Con la mira puesta en los vencimientos de deuda en moneda extranjera, el gobierno de Javier Milei avanza en el armado de un andamiaje financiero para juntar hasta USD 10.000 millones sin apelar a los mercados internacionales. La cifra alcanzaría para cubrir los compromisos con privados de julio de 2026 y enero y julio de 2027 por unos 9.000 millones de dólares.

Además de mantener reuniones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el desembarco del ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington tuvo como objetivo sellar el financiamiento garantizado con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 2.550 millones en total.

En concreto, tanto el Banco Mundial (USD 2.000 millones) como el BID (USD 550 millones) ofrecerán garantías -una suerte de “seguro” para futuros prestamistas- destinadas a refinanciar una parte importante de la deuda de Argentina, disminuir los costos de financiamiento y generar condiciones más favorables para atraer inversiones privadas tanto locales como extranjeras.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado», sostuvo Caputo desde Washington.

A propósito de la tasa de interés que se aplicará a la operación, el funcionario argentino calculó que rondará entre 5,5% y 6,5% anual para un período de seis años, aunque aclaró que ese aspecto sigue en discusión. Se trata de un rendimiento inferior a lo que Argentina podría obtener si emitiera deuda en los mercados internacionales. Con el nivel de riesgo país actual, una hipotética colocación de deuda soberana argentina requeriría tasas anuales superiores al 9% en dólares, un rendimiento poco atractivo para el Gobierno.

En tal sentido, el equipo económico apunta a que el indicador elaborado por JP Morgan, que surge de comparar la rentabilidad de los bonos soberanos locales frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, profundice su tendencia bajista para que se abarate un eventual regreso al financiamiento externo.

El propio titular de la cartera económica reconoció que a fines del año pasado, cuando el riesgo país perforó los 600 puntos básicos, se evaluó la posibilidad de regresar a los mercados internacionales, pero finalmente se descartó esa opción. A la vez, calificó el nivel actual del riesgo país como “exagerado” y lo atribuyó a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de títulos soberanos, así como a la volatilidad propiciada por el conflicto en Medio Oriente.

Según Caputo, la asistencia del Banco Mundial le permite al Gobierno “acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada”. “Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son USD 2.000 millones”, precisó.

Sobre los vencimientos de deuda de Bonares y Globales previstos para julio, el jefe del Palacio de Hacienda explicó que de los USD 4.300 millones que deben pagarse cada seis meses, USD 3.000 millones corresponden a capital, que es el monto que el Gobierno busca refinanciar. Los intereses, por unos USD 1.300 millones, se cubrirán con el superávit primario.

El andamiaje de los USD 10.000 millones

Además, el ministro de Economía agregó que la estrategia también contemplará el programa de licitaciones locales por un total de USD 4.000 millones, a través de bonos con vencimiento en 2027 (AO27) y 2028 (AO28) que se licitan cada quince días y cuyas tasas se mueven entre 5% y 8 por ciento.

En tanto, el nuevo esquema pactado con el Banco Mundial permitiría sumar entre USD 3.000 y 4.000 millones en total. De esta manera, el equipo económico reuniría USD 8.000 millones para afrontar el pago de USD 3.000 millones en julio, otros USD 3.000 millones en enero de 2027 y quedaría un excedente de USD 2.000 millones para eventuales compromisos futuros.

El monto total se eleva a USD 10.000 millones al sumar los USD 2.000 millones que el Gobierno aspira a recaudar mediante la venta de activos públicos. Se prevé que los principales ingresos provenientes de privatizaciones se concreten en la segunda mitad de 2026, en relación con las empresas públicas contempladas en la Ley de Bases.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), encabezada por Diego Chaher, está a cargo de este proceso. Intercargo y AySA encabezan la lista de compañías que avanzan en su traspaso al sector privado. La normativa aprobada dispone la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, y la concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sofse y Corredores Viales.

A comienzos de diciembre de 2025, el Gobierno se aseguró ingresos superiores a USD 706 millones a través de la concesión de las cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, en Neuquén y Río Negro. Este monto surge de las ofertas finales recibidas para los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Esos recursos se utilizaron para abonar el compromiso con bonistas de enero de 2026. La idea es replicar este mecanismo con los próximos vencimientos de deuda externa.

“La magnitud de esta estrategia cobra relevancia al considerar el calendario de vencimientos: hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta compromisos en moneda extranjera por cerca de USD 9.000 millones. Por eso el fondeo fuera del mercado internacional, todavía oneroso, es vital: la combinación de asistencia multilateral, con la colocación total de los Bonares (AO27 y AO28) y los USD 2.000 millones proyectados por privatizaciones ubicaría el esquema total en torno a USD 10.000 millones”, remarcó un informe de GMA Capital.

En este contexto, los analistas de la ALyC anticiparon una modificación en la estructura de la deuda. Actualmente, el stock de deuda bruta representa el 78,4% del Producto Interno Bruto (PIB). De ese monto, un 21,8% corresponde a préstamos de organismos internacionales y un 34,2% al sector privado. Un mayor financiamiento proveniente de organismos internacionales aumentaría su peso dentro del total, reduciendo la relevancia relativa de la deuda con tenedores privados.

“Ahora bien, este tipo de financiamiento no es neutral. Los organismos involucrados condicionan su apoyo a la implementación de reformas orientadas a ‘fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo’. En la práctica, esto suele traducirse en ajustes regulatorios, acumulación de reservas, disciplina fiscal y una reducción del costo del crédito”, concluyeron.