ECONOMIA
Medida clave para empresas: la IGJ eliminó de un plumazo un paquete de medidas burocráticas

En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. Según la propia resolución, el objetivo no es «desregular por desregular», sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.
La decisión impacta de lleno sobre la operatoria cotidiana de miles de sociedades comerciales. Desde reuniones societarias virtuales hasta la aceptación de cargos sin certificación notarial, pasando por nuevos mecanismos para renunciar a directorios bloqueados y la posibilidad de fijar domicilios electrónicos, la reforma apunta a acelerar procesos y reducir costos administrativos.
El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios
La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.
Según el diagnóstico oficial, ese modelo generaba fricciones operativas, encarecía trámites y terminaba funcionando como una barrera de acceso para la formalización empresarial. Por eso, la nueva RG 3/2026 derogó directamente varios artículos sin reemplazarlos por nuevas regulaciones, bajo el argumento de que ya no tenían utilidad práctica para el control estatal.
El cambio también introduce una lógica inédita en la elaboración normativa. Las reformas surgieron a partir de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), habilitado previamente por la RG 2/2026, que permitió a cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades acercar propuestas concretas de simplificación.
La idea, según explican desde el organismo, fue invertir el paradigma tradicional: en lugar de que la burocracia defina unilateralmente cómo deben operar las empresas, abrir la discusión a quienes usan el sistema todos los días.
Reuniones virtuales sin trabas: uno de los cambios más relevantes
Uno de los puntos más celebrados por el sector privado es la habilitación de reuniones a distancia por defecto. Hasta ahora, las asambleas o reuniones de directorio virtuales requerían previsiones estatutarias específicas o enfrentaban obstáculos burocráticos que demoraban decisiones empresariales.
Con la modificación del artículo 72, las reuniones remotas pasan a estar permitidas automáticamente, salvo que el estatuto social las prohíba expresamente. La norma exige ciertas garantías mínimas de transparencia: acceso libre de los participantes, comunicación simultánea y grabación digital de la reunión, que deberá conservarse durante cinco años.
Esa obligación, sin embargo, desaparece si el acta es firmada por todos los asistentes. En términos prácticos, la reforma consolida una dinámica que muchas empresas comenzaron a utilizar durante la pandemia, pero que todavía convivía con zonas grises regulatorias.
Fin de la certificación notarial obligatoria
Otro cambio fuerte impacta sobre las designaciones de administradores y directores. La reforma elimina la certificación notarial como regla general para aceptar cargos societarios.
A partir de ahora, la aceptación podrá surgir directamente del acta correspondiente, mediante una nota firmada digitalmente o incluso a través de la verificación del profesional dictaminante. Para empresas y estudios jurídicos, esto implica una reducción directa de tiempos y costos.
La modificación apunta a terminar con uno de los trámites más cuestionados por el sector privado: la necesidad de pasar por escribanía para validar actos societarios que, en la práctica, ya estaban documentados internamente.
Domicilio electrónico y digitalización de comunicaciones
La resolución también incorpora la posibilidad de constituir domicilio electrónico para administradores societarios, conforme al Código Civil y Comercial.
La medida busca agilizar notificaciones y adaptar la operatoria empresarial a esquemas de comunicación digital, reduciendo tiempos y formalidades presenciales.
Para especialistas en derecho corporativo, el cambio representa un paso más hacia la digitalización integral de la gestión societaria, en línea con modelos regulatorios utilizados en otros mercados.
Renuncias bloqueadas: la IGJ crea una salida
Uno de los problemas más sensibles dentro de las sociedades comerciales era el de directores o administradores que quedaban «atrapados» en sus cargos porque el órgano societario se negaba a tratar sus renuncias. Eso los mantenía expuestos a potenciales responsabilidades civiles o penales aun cuando ya no ejercían funciones efectivas.
La nueva normativa crea un mecanismo específico para destrabar esas situaciones. El administrador podrá intimar formalmente a la sociedad para que trate su renuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si no obtiene respuesta, podrá acudir directamente a la IGJ.
