ECONOMIA
Licencias de conducir: la inexplicable exigencia de capacidad para conducir motos que no se aplica para autos y pickups
A raíz de la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cambiar las condiciones que deben cumplir los choferes de autos que prestan servicios de viajes por aplicación y las de los choferes de taxis, dos de los puntos más destacados son la obligatoriedad para los primeros de tener licencia de conducir profesional y una póliza de seguro específica para el servicio que prestan.
Esta última, de hecho, viene a resolver un eventual problema que podían tener los choferes que trabajan para las empresas de aplicaciones, porque muchos tenían un vehículo con un seguro normal, terceros completos transportados, pero no una póliza específica para actividades comerciales, con lo cual, en caso de un accidente corrían serio riesgo de tener que indemnizar de manera particular a un pasajero lesionado porque el seguro no se iba a hacer cargo.
El tema de la licencia profesional, en cambio, puede verse desde dos ópticas diferentes. Si se toma el mismo enfoque de la actividad comercial que se aplica para el seguro, un chofer de un auto particular afectado al transporte de pasajeros tanto sea un Taxi o un viaje de aplicación, debería tener licencia profesional.
Pero si se lo mira técnicamente como el hecho de conducir un automóvil normal, que no requiere ninguna habilidad particular y es exactamente igual que manejar un auto personal, sin necesidad de conocimientos adicionales, una licencia profesional puede ser un requisito innecesario.
Como concepto general, las categorías de las licencias de conducir están determinadas por el artículo 16 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y la última reglamentación estuvo dada por el Decreto 26/2019. Sin embargo, algunas provincias e incluso los municipios tienen diferencias en la segmentación, amparadas en el sistema de federalismo que se aplica sobre el tránsito.
Para conducir una motocicleta se debe tramitar una licencia Clase A1, pero existen 4 subcategorías de acuerdo a la cilindrada y/o potencia del vehículo.
- Clase A 1.1: Ciclomotores hasta 50 cm3 o 4 Kw de potencia máxima continua nominal en el caso de las motos eléctricas.
- Clase A 1.2: Motocicletas de hasta 150 cm3 u 1111kw de potencia máxima continua nominal si se trata de motorización eléctrica. Esta licencia incluye las de Clase A 1.1.
- Clase A 1.3: Motocicletas de más de 150 cm3 y hasta 300 cm3 o de más de 11 kw y hasta 20 kw de potencia eléctrica. Para obtener esta clase de licencia se debe acreditar una antigüedad previa de 2 años en la Clase A 1.2, excepto las personas mayores de 21 años de edad. Esta licencia también incluye las de Clase A 1.2.
- Clase A 1.4: Motocicletas de más de 300 cm3 o de más de 20 kw de potencia en el caso de las eléctricas. El requisito para acceder a esta licencia es una antigüedad previa de 2 años en la licencia Clase A 1.3, excepto los mayores de 21 años de edad, quienes deberán acreditar al menos 1 año en motocicletas de cualquier cilindrada. También, por supuesto, incluye las licencias Clase A 1.3.
Esta clasificación tiene una coherencia, ya que no es lo mismo manejar una moto de 110 cm3 que una gran moto “pura sangre” de 1.000 cm3 y 180 CV de potencia. Sin embargo, esa lógica parece no existir cuando se pasa de las motos a los automóviles, porque no hay tal segmentación por potencia, peso o tracción.
En el caso de los autos, si un conductor rinde un examen para obtener su licencia de Clase B1 y lo hace con un Renault 12 modelo 70, esa licencia lo habilita para conducir una Ferrari de 800 CV de potencia o una camioneta 4×4 de 250 CV, sin que nadie se pregunte si está preparado ese conductor para ese salto de velocidad, potencia o tamaño de vehículo.
Ese no es el único caso. Si una persona que quiere llevar un trailer cargando un cuatriciclo o una lancha chica o mediana, cuyo peso total es de menos de 750 kg, se le exige una licencia de Clase B2, que es la que habilita a conducir automóviles, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas de hasta 3.500 kg de peso con un acoplado de hasta 750 kg o casa rodante no motorizada.
Sin embargo, si el peso que transportará es de 750 kg y el trailer para esa envergadura de carga pesa otros 300 kg se le exige tener una licencia profesional Clase E1, que es la que autoriza a conducir vehículos automotores de clase C o D, con uno o más remolques y articulaciones, y que se debe renovar anualmente con presentación de certificado de antecedentes penales incluido.
La problemática está en que ese mismo conductor, con esa misma licencia para transportar un trailer y una carga de menos de 1.000 kg, queda habilitado para manejar un camión con acoplado de 45 tn o de 22 mts de largo.
La capacidad para conducir un vehículo no parece estar acompañada por la legislación. Los cada vez más frecuentes accidentes con grandes pickups V6 como el que destrozó una familia en San Vicente al impactar a más de 180 km/h a un pequeño auto particular, es otro ejemplo de una falta de control sobre la habilidad o la experiencia, como sí se lo tiene en las motos.
