La OCDE advirtió sobre un fuerte impacto económico global en 2026 por la guerra en Medio Oriente. El organismo recortó sus proyecciones de crecimiento y alertó sobre un aumento de la inflación mundial por el encarecimiento de la energía y los fertilizantes.

En su último informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo drásticamente sus estimaciones respecto a marzo. El panorama ahora es más sombrío.

El crecimiento mundial pasará del 3,4% en 2025 al 2,8% del PBI en 2026 si las perturbaciones derivadas del conflicto son «limitadas» en el tiempo, pero la desaceleración podría ser mayor este año, hasta el 2,1%, si la crisis se prolonga hasta 2027. En marzo, el organismo había proyectado un 2,9%.

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, fue contundente en su diagnóstico. «El choque energético derivado del conflicto en Medio Oriente es real y grave», aseguró.

«Está generando un aumento de los costos y de la incertidumbre para los hogares y las empresas en todo el mundo», agregó el funcionario.

Por qué el conflicto impacta tanto en la economía global

La guerra lanzada el 28 de febrero contra Irán por Estados Unidos e Israel sacudió la economía mundial de manera inmediata. El bloqueo que hizo Teherán del estrecho de Ormuz fue el golpe más duro.

Este paso marítimo es fundamental para el transporte de hidrocarburos. Por allí circula cerca del 20% del petróleo mundial y un tercio del gas natural licuado que se comercializa por mar.

Tras alcanzar un frágil cese el fuego el 8 de abril, las negociaciones indirectas entre Washington y la república islámica para poner fin a la guerra se encuentran estancadas desde hace semanas. La incertidumbre persiste.

La OCDE no guarda optimismo sobre una solución rápida. «Los efectos económicos de este conflicto probablemente se sentirán durante bastante tiempo, incluso después de que termine», subraya el informe, que señala la necesidad de reparar las infraestructuras dañadas y las vías de transporte.

Entre las economías más afectadas se encuentran las asiáticas y los países en desarrollo. Estos últimos son particularmente vulnerables por su dependencia de las importaciones de energía.

Qué regiones sufrirán más el impacto

La organización con sede en París indicó que «el impacto se sentirá en todas partes». La razón es clara: las interconexiones en las cadenas de suministro mundiales y la integración de los mercados energéticos globales.

Si las perturbaciones se prolongan más allá de 2026, algunas economías podrían caer incluso en «recesión», advierte el documento. El riesgo es real y creciente.

La OCDE prioriza la perspectiva de una salida negociada al conflicto, con perturbaciones limitadas. En este contexto más optimista, proyecta un crecimiento de la economía estadounidense del 2% en 2026.

China crecería por su parte un 4,5% este año, a un ritmo notablemente menor que India, que lideraría con un 6,3%. La potencia asiática se beneficia de su menor exposición al encarecimiento energético.

La expansión de la economía de la zona euro sería del 0,8%, con España (2,2%) por delante de las principales potencias europeas. Alemania y Francia, ambas con un 0,7%, mostrarían un desempeño particularmente débil.

Qué proyecta la OCDE para América Latina

El informe revisa al alza su previsión de expansión para Brasil en 2026: ahora estima un 1,6%, una mejora de 0,1 puntos respecto a marzo. La economía brasileña mostraría mayor resiliencia ante el shock externo.

Para Argentina, la OCDE deja sin cambios su proyección en un 2,8%. La economía del país mantendría este ritmo de crecimiento según las estimaciones del organismo.

México, en cambio, sufre un recorte significativo. La OCDE rebaja su estimación al 1,3%, una caída de 0,5 puntos respecto a la proyección de marzo. La economía mexicana sentiría con más fuerza el enfriamiento de Estados Unidos.

Cómo evolucionará la inflación mundial

En este escenario de perturbaciones limitadas, la OCDE estima que la inflación anual en el grupo de economías del G20 debería progresar del 3,4% en 2025 al 4% en 2026.

Luego vendría una desaceleración al 3,1% en 2027, a medida que los precios de la energía y de la alimentación se moderen. El organismo considera que el pico inflacionario de 2026 será temporal, pero advierte que podría prolongarse si el conflicto se extiende más allá de lo esperado.

Los bancos centrales enfrentan un dilema complejo. Por un lado, la presión inflacionaria exige mantener tasas elevadas. Por otro, el riesgo de recesión sugiere la necesidad de flexibilizar la política monetaria.