En ese escenario, el organismo dará vista a la sociedad durante diez días y, si persiste el silencio o una respuesta evasiva, se considerará aceptada tácitamente la renuncia, habilitando su inscripción registral.
La medida busca resolver una problemática histórica que afectaba especialmente a sociedades con conflictos internos o directorios paralizados.
Garantías más flexibles y menos carga administrativa
La RG 3/2026 también flexibiliza el régimen de garantías que deben constituir los administradores societarios. El nuevo esquema consagra la «libertad de formas», permitiendo depósitos, seguros de caución, avales y otros mecanismos equivalentes.
Además, si la empresa cuenta con síndico, ya no será necesario que el dictaminante verifique la garantía ante la IGJ. Esa tarea quedará bajo control interno del órgano de fiscalización societaria.
En la práctica, la modificación reduce pasos administrativos y acelera las inscripciones.
Más herramientas para defenderse de la burocracia
La reforma también incorpora mecanismos específicos para que los ciudadanos y empresas puedan reaccionar frente a demoras u observaciones arbitrarias dentro del organismo.
El nuevo esquema habilita recusaciones de inspectores, revisiones jerárquicas y pedidos de pronto despacho cuando existan dilaciones injustificadas o criterios contradictorios. Incluso establece plazos concretos para responder y prevé que el silencio administrativo pueda interpretarse como denegatoria tácita, habilitando el acceso inmediato a la vía judicial.
Para el Gobierno, estas herramientas apuntan a equilibrar la relación entre el administrado y el aparato estatal.
El respaldo político y económico a la reforma
Las medidas fueron bien recibidas por distintos sectores económicos y profesionales. Uno de los funcionarios que celebró públicamente la resolución fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las modificaciones introducen «sentido común» en la gestión societaria.
Desde el Gobierno sostienen que la reducción de exigencias formales puede mejorar el clima de negocios, disminuir costos de cumplimiento y facilitar la creación de empleo formal.
La IGJ, además, dejó abierta la consulta pública iniciada mediante la RG 2/2026, anticipando que el proceso de simplificación normativa continuará en los próximos meses.
Con esta reforma, la administración nacional busca enviar una señal clara al mercado: avanzar hacia un esquema regulatorio más liviano, digital y orientado a facilitar la actividad privada, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar desburocratización y eficiencia estatal como parte central de su programa económico.
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ECONOMIA
La fórmula para matar la inflación y reactivar la economía

Los datos fiscales de enero del 2024 tomaron por sorpresa al propio ministro, que entonces llamó al Presidente y transmitió la novedad: el equilibrio fiscal se había alcanzado antes de lo esperado. El fogonazo hiperinflacionario del cambio de gobierno había producido la paradoja del electrodoméstico; el candidato que había llegado prometiendo la motosierra, saneaba las cuentas con una licuadora, que él mismo había ayudado a encender levantando la mano en el congreso para borrar de un plumazo la recaudación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, lo que hizo subir el rojo de las cuentas públicas sobre finales del 2023 y le causó el primer enfrentamiento con los gobernadores que le reclamaron reinstalarlo, para no perder coparticipación.
Lo cierto es que Javier Milei se abrazó tan fuerte al equilibrio presupuestario que incluso aceptó pagar un enorme costo político congelando los salarios de los residentes del hospital de niños más prestigioso de América Latina, por menos de una décima parte de un punto del PBI. El mensaje se leyó fuerte y claro; “no hubo en los últimos 40 años, ni habrá en las próximas cuatro décadas, ningún presidente tan comprometido con el ancla fiscal”.
Con el fin de la emisión para financiar el déficit y ayudada por la tablita cambiaria, la inflación se derrumbó hasta abril del 2025 y siguió cayendo una vez liberado el tipo de cambio y eliminado el cepo para las personas físicas. Pero en junio, el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas con el FMI, forzó al Gobierno a cambiar la política monetaria; el BCRA empezó a controlar agregados y la tasa de interés se puso tan volátil como lo indican los manuales de la facultad. Después vino el riesgo electoral y el programa monetario y cambiario quedó en una trampa, porque por un lado se había comprometido a la acumulación de reservas, pero por el otro tenía un mecanismo de bandas que obligaba al Central a funcionar como un cajero automático de dólares, cuando la paridad pasaba el límite superior de intervención. El revés electoral del oficialismo en septiembre derrumbó la demanda de dinero y aceleró el proceso de dolarización, pero la desmonetización de la economía no se detuvo siquiera en octubre, a pesar de que las urnas dieron entonces un espaldarazo a los libertarios.
