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POLITICA

Manuel Adorni: “Que los principales funcionarios de un gobierno y su familiares tengan custodia es un tema de seguridad nacional”

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En medio de las denuncias y las dudas sobre su patrimonio, Manuel Adorni volvió a hablar en conferencia de prensa en Casa Rosada y lo hizo con un marcado tono protocolar, alejado de las respuestas ácidas y desafiantes.

En la primera parte de su presentación, el referente del gobierno de Javier Milei hizo un repaso de las últimas noticias de la gestión y luego respondió preguntas de los periodistas acreditados.

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Antes de iniciar la ronda de consultas, aclaró que no iba a evacuar dudas sobre cuestiones personales que puedan entorpecer la investigación judicial, pero volvió a negar irregularidades sobre sus viajes al exterior: “No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo y el Estado no registra pagos por mis viajes. Nunca existió ocultación alguna”, enfatizó al explicar el origen de los fondos utilizados en sus traslados familiares.

Sin embargo, una de las respuestas salientes de Adorni se dio sobre el final de la rueda de prensa, cuando respondió inquietudes sobre el presunto uso indebido de fondos públicos y el alcance de la seguridad oficial para él y su familia, que incluiría recursos oficiales como autos o custodia, fuera de su horario laboral.

En ese sentido, el funcionario afirmó que estas medidas se ajustan estrictamente al marco legal y son prácticas habituales en el mundo: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”.

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El funcionario recordó además episodios que sufrió con su familia apenas asumió: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública.»

Al respecto, el jefe de Gabinete subrayó: “El miércoles, en la extensa jornada en el Congreso Nacional, quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado (por Rodolfo Tailhade) casi que hizo una confesión de que están espiando, en este caso, a la esposa del jefe de Gabinete, que vengo a ser yo, pero que claramente eso puede extenderse a cualquier funcionario del Gobierno”.

Por si quedaban dudas, Adorni negó que existan excepciones a lo dispuesto por la ley en estos aspectos. “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad, donde somos especialmente cuidadosos”, enfatizó.

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Causas judiciales

En cuando a las denuncias por su patrimonio, Adorni aclaró también que, aunque ya dio detalles públicamente, está dispuesto a acudir ante los tribunales si así se requiere: “Ya di las explicaciones, pero si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré”, garantizó.

Sobre la información aún pendiente respecto del estado de sus bienes, el jefe de Gabinete precisó: “Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, ahí estará mi patrimonio actualizado”.

En el mismo sentido, Adorni dejó claro que va a cumplir los plazos previstos: “Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”.

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Consultado en varias ocasiones sobre los cuestionamientos a su patrimonio y las denuncias judiciales, Adorni sostuvo que ya se había explayado de manera pública ante los representantes legislativos: “Todas las explicaciones fueron dadas el 29 de abril en mi exposición en la Cámara de Diputados”, subrayó.

En otro orden, afirmó que su presencia en la sala tenía que ver con reactivar el uso del espacio para la prensa. “Quise venir a dar la conferencia, no para dar una bienvenida sino para restablecer el funcionamiento de la sala. Cuando Casa Militar considere que no hay ningún riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir actualizando y modificando”, especificó.

Al referirse a la dinámica de las conferencias, el jefe de Gabinete avanzó sobre la posibilidad de adoptar cambios en el método de preguntas para garantizar la participación de todos los periodistas presentes: “En este nuevo orden que estamos teniendo y para en algún momento poder ampliar las preguntas, respeten que sea una por periodista. Por ahí vamos a poder llegar al punto en que puedan preguntar todos”.

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¿La tormenta ya pasó?

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Encerrados en un pequeño pero compacto círculo de confianza, Milei y sus incondicionales se autoconvencen de que la tormenta ya pasó.

