ECONOMIA
Medida clave para empresas: la IGJ eliminó de un plumazo un paquete de medidas burocráticas
En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. Según la propia resolución, el objetivo no es «desregular por desregular», sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.
La decisión impacta de lleno sobre la operatoria cotidiana de miles de sociedades comerciales. Desde reuniones societarias virtuales hasta la aceptación de cargos sin certificación notarial, pasando por nuevos mecanismos para renunciar a directorios bloqueados y la posibilidad de fijar domicilios electrónicos, la reforma apunta a acelerar procesos y reducir costos administrativos.
El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios
La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.
Según el diagnóstico oficial, ese modelo generaba fricciones operativas, encarecía trámites y terminaba funcionando como una barrera de acceso para la formalización empresarial. Por eso, la nueva RG 3/2026 derogó directamente varios artículos sin reemplazarlos por nuevas regulaciones, bajo el argumento de que ya no tenían utilidad práctica para el control estatal.
El cambio también introduce una lógica inédita en la elaboración normativa. Las reformas surgieron a partir de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), habilitado previamente por la RG 2/2026, que permitió a cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades acercar propuestas concretas de simplificación.
La idea, según explican desde el organismo, fue invertir el paradigma tradicional: en lugar de que la burocracia defina unilateralmente cómo deben operar las empresas, abrir la discusión a quienes usan el sistema todos los días.
Reuniones virtuales sin trabas: uno de los cambios más relevantes
Uno de los puntos más celebrados por el sector privado es la habilitación de reuniones a distancia por defecto. Hasta ahora, las asambleas o reuniones de directorio virtuales requerían previsiones estatutarias específicas o enfrentaban obstáculos burocráticos que demoraban decisiones empresariales.
Con la modificación del artículo 72, las reuniones remotas pasan a estar permitidas automáticamente, salvo que el estatuto social las prohíba expresamente. La norma exige ciertas garantías mínimas de transparencia: acceso libre de los participantes, comunicación simultánea y grabación digital de la reunión, que deberá conservarse durante cinco años.
Esa obligación, sin embargo, desaparece si el acta es firmada por todos los asistentes. En términos prácticos, la reforma consolida una dinámica que muchas empresas comenzaron a utilizar durante la pandemia, pero que todavía convivía con zonas grises regulatorias.
Fin de la certificación notarial obligatoria
Otro cambio fuerte impacta sobre las designaciones de administradores y directores. La reforma elimina la certificación notarial como regla general para aceptar cargos societarios.
A partir de ahora, la aceptación podrá surgir directamente del acta correspondiente, mediante una nota firmada digitalmente o incluso a través de la verificación del profesional dictaminante. Para empresas y estudios jurídicos, esto implica una reducción directa de tiempos y costos.
La modificación apunta a terminar con uno de los trámites más cuestionados por el sector privado: la necesidad de pasar por escribanía para validar actos societarios que, en la práctica, ya estaban documentados internamente.
Domicilio electrónico y digitalización de comunicaciones
La resolución también incorpora la posibilidad de constituir domicilio electrónico para administradores societarios, conforme al Código Civil y Comercial.
La medida busca agilizar notificaciones y adaptar la operatoria empresarial a esquemas de comunicación digital, reduciendo tiempos y formalidades presenciales.
Para especialistas en derecho corporativo, el cambio representa un paso más hacia la digitalización integral de la gestión societaria, en línea con modelos regulatorios utilizados en otros mercados.
Renuncias bloqueadas: la IGJ crea una salida
Uno de los problemas más sensibles dentro de las sociedades comerciales era el de directores o administradores que quedaban «atrapados» en sus cargos porque el órgano societario se negaba a tratar sus renuncias. Eso los mantenía expuestos a potenciales responsabilidades civiles o penales aun cuando ya no ejercían funciones efectivas.
