Martín Migueles.
El expediente expone una trama con personas que tenían llegada a filiales gubernamentales. Ejemplo de ello es “la señora”, quien “presumiblemente tendría intervención en áreas estatales vinculadas con la evaluación o aprobación de dichas solicitudes” en la Secretaría de Comercio y otros organismos que participaban en el circuito administrativo del sistema SIRA.
El 2 de marzo de 2023, una persona identificada como “Ariel Saponara” le escribió a Migueles: “Che tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay algunos por unos puntos menos. Son auto elevadores y repuestos de las mismas máquinas”. El exsocio de Piccirillo le respondió: “La sira?”. Luego le envió un audio: “Si, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”.
Saponora es un abogado que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y tiene vínculos con el mundo policial. Llamativamente, en su sitio de Linkedin figuraba como personal de Presidencia de la Nación, pero en los registros oficiales no tiene ingresos a la Casa Rosada. El viernes, luego de la difusión de su nombre, decidió cerrar esa página.
Tras recibir el encargo de Saponora, Migueles se contactó con “el Pipo”, a quien la Justicia identificó como Héctor Ezequiel Caputto. “Escúchame tengo esto, a ver si lo podemos armar. Ahí te copio y te pego y avísame”, le avisó a través de un audio. Y le copió un mensaje en el que detallaba que se trataba de importación de maquinaria.
“Escúchame, dale, perfecto entonces. Esta sería la primera que me pasás, ahí hablo con la señora esta, a ver si le sirve directamente que se lo mande así“, se lee en una de las respuestas atribuidas a Caputto. Según la investigación, ese hombre se encargaba de “canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación”.
Los clientes brotaban. En una conversación del 30 de marzo de 2023, Migueles habla con Caputto de otro cliente. “Es un pingazo el chabón, boludo, es muy amigo del manco”, dice. Unos días después, vuelve sobre el mismo tema y alude directamente a Daniel Scioli. “Pipo, ahí me dieron el ok de esas 152 lucas, metele pata boludo, metele pata que entramos derecho ahí con Scioli papá, metele pata, ¿cómo podemos hacer con eso?”. Fuentes judiciales explicaron que el funcionario no forma parte de los investigados en la causa.
¿Cómo calculaban su presunta ganancia? En un trámite de autorización del SIRA presuntamente gestionado por Caputto y Migueles, se detalla que la mercadería a importar costaba $54.600. Una vez que avanzó, Caputto le explicó al financista: “Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro. O sea que esos 4356 es lo que tenemos que pagar adentro nosotros. Vos le cobraste el 10% blue, o sea el 10 blue de 54600 son 5460 dólares más o menos. Menos lo que tenemos que pagar adentro, nos quedan 1100 USD para repartir más o menos. Avísame vos como queres hacer con…no sé si hablaste algo con Pato, no sé si hablaste con él (…)”.
Los investigadores todavía intentan identificar a “la señora” y “Pato” como parte del grupo que trabajaba con Migueles. Todos ellos hacían las gestiones en los tres organismos por donde pasaba el SIRA.
procuró contactar al exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y al exjefe de AFIP, Carlos Castagneto, pero no tuvo éxito. Otra fuente del caso señaló que “no existían en el ámbito de la AFIP usuarios habilitados para operar con el sistema automatizados”. Asimismo, allegados a la gestión de Pesce en el BCRA negaron la existencia de un “circuito paralelo”. Sin embargo, en el expediente hay cinco funcionarios de ese organismo investigados por el mercado del blue. Uno de ellos, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había “gente de arriba entongada”.
En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. “Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia” (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial.
Según sumarios del BCRA, el circuito del blue movió al menos US$900 millones. La ganancia era tan amplia como la brecha cambiaria. ¿Había connivencia entre los funcionarios y los financistas? “La vieja del central, se llevó una fortuna, y exige exige, si gana plata igual”, le escribió Francisco Hauque a Migueles el 7 de mayo de 2021.
La auditora clave
Los chats encontrados en el teléfono de Migueles llegan hasta mediados de marzo, justo después de la detención de Elías Piccirillo por el operativo ilegal en las inmediaciones del Palacio Duhau. El 28 de ese mes, Migueles habla con Francisco Hauque, el financista emboscado por Piccirillo. “Hay que prender el ventilador. Ya está amigo. Vallejos Fernández. Todos unas mierdas. Que vayan todos presos. Me cansé”, se queja Hauque. Y agrega: “Me dejaron en bola. Acá nadie va a disfrutar nada”.