Para ilustrar el momento, nada mejor que la vehemencia con la que ayer, el asesor del presidente, Miguel Boggiano, argumentó la “asimetría” de los medios para cubrir, por un lado, el caso Adorni y por el otro, el escándalo del sistema de importaciones de la República Argentina (SIRA).

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Fue en la mesa de Mirtha Legrand, por esos días conducida por Juana Viale.

Los libertarios viralizaron hasta el infinito el recorte del usuario @empaladosok que a su vez fue reproducido por Boggiano y luego reposteado nada más y nada menos que por Marcos Galperín.

¿Pero alcanzará la defensa cerrada y sin autocrítica y el ataque furibundo al periodismo para salir del laberinto en el que se metió el Gobierno desde hace casi dos meses, cuando se publicó la foto de la mujer de Adorni visitando la tumba del rabino de Lubavitch?

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Depende de quién y cómo lo analice.

Para la administración Milei, lo que pasó en la semana fueron todas buenas noticias. Se trata del resumen que subió el propio Adorni a su cuenta de X.

Incluye:

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Sin embargo, quizá, una de las medidas más adecuadas que haya tomado el Gobierno en las últimas horas es la reapertura de la sala de acreditados en la Casa Rosada, porque así corrige una reacción desproporcionada frente a la controvertida decisión de un periodista o de un programa.

Hay un debate con sordina en la mesa política del Gobierno.

Por ahora, se impone la idea de continuar con el mismo tono, pero sin saturar. Los dos argumentos que la sostienen parecerían ser compartidos tanto por Karina Milei como por Santiago Caputo. Y mezclan lo humano con la estrategia para su reelección.

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El primero: “Javier es así”.

El segundo: “Todavía falta un año y medio para las presidenciales”.

Entre uno y otro, esta semana se conocieron algunos gastos inapropiados en los que incurrió la empresa pública nucleoeléctrica, mientras era presidida por Demian Reidel.

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Gastos de hasta 300 mil dólares que fueron acumulados y registrados en una única cuenta corporativa.

No se trató de una denuncia de un periodista o un dirigente opositor.

Los datos duros fueron aportados por la Jefatura de Gabinete, como parte del informe del miércoles pasado.

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Por lo pronto, Reidel, casi de inmediato, se defendió así:

“Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mi es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”.

El ministro Luis Caputo intenta no meterse en ese tipo de disquisiciones.

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En cambio, machaca con la idea de que la tormenta ya pasó, basada en los siguientes presupuestos:

Las últimas encuestas de humor social de las consultoras más serias que todavía no fueron publicadas no mostrarían mayores cambios con respecto a las conocidas en marzo.

Por poner un solo ejemplo, la de Aresco, a cargo de Federico Aurelio.

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¿Qué problemas?

Tampoco parecerían haber variado mucho los índices de responsabilidad que le adjudican a las distintas gestiones sobre los problemas económicos del país.

Siempre según la última medición de Aresco, de marzo:

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Más allá del humor social, hay, en Milei y Caputo la idea de que no están siendo suficientemente reconocidos por la abrupta baja de la inflación, los índices de crecimiento de la economía y el orden macro económico alcanzado.

O se quejan de los medios por presentar al ahorro de 5600 millones de dólares en subsidios a la energía, como un aumento de tarifas puro y duro. Un beneficio injustificado que tenían casi 900 mil usuarios, algunos ubicados en lo más alto de la pirámide social, especialmente en el área metropolitana de buenos aires.

Para responder a eso, los convencidos de Milei recurren a parte de un monólogo de Jorge Lanata, publicado en 2016, que no tiene desperdicio.

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Pero ahora mismo los principales estrategas del Gobierno cuentan con la invalorable ayuda de cachivaches como Rodolfo Tailhade, exdirector de contra inteligencia de la SIDE y el hombre que más denuncias hizo contra dirigentes no kirchneristas sin lograr ningún procesamiento.

El jefe del grupo de tareas sucias que revolea sospechas pero jamás dijo una palabra sobre las decenas de hechos de corrupción que atravesaron los gobiernos de Néstor y Cristina.

