Hacia dónde va la UCR es una pregunta que hace tiempo ningún radical puede responder. Sin embargo, la renovación de autoridades y la proximidad de las elecciones los obligan a ensayar una respuesta. Hace menos de un mes, los gobernadores acordaron que para 2027 cada uno implementará la estrategia que le garantice retener su territorio, es decir, aliarse con La Libertad Avanza o el peronismo. “Si cada provincia hace lo que quiere vamos a acercarnos a la muerte del partido”, advirtió a Infobae un dirigente con experiencia en armados electorales.

Esa advertencia sobre el futuro de la UCR llegó a oídos de Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto que se convirtió en el presidente más joven de la historia del partido centenario. Algunos desconfían de su vínculo con Martín Lousteau, pero le reconocen la apertura al diálogo. Desde que asumió, visitó varias provincias y le abrió las puertas del Comité Nacional a figuras relevantes del espacio que hace años no visitaban las oficinas de la calle Alsina por las fuertes diferencias con las gestiones anteriores.

Pero la preocupación sobre cómo liderará Chiarella el futuro del partido persiste. Recientemente, dirigentes con trayectoria como Mario Negri, Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez, entre otros, organizaron un encuentro en Buenos Aires donde exigieron que se unifique el bloque de Diputados pero, sobre todo, que los gobernadores no apoyen la eliminación de las PASO. “Sin esa herramienta, la idea de construir una alternativa de centro se convertirá en una utopía”, resaltó a este medio uno de los integrantes del encuentro.

Los organizadores del acto, que tuvo como consigna “Radicales, estamos a tiempo”, sospechan que el Gobierno negocia con las provincias la eliminación de las PASO a cambio de la incorporación del sistema de colectoras, un esquema que puede favorecer tanto a radicales como al PRO, que buscan cerrar acuerdos con La Libertad Avanza pero chocan con las exigencias de Karina Milei para la conformación de alianzas.

El sistema de colectoras ya se aplicó en las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta, y en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo compitió con dos ofertas electorales: Daniel Scioli y Martín Sabbatella. Permite que distintos partidos presenten diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieran a una misma papeleta para otra categoría principal. Sería una buena salida para la UCR, que no tiene, y parece que no tendrá, candidato a presidente.

La falta de un candidato a presidente es un problema que todos los radicales lamentan. Algunos se comparan con el PRO. “Nadie cree que Mauricio Macri se vaya a postular, pero al menos les generó una expectativa, los pone en movimiento de cara a la disputa del año que viene”, dicen. Como ya adelantó este medio, el ex mandatario es una opción que barajan los integrantes de Provincias Unidas, entre ellos Maximiliano Pullaro, aunque el santafesino desconfía de sus verdaderas intenciones. Cree que sus coqueteos presidenciales esconden una estrategia para blindar su poder en territorio porteño.

“Vamos a trabajar para tener nuestra propia propuesta”, enfatizó Chiarella durante una entrevista con Infobae en Vivo. El presidente de la UCR cree que el desdoblamiento de las elecciones provinciales les permitirá a los cinco gobernadores del espacio retener sus territorios y que, para eso, hay que permitirles que puedan sellar sus propias alianzas. Según su mirada, esa estrategia no invalidará la posibilidad de construir una alternativa nacional, como puede ser una reedición de Juntos por Cambio.

Las provincias que empiezan a ordenar sus internas

Mientras la conducción nacional intenta definir una hoja de ruta, las estructuras provinciales del radicalismo avanzan con sus propios esquemas de reorganización. En la provincia de Buenos Aires, el senador nacional Maximiliano Abad logró cerrar una lista de unidad para la conducción del Comité Provincia, que tendrá a Emiliano Balbín al frente, y además consolidó su liderazgo en las internas locales que se realizaron en nueve distritos. En General Pueyrredón y Bahía Blanca, los candidatos respaldados por el abadismo se impusieron con amplitud, mientras que el sector también se quedó con las conducciones de Luján y Mercedes.

En el entorno del senador explican que el objetivo de la nueva etapa es fortalecer la presencia territorial del partido y trabajar para que la UCR tenga un candidato a intendente propio en cada uno de los 135 municipios bonaerenses. Sin embargo, evitan despejar las dudas sobre el escenario de alianzas para 2027 y, ante las consultas sobre un eventual acuerdo con La Libertad Avanza y el PRO, prefieren no anticipar definiciones. La prioridad, aseguran en su entorno, es consolidar la estructura partidaria antes de abrir la discusión sobre el formato electoral y las alianzas.