“Vallejos” en realidad se trataría de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, otro de los financistas investigados por la maniobra del rulo financiero. Y “Fernández” alude a Valeria Fernández, una contadora que firmó los estados contables de unas 10 casas de cambio sospechadas. Para el fiscal Picardi, esa mujer podría ser un eslabón clave de la maniobra del blue. Por eso pidió allanarla y le secuestró algunos dispositivos que van a ser peritados.
La contadora, vinculada a Juan Manuel Agra, un financista que decía tener llegada a la política, también está siendo investigada en otro expediente que llevan adelante la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Este viernes, en simultáneo con el levantamiento del secreto, el juez Ariel Lijo le pidió a Servini que se inhiba de seguir avanzando. Hay un tercer expediente por la maniobra del dólar blue en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti, que también pidió quedar con todas la causa. La disputa promete escalar hasta la Cámara de Casación. Hay muchos intereses en juego.
El diálogo entre Migueles y Hauque involucra a otros protagonistas de la trama. “Mira como terminé, me robaron la fórmula. Para llenarse todos de guita. A Cirio la quiero bien presa”, se descargó Hauque. Cirio era la mujer de Piccirillo cuando ocurrió el episodio del Palacio Duhau. Esa noche, el financista se reunió con el ex policía “El “Lobo” Smith, acusado de la maniobra, en la casa que le alquilaba a Migueles, en el lote 192 del barrio “El Yacht”.
El funcionario de Tigre que gestionaba los trámites
Del análisis del celular de Migueles también surge una gestión para habilitar una agencia. Se presume que se trata de ARG Exchange, donde convivieron Piccirillo, Migueles y Matías Bocca. Según un sumario del BCRA, esa agencia vendió, en pleno auge del cepo, US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.
Según el expediente, la gestión habría estado a cargo de Daniel Chiliutti, un histórico funcionario de la Municipalidad de Tigre. “Sigue como director en la Secretaría de Gobierno”, confirmaron desde el Municipio ante una consulta de . Los mensajes son del 2022. “Me podés venir a ver mañana a la Secretaría de Gobierno a partir de las 10 de la mañana. Así hablamos un cachito porque no sé qué tenés, qué no tenés, a ver qué podemos hacer”, se escucha en un audio atribuido al funcionario.
contactó a Chilliutti, quien dijo no tener conocimiento de qué se trata.
“Los intercambios analizados permiten advertir la existencia de un canal de comunicación directo y personalizado para la tramitación de un procedimiento administrativo que, en principio, debería sustanciarse a través de los mecanismos institucionales ordinarios”, sostuvo Picardi al pedir los allanamientos de marzo.
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El Monumento Nacional a la Bandera de Rosario recuperó este miércoles su estado original tras más de una década de obras paralizadas, con una inversión que superó los 4.000 millones de pesos y que debió ser asumida íntegramente por la provincia de Santa Fe después de que el gobierno nacional desistiera de concluir los trabajos. La restauración integral del complejo, uno de los sitios de mayor valor histórico y simbólico de la Argentina, fue presentada el 17 de junio, tres días antes del Día de la Bandera, en un acto que reunió a más de 4.500 alumnos de cuarto grado llegados desde distintos puntos del país para protagonizar la primera Promesa de Lealtad a la insignia patria.
El edificio que conmemora el lugar donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la enseña nacional, desafiando las órdenes del poder central, fue abandonado durante más de diez años. Cuatro administraciones nacionales se sucedieron sin que los trabajos llegaran a término. Los pagos a la empresa contratista dependían, según lo describió el propio intendente de Rosario, de si el presidente o la presidenta de turno asistía al acto del 20 de junio: entonces se abonaban algunos certificados y la obra avanzaba apenas unos centímetros. Cuando no había visita oficial, la parálisis se imponía.
Fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien tomó la decisión de cortar ese ciclo. La provincia asumió una deuda de 1.456 millones de pesos que el Estado nacional mantenía con la contratista y destinó otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes. Con esos recursos, y sin financiamiento federal, se ejecutó la restauración que el intendente Pablo Javkin definió con una frase que sintetiza el trasfondo político del asunto: “Si hubiera sido el Obelisco, lo hubieran recubierto en oro, pero el Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario, no se terminó, y no se iba a terminar”.
