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ECONOMIA

Medida clave para empresas: la IGJ eliminó de un plumazo un paquete de medidas burocráticas

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En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. Según la propia resolución, el objetivo no es «desregular por desregular», sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.

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La decisión impacta de lleno sobre la operatoria cotidiana de miles de sociedades comerciales. Desde reuniones societarias virtuales hasta la aceptación de cargos sin certificación notarial, pasando por nuevos mecanismos para renunciar a directorios bloqueados y la posibilidad de fijar domicilios electrónicos, la reforma apunta a acelerar procesos y reducir costos administrativos.

El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios

La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.

Según el diagnóstico oficial, ese modelo generaba fricciones operativas, encarecía trámites y terminaba funcionando como una barrera de acceso para la formalización empresarial. Por eso, la nueva RG 3/2026 derogó directamente varios artículos sin reemplazarlos por nuevas regulaciones, bajo el argumento de que ya no tenían utilidad práctica para el control estatal.

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El cambio también introduce una lógica inédita en la elaboración normativa. Las reformas surgieron a partir de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), habilitado previamente por la RG 2/2026, que permitió a cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades acercar propuestas concretas de simplificación.

La idea, según explican desde el organismo, fue invertir el paradigma tradicional: en lugar de que la burocracia defina unilateralmente cómo deben operar las empresas, abrir la discusión a quienes usan el sistema todos los días.

Reuniones virtuales sin trabas: uno de los cambios más relevantes

Uno de los puntos más celebrados por el sector privado es la habilitación de reuniones a distancia por defecto. Hasta ahora, las asambleas o reuniones de directorio virtuales requerían previsiones estatutarias específicas o enfrentaban obstáculos burocráticos que demoraban decisiones empresariales.

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Con la modificación del artículo 72, las reuniones remotas pasan a estar permitidas automáticamente, salvo que el estatuto social las prohíba expresamente. La norma exige ciertas garantías mínimas de transparencia: acceso libre de los participantes, comunicación simultánea y grabación digital de la reunión, que deberá conservarse durante cinco años.

Esa obligación, sin embargo, desaparece si el acta es firmada por todos los asistentes. En términos prácticos, la reforma consolida una dinámica que muchas empresas comenzaron a utilizar durante la pandemia, pero que todavía convivía con zonas grises regulatorias.

Fin de la certificación notarial obligatoria

Otro cambio fuerte impacta sobre las designaciones de administradores y directores. La reforma elimina la certificación notarial como regla general para aceptar cargos societarios.

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A partir de ahora, la aceptación podrá surgir directamente del acta correspondiente, mediante una nota firmada digitalmente o incluso a través de la verificación del profesional dictaminante. Para empresas y estudios jurídicos, esto implica una reducción directa de tiempos y costos.

La modificación apunta a terminar con uno de los trámites más cuestionados por el sector privado: la necesidad de pasar por escribanía para validar actos societarios que, en la práctica, ya estaban documentados internamente.

Domicilio electrónico y digitalización de comunicaciones

La resolución también incorpora la posibilidad de constituir domicilio electrónico para administradores societarios, conforme al Código Civil y Comercial.

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La medida busca agilizar notificaciones y adaptar la operatoria empresarial a esquemas de comunicación digital, reduciendo tiempos y formalidades presenciales.

Para especialistas en derecho corporativo, el cambio representa un paso más hacia la digitalización integral de la gestión societaria, en línea con modelos regulatorios utilizados en otros mercados.

Renuncias bloqueadas: la IGJ crea una salida

Uno de los problemas más sensibles dentro de las sociedades comerciales era el de directores o administradores que quedaban «atrapados» en sus cargos porque el órgano societario se negaba a tratar sus renuncias. Eso los mantenía expuestos a potenciales responsabilidades civiles o penales aun cuando ya no ejercían funciones efectivas.

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La nueva normativa crea un mecanismo específico para destrabar esas situaciones. El administrador podrá intimar formalmente a la sociedad para que trate su renuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si no obtiene respuesta, podrá acudir directamente a la IGJ.

En ese escenario, el organismo dará vista a la sociedad durante diez días y, si persiste el silencio o una respuesta evasiva, se considerará aceptada tácitamente la renuncia, habilitando su inscripción registral.

La medida busca resolver una problemática histórica que afectaba especialmente a sociedades con conflictos internos o directorios paralizados.

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Garantías más flexibles y menos carga administrativa

La RG 3/2026 también flexibiliza el régimen de garantías que deben constituir los administradores societarios. El nuevo esquema consagra la «libertad de formas», permitiendo depósitos, seguros de caución, avales y otros mecanismos equivalentes.

