POLITICA
Las organizaciones sociales se suman a la marcha de la CGT y preparan nuevas protestas para mayo

Las organizaciones sociales suben la confrontación con el Gobierno de Javier Milei avanzan en un esquema de protestas que se desplegará en las próximas semanas y que tendrá un primer punto de confluencia con el sindicalismo el 30 de abril, cuando acompañen la movilización convocada por la CGT.
La decisión se da en un contexto de creciente conflictividad y marca un intento de articulación entre distintos sectores que cuestionan el rumbo económico del Gobierno.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmó que se sumará a la marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, mientras que otros movimientos sociales trabajan en una agenda propia de reclamos que se extenderá durante mayo.
El calendario incluye nuevas jornadas de protesta en las calles y actividades territoriales en distintos puntos del país. Según anticiparon referentes del sector, el objetivo es sostener la visibilidad del conflicto social y ampliar la coordinación con espacios sindicales y políticos.
En paralelo, las organizaciones sociales mantienen como eje de sus reclamos el impacto de las medidas económicas sobre los sectores más vulnerables, en especial tras los cambios en los programas de asistencia.
Articulación con la CGT y reclamos en común
La participación en la movilización del 30 de abril será una de las principales señales políticas de las organizaciones sociales en esta etapa. La convocatoria de la CGT buscará expresar el malestar por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales, un diagnóstico que comparten los movimientos territoriales.
Desde la UTEP vienen siguiendo de cerca la evolución de los ingresos en los barrios populares y advierten sobre las dificultades para sostener actividades productivas en un escenario de recesión. En ese marco, consideran clave fortalecer los canales de coordinación con el sindicalismo.
La confluencia no es nueva, pero adquiere mayor relevancia en medio de un clima de mayor tensión social, con protestas piqueteras y de partidos de izquierda que recientemente cortaron accesos y rutas y expusieron el nivel de conflictividad.
Además de la marcha, las organizaciones evalúan profundizar la articulación con otros espacios, incluidos sectores de la economía popular y agrupaciones piqueteras.
Un plan de lucha con foco en mayo
Más allá de la movilización de abril, distintos movimientos sociales ya definieron nuevas medidas para el mes siguiente. El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa anticiparon protestas para el 5 y el 7 de mayo.
Las jornadas incluirán movilizaciones callejeras y actividades territoriales en todo el país, con eje en la organización en los barrios y la visibilización de los reclamos.
El esquema también contempla encuentros y acciones de debate en distintas provincias, con el objetivo de ampliar la base de apoyo y sostener la presencia en el territorio.
En las organizaciones señalan que el conflicto no se limita a una medida puntual, sino que responde a un proceso más amplio vinculado con la situación económica y social.
El trasfondo del conflicto social
Uno de los puntos centrales del reclamo es la modificación de los programas de asistencia, en particular el esquema que reemplazó al Potenciar Trabajo. Desde los movimientos sociales advierten que los cambios impactan en las economías barriales y en los ingresos de miles de familias.
En ese contexto, cuestionan el enfoque basado en capacitaciones y sostienen que no responde a la falta de empleo en el actual escenario económico.
También plantean que no hubo instancias de diálogo con el Gobierno para discutir las medidas, lo que profundiza la confrontación y empuja a sostener las protestas en la calle.
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Julio De Vido fue condenado a tres años de prisión condicional en la causa de los gasoductos

El exministro Julio de Vido fue condenado a tres años de prisión con ejecución condicional en la causa que investigó la ampliación de dos gasoductos adjudicados en 2006 y 2008 a la constructora brasileña Odebrecht SA.
La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal N° 2 y alcanzó también a dos exfuncionarios del área energética: el exsecretario de Energía Daniel Omar Cameron, condenado a tres años de prisión en suspenso, y el exsubsecretario de Combustibles Cristian Alberto Folgar, sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión.
Se trata de la cuarta condena contra De Vido, que está preso desde noviembre del año pasado, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia en la causa por la tragedia de Once.
A comienzos de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió al exfuncionario de 76 años la prisión domiciliaria. De Vido dejó entonces la cárcel de Ezeiza y fue trasladado a su casa de Puerto Panal, en Zárate.
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Condenaron a Julio De Vido a tres años de prisión condicional en la causa por la ampliación de dos gasoductos