Quizás debería existir una escala intermedia entre las Clase B1 y B2, que exija pericia para conducir un auto deportivo o una pickup 4×4 de más de 250 CV de potencia, y una licencia diferenciada, también particular para que aquellos conductores que quieran llevar un trailer o una casa rodante hasta 1.500 kg no tengan que ser considerados conductores profesionales.
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ECONOMIA
Del phishing al temor por los datos críticos: expresidentes, expertos y funcionarios alertaron sobre los riesgos de los ataques con IA
Desde Cancún, México. La inteligencia artificial redujo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar fraudes y ataques digitales, pero también amplió las capacidades de prevención y respuesta de organizaciones y gobiernos, y esas dos velocidades abren un amplio abanico de desafíos a nivel global y económico. Esa tensión concentró buena parte de las discusiones entre expresidentes, especialistas en IA, ejecutivos, funcionarios públicos durante un encuentro especializado en ciberseguridad.
Con la predicción de un jefe de seguridad de Anthropic, quien estimó en más de 10% la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana en la próxima década, como telón de fondo,, el consenso fue que la tecnología acelera amenazas ya conocidas y obliga a revisar con urgencia las estrategias de protección de datos, infraestructura y servicios esenciales. El desafío abarca desde la identificación de vulnerabilidades hasta la definición de controles sobre sistemas automatizados y el intercambio de información ante incidentes.
Durante dos días y en más de 20 paneles, el Digi Americas LATAM CISO Summit, realizado en Cancún, México, reunió a ex jefes de Estado, referentes tecnológicos, jefes de seguridad cibernética y funcionarios públicos para debatir cómo la inteligencia artificial modifica los riesgos digitales y las respuestas de empresas y gobiernos. Entre los temas abordados estuvieron el phishing, la suplantación de identidad, la cadena de suministro, la soberanía digital, la amenaza latente ante los datos críticos de los países y la cooperación internacional.
Frente a esa dinámica, los expositores insistieron en la necesidad de reforzar principios básicos de seguridad: identificar activos críticos, limitar privilegios, clasificar datos, controlar identidades y mantener visibilidad sobre la superficie de ataque. La incorporación de herramientas generativas y de agentes autónomos también abrió interrogantes sobre el acceso a la información, los permisos de cada usuario o sistema y las decisiones que pueden quedar en manos de procesos automatizados.
La cadena de suministro concentró otra parte de las preocupaciones. La dependencia de proveedores, plataformas en la nube, desarrolladores externos y sistemas interconectados amplía los riesgos más allá de los límites de cada organización. Los panelistas plantearon que la evaluación de terceros ya no puede depender solo de certificaciones o auditorías periódicas: requiere monitoreo continuo, identificación de dependencias y planes de contingencia para sostener operaciones ante la caída de un proveedor crítico.
También hubo acuerdo en que la ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño de productos, procesos e infraestructura, en lugar de quedar relegada a una instancia posterior. En sectores como finanzas, salud, energía, transporte y administración pública, esa perspectiva se vincula con la resiliencia operativa: preparar a las organizaciones para contener incidentes, recuperar capacidades y garantizar la continuidad de servicios.
La cooperación entre empresas, gobiernos, reguladores y equipos técnicos fue otro de los puntos de acuerdo del evento. Los ataques aprovechan vulnerabilidades compartidas y se desplazan entre países y sectores, por lo que los participantes reclamaron reglas claras, intercambio de información y capacidades técnicas coordinadas. La inteligencia artificial incrementa la velocidad de las amenazas y, según se planteó en los paneles, exige respuestas colectivas que involucren desde los directorios hasta los usuarios finales.
Durante la conferencia se expusieron ejemplos sobre cómo los nuevos modelos de inteligencia artificial reducen el costo y aceleran las modalidades de fraude digital. Se mencionó que, por unos diez dólares, es posible enviar mil correos electrónicos de phishing con redacción convincente y adaptados a distintos idiomas, lo que facilita las campañas de engaño y suplantación de identidad.
También se alertó sobre el uso de herramientas capaces de replicar una voz a partir de apenas 15 segundos de audio. Esa capacidad puede utilizarse para simular llamadas de familiares, directivos o empleados y pedir transferencias de dinero o datos sensibles. Incluso, los especialistas en la materia recomendaron tener una “palabra de seguridad” con las personas allegadas para evitar ser víctimas de un fraude telefónica vía uso de inteligencia artificial.
El modelo de Estonia
Uno de los expositores más destacados fue el expresidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, quien planteó que la discusión sobre la modernización del Estado adquirió otra dimensión ante el avance de la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros y la creciente exposición a incidentes informáticos. “En esta nueva era, la idea de soberanía digital y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial cambiaron mucho las cosas, incluso respecto de hace un año y medio”, afirmó.
Ilves señaló que la posibilidad de que servicios tecnológicos sean interrumpidos desde Estados Unidos, junto con la expansión de la inteligencia artificial agéntica, modificó el escenario para los gobiernos. “Es un mundo nuevo respecto del que existía hace apenas dos años”, sostuvo, al defender la necesidad de que los países desarrollen infraestructura y capacidades propias.
