ECONOMIA
Medida clave para empresas: la IGJ eliminó de un plumazo un paquete de medidas burocráticas
En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. Según la propia resolución, el objetivo no es «desregular por desregular», sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.
La decisión impacta de lleno sobre la operatoria cotidiana de miles de sociedades comerciales. Desde reuniones societarias virtuales hasta la aceptación de cargos sin certificación notarial, pasando por nuevos mecanismos para renunciar a directorios bloqueados y la posibilidad de fijar domicilios electrónicos, la reforma apunta a acelerar procesos y reducir costos administrativos.
El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios
La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.
Según el diagnóstico oficial, ese modelo generaba fricciones operativas, encarecía trámites y terminaba funcionando como una barrera de acceso para la formalización empresarial. Por eso, la nueva RG 3/2026 derogó directamente varios artículos sin reemplazarlos por nuevas regulaciones, bajo el argumento de que ya no tenían utilidad práctica para el control estatal.
El cambio también introduce una lógica inédita en la elaboración normativa. Las reformas surgieron a partir de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), habilitado previamente por la RG 2/2026, que permitió a cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades acercar propuestas concretas de simplificación.
La idea, según explican desde el organismo, fue invertir el paradigma tradicional: en lugar de que la burocracia defina unilateralmente cómo deben operar las empresas, abrir la discusión a quienes usan el sistema todos los días.
Reuniones virtuales sin trabas: uno de los cambios más relevantes
Uno de los puntos más celebrados por el sector privado es la habilitación de reuniones a distancia por defecto. Hasta ahora, las asambleas o reuniones de directorio virtuales requerían previsiones estatutarias específicas o enfrentaban obstáculos burocráticos que demoraban decisiones empresariales.
Con la modificación del artículo 72, las reuniones remotas pasan a estar permitidas automáticamente, salvo que el estatuto social las prohíba expresamente. La norma exige ciertas garantías mínimas de transparencia: acceso libre de los participantes, comunicación simultánea y grabación digital de la reunión, que deberá conservarse durante cinco años.
Esa obligación, sin embargo, desaparece si el acta es firmada por todos los asistentes. En términos prácticos, la reforma consolida una dinámica que muchas empresas comenzaron a utilizar durante la pandemia, pero que todavía convivía con zonas grises regulatorias.
Fin de la certificación notarial obligatoria
Otro cambio fuerte impacta sobre las designaciones de administradores y directores. La reforma elimina la certificación notarial como regla general para aceptar cargos societarios.
A partir de ahora, la aceptación podrá surgir directamente del acta correspondiente, mediante una nota firmada digitalmente o incluso a través de la verificación del profesional dictaminante. Para empresas y estudios jurídicos, esto implica una reducción directa de tiempos y costos.
La modificación apunta a terminar con uno de los trámites más cuestionados por el sector privado: la necesidad de pasar por escribanía para validar actos societarios que, en la práctica, ya estaban documentados internamente.
Domicilio electrónico y digitalización de comunicaciones
La resolución también incorpora la posibilidad de constituir domicilio electrónico para administradores societarios, conforme al Código Civil y Comercial.
La medida busca agilizar notificaciones y adaptar la operatoria empresarial a esquemas de comunicación digital, reduciendo tiempos y formalidades presenciales.
Para especialistas en derecho corporativo, el cambio representa un paso más hacia la digitalización integral de la gestión societaria, en línea con modelos regulatorios utilizados en otros mercados.
Renuncias bloqueadas: la IGJ crea una salida
Uno de los problemas más sensibles dentro de las sociedades comerciales era el de directores o administradores que quedaban «atrapados» en sus cargos porque el órgano societario se negaba a tratar sus renuncias. Eso los mantenía expuestos a potenciales responsabilidades civiles o penales aun cuando ya no ejercían funciones efectivas.
La nueva normativa crea un mecanismo específico para destrabar esas situaciones. El administrador podrá intimar formalmente a la sociedad para que trate su renuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si no obtiene respuesta, podrá acudir directamente a la IGJ.
En ese escenario, el organismo dará vista a la sociedad durante diez días y, si persiste el silencio o una respuesta evasiva, se considerará aceptada tácitamente la renuncia, habilitando su inscripción registral.
La medida busca resolver una problemática histórica que afectaba especialmente a sociedades con conflictos internos o directorios paralizados.
Garantías más flexibles y menos carga administrativa
La RG 3/2026 también flexibiliza el régimen de garantías que deben constituir los administradores societarios. El nuevo esquema consagra la «libertad de formas», permitiendo depósitos, seguros de caución, avales y otros mecanismos equivalentes.