Ahora este “ser impoluto” habla sin solución de continuidad, sobre los servicios de custodia oficial de la mujer de Adorni, y se excita porque el Ministerio de Seguridad lo va a denunciar por presunto espionaje ilegal.

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May 2, 2026,Luis Majul,Luis Majul,Javier Milei,Karina Milei,,Conforme a,Luis Majul,,Análisis. ¿Y si Milei se sale con la suya?,,»Me siento más pleno». Luis Majul íntimo: por qué vive una etapa de “reseteo”, los consejos de su hija y su regreso a la pantalla de LN+,,LN+ 2026. La señal de noticias de LA NACION cumple 10 años al aire y pone en marcha su nueva programación

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Crece el cortocircuito entre el gobierno de Kicillof y la Suprema Corte por las vacantes en el máximo tribunal bonaerense

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La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no transita su mejor momento. La tensión escaló la semana pasada cuando los integrantes de la cúpula judicial bonaerense presentaron un proyecto de ley denominado de “Fortalecimiento del Poder Judicial”, en el que volvieron a pedir por la autarquía judicial y además reclamaron por la cobertura de los cuatro lugares acéfalos en la Suprema Corte de Justicia, que actualmente funciona con tres de siete miembros. Y ahora llegó una respuesta oficial.

Fue en el marco de las conferencias de prensa que encabeza el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. El funcionario fue consultado sobre la presentación que había hecho la Suprema Corte bonaerense y el pedido hacia el Poder Ejecutivo y el Legislativo para acordar las coberturas del máximo tribunal de justicia. “Respecto del envío de pliegos al Senado para el nombramiento de jueces de la Corte, es una prerrogativa y una facultad del gobernador que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad y mérito”, contestó, escuetamente, la mano derecha de Kicillof.

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La actividad de la semana pasada, que encabezó el flamante presidente de la Corte, Sergio Torres, hizo ruido en el Ejecutivo porque fue un claro mensaje al Gobierno provincial.

Transcurrieron 2292 días de la primera vacante y casi ochocientas desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud”, describía el cortesano bonaerense ante un auditorio repleto en el que había representantes de colegios de magistrados y abogados departamentales, universidades, jueces del Tribunal de Casación Penal y otros órganos jurisdiccionales de la provincia, funcionarios y agentes. No hubo enviados del Poder Ejecutivo en ese acto y apenas fueron dos diputados provinciales que cuentan como condición ser integrantes del Consejo de la Magistratura: Martín Endere (PRO), Germán Di Césare (Fuerza Patria).

La semana pasada la Corte bonaerense

El último nombramiento en la Corte fue el de Torres, durante la gobernación de María Eugenia Vidal, en abril del 2019. En ese mismo período se designó también a Julio Conte Grand como Procurador de la provincia de Buenos Aires, luego de haber sido el Secretario de Legal y Técnica en los primeros meses de gestión de la exgobernadora.

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La designación de Torres, admiten en distintos círculos políticos y judiciales, fue parte de un acuerdo político entre Vidal y el Frente Renovador de Sergio Massa. Hoy, los entendimientos de Kicillof -cruzados también por la interna del peronismo- con el resto de las fuerzas políticas en relación a esta agenda, están lejos de alcanzarse.

Este lunes, ante la primera afirmación, Bianco fue consultado nuevamente por las vacantes a lo que volvió a responder: “Es una decisión que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para definirlo”.

Según pudo reconstruir este medio, después de la presentación de Torres y el resto de la Corte el martes de la semana pasada no hubo ningún tipo de comunicación interpoder. Antes de la movida que hizo la Corte, sí hubo un encuentro con el ministro de Economía, Pablo López, para explorar la viabilidad financiera de aplicar la autarquía judicial para que este poder del Estado cuente con su propio Presupuesto. Esa reunión no habría sido constructiva. Tras ello, Torres llevó adelante el acto en el que reclamó por las vacantes en el máximo tribunal y habló del impacto que tendría alcanzar la autarquía judicial.