La nueva normativa crea un mecanismo específico para destrabar esas situaciones. El administrador podrá intimar formalmente a la sociedad para que trate su renuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si no obtiene respuesta, podrá acudir directamente a la IGJ.
En ese escenario, el organismo dará vista a la sociedad durante diez días y, si persiste el silencio o una respuesta evasiva, se considerará aceptada tácitamente la renuncia, habilitando su inscripción registral.
La medida busca resolver una problemática histórica que afectaba especialmente a sociedades con conflictos internos o directorios paralizados.
Garantías más flexibles y menos carga administrativa
La RG 3/2026 también flexibiliza el régimen de garantías que deben constituir los administradores societarios. El nuevo esquema consagra la «libertad de formas», permitiendo depósitos, seguros de caución, avales y otros mecanismos equivalentes.
Además, si la empresa cuenta con síndico, ya no será necesario que el dictaminante verifique la garantía ante la IGJ. Esa tarea quedará bajo control interno del órgano de fiscalización societaria.
En la práctica, la modificación reduce pasos administrativos y acelera las inscripciones.
Más herramientas para defenderse de la burocracia
La reforma también incorpora mecanismos específicos para que los ciudadanos y empresas puedan reaccionar frente a demoras u observaciones arbitrarias dentro del organismo.
El nuevo esquema habilita recusaciones de inspectores, revisiones jerárquicas y pedidos de pronto despacho cuando existan dilaciones injustificadas o criterios contradictorios. Incluso establece plazos concretos para responder y prevé que el silencio administrativo pueda interpretarse como denegatoria tácita, habilitando el acceso inmediato a la vía judicial.
Para el Gobierno, estas herramientas apuntan a equilibrar la relación entre el administrado y el aparato estatal.
El respaldo político y económico a la reforma
Las medidas fueron bien recibidas por distintos sectores económicos y profesionales. Uno de los funcionarios que celebró públicamente la resolución fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las modificaciones introducen «sentido común» en la gestión societaria.
Desde el Gobierno sostienen que la reducción de exigencias formales puede mejorar el clima de negocios, disminuir costos de cumplimiento y facilitar la creación de empleo formal.
La IGJ, además, dejó abierta la consulta pública iniciada mediante la RG 2/2026, anticipando que el proceso de simplificación normativa continuará en los próximos meses.
Con esta reforma, la administración nacional busca enviar una señal clara al mercado: avanzar hacia un esquema regulatorio más liviano, digital y orientado a facilitar la actividad privada, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar desburocratización y eficiencia estatal como parte central de su programa económico.
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ECONOMIA
Alerta por el crecimiento de ciberataques en América Latina: el antecedente que encendió alarmas y qué pasa en la Argentina
Más de 18,5 millones de ciberataques al año ponen a prueba las defensas digitales de América Latina, una región donde gobiernos, empresas y servicios públicos dependen cada vez más de sistemas conectados, mientras avanzan nuevas formas de intrusiones vinculadas al uso de inteligencia artificial de las que la Argentina no escapa.
El dato surge de un informe de Digi Americas al que accedió Infobae y que ubicó a la ciberseguridad entre los desafíos centrales de la transformación digital regional. El documento señaló que la frecuencia y la complejidad de los ataques crecen al mismo tiempo que los países amplían sus servicios virtuales, modernizan áreas del Estado e incorporan infraestructura de nube e inteligencia artificial.
La situación combina riesgos y oportunidades. La región todavía presenta diferencias en materia de conectividad, infraestructura, regulación y formación de especialistas. A la vez, buena parte de sus ecosistemas digitales se encuentra en expansión, lo que abre la posibilidad de incorporar desde el inicio herramientas de seguridad, sistemas interoperables y planes de respuesta ante incidentes.
El reporte advirtió que solo siete de los 32 países de América Latina cuentan con marcos regulatorios para proteger sus servicios esenciales. Además, apenas 20 conformaron Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, conocidos como CSIRT.