Qué recomendaciones da la OCDE a los países

La OCDE llama a los países a reducir su dependencia de las importaciones de hidrocarburos y a diversificar sus fuentes de energía. Estos dos factores son clave para aumentar la resiliencia.

Stefano Scarpetta, economista jefe del organismo, destacó el caso español. Estos factores «permitieron a España resistir esta crisis energética quizás mejor que otros países europeos», señaló.

Cormann subrayó el rol de la energía nuclear. «Ampliar la capacidad nuclear, incluso mediante pequeños reactores modulares, puede proporcionar energía fiable y con bajas emisiones», afirmó.

Esta alternativa complementaría a las renovables y cubriría el aumento de la demanda derivada de las tecnologías digitales, agregó el secretario general.

La organización también insta a los bancos centrales a mantenerse «vigilantes». Considera «necesario» un ajuste de la política monetaria «si se observan indicios de una generalización de las presiones sobre los precios».

También pide ajustes si aparecen «señales de una moderación importante del crecimiento». El equilibrio entre controlar la inflación y evitar una recesión será el desafío central para los responsables de política económica en 2026.

La ampliación de la base tributaria en el impuesto a las Ganancias es una de esas propuestas que generan la opinión mayoritaria en el gremio de los economistas pero que están prohibidas en términos políticos. De hecho, ya forma parte importante del debate interno el impacto electoral que tendría la sugerencia del Fondo Monetario Internacional.

Y los analistas políticos creen que, tal como está planteada, la reforma implicaría un elevado riesgo electoral para el gobierno de Javier Milei, sobre todo si el debate se da en un contexto de pérdida de los salarios contra la inflación -algo que viene ocurriendo desde septiembre del año pasado-.

Tal como informó iProfesional, desde el Palacio de Hacienda admiten que el escenario económico no tolera otro ajuste. «Toto está preocupado. No quiere ajustar más y el FMI le exige más suba de impuestos», señalaron fuentes oficiales a iProfesional. «No está en los planes aumentar los impuestos que plantea el FMI», agregan las mismas fuentes.

Los antecedentes históricos son elocuentes al respecto. Fue Cristina Kirchner quien pagó el mayor costo, con su derrota en las legislativas de 2013. En aquel momento, como el «piso» a partir del cual se pagaba el impuesto no seguía a la inflación, se llegó a una situación en que el impuesto alcanzaba al 25% de los asalariados.

Es, coincidentemente, una cifra cercana a la que pasaría a tributar ahora si el gobierno de Milei aplicara la recomendación del FMI, en el sentido de dar de baja impuestos distorsivos, y sustituir ese ingreso fiscal por un impuesto a las Ganancias que abarque a mayor cantidad de personas.

La argumentación de quienes apoyan esa reforma es que, mientras en Argentina este impuesto al ingreso de los asalariados aporta un 8% de la recaudación total, en los países desarrollados que forman parte de la OCDE, el porcentaje sube a 24%. Y, si se mide en términos de PBI, en Argentina el impuesto a las Ganancias equivale a sólo un 2% mientras que el promedio de los países ricos recauda más de un 8%.

No faltan incluso los economistas que afirman que si, en vez de aumentar la base de Ganancias, se incrementaran los aportes patronales, el efecto fiscal sería parecido y el salario sufriría de la misma manera -porque los empresarios trasladarían el mayor costo fiscal a la paga de haberes-. Pero que, en ese caso, el cambio sería políticamente más aceptado.

Lo cierto es que pocos temas han sido tan «piantavotos» como el impuesto a las Ganancias, sobre todo porque en su origen se trató de un tributo que afectaría sólo a individuos de altos ingresos, que con el paso de los años terminó alcanzando a la clase media.

Cristina y la disyuntiva peronista

El antecedente del gobierno kirchnerista es claro. Afectada por una caída en otros impuestos más vinculados a la actividad comercial e industrial, Cristina Kirchner se tornaba cada vez más dependiente de lo que Ganancias dejaba en las arcas fiscales.

Contradiciendo a sus críticos, decía que, sin esos ingresos, le resultaría imposible financiar el costo fiscal de ayudas como la Asignación Universal por Hijo. Fue allí cuando surgió el debate respecto de si un verdadero peronista debía defender o combatir el polémico impuesto.