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Sergio Torres al firmar el proyecto de autarquía judicial

Hoy el presupuesto de la Corte se dota de recursos por goteo que aplica el Ejecutivo. “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”, había dicho Torres, agregando que “la autarquía judicial no debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo”, sino que “es una manda constitucional directamente ligada al principio de división de poderes, que nuestra Constitución Provincial consagra desde su artículo primero y a la tutela judicial efectiva”.

Pese a las idas y vueltas, tanto en la Corte como en el Gobierno sí destacan que los pliegos judiciales aprobados en el último tiempo. Se trata de 412 designaciones. En la Corte esperan cubrir en lo que resta del 2026, otras 200 designaciones. Sin embargo, el camino actualmente ofrece algunos obstáculos como por ejemplo la parálisis legislativa. Hasta este lunes, tanto en el Senado como en Diputados no estaban oficializadas la integración de las distintas comisiones. Cualquier nombramiento judicial debe pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo (ACA) en el Senado.

Anuncios y críticas a la gestión Milei

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En la conferencia de prensa de este lunes, también participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y el titular de ARBA, Cristian Girard. El primero subrayó que, pese a la caída generalizada, el programa Mercados Bonaerenses registró un aumento interanual del 17% en ventas durante el primer bimestre. El ministro explicó que esta herramienta permite a los consumidores encontrar precios entre 20% y 25% más bajos que en las grandes cadenas. El programa cuenta con la adhesión de 123 municipios, 12 mercados fijos, más de 43.000 ferias y la participación de 2.500 productores en toda la provincia. Se habilitó una nueva web para consultar la ubicación de los mercados y los datos de contacto de los productores.

Rodríguez también pidió revertir los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional al señalar que afectan la elaboración de pronósticos para sectores productivos y la gestión de alertas tempranas frente a crisis climáticas. Asimismo, denunció el vaciamiento del INTA desde el cambio de gobierno nacional y solicitó el traspaso de tierras al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense para garantizar la continuidad de la investigación agropecuaria.

Por su parte, Girard, advirtió que “la gran mayoría de las actividades vinculadas al mercado interno y a los sectores productivos muestran una caída que parece no tener fin”. Indicó que varios indicadores económicos se ubican en niveles equivalentes a los registrados durante la pandemia. Frente a este panorama, informó la puesta en marcha de un plan de desendeudamiento para jubilados, que prevé una exención de deudas retroactivas de hasta cinco años para más de 17.000 personas, con un monto total de $798 millones. Además, detalló medidas paliativas para pymes y monotributistas, como la eliminación de retenciones para más de 1,5 millones de monotributistas, la devolución de $1 billón en saldos a favor y la reducción del universo de agentes de recaudación, lo que beneficiará a más de 8.700 pequeñas empresas. También destacó el nuevo Régimen Riesgo 0, que permitirá alícuotas mínimas para cerca de 12.000 PyMEs y la reducción de patentes para el 75% de los vehículos.

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El Gobierno analiza cambios en la reforma política: separaría ficha limpia y haría opcionales las elecciones PASO

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Alertado de las fuertes resistencias que generan algunos temas puntuales de la reforma política que impulsa el Gobierno, el oficialismo reconoce que el proyecto sufrirá severas modificaciones en el Senado como parte de la búsqueda de los votos que le permitan conseguir la mayoría absoluta que la Constitución Nacional exige para la aprobación de modificaciones al sistema electoral.

Una de las más relevantes sería la separación de la denominada “ficha limpia”, que en los próximos días pasaría a discutirse en comisión como un proyecto por separado, según lo admitió la jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), en diálogo con .