La diferencia entre la cantidad de ataques y las capacidades disponibles para responder expone una de las principales brechas de la región. Un incidente informático no se limita a una computadora bloqueada o a una base de datos inaccesible. Puede retrasar pagos, trabar trámites, interrumpir comunicaciones, afectar la atención sanitaria o generar dificultades en sectores vinculados con la energía y el comercio exterior. Esa es una de las razones por las que la protección de la infraestructura crítica se convirtió en una prioridad para los gobiernos de la región.
El ransomware, las filtraciones de datos, los fraudes digitales y la actividad patrocinada por Estados forman parte de un escenario que alcanza tanto al sector público como al privado. El análisis sostuvo que estas amenazas ganan frecuencia y complejidad, con una demanda creciente de infraestructura segura, capacidades técnicas y alianzas confiables.
Los antecedentes
Dos antecedentes recientes permiten dimensionar el impacto de este tipo de incidentes. El caso de Costa Rica expuso hasta dónde puede escalar una intrusión contra sistemas públicos. El ataque de ransomware de 2022 afectó organismos estatales y obligó a suspender o limitar plataformas vinculadas con impuestos, aduanas y otros trámites. Este tipo de programas maliciosos bloquea o cifra sistemas y archivos para exigir un pago a cambio de recuperarlos o evitar la difusión de datos robados. La disrupción llevó al país a declarar una emergencia nacional.
El 17 de abril de 2022, Costa Rica sufrió un ataque digital que alcanzó el corazón de su administración pública. El grupo Conti irrumpió en los servidores del Ministerio de Hacienda, dejó fuera de servicio la plataforma tributaria virtual y el sistema aduanero, y luego extendió la ofensiva a otros organismos. La información fiscal de ciudadanos y empresas quedó en riesgo. Los atacantes exigieron 20 millones de dólares para no divulgar los archivos robados.
La crisis se agravó el 31 de mayo, cuando el grupo Hive atacó a la Caja Costarricense de Seguro Social. La institución apagó sus sistemas críticos para contener la intrusión: quedaron suspendidos el Expediente Digital Único en Salud y la plataforma central de recaudación. Médicos perdieron acceso a historiales clínicos, docentes no pudieron cobrar sus salarios y los trámites fiscales, aduaneros y sanitarios quedaron paralizados. En las primeras 48 horas, el impacto económico se estimó en 125 millones de dólares.
El Gobierno rechazó los rescates y calificó a los grupos como “terroristas”. El 8 de mayo, el presidente decretó la emergencia nacional y afirmó que el país se encontraba en un “estado de guerra”. La recuperación demandó meses y requirió apoyo técnico de empresas y distintos países. Washington ofreció 10 millones de dólares por información sobre los líderes de Conti, mientras que Hive fue desarticulado en enero de 2023 tras una operación coordinada entre Europol y autoridades de Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.
La recuperación requirió restablecer procesos, sostener mecanismos manuales mientras permanecían fuera de línea algunos sistemas y destinar recursos a la reconstrucción tecnológica. El episodio dejó una señal para el resto de América Latina: la respuesta ante un ataque depende de la capacidad de mantener servicios activos, recuperar información y coordinar a los organismos involucrados.
En 2023, un ataque contra IFX Networks afectó a 78 entidades públicas y a más de 760 empresas privadas de la región. El episodio dejó en evidencia que una vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica puede extenderse más allá de una organización o de un país.
Los dos casos reforzaron la necesidad de contar con redes preparadas para sostener servicios y equipos capaces de coordinar una respuesta rápida. Para Digi Americas, la resiliencia digital depende de combinar conocimientos locales, información global sobre amenazas, herramientas tecnológicas y cooperación entre actores públicos y privados.
Los nuevos desafíos
La expansión de la inteligencia artificial incorpora una variable adicional. La tecnología ya transforma las tareas de ciberseguridad: permite detectar señales de riesgo, analizar amenazas en tiempo real y automatizar parte de las respuestas frente a incidentes.