Pero, del lado de enfrente, había tal unanimidad sobre la necesidad de aliviar a los asalariados, que el reclamo unió a dirigentes tan diversos como Mauricio Macri, Sergio Massa y Hugo Moyano.

Se llegó al punto de que cambió la prioridad de reclamos sindicales. Moyano, que lideraba uno de los gremios que más había mejorado el ingreso, empezó a preocuparse más por las Ganancias que por las paritarias, porque sabía que de nada servía ganar algunos puntos porcentuales de aumento que luego serían licuados por el Impuesto.

Fue entre 2012 y 2015 que se produjeron las mayores manifestaciones sobre este tema, bajo el eslogan «El salario no es ganancia».

Y, en buena medida, fue gracias al impuesto a las Ganancias que Sergio Massa tuvo su lanzamiento político, con el triunfo en las legislativas de 2013. En ese momento, tras su derrota en las PASO, Cristina, a regañadientes, terminó accediendo a una mejora que, de los 2,4 millones de contribuyentes que pagaban Ganancias, exoneraba a 1,5 millón por la vía de un súbito aumento del «mínimo no imponible».

En aquel momento, la oposición acusó al gobierno de «robar» una propuesta de los otros partidos. Y Massa fue quien más duramente «chicaneó» a la presidente, a quien desafió a sacar la medida por ley y no por decreto, de manera que se pudiera establecer un mecanismo de indexación automática para que la inflación no termine neutralizando el beneficio. De todas formas, el alivio tardío dejó a Cristina sin recaudación tributaria y con derrota electoral.

A Macri le llegó la factura

El debate se renovó luego, cuando ya con Macri en la Casa Rosada, se trató una nueva ley para Ganancias, y el peronismo le inflingió una derrota en la cámara de diputados. El proyecto opositor reducía a la mínima expresión la base imponible, pero Macri tuvo dos ayudas inesperadas.

La primera fue un error de cálculo cometido por los diputados opositores -con Axel Kicillof a la cabeza-, que habían subestimado el costo fiscal. El número previsto inicialmente por la oposición peronista era de u$s3.000 millones, mientras el gobierno macrista estimaba el triple.

Entonces Macri tuvo la picardía política de hacer lo contrario a lo que todos esperaban: cuando se daba por obvio que vetaría la ley por sus inconsistencias fiscales, avisó que la mantendría tal como saliera del congreso. El mensaje era claro: no estaba dispuesto a regalarle al peronismo la victoria consistente en votar una ley simpática pero infinanciable y luego asumir el costo político de vetarla, de manera que el peronismo disfrutase del rédito de su discurso popular y no asumiera responsabilidad por las consecuencias de ese proyecto.

Entonces llegó la otra ayuda, la de los gobernadores provinciales, en su mayoría peronistas, que no querían perderse su mitad de la recaudación de Ganancias. Y, por lo tanto, le dieron apoyo en el Senado a Macri para mantener una base tributaria amplia.

De todas formas, la alegría de Macri no duró mucho, porque tras su dura derrota en las PASO de 2019, adoptó un paquete de medidas de urgencia, entre las cuales se encontraba el alivio de Ganancias hasta fin de año. Como a Cristina seis años antes, tampoco le alcanzó a Macri para revertir el malhumor.

Contradicciones en el Congreso

Ya durante la gestión de Alberto Fernández, el tema de Ganancias generó una fisura interna. Massa volvió a tomar el tema como bandera, y presentó un proyecto para que los contribuyentes pasaran otra vez a ser el 10% de los asalariados mejor pagos, y con un ajuste por inflación en el mínimo no imponible.

La facción kirchnerista sostenía que esa medida sacrificaría recursos fiscales para favorecer a asalariados de clase media que, de todas formas, nunca votarían al peronismo. Es probable que ese sector haya sentido que su visión era la correcta, dado que el proyecto de Massa se aprobó en marzo de 2021, pero el gobierno igualmente fue derrotado en las legislativas.

Aun así, Massa y la mayoría del peronismo no cambiaron su visión, dado que en 2023, en pleno cierre de la campaña presidencial, se votó otro proyecto que prácticamente eliminó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría -es decir, dejó de afectar a asalariados y quedó sólo como un impuesto para empresas-.

El proyecto fue aprobado, y entre los votantes estuvo el entonces diputado Javier Milei.