El exministro Julio de Vido fue condenado este martes a tres años de prisión con ejecución condicional en la causa que investigó la ampliación de dos gasoductos adjudicados en 2006 y 2008 a la constructora brasileña Odebrecht SA, reconocida en la región por el megacaso de corrupción conocido como Lava Jato.
La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal N° 2 -el mismo que condenó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad- y alcanzó también a dos exfuncionarios del área energética: el exsecretario de Energía Daniel Omar Cameron, condenado a tres años de prisión en suspenso, y el exsubsecretario de Combustibles Cristian Alberto Folgar, sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión. Ambos fueron condenados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
La acusación contra ellos fue sostenida en el juicio oral por el fiscal Diego Luciani.
En tanto, Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat -sin acusación fiscal- resultaron absueltos.
Se trata de la cuarta condena contra el exministro De Vido, que está preso desde noviembre del año pasado, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia en la causa por la tragedia de Once.
A comienzos del mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió al exfuncionario kirchnerista la prisión domiciliaria. De Vido, de 76 años, dejó entonces la cárcel de Ezeiza y fue trasladado a su casa de Puerto Panal, en Zárate.
Las otras dos condenas, de cuatro años de prisión cada una, corresponden a las causas por la compra de trenes usados a España y Portugal —conocida como “trenes chatarra”— y por la adquisición de cargamentos de gas natural licuado. Ninguna de estas dos sentencias está firme hasta el momento.
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En plena ofensiva opositora contra Adorni y con las PASO en agenda, Santilli y “Toto” Caputo recibirán a Jalil, Sáenz y Jaldo

En un momento político especialmente delicado para el Gobierno, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, recibirán este martes, a las 14.30, en la Casa Rosada a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), tres mandatarios con peso específico en el Congreso y con capacidad para inclinar votaciones decisivas en el Senado y en la Cámara de Diputados.
La reunión se desarrollará en una semana en la que el oficialismo enfrenta uno de los mayores desafíos políticos desde la llegada de Javier Milei al poder. En la Cámara de Diputados, el kirchnerismo y un sector de la oposición no alineada impulsan una ofensiva para avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una herramienta que nunca fue aplicada desde la reforma constitucional de 1994.
En ese contexto, Santilli y Caputo aparecen como dos piezas centrales de la mesa política del Gobierno. El primero está a cargo de la relación con las provincias y de la negociación parlamentaria; el segundo administra los recursos y es el responsable final de las transferencias y de las respuestas financieras que reclaman las provincias.
La presencia del ministro de Economía en el encuentro es una señal del valor que la Casa Rosada le asigna a la reunión. Los gobernadores llegan con una agenda concreta de pedidos vinculados con obras públicas, fondos para infraestructura, transferencias nacionales y reclamos por los recursos coparticipables, en un escenario de fuerte restricción fiscal impulsado por la administración libertaria.
Pero detrás de las demandas económicas también se desarrollan negociaciones políticas. Tanto Jalil como Jaldo y Sáenz mantuvieron, desde el inicio de la gestión de Milei, una relación de cooperación con la Casa Rosada, aunque preservaron autonomía y capacidad de negociación. Los tres mandatarios fueron claves para facilitar acuerdos parlamentarios y cuentan con legisladores propios que, en distintos momentos, acompañaron proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.
La cita se produce, además, cuando el oficialismo busca fortalecer su posición en ambas cámaras ante la amenaza que representa la avanzada opositora contra Adorni. En la Casa Rosada consideran que una eventual moción de censura tendría un fuerte impacto institucional y político y trabajan para impedir que prospere la iniciativa promovida por el kirchnerismo y sectores dialoguistas.
La tarea de conseguir apoyos está en manos de Santilli, quien desde hace semanas mantiene conversaciones con gobernadores y jefes parlamentarios para consolidar un esquema de respaldo al Gobierno. El ministro del Interior también encabeza otra negociación considerada estratégica por Javier Milei: la reforma electoral que impulsa el oficialismo y cuyo objetivo principal es eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La modificación del sistema electoral figura entre las prioridades políticas del Gobierno para este año y requiere construir mayorías parlamentarias que La Libertad Avanza, por sí sola, no posee. En ese esquema, el respaldo de mandatarios provinciales con influencia sobre diputados y senadores se vuelve un activo indispensable.
Los tres gobernadores que participarán del encuentro representan perfiles diferentes dentro del peronismo. Jalil, de Catamarca, fue uno de los mandatarios que más canales de diálogo mantuvo con la administración libertaria y suele aparecer entre los gobernadores más proclives a alcanzar acuerdos con la Nación.

Jaldo, en Tucumán, consolidó una posición de autonomía respecto del kirchnerismo y construyó un vínculo pragmático con el Gobierno nacional, al tiempo que preserva un importante volumen de representación legislativa y una estructura territorial con peso propio en el norte del país.
Sáenz, por su parte, gobierna Salta desde una identidad provincial y con un esquema de alianzas amplio. Aunque mantiene reclamos permanentes por recursos e infraestructura, también se convirtió en uno de los interlocutores frecuentes de la Casa Rosada y en un actor relevante dentro del bloque de gobernadores dialoguistas.
La reunión de este martes será observada con atención tanto por el oficialismo como por la oposición. En el Gobierno entienden que la estabilidad parlamentaria de los próximos meses dependerá en buena medida de la relación con los gobernadores y de la capacidad para sostener acuerdos en un Congreso fragmentado.
Con la presión opositora sobre Adorni, las discusiones sobre la reforma electoral y las demandas financieras de las provincias sobre la mesa, Santilli y Caputo buscarán reforzar una alianza política que se volvió indispensable para la gobernabilidad y para sostener la agenda legislativa de Javier Milei en una etapa de creciente tensión en el Congreso.
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