Además, si la empresa cuenta con síndico, ya no será necesario que el dictaminante verifique la garantía ante la IGJ. Esa tarea quedará bajo control interno del órgano de fiscalización societaria.

En la práctica, la modificación reduce pasos administrativos y acelera las inscripciones.

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Más herramientas para defenderse de la burocracia

La reforma también incorpora mecanismos específicos para que los ciudadanos y empresas puedan reaccionar frente a demoras u observaciones arbitrarias dentro del organismo.

El nuevo esquema habilita recusaciones de inspectores, revisiones jerárquicas y pedidos de pronto despacho cuando existan dilaciones injustificadas o criterios contradictorios. Incluso establece plazos concretos para responder y prevé que el silencio administrativo pueda interpretarse como denegatoria tácita, habilitando el acceso inmediato a la vía judicial.

Para el Gobierno, estas herramientas apuntan a equilibrar la relación entre el administrado y el aparato estatal.

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El respaldo político y económico a la reforma

Las medidas fueron bien recibidas por distintos sectores económicos y profesionales. Uno de los funcionarios que celebró públicamente la resolución fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las modificaciones introducen «sentido común» en la gestión societaria.

Desde el Gobierno sostienen que la reducción de exigencias formales puede mejorar el clima de negocios, disminuir costos de cumplimiento y facilitar la creación de empleo formal.

La IGJ, además, dejó abierta la consulta pública iniciada mediante la RG 2/2026, anticipando que el proceso de simplificación normativa continuará en los próximos meses.

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Con esta reforma, la administración nacional busca enviar una señal clara al mercado: avanzar hacia un esquema regulatorio más liviano, digital y orientado a facilitar la actividad privada, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar desburocratización y eficiencia estatal como parte central de su programa económico.

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ECONOMIA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo y acumula un alza de 33,1% en los últimos doce meses

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FOTO DE ARCHIVO-Compradores comprueban precios en un supermercado de Villa Martelli en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Ene 13, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 2,1% durante mayo, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año alcanzó 14,0%, mientras que la medición interanual llegó a 33,1%. La cifra supone una desaceleración frente al 2,5% que había marcado en abril y el pico de 3% que había alcanzado en marzo.

La dinámica de la inflación porteña durante el mes analizado respondió principalmente a las subas en cuatro divisiones de la canasta: alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, salud y educación. Estas categorías explicaron el 64,9% del incremento del índice general.

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Entre los alimentos, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,8% mensual y aportó 0,49 puntos porcentuales a la variación total. Dentro de este grupo, se destacaron los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, que avanzaron 14,5%. También registraron alzas leche, productos lácteos y huevos, con 3,7%, y pan y cereales, con 2,6%. El informe detalló que los precios de las frutas bajaron 3,4%, lo que compensó parcialmente la suba en el resto de los alimentos.

El capítulo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró una suba de 2,2%, con una incidencia de 0,44 puntos porcentuales sobre el índice total. Este aumento respondió a los incrementos en los valores de los alquileres, los gastos comunes y los ajustes en las tarifas del servicio residencial de suministro de agua.

La división salud aumentó 3,0% durante mayo, impulsada por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. La incidencia de este rubro en el nivel general fue de 0,28 puntos porcentuales. El informe del organismo oficial remarcó que la suba en educación llegó a 3,1%, resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal, aportando 0,16 puntos porcentuales a la variación mensual.

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Otras divisiones de la canasta también presentaron incrementos, aunque de menor magnitud. Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 2,9%, información y comunicación 2,2%, recreación y cultura 1,8% y cuidado personal, protección social y otros productos 2,0%. Prendas de vestir y calzado exhibió una suba de 0,4%, y restaurantes y hoteles avanzó 1,0% durante el mismo período.

Al analizar los componentes del índice, la variación de bienes fue de 2,0% mensual y 27,9% interanual, mientras que servicios aumentaron 2,2% en el mes y 36,2% en el año. El informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires precisó que, en los primeros cinco meses del año, los bienes acumularon una suba de 12,1% y los servicios de 15,0%.

Por subíndices, la categoría regulados presentó la mayor suba mensual, con 2,8%, y una medición interanual de 40,9%. Las principales incidencias correspondieron a los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga, en los establecimientos educativos y en las tarifas residenciales de agua. Estacionales promedió una suba de 0,1%, por los incrementos en verduras, que estuvieron compensados por caídas en pasajes aéreos, tarifas de alojamiento turístico y frutas. La inflación subyacente, agrupada bajo el concepto resto IPCBA, mostró una variación mensual de 2,1% y una interanual de 32,1%.