Además, si la empresa cuenta con síndico, ya no será necesario que el dictaminante verifique la garantía ante la IGJ. Esa tarea quedará bajo control interno del órgano de fiscalización societaria.
En la práctica, la modificación reduce pasos administrativos y acelera las inscripciones.
Más herramientas para defenderse de la burocracia
La reforma también incorpora mecanismos específicos para que los ciudadanos y empresas puedan reaccionar frente a demoras u observaciones arbitrarias dentro del organismo.
El nuevo esquema habilita recusaciones de inspectores, revisiones jerárquicas y pedidos de pronto despacho cuando existan dilaciones injustificadas o criterios contradictorios. Incluso establece plazos concretos para responder y prevé que el silencio administrativo pueda interpretarse como denegatoria tácita, habilitando el acceso inmediato a la vía judicial.
Para el Gobierno, estas herramientas apuntan a equilibrar la relación entre el administrado y el aparato estatal.
El respaldo político y económico a la reforma
Las medidas fueron bien recibidas por distintos sectores económicos y profesionales. Uno de los funcionarios que celebró públicamente la resolución fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las modificaciones introducen «sentido común» en la gestión societaria.
Desde el Gobierno sostienen que la reducción de exigencias formales puede mejorar el clima de negocios, disminuir costos de cumplimiento y facilitar la creación de empleo formal.
La IGJ, además, dejó abierta la consulta pública iniciada mediante la RG 2/2026, anticipando que el proceso de simplificación normativa continuará en los próximos meses.
Con esta reforma, la administración nacional busca enviar una señal clara al mercado: avanzar hacia un esquema regulatorio más liviano, digital y orientado a facilitar la actividad privada, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar desburocratización y eficiencia estatal como parte central de su programa económico.
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La Ley de Modernización Laboral estableció que los empleadores privados deberán realizar una contribución mensual equivalente al 1% de las remuneraciones computables en el caso de las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas
La CNV habilitó dos grandes vehículos para administrar estos recursos: Fondos Comunes de Inversión Abiertos destinados al FAL y Fideicomisos Financieros FAL
- Cada empleador puede elegir la entidad habilitada y el vehículo en el que se administrarán sus recursos.
- El régimen contempla portabilidad entre vehículos y administradores y,
- cuando una empresa no realiza la elección correspondiente, existe un mecanismo de asignación de oficio.
La regulación establece criterios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital
- empresas y proyectos que busquen financiamiento, y
- ahorro dispuesto a financiarlos.
- Financiarse a plazos mayores.
- Emitir más obligaciones negociables.
- Estructurar proyectos de infraestructura.
- Desarrollar crédito de largo plazo.
- Reducir progresivamente la dependencia del financiamiento bancario o del capital propio.
- Los aportes ingresan todos los meses.
- Los recursos se invierten.
- Las inversiones generan rendimiento.
- Ese rendimiento se reinvierte.
- Nuevos aportes vuelven a ingresar al mes siguiente.
El FAL alinea el crecimiento del mercado de capitales con el crecimiento del empleo registrado
- Uno que recibirá recursos todos los meses.
- Uno cuyo patrimonio podrá crecer junto con el empleo formal.
- Y uno que puede ayudar a transformar ahorro argentino en financiamiento para la economía argentina.
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La economía tradicional suele trabajar con rendimientos decrecientes: incorporar una unidad adicional de capital genera un aumento de producción, pero cada vez menor
- El umbral de declive. Por debajo de determinada escala, la economía no genera suficientes recursos para sostener la acumulación de capital.
- El piso de estancamiento, una zona en la que la economía puede sobrevivir, pero todavía no tiene los incentivos suficientes para iniciar una expansión autosostenida.
- El umbral de despegue. Superado ese punto, los rendimientos crecientes hacen que la inversión genere condiciones para nuevas inversiones. ¿Y Bellman?
La mayor escala atrae proveedores y capital. Los proveedores reducen costos
- Escenario A: continuidad del programa de Milei: Simplemente imaginemos que un segundo gobierno mantiene durante varios años una combinación de equilibrio fiscal, estabilidad monetaria, desregulación, apertura, reformas pro-inversión y expansión de sectores exportadores. Si el crecimiento pasara gradualmente de 4% a 5%, luego a 6% y finalmente a 7% a medida que se acumulan inversiones y aparecen efectos de escala, Argentina podría acercarse al umbral de despegue. Si se toma el PBI de 2027 como 100, una trayectoria ilustrativa de ese tipo llevaría el índice hacia 210 unidades en 2040. Esto implica que, si se materializara esa trayectoria, la acumulación podría comenzar a generar una dinámica de rendimientos crecientes.
