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POLITICA

Las organizaciones sociales se suman a la marcha de la CGT y preparan nuevas protestas para mayo

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Las organizaciones sociales suben la confrontación con el Gobierno de Javier Milei avanzan en un esquema de protestas que se desplegará en las próximas semanas y que tendrá un primer punto de confluencia con el sindicalismo el 30 de abril, cuando acompañen la movilización convocada por la CGT.

La decisión se da en un contexto de creciente conflictividad y marca un intento de articulación entre distintos sectores que cuestionan el rumbo económico del Gobierno.

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmó que se sumará a la marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, mientras que otros movimientos sociales trabajan en una agenda propia de reclamos que se extenderá durante mayo.

El calendario incluye nuevas jornadas de protesta en las calles y actividades territoriales en distintos puntos del país. Según anticiparon referentes del sector, el objetivo es sostener la visibilidad del conflicto social y ampliar la coordinación con espacios sindicales y políticos.

En paralelo, las organizaciones sociales mantienen como eje de sus reclamos el impacto de las medidas económicas sobre los sectores más vulnerables, en especial tras los cambios en los programas de asistencia.

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Articulación con la CGT y reclamos en común

La participación en la movilización del 30 de abril será una de las principales señales políticas de las organizaciones sociales en esta etapa. La convocatoria de la CGT buscará expresar el malestar por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales, un diagnóstico que comparten los movimientos territoriales.

Piqueteros cortan Puente Pueyrredón y otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires la primera semana de abril (foto: TN).

Desde la UTEP vienen siguiendo de cerca la evolución de los ingresos en los barrios populares y advierten sobre las dificultades para sostener actividades productivas en un escenario de recesión. En ese marco, consideran clave fortalecer los canales de coordinación con el sindicalismo.

La confluencia no es nueva, pero adquiere mayor relevancia en medio de un clima de mayor tensión social, con protestas piqueteras y de partidos de izquierda que recientemente cortaron accesos y rutas y expusieron el nivel de conflictividad.

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Además de la marcha, las organizaciones evalúan profundizar la articulación con otros espacios, incluidos sectores de la economía popular y agrupaciones piqueteras.

Un plan de lucha con foco en mayo

Más allá de la movilización de abril, distintos movimientos sociales ya definieron nuevas medidas para el mes siguiente. El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa anticiparon protestas para el 5 y el 7 de mayo.

Las jornadas incluirán movilizaciones callejeras y actividades territoriales en todo el país, con eje en la organización en los barrios y la visibilización de los reclamos.

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El esquema también contempla encuentros y acciones de debate en distintas provincias, con el objetivo de ampliar la base de apoyo y sostener la presencia en el territorio.

En las organizaciones señalan que el conflicto no se limita a una medida puntual, sino que responde a un proceso más amplio vinculado con la situación económica y social.

El trasfondo del conflicto social

Uno de los puntos centrales del reclamo es la modificación de los programas de asistencia, en particular el esquema que reemplazó al Potenciar Trabajo. Desde los movimientos sociales advierten que los cambios impactan en las economías barriales y en los ingresos de miles de familias.

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En ese contexto, cuestionan el enfoque basado en capacitaciones y sostienen que no responde a la falta de empleo en el actual escenario económico.

También plantean que no hubo instancias de diálogo con el Gobierno para discutir las medidas, lo que profundiza la confrontación y empuja a sostener las protestas en la calle.

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POLITICA

Atlas, el programa del Foro Internacional por la Democracia que une a referentes con futuros líderes

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El Foro Internacional por la Democracia (FID) lanzó Atlas, un programa semanal que propone un formato poco frecuente en el debate político latinoamericano: sentar en la misma mesa a figuras con décadas de trayectoria pública y a jóvenes que dan sus primeros pasos en la discusión de ideas. Con la conducción de Waldo Wolff, presidente del organismo, cada emisión combina el análisis de la actualidad internacional con una apuesta deliberada por la formación de nuevos referentes comprometidos con los valores democráticos.

