La decisión de Patricia Bullrich de comunicarle a Javier Milei que no acompañará el pedido para retirar del Senado la postulación de María Verónica Michelli como jueza federal abrió un estado de deliberación dentro de la bancada oficialista.

Varios senadores coinciden con la postura de Bullrich. Entre ellos aparecen legisladores que la acompañaron en su paso por el PRO, como Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez, pero también otros integrantes del bloque que provienen de la fuerza libertaria.

Sin embargo, otro sector del bloque, con una fuerte verticalidad hacia el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuestionó la posición de Bullrich. En ese grupo aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, que sostienen que la bancada debería ser conducida por alguien que no cuestione las decisiones de la Casa Rosada.

Este lunes, Bullrich les anticipó a sus pares del Senado que había hablado con el Presidente. “Le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli como jueza federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, planteó.

Después de esa comunicación, la senadora participó de una cena en Pilar, provincia de Buenos Aires, y ayer viajó a Mendoza para participar de un congreso sobre ciberseguridad. En el medio puso a disposición su renuncia como jefa del bloque, pero Milei no la aceptó.

Las diferencias dentro del bloque y el contrapunto con el Gobierno nacional podrían derivar en que el oficialismo retire del temario de la sesión prevista para el jueves los dictámenes de los postulantes a jueces y fiscales federales.

La definición se tomará este miércoles a las 11, cuando se reúna la Comisión de Labor Parlamentaria convocada por Victoria Villarruel y de la que forman parte las autoridades de las bancadas legislativas. Si finalmente se excluyen los pliegos, solo quedarían para su tratamiento los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default de 2001.

Otras voces del Senado

Desde la oposición dialoguista, que habitualmente acompaña las propuestas de La Libertad Avanza, la senadora radical Carolina Losada ratificó su apoyo al pliego de Michelli. “Ratifico lo que sostuve y firmé en comisión sobre el pliego de la Dra. Michelli. Acompañar los cambios que la Argentina necesita también implica ser coherentes con lo que la Justicia exige en una república: independencia, idoneidad y garantías claras”, sostuvo, en línea con la postura de Bullrich.

Desde el PRO, Martín Goerling Lara, jefe del bloque, también adelantó que no acompañarán el retiro del pliego de la candidata.

El retiro de un pliego enviado por el Poder Ejecutivo necesita la aprobación mayoritaria del recinto. Por eso, si el oficialismo llega dividido y buena parte de la oposición dialoguista no acompaña, el Gobierno podría no reunir los votos necesarios.

El pliego cuestionado

El pliego de María Verónica Michelli ya cuenta con dictamen de la Comisión de Acuerdos y reunió las nueve firmas necesarias para ser designada jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata. Sin embargo, el titular de la comisión, Juan Carlos Pagotto, no lo pondrá en consideración del pleno del cuerpo para la sesión del jueves 4 de junio.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le solicitaron a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, el retiro del pliego.

Según explican en reserva desde la bancada libertaria, el principal reparo es el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon.

Cuestionamientos desde Diputados

La crisis generada por el tratamiento de los pliegos también tuvo repercusiones en la Cámara de Diputados. El legislador del MID Eduardo Falcone cuestionó la decisión del oficialismo: “Es un mamarracho político lo que están haciendo con el pliego de la doctora Michelli. Inexplicable”.

En Unión por la Patria, Sebastián Galmarini dijo que coincidía con la postura de Bullrich, aunque también apuntó contra la senadora. “Lamento coincidir en cuanto al pliego de la postulante. Sus vínculos con este periodista, con cualquier otro, o con quien sea, no justifican este castigo”, sostuvo.

Patricia Bullrich, Senado, jueces

“Es Patricia Bullrich”, la justificó una fuente de Casa Rosada al intentar explicar los nuevos movimientos de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado luego de que abriera un nuevo frente de tensión en la ya resentida plana libertaria tras diferenciarse del Poder Ejecutivo por segunda vez en menos de 30 días. Los sobrados indicios de autonomía que demostró la legisladora, algunos desafiantes a la cúpula del poder, impactaron de manera disímil entre los hermanos Milei.

Fiel a su estilo, el Presidente minimiza cada movimiento de su ex ministra y envía guiños con el objetivo de mantener todas las piezas sobre el tablero. Algo similar a la postura que adoptó en la contienda pública que enfrentó al asesor presidencial, Santiago Caputo, con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Lo hizo cuando la ex Juntos por el Cambio presionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a que presentara su declaración jurada en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y no se espera una reacción diferente ahora que Bullrich anticipó que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto del retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli.