El ex jefe de Estado también advirtió sobre la necesidad de resguardar la información crítica frente a conflictos, ciberataques y desastres naturales. Recordó que Japón perdió parte de sus registros nacionales tras el accidente nuclear de Fukushima y afirmó que ese antecedente llevó a Estonia a diseñar un sistema de respaldo externo. “No podemos perder nuestros datos nacionales críticos”, resumió.
En ese marco, mencionó la creación de una embajada de datos en Luxemburgo, donde Estonia conserva copias sincronizadas de sus registros esenciales bajo un régimen de extraterritorialidad diplomática. La iniciativa contempla información vinculada con la identidad de los ciudadanos, registros fiscales, datos de salud y otros sistemas estatales.
Respecto de la aplicación de la IA en la administración pública, Ilves indicó que Estonia lanzó este año un programa para incorporar esta tecnología en los distintos sectores del Gobierno y la economía. “Estamos otorgando una identidad propia a todos los agentes. La finalidad es aumentar la rendición de cuentas: saber quién hace qué”, afirmó.
Seguridad digital y economía
Otro de los disertantes principales, el ex presidente de Colombia, Iván Duque, planteó que los riesgos asociados a la inteligencia artificial y los ataques digitales deben abordarse como un problema económico y de seguridad estatal.
“Mi primera preocupación es que debemos entender que la seguridad digital es un asunto macroeconómico. Debemos entender el costo que esto produce a nivel mundial y el daño económico que genera en un país específico”, afirmó.
También alertó sobre el crecimiento de los ataques en la región: “En América Latina, en los últimos cinco años los ciberataques se han más que triplicado o cuadruplicado en distintos países, y la cantidad de personas investigadas o juzgadas ni siquiera está disponible o registrada”.
Duque sostuvo que la respuesta requiere una conducción política centralizada y con capacidad de coordinación entre organismos públicos. “La gobernanza, en mi opinión, tiene que ser de arriba hacia abajo. Necesitamos jefes de Estado que incorporen cerca de sus oficinas a directores de tecnología, como hicimos en Colombia, que creen un marco de gobernanza y alineen a todo el Estado para pensar en seguridad digital”, señaló.
Bajo su perspectiva, la expansión de las amenazas tecnológicas exige que los gobiernos integren la ciberseguridad en sus decisiones de política pública y en la protección de la actividad económica.
La mirada local
En tanto, el director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de la Argentina, Ariel Waissbein, planteó que la regulación no puede detener por completo el avance tecnológico. “Por más que exista la legislación, uno no puede impedir ciertas tecnologías, ciertos cambios”, afirmó, al referirse a la IA.
En tal sentido, el funcionario nacional sostuvo que el desafío para los gobiernos consiste en crear condiciones de seguridad para su adopción y en reducir las amenazas sin bloquear la innovación. En ese sentido, consideró que las normas deben tener un alcance amplio y capacidad de adaptación frente a un escenario tecnológico que cambia con rapidez.
Waissbein también puso el foco en la coordinación entre el Estado, las empresas y los organismos internacionales. Señaló que la puesta en práctica de las políticas requiere generar confianza, explicar las amenazas y detectar medidas de aplicación rápida que permitan avanzar en conjunto.
“La cooperación internacional es muy importante”, expresó, porque permite conocer los problemas que enfrentan otros países y las respuestas que desarrollan. A su criterio, esos intercambios facilitan la creación de proyectos específicos para responder a desafíos compartidos.
También participaron senadores y diputados de distintos países de la región como México, Colombia, Brasil y Uruguay, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar los marcos regulatorios para reforzar la ciberseguridad en sus respectivos países.
La predicción fatalista
La IA se colocó en el centro de la agenda mediática internacional en los últimos días luego de las declaraciones de Evan Hubinger, responsable de un equipo de seguridad de Anthropic: “De verdad creemos que la IA podría matar a todos los humanos. Yo calculo más de 10% en la próxima década”.
Hubinger remarcó que la empresa para la que trabaja “todavía no tiene un plan para resolver la alineación de una superinteligencia” y que ni siquiera existe certeza de que pueda desarrollarlo. La alineación refiere a que una inteligencia artificial actúe de acuerdo con los valores de sus creadores.
Los dichos del referente tecnológico resonaron tanto en los paneles como en los pasillos del Digi Americas LATAM CISO Summit. La mayor parte de los participantes le puso paños fríos a la teoría de Hubinger, desechando la idea de que la IA se encuentre “fuera de control”.
“Es un título sensacionalista”, sentenció el ejecutivo de una importante compañía americana de ciberseguridad en diálogo con Infobae. Esa mirada se repitió en buena parte de los jefes de seguridad y funcionarios que participaron del encuentro, aunque otros se mostraron más cautos y no descartaron del todo la posibilidad de una “superinteligencia” capaz de superar ampliamente las capacidades humanas en la mayoría de las tareas cognitivas, como el razonamiento, la investigación científica y la toma de decisiones.
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