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“Por ahí hacemos por separado ficha limpia, puede ser esta semana o la otra”, afirmó Bullrich, quien agregó que baraja la posibilidad del adelantamiento del debate “como una idea para reivindicar al Senado”.

El concepto de ficha limpia, que ya es aplicado en varias provincias, implica la prohibición de postularse en elecciones o de ocupar cargos ejecutivos nacionales a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda instancia.

Al hablar de una eventual reivindicación del Senado, la senadora Bullrich hizo referencia al proyecto de similares características que fracasó en la Cámara alta a principios de mayo del año pasado como consecuencia del sorpresivo rechazo de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta unos días antes de la sesión anticipaban su apoyo a la iniciativa que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados.

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El tratamiento por fuera de la reforma electoral es impulsado por el bloque Pro, que preside Martín Goerling (Misiones), que tiene presentado un proyecto propio la semana pasada. Con anterioridad ya había firmado una iniciativa de ficha limpia Julieta Corroza (La Neuquinidad); lo hizo en diciembre del año pasado, ni bien sumió su banca por Neuquén, provincia que ya tiene en vigencia la restricción a participar en elecciones de los condenados por delitos de corrupción. En Diputados, el interbloque Provincias Unidas anunció que impulsará el tratamiento incluso antes de que pueda llegar la reforma electoral en tratamiento en el Senado.

El otro tema que sufriría cambios es la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Como anticipó este diario, la intención del Gobierno de erradicar el sistema no cuenta con el apoyo necesario para poder avanzar, ya que no lo avalarían ni la UCR ni Pro, dos de los principales aliados dialoguistas con los que cuenta Bullrich en el Senado.

Al respecto, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza admitió que ya se trabaja en una alternativa a la eliminación que contempla el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo.

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“Para eliminarlas no nos dan los votos, pero por ahí podríamos hacer que no sean obligatorias, con inscripción previa”, sostuvo Bullrich, quien destacó que su intención es definir la fórmula alternativa a la eliminación de las PASO antes de abrir el debate de la reforma electoral.

La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, con el senador radical Eduardo Vischi Hernán Zenteno – La Nación

Una idea similar contempla un proyecto presentado por Eduardo Vischi (Corrientes), jefe del bloque radical, que mantiene el proceso de selección interno pero lo convierte en optativo para los ciudadanos y sin financiamiento oficial. La iniciativa interpreta el clima que impera en la bancada del centenario partido, donde referentes como Carolina Losada (Santa Fe) y Maximiliano Abad (Buenos Aires) ya anunciaron que rechazan la eliminación de las primarias.

También podrían sufrir modificaciones, con relación al texto original, las restricciones al financiamiento de las campañas electorales. La eliminación del aporte estatal quedaría para otra oportunidad, aunque “sí se bajaría sustancialmente”, explicó Bullrich. Se mantendría la desaparición de los espacios cedidos a los partidos políticos en medios de comunicación.

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Por lo pronto, el impulso por avanzar con la reforma electoral parece haber quedado en pausa o relegada en el cronograma de tratamiento elaborado por la bancada oficialista.

La prioridad parece estar puesta, por estas horas, en avanzar con las audiencias públicas de los pliegos judiciales enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con la venia de la hermana presidencial, Karina Milei.

La semana pasada se realizó la primera de las cinco reuniones en la Comisión de Acuerdos del Senado, las que continuarán los jueves y miércoles de las próximas dos semanas hasta completar la presentación de los primeros 77 candidatos propuestos por el Gobierno.

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En simultáneo, el oficialismo pretende avanzar con el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que se viene debatiendo en plenario en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Al respecto, es un hecho que la iniciativa sufrirá la amputación del capítulo relacionado a la descentralización en las provincias del programa nacional de regularización dominial de barrios de emergencia y villas, que genera fuerte resistencia en el kirchnerismo y en boques aliados.

También se discute una fórmula intermedia a la prohibición de adquirir tierras por parte de ciudadanos extranjeros, norma que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propuso eliminar.

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