El acto inaugural se realizó en el Patio Cívico del complejo y estuvo encabezado por Pullaro y Javkin. El gobernador fue directo al describir la lógica que hizo posible el desembolso: “Lo hicimos con recursos de la provincia de Santa Fe, de todos los santafesinos. Porque, lo decimos con mucha claridad, cuando los recursos públicos se administran con austeridad, y cuando no se roba, la plata alcanza en la República Argentina”.
“La inmensidad del Monumento Nacional a la Bandera habla por sí misma. Creo que no tenemos que agregar ningún adjetivo para describir esta majestuosidad”, expresó Pullaro.
Javkin, por su parte, trazó una línea directa entre el episodio histórico de Belgrano y la disputa política que rodeó a la restauración: “En nuestros 300 años, no hay día más importante que el que Belgrano enarboló bandera aquí. Es la historia de una pelea todavía no resuelta. ¿En dónde mira el país su desarrollo? ¿En el interior, que es donde se genera la riqueza, el trabajo, el esfuerzo de la Argentina? ¿O en el poder central en Buenos Aires? Con distintos símbolos, con distintos hechos, siempre fue así, siempre fue la misma pelea».
Al cierre del discurso, el intendente resumió el significado del día: “Hoy, le devolvemos a la Argentina un Monumento Nacional a la Bandera con el esfuerzo de la provincia de Santa Fe y con el corazón de la ciudad de Rosario”.
Los trabajos comenzaron con una etapa de diagnóstico integral que incluyó inventarios, informes técnicos, registros fotográficos, relevamientos de patologías y estudios sobre muros y estructuras. A partir de ese análisis se definieron las intervenciones necesarias para revertir el deterioro acumulado por el tiempo y la falta de mantenimiento sistemático.
Uno de los sectores más visibles de la intervención fue el Propileo, donde se ejecutaron tareas de limpieza profunda, tomado de juntas, impermeabilización de los revestimientos de travertino y recuperación integral del cielorraso. También fueron restauradas las luminarias de bronce, las esculturas de las Américas y las ánforas ornamentales. El sistema eléctrico y de iluminación fue renovado por completo, con reemplazo de luminarias, reflectores y columnas interiores.
El pasaje lateral sobre calle Santa Fe, que arrastraba problemas históricos de filtraciones, recibió una solución de fondo: se realizó una excavación integral del talud, se incorporaron barreras hidrófugas y se recuperaron los espacios verdes y superficies afectadas. En la base de la proa, los altorrelieves y esculturas de piedra fueron sometidos a limpieza especializada, remoción de elementos extraños y aplicación de tratamientos protectores contra la humedad. Las esculturas alegóricas del Río Paraná, el Océano y los Puntos Cardinales también formaron parte de esa intervención.
El mástil principal fue restaurado en su totalidad, con reparación de componentes mecánicos, recuperación de elementos de bronce, reemplazo de la baliza superior y pintura completa de la estructura. En los espacios interiores, la sala de exposiciones ubicada bajo la torre fue renovada, mientras que la Sala de las Banderas recibió una transformación más profunda: se intervinieron todas las vitrinas y marcos de bronce, se reemplazaron los vidrios, se instaló un nuevo sistema de iluminación y se pintó el recinto de forma integral. Por primera vez, el espacio cuenta con un sistema de climatización frío-calor para preservar las piezas exhibidas.
La torre y el ascensor también fueron parte del proyecto. El ascensor fue modernizado mediante la automatización de su sistema, las rejas del mirador fueron reemplazadas por estructuras de acero inoxidable y se restauraron las puertas de bronce y los vidrios de acceso a los balcones panorámicos.
Al término del acto, los funcionarios se trasladaron al Patio Cívico para el corte de cinta oficial. Allí, más de 4.500 niñas y niños de escuelas de distintas provincias del país protagonizaron la primera Promesa de Lealtad a la Bandera frente al monumento ya restaurado. Con esa ceremonia quedaron abiertas las actividades oficiales por el Día de la Bandera, que culminarán el sábado 20 de junio con el acto central y los festejos populares.