El programa opera en un escenario que el propio FID describe como adverso para las instituciones: la desinformación, la polarización y el debilitamiento de los sistemas democráticos marcan la agenda global. Ante ese diagnóstico, Atlas no se limita a convocar voces expertas para comentar la coyuntura. La propuesta es más ambiciosa: los jóvenes participantes no ocupan un rol decorativo ni se limitan a escuchar. Realizan análisis, formulan preguntas y aportan perspectivas propias junto a invitados de reconocida trayectoria, en un intercambio que el Foro concibe como un puente generacional.

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Esa arquitectura del programa —donde la experiencia y la formación emergente conviven en pie de igualdad— es lo que distingue a Atlas dentro del ecosistema de contenidos políticos en español. La iniciativa no apunta solo a informar, sino a construir una cantera de líderes capaces de participar con responsabilidad en la conversación pública sobre democracia, libertad y derechos humanos.

Desde su lanzamiento, el ciclo recibió a personalidades de distintos ámbitos. Entre los invitados que ya visitaron el estudio figuran el consultor político Jaime Durán Barba, el activista y tecnólogo Santiago Siri, además de diplomáticos, académicos, periodistas, dirigentes y especialistas nacionales e internacionales. La diversidad de perfiles no es casual: responde a la voluntad del FID de abordar los principales acontecimientos globales desde ángulos múltiples, sin restringir el debate a una sola disciplina o corriente de pensamiento.

Wolff, quien conduce cada emisión, preside una organización que se define por su pluralismo y su vocación de diálogo. El FID nació con el objetivo de generar un espacio donde las ideas y la formación de nuevos liderazgos sean protagonistas, en contraposición a los discursos que fragmentan y polarizan el debate público. Atlas es, en ese sentido, la expresión más visible de esa agenda.

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Santiago Siri fue uno de los invitados al programa del FID

El programa forma parte de una estrategia más amplia que el Foro lleva adelante en América Latina. El FID trabaja en un proceso de expansión regional que contempla el desarrollo de representaciones en distintos países del continente, con el propósito de consolidar una red de intercambio, formación y cooperación entre líderes, especialistas y jóvenes comprometidos con la defensa de las instituciones. La idea es que Atlas funcione como eje de contenidos de esa comunidad en crecimiento, con alcance regional y producción sostenida.

Más allá del programa televisivo, el Foro desarrolla iniciativas de formación, encuentros y materiales de análisis que complementan lo que cada emisión de Atlas pone en pantalla. Esa combinación de formatos responde a una convicción que atraviesa toda la propuesta del FID: las democracias no se sostienen únicamente desde las instituciones formales, sino también a través de ciudadanos con capacidad para pensar, dialogar y asumir roles de liderazgo en sus comunidades.

El FID apuesta a la formación de futuros líderes democráticos

Con esa lógica, cada capítulo de Atlas funciona como un espacio de práctica real para los jóvenes que participan. El contacto directo con figuras que han transitado la política, la diplomacia, el periodismo o la academia les permite no solo adquirir conocimiento, sino también desarrollar la habilidad de sostener posiciones propias frente a interlocutores con mayor recorrido. Es, en la visión del Foro, una forma concreta de acortar la distancia entre la formación y la acción.

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Atlas se puede ver todos los lunes, desde las 19.30, en el canal de YouTube del FID.

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POLITICA

Caso $LIBRA: la Justicia congeló 25 billeteras cripto y busca identificar a los beneficiarios finales de la maniobra

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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 billeteras con criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y requirió a seis plataformas internacionales que informen las identidades de sus titulares y el historial completo de movimientos, según consta en una copia de la resolución judicial que obtuvo .

La decisión busca impedir que los activos vinculados a $LIBRA continúen desplazándose mientras la Justicia intenta determinar quiénes estuvieron realmente detrás del circuito financiero de la presunta maniobra. La resolución se dictó a pedido del fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano, sobre la base de un informe técnico de la Policía Federal.

