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ECONOMIA

Medida clave para empresas: la IGJ eliminó de un plumazo un paquete de medidas burocráticas

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En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. Según la propia resolución, el objetivo no es «desregular por desregular», sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.

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La decisión impacta de lleno sobre la operatoria cotidiana de miles de sociedades comerciales. Desde reuniones societarias virtuales hasta la aceptación de cargos sin certificación notarial, pasando por nuevos mecanismos para renunciar a directorios bloqueados y la posibilidad de fijar domicilios electrónicos, la reforma apunta a acelerar procesos y reducir costos administrativos.

El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios

La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.

Según el diagnóstico oficial, ese modelo generaba fricciones operativas, encarecía trámites y terminaba funcionando como una barrera de acceso para la formalización empresarial. Por eso, la nueva RG 3/2026 derogó directamente varios artículos sin reemplazarlos por nuevas regulaciones, bajo el argumento de que ya no tenían utilidad práctica para el control estatal.

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El cambio también introduce una lógica inédita en la elaboración normativa. Las reformas surgieron a partir de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), habilitado previamente por la RG 2/2026, que permitió a cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades acercar propuestas concretas de simplificación.

La idea, según explican desde el organismo, fue invertir el paradigma tradicional: en lugar de que la burocracia defina unilateralmente cómo deben operar las empresas, abrir la discusión a quienes usan el sistema todos los días.

Reuniones virtuales sin trabas: uno de los cambios más relevantes

Uno de los puntos más celebrados por el sector privado es la habilitación de reuniones a distancia por defecto. Hasta ahora, las asambleas o reuniones de directorio virtuales requerían previsiones estatutarias específicas o enfrentaban obstáculos burocráticos que demoraban decisiones empresariales.

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Con la modificación del artículo 72, las reuniones remotas pasan a estar permitidas automáticamente, salvo que el estatuto social las prohíba expresamente. La norma exige ciertas garantías mínimas de transparencia: acceso libre de los participantes, comunicación simultánea y grabación digital de la reunión, que deberá conservarse durante cinco años.

Esa obligación, sin embargo, desaparece si el acta es firmada por todos los asistentes. En términos prácticos, la reforma consolida una dinámica que muchas empresas comenzaron a utilizar durante la pandemia, pero que todavía convivía con zonas grises regulatorias.

Fin de la certificación notarial obligatoria

Otro cambio fuerte impacta sobre las designaciones de administradores y directores. La reforma elimina la certificación notarial como regla general para aceptar cargos societarios.

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A partir de ahora, la aceptación podrá surgir directamente del acta correspondiente, mediante una nota firmada digitalmente o incluso a través de la verificación del profesional dictaminante. Para empresas y estudios jurídicos, esto implica una reducción directa de tiempos y costos.

La modificación apunta a terminar con uno de los trámites más cuestionados por el sector privado: la necesidad de pasar por escribanía para validar actos societarios que, en la práctica, ya estaban documentados internamente.

Domicilio electrónico y digitalización de comunicaciones

La resolución también incorpora la posibilidad de constituir domicilio electrónico para administradores societarios, conforme al Código Civil y Comercial.

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La medida busca agilizar notificaciones y adaptar la operatoria empresarial a esquemas de comunicación digital, reduciendo tiempos y formalidades presenciales.

Para especialistas en derecho corporativo, el cambio representa un paso más hacia la digitalización integral de la gestión societaria, en línea con modelos regulatorios utilizados en otros mercados.

Renuncias bloqueadas: la IGJ crea una salida

Uno de los problemas más sensibles dentro de las sociedades comerciales era el de directores o administradores que quedaban «atrapados» en sus cargos porque el órgano societario se negaba a tratar sus renuncias. Eso los mantenía expuestos a potenciales responsabilidades civiles o penales aun cuando ya no ejercían funciones efectivas.

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La nueva normativa crea un mecanismo específico para destrabar esas situaciones. El administrador podrá intimar formalmente a la sociedad para que trate su renuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si no obtiene respuesta, podrá acudir directamente a la IGJ.

En ese escenario, el organismo dará vista a la sociedad durante diez días y, si persiste el silencio o una respuesta evasiva, se considerará aceptada tácitamente la renuncia, habilitando su inscripción registral.

La medida busca resolver una problemática histórica que afectaba especialmente a sociedades con conflictos internos o directorios paralizados.

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Garantías más flexibles y menos carga administrativa

La RG 3/2026 también flexibiliza el régimen de garantías que deben constituir los administradores societarios. El nuevo esquema consagra la «libertad de formas», permitiendo depósitos, seguros de caución, avales y otros mecanismos equivalentes.