POLITICA
El Gobierno demora los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal por el caso Adorni y prioriza los proyectos ya enviados al Congreso
El Gobierno ya tiene listos los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, pero demora su envío al Congreso por el impacto político del caso Manuel Adorni y por la tensión que atraviesa la negociación con los aliados. En el Ejecutivo reconocen que el proyecto está terminado, pulido y en condiciones de ser remitido, aunque ahora la prioridad será concentrar los esfuerzos en las iniciativas que ya ingresaron al Parlamento.
La reforma fue enviada a la mesa política de Nación, que funciona como instancia interna de definición sobre reformas, votaciones y estrategia parlamentaria. En la Casa Rosada describen ese ámbito como una suerte de órgano decisorio del oficialismo: allí se ordenan prioridades, se evalúan costos políticos y, según el caso, se elevan los temas a Javier Milei o se resuelven directamente dentro del dispositivo de conducción.
Los cambios a Inocencia Fiscal habían surgido de las reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con contadores y tributaristas. La idea original era enviar el proyecto al Congreso apenas estuviera terminado para reforzar el régimen, ampliar su alcance y dar más seguridad jurídica a los contribuyentes que quisieran incorporar fondos al circuito formal. Ese cronograma ahora quedó alterado.
En Balcarce 50 explican que la demora no responde a un problema técnico, sino político. El texto ya está cerrado, pero el Gobierno no quiere abrir un nuevo frente de discusión legislativa en medio de la crisis por Adorni, que tiene frenada parte de la agenda parlamentaria, tensiona la relación con PRO, UCR y bloques provinciales, y obligó al oficialismo a negociar contrarreloj para evitar una derrota en el Senado.
El dato más incómodo es que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación judicial sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. En el Gobierno aclaran que el trámite no implicó un blanqueo de dólares ni una exteriorización de fondos, pero admiten que el cruce entre el caso Adorni y la reforma de Inocencia Fiscal vuelve más sensible el envío del proyecto.
De todos modos, en Nación sostienen que la postergación no se explica sólo por la adhesión del jefe de Gabinete al régimen. El argumento central es que el oficialismo no tiene margen para sumar nuevas negociaciones con aliados mientras intenta contener los pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni, ordenar el tratamiento de las reformas ya presentadas y evitar que cada apertura del recinto se convierta en una oportunidad para golpear al ministro coordinador.
La decisión oficial es centralizar los esfuerzos en los proyectos que ya están en el Congreso. En esa lista aparecen el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca y Zonas Frías, entre otros expedientes que requieren votos de aliados y gobernadores. La Casa Rosada cree que dispersar la agenda con nuevas iniciativas puede complicar aún más una negociación que ya quedó condicionada por el caso Adorni.
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La misma lógica alcanza a otros proyectos que el Gobierno tenía previsto enviar al Congreso en las próximas semanas, como juicio por jurados y una nueva tanda de desregulación. En distintos despachos reconocen que esas iniciativas siguen en carpeta, pero que ahora deberán esperar una ventana política más ordenada. “Primero hay que sacar lo que ya está adentro”, resumen en Nación.
El caso Adorni impactó directamente sobre ese calendario. En el Senado, el oficialismo logró postergar una sesión que podía derivar en una ofensiva contra el jefe de Gabinete, pero la discusión quedó abierta para el 25 de junio, con la posibilidad de avanzar hacia una interpelación el 2 de julio. En Diputados, el Gobierno también evalúa con cuidado los tiempos del Súper RIGI y del acuerdo con holdouts, porque teme que la oposición use el recinto para instalar pedidos contra el ministro coordinador.
En ese contexto, la reforma de Inocencia Fiscal pasó de ser una iniciativa económica de envío inminente a un proyecto en espera. Para Caputo, el cambio sigue siendo relevante: busca reforzar el esquema con el que el Gobierno pretende que una parte de los dólares fuera del sistema ingrese al circuito formal, empuje actividad y acompañe la remonetización de la economía. Pero en la mesa política entienden que el momento parlamentario no ayuda.
El proyecto apunta a modificar el régimen simplificado de Ganancias y a dar más previsibilidad a los contribuyentes. Entre los cambios que se discutieron con especialistas aparece la eliminación de topes de ingreso y patrimonio para ampliar el universo de adherentes, ajustes sobre la llamada “discrepancia significativa”, más instancias de rectificación antes de perder beneficios, límites al uso de presunciones por parte de ARCA y reglas de bancarización para las operaciones.