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La resolución constituye la primera medida patrimonial de envergadura adoptada por la Justicia argentina dentro del expediente $LIBRA. Representa el primer intento por inmovilizar activos presuntamente vinculados con la maniobra investigada e identificar a sus eventuales beneficiarios finales mediante requerimientos simultáneos a las plataformas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex de intercambio de criptoactivos.

En una resolución de 24 carillas, el magistrado también ordenó que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas.

Javier Milei y Hyden Davis, el promotor de la criptomoneda $LIBRA

Con esa documentación, los investigadores buscarán reconstruir quién abrió cada cuenta, desde qué dispositivos e IP operó, qué cuentas bancarias utilizó para ingresar o retirar dinero fiduciario, qué otras billeteras estuvieron asociadas y cuál fue el recorrido completo de los fondos. La tarea quedó a cargo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).

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El magistrado tomó la decisión de congelar esas billeteras ante “la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” y para “evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior”. En otras palabras, entendió que la naturaleza descentralizada del ecosistema cripto exige adoptar medidas cautelares tempranas para impedir que los activos continúen desplazándose y dificulten aún más su eventual recuperación o rastreo.

Martínez de Giorgi estimó “indispensable” la medida para “prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario”.

Para el magistrado, además, el informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen reúne los dos requisitos exigidos para disponer una medida cautelar de este tipo: la “verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”, es decir, el riesgo de que el paso del tiempo torne ineficaz la investigación si los fondos continúan moviéndose.

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Martínez de Giorgi fundamentó esos dos requisitos en el artículo 23 del Código Penal, que faculta al juez de instrucción a disponer este tipo de medidas desde el inicio de la investigación, y en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite adoptarlas incluso antes del auto de procesamiento cuando existe peligro en la demora. La resolución dedica buena parte de sus fundamentos a justificar precisamente ese punto: que, frente al riesgo de dispersión de los activos, el congelamiento puede ordenarse aun antes de que existan procesamientos para preservar un eventual decomiso y evitar que la investigación pierda eficacia.

Qué reveló el informe

La solicitud de la fiscalía, que tiene delegada la investigación, se apoyó en un informe que reconstruyó el flujo de fondos mediante la técnica de backward tracing -trazabilidad a la inversa- y análisis OSINT.

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La reconstrucción elaborada por el Departamento Técnico del Cibercrimen permitió seguir casi paso a paso el recorrido del dinero. Según el informe, los investigadores lograron reconstruir una “secuencia continua e ininterrumpida” de transacciones que conecta las primeras billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” con cuentas abiertas en exchanges centralizados, donde ahora buscan identificar a sus titulares.

Javier Milei y Mauricio Novelli, investigado como el intermediario entre el Presidente y los creadores de $LIBRA

Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas “Team Libra Wallets”, desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteora Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Esos saldos confluyeron luego en una wallet intermediaria común. Desde esa billetera se transfirieron fondos, el 25 de noviembre de 2025, hacia otra dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.

De acuerdo con el informe, esa dirección funcionaba bajo la infraestructura de Squads, un sistema de billeteras multifirma (multisig) sobre la red Solana que exige múltiples autorizaciones para liberar fondos, en lugar de depender de una única clave privada. Y a partir de esa billetera, la investigación identificó dos salidas de fondos distintas y simultáneas.

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El 10 de mayo de 2026, según el informe policial, se inició una salida masiva de fondos mediante el protocolo de interoperabilidad descentralizado de Bridge Finance: 499.058,3 USDC fueron enviados desde Solana y, en el término de apenas 16 segundos, el equivalente —498.539,85 USDT— llegó a una billetera de la red Tron. La operación se ejecutó mediante un esquema de solvers, entidades automatizadas con liquidez en ambas redes que permiten concretar transferencias entre blockchains sin necesidad de utilizar una casa de cambio tradicional.