La aceleración de la inflación hundió los salarios reales en la segunda mitad del 2025 y mató la demanda de crédito, quitándole al consumo sus dos principales motores. La volatilidad de tasas hacía daño por el lado de la oferta penalizando los stocks y enfriando la actividad. Para abril, el Banco Central ensayó otro cambio en su política monetaria y, aunque decía que seguía controlando la cantidad de dinero, en la práctica armó un corredor de pases activos que planchó la tasa. Por fortuna, más por el timming de los precios regulados y por los shocks estacionales, que por la errática política monetaria, la inflación cedió en el cuarto y el quinto mes del año.
Si los precios continúan en relativa calma durante junio, como lo muestran las mediciones de alta frecuencia de las consultoras privadas, para cuando termine el mundial la economía habrá hilado tres meses consecutivos de baja de la inflación y es plausible pensar que entonces se recuperen los salarios y reviva la demanda de crédito, empujando la reactivación de la economía en el segundo semestre, pero tan pronto empiece el ruido político del 2027, el fantasma del “riesgo kuka” golpeará otra vez la puerta.
El acta de defunción del principal problema económico argentino de los últimos 20 años depende de la irrelevancia de la próxima elección. En Brasil, en Chile, o en Uruguay, también pasaba en los 80 lo mismo que acá, pero hoy la izquierda y la derecha alternan sin que se hunda la demanda de dinero cuando ganan los que quieren más gasto público o amenazan con más regulaciones sobre los mercados. La clave es que ellos tienen un banco central independiente, de suerte que la política monetaria no depende del gobierno de turno.
Nosotros somos los únicos latinoamericanos, además de Venezuela, que tenemos problemas con la inflación y seguimos insistiendo en nuestra capacidad de hacer cosas distintas a las que hacen todos los países que terminaron con el flagelo. Al borde de una hiper, con el Banco Central estallado de pasivos remunerados y el balance enfermo, el ejecutivo tenía un argumento para concentrar el poder de la política monetaria en cabeza del ministro de economía, pero resuelto ese problema y luego de dos temporadas repartiendo “utilidades” al tesoro, la felicitación del presidente al ministro por el dato de la inflación de mayo es un desatino innecesario. Pensemos que la moneda es una institución basada en la confianza y si el presidente se atribuye la política monetaria, entonces la moneda refleja la confianza en su gobierno, que naturalmente será volátil.
El acta de defunción del principal problema económico argentino de los últimos 20 años depende de la irrelevancia de la próxima elección
Para que la próxima elección resulte monetariamente irrelevante y se termine para siempre la inflación en Argentina necesitamos una regla muy simple; que nunca más un presidente de la nación pueda nombrar, ni mucho menos despedir, a un director o al presidente del Banco Central.
Hay varias fórmulas posibles para esa arquitectura, pero la que más me gusta es una regla simple: que los diez principales bancos del país según volumen de depósitos nombren cada uno a un director y que entre ellos elijan al presidente. En paralelo, en el ámbito del ministerio de economía, una superintendencia de entidades financieras, sin poder sobre la política monetaria, regularía el normal funcionamiento del sistema.
Idealmente, esa tecnología debería estar protegida por la constitución, pero hasta que tengamos una nueva carta magna puede hacerse por ley. Es cierto que un nuevo gobierno con mayoría parlamentaria podría afectar la independencia del central, pero, como ocurrió con la norma que derogó el régimen de convertibilidad, los responsables de ese cambio se convertirían en muertos políticos, porque la sociedad los condenaría por atacar la estabilidad.