- Escenario B: triunfo opositor (¿Kicillof?) y regreso a la tasa histórica de crecimiento. Parte de una hipótesis diferente: un cambio de régimen económico y una evolución del PBI similar a la observada por Argentina durante los últimos 15 años. Entre 2011 y 2025, el crecimiento promedio anual del PBI argentino fue de aproximadamente 0,8%. Si esa tasa se mantuviera durante todo el período 2027-2040, y nuevamente hacemos 100 al PBI de 2027, el resultado sería muy diferente al escenario de crecimiento acelerado: en 2040 el nivel del PBI sería aproximadamente 110 unidades. Es decir, después de 13 años, la economía habría aumentado apenas alrededor de un 10% respecto del punto de partida, contra 110% en el escenario anterior.
El contraste entre el escenario A y el B es enorme. Una diferencia aparentemente pequeña en la tasa de crecimiento anual, sostenida durante muchos años, termina produciendo diferencias extraordinarias
El umbral puede ser el punto de transición hacia un proceso endógeno, donde, en una economía que lo atraviesa, el crecimiento empieza a generar las condiciones para producir más crecimiento
El énfasis permanente del presidente Milei acerca de la importancia de la inversión en capital humano podría anunciar su intención de fusionar ambos enfoques para obtener un resultado mucho más potente aún
ECONOMIA
Daniel Schteingart, de Fundar: “2025 fue el primer año en 30 donde el PBI creció y el empleo formal privado cayó”
“No es casualidad que el gobierno de Alberto Fernández terminara con el menor desempleo desde 1991, pero también con la mayor inflación desde 1991″
“En el corto plazo, la variación de la pobreza y la informalidad a nivel nacional está muy condicionada por lo que ocurre con la economía en su conjunto y, por lo tanto, por políticas que dependen fundamentalmente del gobierno nacional”
“Para bajar sustancialmente la informalidad se necesitan varias cosas al mismo tiempo. La primera, sin la cual todo lo demás es imposible, es crecer durante bastante tiempo”
- Porque genera los dólares que la Argentina necesita para que el resto de la economía pueda crecer sin chocar recurrentemente con la falta de divisas. Es una condición de posibilidad, aunque no suficiente: hoy exportamos bastante más y, sin embargo, la economía está planchada.
- Porque esos sectores pueden generar mucho más empleo indirecto si traccionan un entramado denso de proveedores industriales y de servicios: ingeniería, metalmecánica, químicos, transporte, software o construcción.
“Hacen falta políticas horizontales: simplificar la contratación y la registración, reducir los costos de formalización para trabajadores de bajos salarios y empresas chicas, mejorar la fiscalización y, sobre todo, aumentar la productividad”
“El Indec prevé que entre 2025 y 2040 Neuquén va a pasar de ser el 1,5% de la población argentina al 1,6%: no es un cambio para nada titánico”
“La historia es, simultáneamente, de progreso en términos absolutos y decadencia en términos relativos, y eso no es necesariamente una contradicción”
- Argentina no está ni cerca de ser uno de los peores países del mundo: en la enorme mayoría de los indicadores de desarrollo estamos de mitad de tabla para arriba, comparado con la media mundial y regional. Somos más ricos, educados, democráticos, vivimos más años, reportamos más satisfacción con la vida y somos cívicamente más tolerantes que gran parte de los países. En ese sentido, no somos un país de mierda.
- Contrariamente a lo que creemos, las condiciones de vida de Argentina tendieron a mejorar en el largo plazo. Me peleo bastante con el discurso nostálgico de que hace 50 o 100 años vivíamos mejor. En casi todo, vivíamos peor. Hoy somos más ricos, democráticos, culturalmente tolerantes, vivimos más años, tenemos mucha menos mortalidad infantil, más años de escolarización y menos hacinamiento que entonces.
- La más triste, es que aun cuando progresamos, otros países lo hicieron de forma mucho más rápida que nosotros y nos fueron pasando. Así, la Argentina se fue cayendo de los rankings de casi cualquier indicador de desarrollo, y se fue volviendo cada vez más irrelevante a nivel global. Chile, España, Polonia o Corea del Sur son ejemplos de países que unas décadas atrás vivían peor que nosotros y hoy nos superaron en la mayoría de las métricas de desarrollo, no porque nosotros retrocediéramos, sino porque ellos avanzaron más rápido. Por eso el “todavía” del título: si la tendencia de las últimas décadas sigue, Argentina un día va a dejar de ser un país de mitad de tabla para arriba, y va a empezar a pelear el descenso.
“A pesar de nuestras quejas recurrentes, Argentina da relativamente bien en los rankings mundiales de felicidad”
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