Según el informe, antes de esa transferencia principal, la billetera de destino en Tron recibió un pequeño depósito de 50 TRX proveniente de una billetera caliente de Bybit, un movimiento compatible con el fondeo previo necesario para afrontar las comisiones de red de la operación siguiente.

Una vez radicados los fondos en la red Tron, el flujo ingresó a una cuenta de concentración. Desde allí, según el informe de Cibercrimen, se desplegó una estrategia de pitufeo digital o smurfing, es decir, la fragmentación sistemática de grandes sumas en múltiples transferencias de menor monto para dificultar su rastreo e identificación. La investigación también identificó 17 “puentes” de criptoactivos USDC o USDT desde la red Solana hacia la red Tron, todos depositados inicialmente en una misma billetera antes de comenzar su redistribución.

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En paralelo, la misma billetera “Solana First Funder” derivó otro tramo de fondos hacia la red Ethereum: siete “puentes” de USDC a USDT, depositados entre el 4 y el 17 de junio de este año en una wallet que después redistribuyó el dinero en al menos ocho operaciones de entre 600.000 y 800.000 dólares hacia otra dirección de Ethereum, según el mismo informe. Ese segundo circuito sugiere que la dispersión de activos no se limitó al ecosistema Solana-Tron, sino que también alcanzó la red Ethereum, ampliando el alcance técnico de la maniobra reconstruida por los investigadores.

Para los investigadores, esa secuencia muestra un patrón compatible con maniobras destinadas a dispersar rápidamente los activos entre distintas plataformas y jurisdicciones, complicando tanto su rastreo como un eventual recupero. En otras palabras, la hipótesis de la fiscalía es que logró seguir el recorrido del dinero desde las primeras billeteras asociadas al lanzamiento de $LIBRA hasta cuentas alojadas en plataformas que aplican procedimientos de identificación de clientes, un punto donde el anonimato propio del ecosistema cripto podría comenzar a ceder ante la evidencia documental.

A partir de ahora, una de las claves del expediente será la respuesta que remitan los exchanges internacionales. La información KYC solicitada por el juez podría establecer si las billeteras congeladas estuvieron controladas por alguno de los imputados, por terceros vinculados con ellos o por personas que hasta ahora no habían aparecido en el expediente. También permitirá determinar si distintas billeteras respondían a un mismo operador o a una estructura coordinada, un aspecto central para reconstruir la arquitectura financiera de la presunta maniobra. También podría abrir nuevas líneas de investigación y ampliar el universo de sospechosos.

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Hugo Alconada Mon,Corrupción en la Argentina,Justicia Federal,Conforme a

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POLITICA

Diputados opositores piden citar al embajador del Reino Unido tras el paso de un buque de guerra británico por aguas argentinas

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El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados pidió una reunión con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, David Cairns, y presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tránsito del patrullero oceánico HMS Medway de la Royal Navy por aguas bajo jurisdicción argentina.

El episodio ocurrió entre el 4 y el 5 de julio, cuando el buque británico zarpó desde Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, y llegó al puerto de Punta Arenas, en Chile.

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Los diputados Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moira Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz expresaron su preocupación por la navegación del HMS Medway durante su trayecto hacia Chile.

Además, Michel y el resto de los legisladores presentaron un pedido de informes en la Cámara baja dirigido al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, para que el Gobierno explique qué información tenía sobre el desplazamiento del patrullero británico. También solicitaron que se informe si el Reino Unido notificó previamente la navegación, tal como establecen los acuerdos suscriptos entre ambos países en 1990, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas interrumpidas por la guerra de 1982, y si el Ejecutivo prevé presentar un reclamo diplomático.