Además, si la empresa cuenta con síndico, ya no será necesario que el dictaminante verifique la garantía ante la IGJ. Esa tarea quedará bajo control interno del órgano de fiscalización societaria.

En la práctica, la modificación reduce pasos administrativos y acelera las inscripciones.

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Más herramientas para defenderse de la burocracia

La reforma también incorpora mecanismos específicos para que los ciudadanos y empresas puedan reaccionar frente a demoras u observaciones arbitrarias dentro del organismo.

El nuevo esquema habilita recusaciones de inspectores, revisiones jerárquicas y pedidos de pronto despacho cuando existan dilaciones injustificadas o criterios contradictorios. Incluso establece plazos concretos para responder y prevé que el silencio administrativo pueda interpretarse como denegatoria tácita, habilitando el acceso inmediato a la vía judicial.

Para el Gobierno, estas herramientas apuntan a equilibrar la relación entre el administrado y el aparato estatal.

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El respaldo político y económico a la reforma

Las medidas fueron bien recibidas por distintos sectores económicos y profesionales. Uno de los funcionarios que celebró públicamente la resolución fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las modificaciones introducen «sentido común» en la gestión societaria.

Desde el Gobierno sostienen que la reducción de exigencias formales puede mejorar el clima de negocios, disminuir costos de cumplimiento y facilitar la creación de empleo formal.

La IGJ, además, dejó abierta la consulta pública iniciada mediante la RG 2/2026, anticipando que el proceso de simplificación normativa continuará en los próximos meses.

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Con esta reforma, la administración nacional busca enviar una señal clara al mercado: avanzar hacia un esquema regulatorio más liviano, digital y orientado a facilitar la actividad privada, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar desburocratización y eficiencia estatal como parte central de su programa económico.

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ECONOMIA

Vaca Muerta quiere su propia Hidrovía y tiene un plan logístico que atraviesa la Patagonia

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La búsqueda de eficiencia y reducción de costos en la Cuenca Neuquina impulsó un proyecto de infraestructura que propone transformar la matriz logística del norte patagónico, y en particular de todo el ecosistema que rodea la actividad productiva de Vaca Muerta.

Se trata de la viabilidad técnica para habilitar la navegabilidad de los ríos Limay y Negro, una iniciativa que ya se conoce como «la otra hidrovía». Este plan estratégico busca establecer un corredor logístico fluvial que conecte el corazón de la Patagonia con el Mar Argentino, ofreciendo una alternativa de transporte multimodal de gran escala.

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La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) participó como contraparte técnica en el Estudio de Factibilidad de la Navegabilidad de estas vías fluviales. El informe final, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y desarrollado por la consultora IATASA, determinó que es técnicamente factible convertir este sistema hídrico en una arteria de transporte comercial.

La traza evaluada abarca unos 720 kilómetros de recorrido, extendiéndose desde el Compensador Arroyito, en Neuquén, hasta la desembocadura del río Negro en el Atlántico.

El principal motor detrás de esta propuesta es la necesidad de resolver uno de los mayores cuellos de botella para el desarrollo del fracking en Vaca Muerta: el abastecimiento de arenas de fractura. Actualmente, la estimulación hidráulica de cada pozo demanda entre 11.000 y 15.000 toneladas de este insumo crítico.

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Con proyecciones que anticipan una demanda global de 15 millones de toneladas anuales para los próximos años, el actual esquema de transporte terrestre resulta costoso e insostenible para la infraestructura vial.

Un corredor vial saturado 

Hoy en día, gran parte de los áridos utilizados provienen de canteras ubicadas en la provincia de Entre Ríos, desde donde deben recorrer más de 1.200 kilómetros en camión hasta las áreas de producción en la Cuenca Neuquina.

Esta traza terrestre de larga distancia encarece de forma directa las operaciones logísticas y satura las rutas de la región. El diseño de una red fluvial permitiría el traslado masivo de cargas pesadas a una fracción del costo actual, aliviando el tránsito vial y mejorando la competitividad de las operadoras petroleras.

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Para estructurar este esquema de conectividad por agua, los desarrollos logísticos privados ya evalúan circuitos que combinan la Hidrovía Paraná-Paraguay con puertos marítimos y fluviales de la Patagonia.

Compañías como PTP Group proyectan concentrar el acopio de arenas en el Puerto de Ibicuy, en el sur entrerriano, para despacharlas en buques hacia puertos de recepción en el sur del país. En este escenario, la adecuación de las terminales de San Antonio Oeste o Bahía Blanca resulta fundamental para acortar el tramo final del transporte terrestre o la nueva alternativa fluvial por barcazas.