Estas capacidades pueden ayudar a proteger sistemas estratégicos y servicios digitales. Sin embargo, desde Digi Americas plantearon que los gobiernos y las empresas también deben adaptar sus políticas y operaciones a las amenazas vinculadas con la IA, además de resguardar la información sensible y definir reglas para el uso de datos y modelos.
El acceso a capacidad de cómputo, servicios de nube, especialistas y sistemas de seguridad avanzados será un factor relevante para los países que busquen adoptar estas herramientas. Varios gobiernos latinoamericanos ya desarrollan o evalúan estrategias nacionales de inteligencia artificial.
La importancia de la cooperación
Una respuesta efectiva depende de que los países intercambien alertas, datos técnicos y mecanismos de acción frente a incidentes. Los atacantes operan a través de las fronteras, por lo que una señal detectada en un país puede ayudar a prevenir daños en otro. Para Digi Americas, esa cooperación puede mejorar tanto la detección como la capacidad de reacción.
El reporte advirtió que la concentración de sistemas críticos o datos sensibles en un único lugar puede crear un punto de falla y aumentar la exposición a ataques, espionaje, sabotajes o interrupciones de servicios. En esa línea, propuso reforzar el cifrado, la gestión de identidades y accesos, la seguridad desde el diseño, la gobernanza de datos y la diversificación de proveedores y plataformas.
Cómo es el caso argentino
En la Argentina, el Gobierno avanza con un plan para reforzar la protección del sector público nacional y de las infraestructuras críticas ante robos de datos, fraudes, ransomware e interrupciones de servicios. La estrategia incluye la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) nacional, que concentrará alertas de organismos públicos y compartirá información sobre amenazas detectadas.
El proyecto, a cargo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), también contempla la compra de inteligencia sobre amenazas, servidores, programas y otros equipos. La previsión oficial es que el centro comience a funcionar a principios de 2027, aunque el cronograma depende de procesos de compra y de la disponibilidad internacional de infraestructura tecnológica.
El otro problema es que el Estado todavía no tiene una fotografía completa de lo que ocurre. CERT.ar recibió entre 200 y 400 incidentes por año en períodos recientes y ya superó los 700 casos en 2026. Desde el CNC aclaran que el aumento no alcanza para concluir que hubo más ataques: también puede reflejar una mayor detección o notificación. Lo que sí persiste es un subregistro que dificulta dimensionar el riesgo.
Para mejorar esa capacidad de detección, en febrero el CNC dispuso que las agencias de la administración pública nacional designen responsables de ciberseguridad, elaboren planes de recuperación ante desastres e inventaríen sus sistemas de acuerdo con su nivel de criticidad. Cada organismo deberá definir, además, cuánto tiempo puede sostener una interrupción y qué volumen de información podría perder ante un incidente.
El plan prevé un modelo de madurez para que las dependencias identifiquen vulnerabilidades, establezcan prioridades y presenten planes de mejora. También incluye oficiales de enlace del CNC en organismos estatales e infraestructuras críticas, con el objetivo de acompañar la aplicación de estándares y los diagnósticos internos.
Otra de las herramientas proyectadas es una “ciberarena”, una plataforma para recrear ataques y fallas en entornos similares a los reales. Allí podrán simularse redes, centros de monitoreo, equipos de seguridad y controles industriales vinculados con áreas como energía y salud, para evaluar las respuestas de los equipos técnicos.
La capacitación tendrá dos niveles: uno destinado al conjunto de los empleados públicos, centrado en la prevención de estafas y campañas de phishing, y otro dirigido a autoridades, desarrolladores y especialistas. El CNC tiene competencia sobre el sector público nacional y las infraestructuras críticas; con provincias, municipios y empresas privadas, busca establecer mecanismos de colaboración y acuerdos con entes reguladores.
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ECONOMIA
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