El objetivo técnico es reducir el temor a que una persona que ingresa al régimen termine expuesta a fiscalizaciones amplias sobre ejercicios anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores. En Economía sostienen que, si el contribuyente acepta la declaración simplificada, paga en término y cumple con los requisitos, debe tener un marco de seguridad jurídica más robusto para operar con fondos que hoy están fuera del sistema formal.
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La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. En el diseño que circula entre tributaristas, el contribuyente podría acceder a condonaciones o mecanismos de regularización si adhiere al régimen y cumple determinadas condiciones. El Gobierno presenta esa arquitectura como una herramienta para formalizar actividad sin lanzar un blanqueo tradicional ni abrir una discusión tributaria más amplia.
La discusión política, sin embargo, quedó atravesada por el caso Adorni. En la Casa Rosada saben que cualquier modificación que amplíe beneficios fiscales o limite herramientas de control de ARCA puede ser leída por la oposición como una norma a medida del jefe de Gabinete, aunque en Economía insistan en que la reforma fue pensada antes de la crisis actual y responde a pedidos de contadores, tributaristas y contribuyentes.
Por eso, el Gobierno eligió frenar el envío y esperar. La mesa política deberá definir cuándo existe margen para reactivar la iniciativa sin sumar ruido a una agenda legislativa ya saturada. Mientras tanto, Caputo mantiene el proyecto listo, pero la Casa Rosada prioriza contener el frente Adorni, ordenar los votos para las reformas que ya están en trámite y evitar que una nueva ley económica termine absorbida por la crisis política del jefe de Gabinete.
Gobierno, Manuel Adorni
En las últimas horas se hicieron públicas grabaciones en las que la conductora Jesica Cirio aparece en un vestidor junto a varios fajos de dólares, un material que se incorpora a la trama judicial y pública que rodea a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado junto con ella por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las imágenes fueron publicadas en una nota del periodista Diego Cabot en el sitio web de La Nación y, según ese medio, serían de 2023 y corresponderían a una dependencia del dormitorio que el exmatrimonio compartió en la casa de Fincas de San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires. En los videos se ven fajos envueltos en bolsas de plástico transparente, ordenados en cajones y estantes de un vestidor masculino que, de acuerdo con la publicación, habría sido filmado por la propia Cirio.
El dato se vuelve relevante en un expediente que ya avanzó sobre el patrimonio de los involucrados. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, de Sofía Clerici y de Cirio en esa causa.
La residencia donde habrían sido registradas las escenas estaba montada sobre un lote de gran tamaño y tenía, en la planta baja, varias habitaciones y baños, cocina, comedor diario, gimnasio, lavadero y dos dependencias de servicio. En el parque había una pileta con un escudo de Banfield en el piso, un quincho, una cancha de fútbol, dos cocheras cubiertas y paneles de energía solar sobre el techo.
En la planta alta solo estaba el dormitorio de la entonces pareja. Ese sector incluía un rectángulo central ocupado por el cuarto y por el guardarropas de Cirio, ubicado detrás de la cabecera de la cama, mientras que el vestidor de Insaurralde era un pasillo con espacio de guardado a ambos lados y un espejo al fondo, donde se la vería reflejada mientras grababa.
Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.
La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido” entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De los fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según revela el dictamen fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.
Infobae consultó con el estudio de abogados que representan a la conductora y explicaron que en las próximas horas presentarán las explicaciones correspondientes.
El hecho se conoció semanas antes de la elección presidencial que ganó Javier Milei e Insaurralde renunció a su cargo. En el inicio de la causa también fueron investigadas Clerici y Cirio. En la causa se hicieron distintos allanamientos y en la vivienda de Clerici se secuestraron cerca de 600 mil dólares. La mujer dijo que se trataba de dinero de su trabajo como “acompañante” y que la AFIP no tiene esa categoría para tributar. La justicia le permitió ingresar al blanqueo de capitales pero con los dólares congelados.
En su acusación los fiscales señalaron el patrimonio que Insaurralde no puede justificar con sus ingresos de funcionario público: la compra de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; la compra de una casa en Lomas de Zamora; la compra de dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuáles solo uno fue oficial.
Un año después del divorcio con el exintendente, Cirio volvió a ocupar la atención pública por su nueva boda. El domingo 26 de mayo de 2024 se casó con Elías Piccirillo en una ceremonia civil con entre 60 y 70 personas en un hotel porteño.
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