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El informe señaló que, dentro de la estructura del índice, los rubros vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y restaurantes y hoteles explicaron el 63,9% de la variación interanual. Transporte, por ejemplo, exhibió un incremento interanual de 47,0%, mientras que vivienda y servicios básicos subieron 37,5%. Salud acumuló una variación de 31,9% en los últimos doce meses.

En el detalle de precios medios, algunos bienes y servicios presentaron diferencias importantes. El informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyó referencias a productos de consumo representativos, aunque no especificó valores en el resumen técnico.

La evolución mensual del índice porteño mostró oscilaciones entre 2% y 3% desde comienzos de año, lo que evidencia un comportamiento estable en el ritmo de aumento de precios a nivel local. El acumulado anual hasta mayo alcanzó 14,0% y, en el mismo período, los rubros regulados lideraron las variaciones.

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La trayectoria del IPCBA durante el último año estuvo marcada por la incidencia de servicios regulados, especialmente en salud, educación y transporte, y por la evolución de los precios de los alimentos. Los datos publicados en el informe técnico permiten observar el impacto de las actualizaciones tarifarias y el comportamiento de los componentes estacionales.

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ECONOMIA

paceX comenzará a cotizar en Wall Street y los expertos anticipan qué podría pasar con sus acciones

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La expectativa de los inversores se encuentra focalizada en el 12 de junio, y no es precisamente por el comienzo del Mundial de fútbol, sino por el lanzamiento denominado como «histórico» en el que empezará a cotizar en Wall Street una de las empresas más novedosas e impactantes de los últimos tiempos: SpaceX, la firma de telecomunicaciones (Starlink) y lanzamiento de cohetes fundada por el disruptivo empresario Elon Musk. Al respecto, analistas de mercado consultados por iProfesional, opinan si recomiendan comprar, o no, a estas acciones.

En resumidas cuentas, desde la City se considera que la salida al mercado de SpaceX es la «más grande de la historia» para una IPO (Initial Public Offering u Oferta Pública Inicial), que es el proceso por el que una empresa vende acciones al público por primera vez y comienza a cotizar en una bolsa de valores. 

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El debut de SpaceX, que se denominará como «SPCX» en el Nasdaq, está programado para el 12 de junio, con una valoración estimada de hasta 2 billones de dólares, y apunta a facilitar el acceso masivo a los inversores minoristas estadounidenses a través de plataformas como Robinhood y Fidelity.

«Asimismo, la incorporación al índice S&P500 podría llevar unos 12 meses, en base a las normativas actuales», detalla a iProfesional Juan Diedrichs, asesor de Inversiones en Capital Markets.

De hecho, destaca como punto importante a destacar en esta emisión que Elon Musk se queda con el 85,1% del control accionario, por su estructura.

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Para graficar, SpaceX está compuesta por tres compañías:

  • Starlink: empresa de Internet satelital con más de 10.000 satélites en órbita y más 10 de millones de suscriptores, es «la única empresa de las tres que da ganancias», afirma Diedrichs.
  • Starship: firma dedicada a lanzamientos de cohetes, que tiene «buenos acuerdos y perspectivas, hoy no genera ganancias», suma dicho analista. 
  • xAI: La última compañía que integra este conglomerado de Musk se orienta a la Inteligencia Artificial (IA), que, por el momento, no presentó resultados.

«La salida a Bolsa de SpaceX puede convertirse en uno de los eventos más importantes del año para Wall Street, porque combina varias de las temáticas más atractivas para el mercado: industria aeroespacial, internet satelital, defensa e infraestructura tecnológica. El atractivo es claro: no se trata de una empresa en etapa inicial, sino de una compañía que ya tiene liderazgo global en lanzamientos espaciales, una ventaja competitiva fuerte por la reutilización de cohetes y una unidad de alto crecimiento como Starlink», resume a iProfesional Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est.

A pesar de informar ingresos de u$s18.700 millones el último año impulsados por Starlink, SpaceX reportó pérdidas netas de u$s4.900 millones, «debido a la reinversión agresiva en Starship e Inteligencia Artificial», indican datos de Yahoo Finance.

Según los expertos de mercado, SpaceX saldría con una valuación target entre u$s1,5 billones a u$s1,75 billones, que equivale a aproximadamente el 3,5% de la capitalización total del Nasdaq.

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«Lo primero que se ofrecerá al mercado será un 5% del capital, lo cual está estimado en u$s75.000 millones, respecto de lo cual Elon Musk, fundador y principal accionista con un 42% aproximado del capital, ha comprometido no vender ni transferir su posición dentro del año post IPO», completa Ignacio Rosenfeld, analista de mercado.