Una nueva infraestructura millonaria

La viabilidad de este corredor de 720 kilómetros requiere no solo de adecuaciones hidráulicas y ambientales para garantizar una navegación segura, sino también de una fuerte inversión en infraestructura costera.

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El proyecto estratégico contempla el desarrollo de una red de puertos fluviales y de estaciones de transferencia de carga distribuidas a lo largo del recorrido. Estas instalaciones permitirán la integración operativa con los trenes de carga y las flotas de camiones para cubrir los kilómetros finales de la cadena.

Además de los beneficios directos para la actividad hidrocarburífera, la iniciativa se presenta como un dinamizador de las economías regionales. El corredor fluvial no solo facilitará el movimiento de insumos industriales, sino que también mejorará las condiciones de exportación para la producción frutícola de los valles patagónicos.

Del mismo modo, el estudio de factibilidad contempla la posibilidad de incorporar el transporte de pasajeros y potenciar las actividades turísticas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

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El avance de este proyecto coincide con los debates nacionales sobre la desregulación del transporte y las propuestas legislativas para reformar la Ley de Cabotaje. La simplificación de los marcos regulatorios para la navegación comercial en los ríos interiores del país es considerada un paso indispensable por el sector privado para viabilizar estas millonarias inversiones logísticas.



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ECONOMIA

El efecto Laffer y la coparticipación federal

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«No hay ninguna razón económica seria para sostener 150 tributos si un pequeño grupo explica casi toda la recaudación», destaca el autor del texto

La Argentina no necesita apenas una baja aislada de impuestos. Necesita una reforma integral, coordinada y federal del sistema tributario. El problema no es solamente cuánto se paga, sino también la maraña de impuestos, tasas, contribuciones y derechos que se superponen entre Nación, provincias y municipios, encareciendo la producción, la inversión y el empleo formal.

El último Vademécum Tributario de Iaraf muestra la dimensión del problema: en 2026 existen 150 tipos de tributos en la Argentina. De ellos, 40 corresponden al nivel nacional, 28 al provincial y 82 al municipal. Es decir, menos de un tercio del total depende directamente del gobierno nacional. La mayor parte del laberinto tributario está en provincias y municipios.

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El dato es todavía más impactante cuando se observa la recaudación. Según Iaraf, apenas seis tributos explican el 85% de la recaudación tributaria consolidada proyectada para 2026: IVA, aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Brutos, débitos y créditos bancarios, y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene municipal. Si se suman los cuatro tributos siguientes, se llega al 94% de la recaudación. Tenemos, entonces, un sistema absurdamente complejo, pero con una recaudación fuertemente concentrada.

El último Vademécum Tributario de Iaraf muestra la dimensión del problema: en 2026 existen 150 tipos de tributos en la Argentina

La conclusión debería ser evidente: no hay ninguna razón económica seria para sostener 150 tributos si un pequeño grupo explica casi toda la recaudación. Esa multiplicación no mejora el financiamiento del Estado. Solo aumenta los costos de cumplimiento, la litigiosidad, la discrecionalidad, la informalidad y la corrupción.

El gobierno nacional ya avanzó en una parte relevante del camino. En términos recaudatorios, lo más costoso para la Nación fue la desaparición del Impuesto PAIS y la reducción de derechos de exportación. A eso se suman bajas de aranceles de importación y la eliminación o reducción de impuestos internos. Son medidas que alivian costos sobre exportaciones, importaciones, consumo, producción e inversión.

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Pero allí aparece una paradoja típica del federalismo fiscal argentino. Cuando la Nación baja impuestos o costos que no son coparticipables, asume el costo fiscal directo. Sin embargo, si esa baja genera más actividad, más producción, más comercio y más empleo formal, aumenta la recaudación de impuestos coparticipables, como IVA y Ganancias, de la cual también participan las provincias.

Apenas seis tributos explican el 85% de la recaudación tributaria consolidada proyectada para 2026

En otras palabras: la Nación hace buena parte del esfuerzo inicial, la economía reacciona y las provincias también capturan parte del beneficio. Pero muchas provincias no hacen un esfuerzo equivalente sobre sus propios impuestos distorsivos. Mantienen Ingresos Brutos, Sellos y otras cargas que castigan la producción y el empleo. Y los municipios agregan tasas que muchas veces no son verdaderas tasas, sino impuestos encubiertos.