Un movimiento similar se observa en Córdoba, aunque con otro eje de discusión. La Mesa Ejecutiva del Congreso Provincial convocó a un plenario virtual para el próximo 11 de julio en el que propondrá prorrogar los mandatos de todas las autoridades partidarias hasta septiembre de 2027. Sin embargo, la propuesta es resistida por varios sectores, que sospechan que la extensión de los mandatos busca darle tiempo a la conducción para avanzar en una negociación electoral con La Libertad Avanza.

La presentación y las contradicciones que dejó la explicación de Manuel Adorni sobre su declaración jurada sigue generando repercusiones dentro de La Libertad Avanza. En ese contexto, el diputado libertario Lisandro Almirón fue consultado acerca de la situación del jefe de Gabinete y afirmó que no lo defiende y que “solo pondría las manos en el fuego” por el presidente Javier Milei.

“Si el Presidente considera que el acompañamiento de Adorni es importante no puedo reprocharlo. Solo pongo las manos en el fuego por Javier Milei”, respondió el legislador a Radio Dos de Corrientes.

Consultado sobre una eventual salida del funcionario -que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito- del Gobierno, Almirón remarcó que se trata de una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. “No es mi responsabilidad. El Presidente es quien tiene que decidir”, indicó.

“No puedo tomar una posición frente a una situación que desconozco. El rol del jefe de Gabinete tiene mucha relevancia. Su presencia en la mesa política así lo marca. El Presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa“, sumó Almirón. Según el diputado, Adorni goza de toda la confianza de Milei.

Qué dijo el diputado libertario acerca de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni

Acerca de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, el diputado libertario Lisandro Almirón aseguró que “está en manos de la Justicia” y que el funcionario ya dio explicaciones.

“No defiendo a Adorni, pero es parte de una agenda periodística instalada“, deslizó.

El jefe de Gabinete declaró bienes por $944,5 millones correspondientes al período fiscal 2025, una cifra que representa un crecimiento de aproximadamente 775% respecto de los $107,8 millones que había informado al cierre de 2024.

Leé también: El documento completo de la declaración jurada de Manuel Adorni

Horas antes de que se conociera el documento, Adorni defendió el origen de sus bienes y aseguró que durante años acumuló ahorros no declarados.

En ese sentido, Almirón opinó: “Evadir impuestos no está bien. Tenemos la presunción de inocencia, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. La verdad va a ser lo que resuelva la Justicia. Se tendrá que evaluar en sede administrativa y luego, en lo procesal penal”.

Manuel Adorni, Javier Milei, La Libertad Avanza

La próxima medida de fuerza de la CGT todavía no está resuelta y no tiene fecha ni modalidad definidas, pero ya fue bautizada informalmente por algunos dirigentes como “semana social de protesta”. ¿A qué alude ese nombre? Misterio. Por ahora, lo único en claro es que la CGT ya decidió retomar su ofensiva contra el Gobierno.

Luego de canalizar sus denuncias en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principales líderes cegetistas no quieren perder el tiempo pese al lógico paréntesis que impondrá el Mundial de Fútbol: el miércoles que viene, a las 11, recibirán a los líderes de las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte, la alimentación y la energía para analizar cómo seguir el plan de lucha.

Ese día comenzará a debatir qué hacer para frenar a una administración libertaria que, a juicio de la central obrera, redobla sus gestos de hostilidad contra el poder sindical y los trabajadores. Así fue interpretada la reciente reglamentación de la reforma laboral, que acentúa los límites al financiamiento de los gremios a través de las cuotas solidarias, el condicionamiento de los convenios colectivos y el impulso a los sindicatos de empresa, entre otras innovaciones que jaquean al status quo gremial.

La mayoría de los dirigentes cegetistas cree que debe descongelar las medidas de fuerza, pero nadie tiene en claro cuál es la mejor forma de protestar para tratar de frustrar las políticas libertarias. De por sí, con la excepción del ala dura, no prende aún la idea de llevar adelante el quinto paro general de CGT contra Javier Milei.

Muchos dirigentes entienden que otro paro general es un riesgo porque no tienen garantías de un alto acatamiento (la última huelga general, del 19 de febrero pasado, fue floja): muchos trabajadores tienen miedo de perder el empleo o no quieren dejar de cobrar un día de trabajo o el presentismo por adherir a otra medida de fuerza. Y, además, saben que Milei no cambiará ninguna de sus políticas en curso por más que la CGT siga con su serie de protestas generales hasta el final del mandato.

