El Gobierno avanzó esta semana con su plan para reconfigurar la Cámara Federal de Comodoro Py, un engranaje clave de la Justicia federal que define el rumbo de las causas de corrupción. Con el envío al Senado de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, apunta a nombrar a dos jueces en una de sus salas, la I, en la que tramitan expedientes de alto voltaje político.

La causa $LIBRA es la que más preocupa al Gobierno, ya que reúne elementos que vinculan directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con los protagonistas de una trama que terminó bajo sospecha de una criptoestafa. Pero detrás de ese expediente se apilan otros con peso propio.

Uno de los expedientes que está próximo a tener una definición tiene al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como principal involucrado por hechos ocurridos durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. En la causa se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19 mil dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.

El fiscal que instruye la causa, Carlos Rívolo, pidió la indagatoria de Caputo por ese delito, pero el juez Julián Ercolini lo sobreseyó. La Sala debe decidir si confirma ese sobreseimiento o si ordena reabrir la investigación. El expediente llegó a la Cámara en febrero.

Otro caso de alto impacto, que también involucra a Caputo y en el que también existen criterios contrapuestos entre juzgado y fiscalía, es la investigación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa, pero el fiscal Franco Picardi apeló la decisión y ahora la Sala debe resolver si confirma el cierre del expediente o dispone su reapertura.

La intervención de la Cámara Federal es clave en la vida de un expediente porque revisa todo lo que sucede en primera instancia: puede confirmar lo dicho por un juez, darlo vuelta, pedir que la investigación se profundice o encaminar el caso rumbo a un eventual juicio oral.

La investigación por el acuerdo con el FMI alcanza a Caputo, por entonces ministro de Finanzas, pero también al expresidente Macri y al resto de su equipo económico: Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Guido Sandleris, quien sucedió a Caputo al frente de la autoridad monetaria.

Para el fiscal Picardi existen indicios de un plan “concatenado” entre distintos funcionarios y que hay elementos suficientes para profundizar la investigación y avanzar con acusaciones contra ellos.

Otro de los grandes expedientes de la Sala I es la causa por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi a la empresa, una de las investigaciones por presunta corrupción más longevas de Comodoro Py.

La Sala tuvo una intervención reciente al admitir como querellante a una organización civil cuya primera medida fue recusar al juez Ariel Lijo por las demoras que acumula el expediente, iniciado hace casi veinte años. Lo hizo contra el criterio del juez, que en primer término le negó a la organización la posibilidad de ejercer ese rol.

Es probable que la sala, en algún punto del caso, deba pronunciarse también sobre la recusación contra el juez Lijo.

Son algunos de los temas sobre los que debe expedirse este tribunal, hoy conformado por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los dos últimos fueron trasladados durante el gobierno de Macri desde tribunales orales y la Corte ordenó que fueran reemplazados por jueces que hubieran concursado para el cargo.

El Consejo de la Magistratura confeccionó dos ternas para esas dos vacantes. En ellas figuraban el propio Bertuzzi y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, los nombres por los que optó el Gobierno.

$LIBRA y otros expedientes

Desde este martes, en la Sala I se encuentran todas las apelaciones de quienes buscan seguir siendo querellantes en la causa por $LIBRA. Son damnificados que en su momento fueron aceptados como parte del expediente por la propia Cámara Federal. Pero el caso cambió de juzgado, lo que implicó un cambio también en la Sala de la Cámara. Ahora, el actual juez de $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, apartó a los dos grupos de querellantes y será la Sala la que debe revisar ese criterio. Ana Juan, la esposa de Martínez de Giorgi, fue oficializada hoy por el Gobierno como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.

Otra de las causas en la que interviene este tribunal es aquella que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia, empujada por el fiscal Carlos Stornelli.

El empresario Hugo Sigman aguarda para ser indagado y la exministra de Salud Carla Vizzotti —ya indagada— una resolución sobre su situación procesal. La Sala revisará lo que sobre ellos y otros imputados resuelva el juez Ariel Lijo.

El tribunal también interviene en un expediente ligado al caso de los Cuadernos de las Coimas, mediante el cual varios de los empresarios investigados buscaron desacreditar el tramo principal, actualmente en etapa de juicio oral.

La causa nació a partir de una denuncia del empresario Armando Loson contra Jorge Bacigalupo, el expolicía y amigo de Oscar Centeno que recibió los cuadernos del chofer y luego se los entregó al periodista Diego Cabot. Según Loson, Bacigalupo modificó esas anotaciones con tachaduras, agregados o correcciones en algunos de los ocho cuadernos originales.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó dos veces por encubrimiento, pero la Cámara revocó esa decisión en ambas oportunidades, al sostener que esas modificaciones no podían ser atribuidas a Bacigalupo, y dictó su falta de mérito, lo que mantiene el caso bajo investigación.