La misma lógica aparece en el alivio impositivo incluido en la reforma laboral. Iaraf estimó que el texto aprobado por el Senado tenía un costo fiscal directo inicial anual de 0,47 puntos del PBI: 0,41 puntos correspondían a la Nación y 0,06 puntos a provincias y CABA. Dicho de otro modo, alrededor del 87% del alivio fiscal directo recaía sobre la Nación y solo el 13% sobre provincias y CABA. Iaraf aclara, además, que se trata de un costo fiscal directo inicial, porque la baja de alícuotas puede generar más formalización y, por lo tanto, ampliar la base imponible.

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Este punto es central. Si la reducción de impuestos y costos laborales mejora la actividad, la inversión y la formalización, el efecto Laffer puede empezar a operar: una menor carga sobre la economía puede terminar generando una base imponible más grande. Pero para que ese efecto sea pleno, el esfuerzo no puede quedar concentrado solamente en la Nación. Debe ser acompañado por provincias y municipios.

El caso más claro es Ingresos Brutos. Es uno de los peores impuestos argentinos: grava en cascada, se acumula a lo largo de toda la cadena productiva, encarece exportaciones, penaliza la especialización y castiga a las empresas que más etapas productivas integran. Es un impuesto contra la productividad. Si queremos más inversión, más empleo y mejores salarios, debe ser reducido y reemplazado gradualmente por tributos más simples y menos distorsivos.

La Argentina no necesita 150 tributos. Necesita un sistema que recaude sobre una economía más grande, más formal y más libre

También hay que ordenar el universo municipal. Una tasa debería corresponderse con un servicio concreto, individualizable y efectivamente prestado. Si un municipio cobra una “tasa” sobre la facturación de una empresa, sobre publicidad, combustibles o actividades que no implican una contraprestación específica, no estamos ante una tasa: estamos ante un impuesto disfrazado. Eso debe terminar.

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La reforma tributaria también debe corregir un problema institucional de fondo: la separación entre quien recauda y quien gasta. Durante décadas, la Argentina consolidó un sistema en el que la Nación recauda buena parte de los principales impuestos, mientras las provincias ejecutan una porción sustancial del gasto. Esa desconexión debilita la responsabilidad fiscal. Todos quieren gastar, pero pocos quieren hacerse cargo del costo político de cobrar.

Por eso hay que avanzar hacia una mayor correspondencia fiscal. Una alternativa sería dividir el IVA en dos componentes: una parte nacional uniforme —por ejemplo, 9,5%— y una parte provincial definida por cada provincia. Así, cada jurisdicción debería hacerse responsable ante sus ciudadanos del nivel de impuestos que decide cobrar y del gasto que decide realizar.

Eso permitiría una verdadera competencia fiscal entre provincias. Las que quieran gastar más deberán explicar por qué cobran más. Las que quieran atraer inversión, empleo y talento podrán bajar impuestos y mostrar mejores resultados. El federalismo real no consiste en recibir fondos automáticos sin responsabilidad; consiste en tener autonomía, pero también rendir cuentas.

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La Nación ya empezó. Ahora les toca a las provincias y a los municipios

La próxima reforma tributaria debe ser, entonces, un pacto federal de simplificación y alivio fiscal. Nación, provincias y municipios deben eliminar tributos inútiles, reducir impuestos distorsivos y ordenar las tasas municipales. No se trata de desfinanciar al Estado, sino de financiarlo mejor: con menos impuestos, más simples, más visibles y menos dañinos para la producción.

La Argentina no necesita 150 tributos. Necesita un sistema que recaude sobre una economía más grande, más formal y más libre. El objetivo no es recaudar menos por capricho; es recaudar mejor, con menos daño y con más crecimiento.

El espíritu de la Selección Nacional nos recuerda que cuando los argentinos jugamos juntos, podemos ganarle a cualquiera. Ese mismo espíritu debería unirnos ahora para exigirles a gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales que cumplan su parte del esfuerzo. La Nación ya empezó. Ahora les toca a las provincias y a los municipios.

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Porque bajar impuestos no es regalarle nada a nadie. Es devolverle oxígeno a quienes producen, trabajan, invierten y sostienen todos los días a la Argentina real.

El autor es Director General de la Fundación Libertad y Progreso

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ECONOMIA

Outlet de Once inaugura un nuevo local con ropa desde $3.000 y amplía su oferta de descuentos

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El barrio porteño de Once incorporó un nuevo punto de venta de indumentaria con la apertura de un segundo local de Puro Hilo, un outlet que ganó notoriedad en las últimas semanas por ofrecer prendas a precios que se ubicaron entre los más comentados en redes sociales. El nuevo establecimiento abrirá sus puertas este lunes 13 de julio con una propuesta de descuentos y una lista de precios que volvió a captar la atención de los consumidores.