“El escenario es complejo. No se le hace la cruz porque es un elemento que se necesita”, admitió un hombre de la mesa chica del libertario. El mensaje llegó una semana después del abrazo que el libertario le dio a la senadora en el balcón presidencial, el pasado feriado patrio, luego de pedirle que se adelantara y se ubicara en primera línea junto al Gabinete de cara a la Plaza de Mayo.

Hasta entonces, el mandatario no se ha expedido públicamente sobre el tema más allá de las versiones que ratifican su intención de sostener el corrimiento de Michelli. Ni siquiera luego de que la jefa de bloque admitiera que puso a disposición su renuncia en la charla que tuvieron el pasado lunes.

Asimismo, hay quienes aseguran que, a diferencia del libertario, Karina Milei no recibió con buenos ojos ninguno de los intentos por desmarcarse que protagonizó la extitular del PRO, pero descartan que accione en consencuencia. “Karina no la puede ver, pero si alguien es más peligroso afuera que adentro es mejor mantenerla adentro”, señalaron en una de las oficinas de Balcarce 50.

“Patricia es así. Quiere quedar bien con un sector que la trata bien y que le celebra que se diferencie. De esta forma, se pone en valor. Es parte de su perfil”, coincidió un integrante de la mesa chica ante Infobae. Lo llamativo es que ante la consulta de este medio respecto al impacto en la dinámica interna que genera que “uno de los propios” desautorice al mandatario, no dudó en corregir la formulación y calificarla como “una aliada”.

Desde mayo de 2025, la exPRO se encuentra formalmente afiliada a La Libertad Avanza, cuando en una actividad de campaña en la plaza Vicente López del barrio porteño de Recoleta, llenó la ficha ante las cámaras de televisión escoltada por Karina Milei y la dirigente porteña, Pilar Ramírez.

Pese a las notorias diferencias, un hombre que cruzó llamados telefónicos durante las últimas horas con la menor de los Milei matizó el malestar al negar que la última jugada de la senadora hubiera agravado la valoración que la funcionaria mantiene. “Más de lo mismo. No pasa nada”, precisó ante este medio.

En las filas libertarias admiten que se trata de una figura necesaria en la pelea por el 2027, en particular, en la disputa por la Ciudad de Buenos Aires, aunque no hay plenas garantías de que sea el verdadero deseo electoral de la dirigente. Mientras tanto, las encuestas la favorecen, por lo que los enojos internos difícilmente trasciendan. “Se dobla pero no se rompe”, bromeó un funcionario que reporta a Javier, pero también a Karina Milei.

En otra de las tribus del ecosistema, ajena a la puja, detectan que la jefa de bloque tomó la decisión de “capitalizar” ante su propio electorado los casos en los que observa a la administración libertaria “desperfilada”. “Toma el rol de la ‘mileista sensata’. Calcula además que puede hacerlo porque el Gobierno no puede darse el lujo de prescindir de ella”, describió un alfil violeta a este medio.

“Patricia hace lo que hace porque puede. Tiene un cargo de 6 años, votos propios y 50 años de trayectoria. Javier Milei la valora y necesita. Es la mujer con más huevos que conozco, no la veo acatando a nadie”, se expidió otra voz del ecosistema, y sumó: “¿Cuál era la otra opción? Ir al recinto y votarle en contra sin decir nada. Era un escándalo peor“.

Por su parte, un dirigente cercano a la senadora rechazó la existencia de un escenario de conflicto con alguno de los Milei y aseguró que cada paso que da su referente es en función de sus principios. “Nosotros estamos muy bien. Además nos necesitamos mutuamente”, expresó. “Es de persona de bien presentar la renuncia. Solo es una persona coherente”, remarcaron desde el entorno de la legisladora.

Más allá de los chispazos, en el oficialismo parece predominar el pragmatismo: Bullrich conserva niveles de adhesión propios, volumen político e interlocución con sectores que el Gobierno necesita si quieren concretar los deseos reelecionistas de Milei. Por eso, al menos por ahora, las diferencias se dirimen puertas adentro.

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El Gobierno reactivó la discusión interna por la reforma del Código Penal en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba. En la Casa Rosada aseguran que la intención es enviar el proyecto “cuanto antes” al Congreso y remarcan que el texto en revisión incluye un endurecimiento de penas para violadores, cambios sobre delitos sexuales y una ampliación de los supuestos de prisión perpetua.

“Necesitamos tomar medidas y movernos rápido”, expresan en despachos oficiales. En el Ejecutivo intentan presentar la reforma como parte de una agenda penal que ya estaba en marcha, pero el caso Agostina volvió a poner presión sobre una discusión que venía demorada por diferencias políticas y técnicas dentro del Gobierno.

La investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años provocó impacto nacional y abrió cuestionamientos sobre la actuación judicial y policial en Córdoba. El fiscal agravó la imputación contra Claudio Barrelier a femicidio, una figura que prevé prisión perpetua. En Nación siguen el caso con cautela, pero admiten que la conmoción social aceleró conversaciones que estaban frenadas sobre el nuevo paquete penal.

La discusión central pasa por el texto final que llegará al Congreso. En el entorno del asesor Santiago Caputo aseguran que la reforma está “trabada” en el Ministerio de Justicia. En los equipos del ministro Juan Bautista Mahiques responden que están “terminando de definir” qué versión enviarán y sostienen que el proyecto saldrá en el corto plazo.

El borrador ya fue y volvió en reiteradas ocasiones de la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal, por diferencias en la redacción. “Las reformas al Código Penal se vienen trabajando hace tiempo y se van a mandar en el corto plazo”, agregan en el Ejecutivo. La demora, sin embargo, volvió a alimentar los pases de factura entre los sectores que disputan influencia sobre el área de Justicia.

En el oficialismo conviven dos lecturas. Un sector sostiene que ya había una reforma amplia preparada y que el nuevo esquema de Justicia la recortó y demoró. El equipo de Mahiques rechaza esa mirada y afirma que el objetivo es enviar un proyecto técnicamente más ordenado, con mayor viabilidad parlamentaria y sin abrir capítulos que puedan bloquear todo el tratamiento.

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La Casa Rosada había debatido durante meses si avanzar con un nuevo Código Penal integral o con una reforma amplia del código vigente. La primera opción implicaba reemplazar de manera completa el texto actual, sancionado en 1921. La segunda permite endurecer penas, incorporar nuevas figuras y corregir artículos puntuales sin reabrir de forma total debates sensibles.

Por ahora, la alternativa que gana peso es la de una reforma por etapas. El Gobierno se inclina por mandar primero los capítulos con mayor consenso dentro del oficialismo: delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales, entraderas, salideras, motochorros, viudas negras, armas en cárceles, picadas ilegales y nuevas modalidades de criminalidad organizada y tecnológica.

Uno de los puntos que la Casa Rosada destaca es el agravamiento de las penas para violadores y abusadores. También se analiza la imprescriptibilidad de delitos sexuales graves y la ampliación de supuestos de prisión perpetua. En el Gobierno sostienen que el eje será “poner a las víctimas en el centro”, una fórmula que ya había usado el oficialismo en presentaciones anteriores del proyecto.

El texto original que se había trabajado durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona era mucho más extenso. Buscaba unificar el Código Penal vigente con leyes penales especiales y llevar el cuerpo normativo a más de 900 artículos. Incluía endurecimiento generalizado de penas, nuevos delitos informáticos, cambios en narcotráfico, corrupción, responsabilidad penal de empresas, delitos ambientales, propiedad intelectual y figuras vinculadas con inteligencia artificial.

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La revisión de Mahiques apunta a reducir esa arquitectura. En Justicia consideran que un proyecto demasiado amplio puede quedar empantanado en el Congreso y obligar al Gobierno a defender al mismo tiempo temas de seguridad, corrupción, delitos económicos, derechos civiles, género, aborto y política criminal. Por eso, cerca del ministro insisten en una versión más corta y defendible.

En ese rediseño, el Gobierno descarta incluir una modificación de la figura de femicidio más allá de que había deslizado en distintas oportunidades la intención de revisar ese agravante bajo el argumento de la “igualdad ante la ley”, pero esa discusión no formará parte de la reforma penal que ahora buscan enviar. En Balcarce 50 entienden que abrir ese capítulo en este contexto agravaría el costo político y legislativo del proyecto.

Tampoco habrá cambios sobre el aborto, pese a que sectores del oficialismo empujaron en distintos momentos la derogación de la ley vigente. Ese fue uno de los motivos por los que el Gobierno terminó alejándose de la idea de mandar un Código Penal completamente nuevo: reemplazar todo el texto obligaba a fijar posición sobre temas que hoy no forman parte de la prioridad legislativa inmediata.

La demora en el envío reavivó las tensiones internas. En sectores del oficialismo cuestionan que el proyecto siga sin definirse mientras la agenda de seguridad vuelve al centro del debate público. “No se están tomando medidas por egos personales. Hay que actuar”, sostienen en un sector de la Casa Rosada. La frase apunta a la disputa entre los equipos que responden a Caputo y el área de Justicia que quedó bajo influencia de Karina Milei.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, ya había anunciado el 17 de marzo que el Gobierno definió la conformación de un paquete de proyectos de ley para enviar al Congreso, entre los que incluyó la modificación del Código Penal “poniendo foco en el endurecimiento de las penas”.

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