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Entre los puntos incluidos en el pedido de informes figuran si el tránsito del buque se ajustó a los convenios vigentes entre la Argentina y el Reino Unido; qué actuaciones realizaron la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento; y qué medidas están previstas para fortalecer el control y monitoreo de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

Como fundamento de la iniciativa, los legisladores señalaron que distintas versiones periodísticas indicaron que “la Armada Argentina habría detectado el desplazamiento del buque sin que existiera una notificación previa, circunstancia que motivó la intervención de la Cancillería y el análisis de un eventual reclamo diplomático”.

Guillermo Michel, diputado nacional UxP. Foto: Cámara de Diputados.

Al mismo tiempo, advirtieron que “el Reino Unido sostiene que la navegación fue comunicada oportunamente mediante los canales correspondientes”, lo que, según afirmaron, genera “versiones contradictorias sobre un hecho de significativa relevancia institucional por el ejercicio soberano de nuestra patria”.

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Michel y el resto de los diputados sostuvieron que el Congreso debe ejercer su función de control sobre el Poder Ejecutivo y conocer con precisión cuáles fueron las actuaciones de las autoridades nacionales frente a un episodio que, señalaron, involucra la defensa de la soberanía argentina y la protección de los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur.

El pedido de informes deberá ser tratado por la Comisión de Defensa y, si obtiene dictamen, será sometido a votación en el recinto de la Cámara de Diputados.

Citación al ministro de Defensa

El ministro de Defensa TG Carlos Presti, junto al jefe de gabinete, Diego Santilli y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el pasado 9 de Julio. (Foto: X @TGCarlosPresti)
El ministro de Defensa TG Carlos Presti, junto al jefe de gabinete, Diego Santilli y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el pasado 9 de Julio. (Foto: X @TGCarlosPresti)

En paralelo, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, junto con el diputado Agustín Rossi, presentó un pedido para que el ministro de Defensa, Carlos Presti, brinde explicaciones e informes verbales sobre la desafectación de inmuebles bajo la órbita de esa cartera, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.

En la iniciativa, los diputados señalaron que los bienes inmuebles de Defensa poseen características particulares por su ubicación, dimensiones, infraestructura instalada y valor estratégico, lo que los diferencia de otros activos del Estado.

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Como ejemplos mencionaron la desafectación, durante el primer semestre de 2026, de inmuebles pertenecientes al Ejército Argentino en las ciudades de Neuquén, La Plata y Corrientes, además de un inmueble de la Armada Argentina en Ushuaia, Tierra del Fuego.

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Los firmantes recordaron que en marzo pasado presentaron otro proyecto para preservar los bienes inmuebles del Estado nacional que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.

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Martínez y Rossi sostuvieron que existe una contradicción en la política de defensa del Gobierno de Javier Milei. “Mientras se afirma públicamente que se busca fortalecer a las Fuerzas Armadas, incluso anunciando que un porcentaje de los ingresos por privatizaciones será destinado a la compra de equipamiento militar, simultáneamente se avanza en la venta de los inmuebles que hacen posible su funcionamiento”, señalaron. Y agregaron que esa situación “resulta manifiestamente contradictoria con las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que promueven la venta de bienes inmuebles bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, sus organismos descentralizados y las Fuerzas Armadas”.

Desde UxP pidieron informes al canciller Pablo Quirno. (Foto: NA MARIANO SANCHEZ/ARCHIVO)
Desde UxP pidieron informes al canciller Pablo Quirno. (Foto: NA MARIANO SANCHEZ/ARCHIVO)

Los legisladores también vincularon la iniciativa con el contexto internacional. Sostuvieron que, en un escenario atravesado por conflictos armados y crecientes tensiones geopolíticas, como las que se registran en Medio Oriente, “los Estados se orientan a fortalecer sus capacidades militares, preservar sus activos estratégicos y ampliar su infraestructura de defensa”. En ese sentido, afirmaron que “nuestro país, en cambio, avanza en sentido contrario, debilitando infraestructura estratégica de defensa y comprometiendo el patrimonio nacional”.

El proyecto también deberá ser analizado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Carlos Zapata.

Diputados, Reino Unido, Islas Malvinas, Unión por la Patria

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