El emprendimiento es encabezado por el empresario Christian Gorisnic y se instaló en un contexto marcado por cambios en los hábitos de consumo, donde una parte de los compradores prioriza alternativas de menor costo para renovar su vestuario.

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Desde su llegada a Once, el comercio registró una alta concurrencia de público. Durante los primeros días de funcionamiento del primer local se observaron filas de varias cuadras antes del horario de apertura, una situación que se replicó luego de que distintos usuarios difundieran videos del lugar y de los precios en plataformas como TikTok e Instagram.

La respuesta de los consumidores llevó a la empresa a ampliar su presencia en el barrio con un segundo local, que comenzará a funcionar con promociones sobre diferentes categorías de indumentaria.

Los precios de Puro Hilo que generaron repercusión en redes sociales

Uno de los factores que impulsó la difusión del outlet fue la diferencia de precios respecto de otros circuitos comerciales de indumentaria. Las publicaciones realizadas por clientes en redes sociales mostraron tanto las filas para ingresar como los valores de distintas prendas, generando un efecto de amplia circulación en internet.

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Para la inauguración del nuevo local, el comercio informó una lista de precios que incluye artículos para mujer y hombre, además de prendas unisex.

Entre los valores anunciados se encuentran:

  • Remera de Morley de algodón unisex: $3.000
  • Suéter tejido para mujer: $5.000
  • Jeans en talles chicos: $8.999
  • Campera para mujer: $12.000
  • Pantalón waffle: $15.000
  • Campera estrella: $15.000, con un precio anterior informado de $20.000

La propuesta incluye prendas básicas y artículos de temporada, con un esquema de reposición de mercadería sujeto a la disponibilidad de stock.

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Cuánto cuesta armar un conjunto completo de ropa

Además de difundir los precios individuales, el outlet presentó una estimación sobre el costo de adquirir un conjunto completo de indumentaria.

De acuerdo con cálculos del propio comercio, un outfit femenino básico puede conformarse por aproximadamente $33.300, mientras que un conjunto masculino alcanza un valor cercano a $57.000.

La estrategia apunta a quienes buscan concentrar varias compras en un mismo lugar para reducir el gasto destinado a la renovación del guardarropa.

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El local informó además que no establece un monto mínimo de compra, por lo que los clientes pueden adquirir una única prenda o realizar compras de mayor volumen.

Cómo funciona el modelo de negocio del outlet

Según explicó Christian Gorisnic, el esquema comercial de Puro Hilo se basa en combinar prendas de fabricación nacional con distintos lotes de mercadería importada, un modelo que busca sostener precios competitivos a partir de un elevado volumen de ventas.

Esta modalidad es utilizada por distintos comercios mayoristas y outlets que concentran una importante cantidad de operaciones diarias.

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De acuerdo con el empresario, la propuesta responde a un escenario en el que los consumidores priorizan el precio al momento de comprar indumentaria y postergan otros criterios de elección.

La combinación de producción local e importada permite ofrecer distintas categorías de prendas y renovar periódicamente la oferta disponible en los locales.

Qué medios de pago acepta el nuevo local de Puro Hilo

Las personas que planeen visitar el nuevo establecimiento deberán tener en cuenta una condición vinculada con los medios de pago.

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Actualmente, Puro Hilo acepta únicamente efectivo y transferencias bancarias, ya que el comercio no opera con tarjetas de crédito ni de débito y tampoco exige una compra mínima para acceder a los precios publicados.

La empresa indicó que esta modalidad se mantiene tanto para quienes adquieren una sola prenda como para quienes realizan compras de mayor volumen.

Once consolida su actividad comercial con nuevas propuestas

La apertura del segundo local de Puro Hilo se suma a la actividad comercial que caracteriza al barrio de Once, uno de los principales polos de venta de indumentaria de la Ciudad de Buenos Aires.

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En los últimos meses, el sector registró un incremento en la búsqueda de propuestas vinculadas con outlets, saldos y promociones, impulsadas por consumidores que comparan precios antes de concretar una compra, mientras que la difusión de ofertas mediante redes sociales pasó a ocupar un lugar relevante para este tipo de comercios.

Los videos y publicaciones realizados por los propios clientes amplían el alcance de las promociones y generan un flujo constante de visitantes.

Con la inauguración del nuevo local, Puro Hilo amplía su capacidad de atención en Once y mantiene una estrategia basada en la venta de prendas a precios promocionales, con una oferta que combina producción nacional, mercadería importada y compras sin monto mínimo.

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