¿Conviene invertir en SpaceX?

A las claras, SpaceX muestra una perspectiva a futuro muy interesante como empresa, pero los analistas argentinos recomiendan «esperar» para comprar esta acción. Esto se debe a que las proyecciones indican que esta compañía, por el interés y fanatismo de varios inversores, comenzará a cotizar con un precio mucho más elevado al que representa y al que se podría acomodar en los próximos meses.

«Cuando sale a cotizar a Bolsa una empresa de esta magnitud, suelen ser caras las acciones, porque nadie quiere vender barato una porción de su compañía. Y, por otro lado, también presiona al alza su precio que mucha gente está desesperada por comprar. Entonces, yo creo que no es una opción comprar SpaceX apenas salga a cotizar, esperaría un tiempo para entrar a que el mercado corrija su valor», afirma Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss.

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 Y aconseja, para los inversores domésticos, «habría que esperar unos meses a que se emita localmente el Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR), para poder comprar en pesos a una porción de la acción, aunque no se sabe cuándo pasará».

Al respecto, Diedrichs coincide: «Si bien, la historia de SpaceX puede que entusiasme, no la veo conveniente para entrar cuando la oferta se haga pública. Es decir, me refiero a no comprar cuando su cotización esté disponible para ser operada por el público en general. Es que, usualmente, las compañías que salen a cotizar en un IPO no tienen resultados positivos en el corto plazo. Me arriesgo a decir en los dos primeros años. Por lo tanto, no me genera entusiasmo desde lo personal, prefiero comprar con resultados a la vista».

Según Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, «por regla general, nunca conviene invertir en una IPO, de ninguna empresa, porque en la gran mayoría de los casos la valuación a la que salen a cotizar es alta, ya que el banco de inversión logra así validar su trabajo, aunque a costa de sus otros clientes, y esta no parece ser la excepción». 

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En cuanto al valor bursátil, existen opiniones muy dispares, entre los bancos de inversión de Nueva York, sobre el precio en que puede salir a cotizar SpaceX.

«Se proyecta una futura IPO con una valuación objetiva de u$s1,75 billones, aunque analistas y fondos de Wall Street estiman un valor más cercano a u$s780.000 millones. La diferencia entre ambas cifras genera expectativas de una fuerte volatilidad inicial, con posibles caídas del 15% al 50% tras el debut bursátil«, dice Repetto. 

Así, agrega Guidi: «Se dice que la gerencia está buscando que el mercado le convalide una capitalización de mercado de u$s1,75 billones, lo cual me parece un delirio, porque la empresa actualmente tiene ingresos menores a los u$s20.000 millones y tiene resultado operativo negativo, o sea, pierde plata». 

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En ello asiente Rosenfeld: «Analistas independientes, como por ejemplo Morningstar, han puesto dudas sobre la actual valuación de la compañía, llegando a recortar hasta casi un 48% las estimaciones de valor. En tal sentido, las principales dudas radican, principalmente, en el nivel de cash flow que Starlink vaya a generar durante los próximos años».

En función de lo anterior, completa: «No obstante, la promesa interesante que ofrece una compañía tecnológica con un fundador tan exitoso detrás, me inclinaría más por continuar analizando el desarrollo de la cotización post IPO, más aún considerando que históricamente los IPOs vienen aparejados de fuertes correcciones luego de las primeras semanas».

Qué precio es el ideal para SpaceX

Por el lado del precio que tendría la acción de SpaceX, según la valuación actual de la compañía, de forma objetiva, para Repetto vale en torno a los u$s135, pero las estimaciones de cotización que alcanzará en la Bolsa oscilan entre u$s180 y u$s700, reflejando la «incertidumbre del mercado», acota este analista.

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Al respecto, Castro suma: «El punto de cautela pasa por la valuación. A u$s135 por acción, gran parte del crecimiento futuro ya estaría incorporado en el precio, por lo que no parece una oportunidad barata desde el inicio. Por eso, más que comprar agresivamente el primer día, preferiría esperar a ver cómo convalida el mercado ese valor después del debut». 

Entonces, indica que si luego de la IPO aparece una corrección hacia la zona de los u$s110 a u$s120, «me parecería un punto de entrada más atractivo, ya que implicaría una baja de aproximadamente 11% a 19% frente al precio de colocación». 

En cambio, Castro advierte que si la acción debuta con una suba fuerte por encima de u$s150, «preferiría no perseguir el precio y esperar una toma de ganancias. En síntesis, la veo como una excelente historia de largo plazo, pero para perfiles agresivos y cuidando mucho el precio de entrada, para aquellos inversores que busquen exposición a una compañía disruptiva y con potencial».