El problema adicional para los líderes cegetistas es que deben conciliar esta realidad acerca de la repercusión de sus protestas con las presiones internas del ala dura, en donde están la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos, entre otros, que pugnan por un paro de 36 horas.

Por eso avanza la idea de discutir en distintas instancias de la CGT una propuesta que ya había hecho Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), cuando se debatió el último paro general de la CGT: organizar un plan de lucha similar al que se instrumentó en Francia para protestar contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023.

¿Qué características tuvieron esas acciones de protesta? En lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada. Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones callejeras diarias, hasta llegar a una medida nacional que abarcó a todos los gremios.

Así, el impacto real fue mucho más fuerte porque la protesta seguía a lo largo de semanas y, además, ese esquema permitía mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”: sus promotores aseguran que mantuvieron una presión política y económica constante, distribuyeron el esfuerzo entre varios gremios y pudieron sostener las acciones en un plazo prolongado.

Schmid y otros de sus colegas de la CATT como Juan Pablo Brey (aeronavegantes) entienden que hacer un solo paro sin continuidad pierde eficacia y por eso vienen planteando sin éxito adentro de la CGT definir un plan de lucha “a la francesa” para que cumpla su objetivo.

La propuesta ya empezó a contar con más adhesiones en la central obrera y algunos ya la bautizaron como “semana social de protesta”. Por eso se empezará a analizar, junto con otras variantes más tradicionales, en la reunión que mantendrá el triunvirato de la CGT con las confederaciones sindicales que agrupan a distintos sectores. La semana siguiente, las ideas en danza serán debatidas por el Consejo Directivo cegetista.

Hay quienes proyectan que luego delibere el plenario de secretarios generales o el Comité Central Confederal, máximo órgano ejecutivo de la CGT, para oficializar el nuevo plan de lucha, pero en la cúpula cegetista apuntan primero a mejorar el sistema de toma de decisiones.

¿Qué significa? Exigir que a las reuniones del Consejo Directivo concurran los líderes de los sindicatos y no como sucede ahora, en que asisten dirigentes de segundas o terceras líneas cuya opinión no termina siendo representativa o no implica un compromiso efectivo de la organización a la que pertenecen.

“Algunos de los que nos reclaman un paro general no logran que sus afiliados acaten la medida de fuerza o ni siquiera hacen paros en sus sindicatos por reclamos sectoriales”, se quejó a Infobae un jefe de la CGT.

Por eso la CGT conducida por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello procura iniciar consultas con la mayor cantidad de colegas posibles para que la modalidad elegida para protestar sea avalada y cumplida por todos.

Mientras, como anticipó Infobae, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), hay otro ritmo: conversan con otros gremios del sector con el objetivo de realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo sigue en $500 mil.

Aunque se apruebe el “modelo francés” de paros, en la Argentina hay algunos impedimentos para que se concrete. Por un lado, rige la Ley de Modernización Laboral que incluye la obligación de mantener servicios mínimos del 50% o 75% en actividades consideradas esenciales, como el transporte, la salud, la recolección de residuos y la energía, entre otras (la educación quedó exceptuada luego de que el juzgado laboral N° 74 suspendió la declaración de esencialidad para el sector).

Lo más probable es que ante paros de ese tipo el Gobierno declare la conciliación obligatoria, que implica levantar las medidas y negociar durante 15 días. No acatar esa resolución oficial equivale a sanciones graves. Ya le pasó a La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, a la que la Secretaría de Trabajo le aplicó una multa de 21 mil millones de pesos por desobedecer la conciliación obligatoria durante el último paro de la CGT.

Lo mismo podría sucederle a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, porque cuando la CGT hizo su cuarta huelga general paralizó el servicio de colectivos sólo en el AMBA ya que le habían dictado la conciliación obligatoria por un conflicto salarial en el interior, donde no hizo paro.

Claro que la posible multa a la UTA, calculada sobre la base de la cantidad de trabajadores afectados al paro, es de una suma exorbitante: 70 mil millones de pesos. Aún no terminaron los relevamientos para determinar si efectivamente el gremio desoyó la conciliación obligatoria, algo curioso porque la medida de fuerza cuestionada tuvo lugar hace casi cuatro meses.

¿Se efectivizará alguna vez la sanción contra el sindicato de colectiveros o el Gobierno la dejará en suspenso como herramienta de presión para tratar de que la UTA no adhiera a otro posible paro general de la CGT? Es una duda auténticamente argentina que crece mientras los sindicalistas analizan protestas importadas de Francia.

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