Corporate Events,South America / Central America
ECONOMIA
El PBI creció 2,3% en el primer trimestre y Caputo celebró un «nuevo récord histórico»

La economía argentina volvió a mostrar signos de expansión durante el inicio de 2026. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento de 2,3% interanual en el primer trimestre del año y avanzó 0,7% en la comparación desestacionalizada frente a los últimos tres meses de 2025.
Con este resultado, la actividad económica acumuló cinco trimestres consecutivos de crecimiento interanual, consolidando la recuperación iniciada tras la fuerte contracción registrada durante la primera parte de la gestión de Javier Milei.
Los datos oficiales muestran que el desempeño del período estuvo explicado principalmente por el fortalecimiento del consumo privado, mientras que la inversión volvió a exhibir un retroceso, convirtiéndose en uno de los pocos componentes de la demanda que no acompañó la recuperación.
«Récord histórico»: el mensaje de Caputo tras el dato del PBI
El ministro de Economía Luis Caputo se hizo eco de los datos oficiales y publicó un tuit en el que destacó que «el nivel de actividad alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026».
«En el primer trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PIB) creció 0,7% trimestral desestacionalizado y 2,3% en relación a igual período de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo», señaló Caputo en X.
Y detalló que «el indicador tendencia-ciclo creció por octavo trimestre consecutivo, reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía».
«Al igual que el PIB, el consumo privado alcanzó un máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo».
«El crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025″, sostuvo Caputo.
Y concluyó: «Entre los componentes de la demanda agregada, las exportaciones y el consumo privado crecieron 9,8% y 2,7% en la comparación interanual, respectivamente, en tanto la inversión, las importaciones y el consumo público exhibieron una variación interanual negativa de 11,6%, 7,5% y 0,9%, respectivamente».
El mensaje de Luis Caputo tras el dato del PBI de INDEC
El consumo sostuvo el crecimiento, mientras la inversión volvió a caer
El informe del INDEC refleja que el principal motor de la actividad durante el primer trimestre fue el consumo de los hogares, que logró compensar el menor dinamismo de otros componentes de la economía.
En contraste, la inversión volvió a registrar una caída, prolongando una tendencia que continúa siendo uno de los principales desafíos para consolidar un crecimiento de largo plazo. La evolución de este indicador es seguida de cerca por economistas y empresas, ya que representa uno de los factores clave para ampliar la capacidad productiva y sostener la expansión económica.
Aun así, la mejora del consumo permitió que el nivel de actividad mantuviera una trayectoria positiva tanto frente al mismo período del año pasado como respecto del cierre de 2025.
Las exportaciones crecieron casi 10% y apuntalaron la actividad
Otro de los factores que contribuyó al crecimiento del PBI fue el desempeño del sector externo.
De acuerdo con el organismo estadístico, las exportaciones aumentaron 9,8% interanual, impulsadas principalmente por la recuperación de sectores vinculados a la producción primaria y a la generación de divisas.
Ese comportamiento también quedó reflejado en el análisis por sectores de actividad. Según el INDEC, el agro fue el rubro que más aportó al crecimiento económico, con una expansión de 18,1% respecto del primer trimestre de 2025.
Detrás se ubicó el sector de electricidad, gas, agua, energía y minería, que registró un incremento de 12,3%, favorecido por la mayor producción energética y el crecimiento de la actividad minera.
Los datos publicados por el INDEC muestran que la actividad continúa creciendo, aunque con un ritmo más moderado que el observado en algunos trimestres anteriores.
En la medición desestacionalizada, el avance de 0,7% confirma que la economía siguió expandiéndose respecto del cierre de 2025, aunque en un contexto donde algunos indicadores comienzan a mostrar una desaceleración y persisten diferencias entre sectores.
Mientras el consumo privado, las exportaciones y actividades como el agro y la energía sostienen el crecimiento, la evolución de la inversión aparece como uno de los principales interrogantes para los próximos meses, en un escenario donde el Gobierno apuesta a que la estabilidad macroeconómica impulse una mayor llegada de capitales y nuevos proyectos productivos.