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La reflexión general que se considera es que la publicación de los estados financieros de la empresa será «clave» para definir una valuación más precisa antes de una eventual salida a Bolsa. En concreto, Repetto considera que el primer balance de la compañía podría concretarse hacia septiembre.

Según los analistas de Wall Street, el nuevo protocolo de «entrada rápida» (fast entry) del Nasdaq obligará a los fondos indexados a realizar compras masivas de acciones poco después del debut, lo que podría generar una «presión alcista artificial» en las primeras ruedas.

En conclusión, se considera que el «gran negocio», en esta primera instancia, será para los accionistas que entraron en la conformación de la compañía y que vendan parte de su participación cuando se lance su cotización pública. Para los ahorristas que busquen invertir en SpaceX, lo más recomendable es esperar a que se reacomode el precio de la acción.-

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ECONOMIA

El Gobierno dictó un protocolo para proteger la propiedad intelectual de la semillas y espera un salto exportador

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EFE/Cézaro De Luca/Archivo

A través de una resolución conjunta de la secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de las Semillas (Inase) el Gobierno estableció un protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas y con ello reducir su uso no autorizado.

En base a lo dispuesto por la ley de Semillas N° 20.247, el nuevo protocolo tendrá como objetivo “el control de la identidad varietal en grano” para proteger “los derechos de los obtentores sobre las variedades vegetales registradas” y establece mecanismos destinados a asegurar “la propiedad intelectual sobre las creaciones fitogenéticas”.

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Con esta regulación publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno estima que se generará un salto exportador para el sector agropecuario.

“Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales”, señaló en la red social X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Adorni: “Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas". EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Adorni: “Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas». EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Los considerandos de la norma señalan que a los fines de garantizar el correcto uso de variedades protegidas, resulta necesario impulsar la suscripción de acuerdos con entidades privadas especializadas que puedan colaborar activamente, aportando capacidad técnica, infraestructura y métodos específicos.

“La articulación entre el sector público y el sector privado permitirá optimizar los procesos de control, garantizando una mayor trazabilidad y transparencia en el mercado de semillas, así como la adecuada protección de los derechos de los obtentores, lo que a su vez constituye un incentivo clave para la inversión en el desarrollo de nuevas variedades y el incremento de la productividad del sector agroindustrial”, sostiene la resolución oficial.

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El control de la identidad varietal en granos funciona a partir de la toma de muestras en el primer punto de entrega, realizado únicamente en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

La toma de muestras sigue procedimientos técnicos específicos y solo pueden analizar las muestras las Cámaras Arbitrales o entidades privadas que tengan convenio o estén habilitadas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

El análisis se realiza utilizando métodos reconocidos por el INASE. Luego, los laboratorios deben remitir los resultados de forma inmediata y simultánea al titular de la variedad registrada y al titular de la muestra.

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La articulación entre el sector público y el sector privado permitirá optimizar los procesos de control, garantizando una mayor trazabilidad y transparencia en el mercado de semillas (fauba)

El propietario de la tecnología dispone de 60 días corridos desde la emisión del certificado de análisis para presentar una denuncia si detecta un uso irregular. Durante ese plazo, las muestras se conservan en un sobre cerrado. Si se inicia una acción legal, el plazo de conservación se suspende hasta que la muestra sea remitida al INASE.

Si el titular de la variedad presenta una denuncia, solicita que la entidad que hizo el análisis envíe la muestra de respaldo y la porción analizada al INASE, que luego da curso a las acciones administrativas correspondientes.

El protocolo se aplica a los cultivares inscriptos a partir de la publicación de la norma y el incumplimiento puede ser sancionado según la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247. El procedimiento busca garantizar trazabilidad y transparencia en el mercado.

La medida surge al mismo tiempo que se espera el debate de una actualización de la Ley de Semillas. Cabe recordar que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el director del INASE, Martín Famulari, se reunieron a fines de abril con entidades agropecuarias y representantes del sector semillero para analizar un nuevo proyecto orientado a fortalecer el control sobre el uso de semillas.

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Entre los principales ejes del nuevo proyecto se destacan el establecimiento de controles en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos; este es el nodo más eficiente para el monitoreo, ya que concentra el flujo previo a su dispersión.

“La iniciativa presentada por el Gobierno nacional busca equilibrar la protección efectiva de los derechos de los obtentores, que resulta clave para incentivar la inversión en innovación, con el respeto de los derechos de los productores establecidos en la normativa vigente”, habían asegurado fuentes oficiales.

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