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ECONOMIA
Los salarios registrados aumentaron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación

El poder adquisitivo de los trabajadores argentinos mostró una señal positiva en abril. Tras el mal resultado de marzo, los salarios registrados crecieron por encima del nivel general de precios y tuvieron su mayor suba mensual desde el inicio del año.
Según un informe publicado por el Indec por el organismo, los ingresos de los empleados formales tuvieron un aumento del 3,5% en el cuarto mes del año. La inflación de abril, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,6%, lo que implica una ganancia real de casi un punto porcentual para el conjunto de los trabajadores relevados por la estadística oficial.
El crecimiento de abril estuvo impulsado principalmente por el sector privado. Los trabajadores registrados del sector privado obtuvieron una suba mensual de 4 por ciento. El sector público, en cambio, tuvo un incremento más moderado: 2,3% en el mes, con diferencias significativas según el nivel de gobierno.
Dentro del Estado, los empleados de las administraciones provinciales tuvieron una actualización de 2,5% en abril, en tanto que los del subsector nacional registraron apenas 1,6%. Esta brecha entre jurisdicciones refleja distintos calendarios de negociación y capacidades fiscales, y es una constante que el índice viene registrando desde hace varios meses.
El buen dato de abril, sin embargo, no alcanza para revertir el balance del primer cuatrimestre. En los primeros cuatro meses del año, el total del sector registrado acumuló una suba de 10,7%, por debajo del 12,3% que registró la inflación en el mismo período. Eso implica que, pese a la recuperación de abril, los trabajadores formales terminaron el cuatrimestre con una pérdida real en sus ingresos.

El desglose por sector muestra matices. El privado registrado acumuló entre enero y abril un alza de 10,1%, mientras que el público llegó a 12,0%. Este último logró prácticamente empatar con la inflación del período, en tanto que el privado quedó cerca de dos puntos por debajo. En ambos casos, el punto de partida es diciembre de 2025.
En la medición respecto del mismo mes del año anterior, el sector registrado mostró en abril una variación de 29,4%, por debajo del 32,4% de inflación interanual registrado ese mes. Tanto el privado como el público quedaron en terreno similar: 29,3% y 29,6%, respectivamente. Es decir, medidos contra doce meses atrás, los salarios formales todavía no logran ponerse a la par de los precios.
Dentro del Estado, la situación del subsector nacional es la más delicada. Sus empleados acumulan desde diciembre una suba de 10,3%, la más baja de todos los sectores relevados, y registraron en abril una variación interanual de apenas 23,1%, muy por debajo de la inflación de ese mes. El subsector provincial, en cambio, muestra números más favorables: 12,5% acumulado en el año y 32,1% en la comparación interanual, lo que le permitió superar levemente al IPC en los últimos doce meses.

Esta diferencia entre jurisdicciones tiene consecuencias directas sobre el poder de compra de los trabajadores estatales. Quienes se desempeñan en la administración nacional perdieron terreno frente a los precios tanto en el mes como en el año, mientras que los provinciales lograron, al menos en términos interanuales, mantener o mejorar levemente su poder adquisitivo.
El resultado de abril representa una mejora respecto de lo ocurrido en los meses previos. En marzo, el total del sector registrado había subido 3,0%, pero la inflación de ese mes fue más alta ese mes (3,4%), lo que derivó en una pérdida real. En febrero, la suba había sido de apenas 1,8%, contra un IPC de 2,9%. El salto de abril —impulsado sobre todo por las paritarias del sector privado— rompe esa tendencia negativa, aunque un solo mes no define una recuperación sostenida.
Es importante aclarar que el índice de salarios del Indec mide la evolución de las remuneraciones pagadas, con independencia de cambios en la cantidad de horas trabajadas, ausentismo o premios por productividad. El sector privado registrado representa el 62,65% del índice del sector registrado, y el público el 37,35% restante.
El informe también mide la evolución de los salarios informales, pero lo hace con un retraso de cinco meses, por lo que los números son difícilmente comparables con lo que está ocurriendo con los precios en la actualidad.
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