Cuando se le cuestionó su voto como una contradicción en su discurso fiscalista -se estimaba que la ley costaría 0,8 puntos del PBI-, Milei ya tenía la respuesta preparada. Dijo que había que cambiar la forma de concebir el equilibrio fiscal: no se trataba de adecuar los impuestos al volumen del gasto público, sino de llevar las partidas presupuestaria al nivel que resultara pagable con la recaudación tributaria.

Una medida difícil

El resto es historia reciente: ni bien asumido en su cargo de presidente, en su primer decreto de necesidad y urgencia, Milei retrotrajo la situación de Ganancias a como estaba antes de la ley que él mismo había votado.

Para todos resultó un debate incómodo. Milei tuvo su primer choque con la justicia, que le exigió sacar el tema por ley. Y la CGT despertó de un letargo de cuatro años para convocar de inmediato a un paro general.

Los gobernadores provinciales -a quienes Massa les había prometido que lo que perdieran por Ganancias les sería compensado con una coparticipación del impuesto al Cheque-, se encontraron con una repentina caída de ingresos fiscales. Esto los llevaba, por un lado, a sentir la presión de apoyar la iniciativa de Milei en el Congreso, pero por otra parte los enemistaba con la cúpula de la CGT, que tenía al tema Ganancias en el tope de su agenda de prioridades.

Lo cierto es que todos quienes votaron la restitución del odiado tributo -rebautizado como impuesto a los Ingresos- sintieron que habían pagado un costo político. Y ahondar en esa reforma, justo en un momento en el que el salario lleva -hasta marzo, último dato del Indec- una saga de siete meses de pérdida contra la inflación, no parece ser la mejor forma de recuperar la simpatía popular.

Precisamente, el objetivo del gobierno es revertir la caída de Milei en las encuestas de imagen. Un reciente sondeo de consultora Zentrix reveló que el 59,5% de la población quiere un cambio en el rumbo económico, y que un 64,4% apenas llega con sus ingresos al día 20 de cada mes.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, adelantó en Infobae en Vivo, que ante la crítica situación en las cuentas públicas de la provincia, deberá volver a utilizar la cuasimoneda “chachos”, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), para el pago de aumentos de sueldo.

Esta medida busca aliviar la situación salarial mientras persiste el contexto crítico que atraviesan las provincias argentinas. De cara al pago de aguinaldos, Quintela sostuvo: “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”.

El mandatario riojano explicó que el bono “Chacho”, que había funcionado previamente como una herramienta de emergencia, regresará bajo la misma denominación y podría comenzar a pagarse con los haberes de julio, que se percibirán en agosto.

La figura del bono “Chacho” surgió como respuesta a las restricciones financieras y originalmente tenía un plazo de vencimiento fijado para diciembre de 2024. Según Quintela, su implementación resultó positiva y ahora se prevé su reanudación para reducir el impacto de la crisis en los salarios provinciales. “No quiero que pierdan, quiero que se pierda lo menos posible”, manifestó el gobernador, en alusión a los trabajadores estatales.

Frente a la consulta sobre si el bono se utilizará para el pago del aguinaldo, Quintela aclaró: “Para el aguinaldo no, tal vez se pueda utilizar para un incremento”. Así, el mandatario señaló que la provincia busca alternativas para sostener el poder adquisitivo mientras evalúa las posibilidades de aplicar mejoras salariales durante los próximos meses.

Vale mencionar que el gobierno riojano había solicitado a Nación $85.000 millones en concepto de adelanto de la coparticipación, pero por el momento no hay novedades de parte del Ejecutivo.

En términos generales, sobre la situación del país, contó: “Nos reunimos 10 gobernadores, y la situación es crítica, por el cierre comercios, el cierre de las pymes, la caída de la industria, las pérdidas de puestos de trabajo, la inflación”.

Sobre el encuentro, señaló también que cree que cada gobernador trata de salvarse como puede y que eso es un error: “Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”.

“Nosotros lo que estamos procurando es que los recursos vayan a las provincias para generar las condiciones favorables y que nuestra gente viva un poquito mejor”, remarcó Quintela.

Asimismo, aseguró que el RIGI “es una entrega total de nuestros recursos” y aún más el Súper RIGI.

Por otra parte, sostuvo que el ministro de Economía, Luis Caputo, “no conoce el país”. “Lo único que conoce es la política de beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero”, agregó.

En la misma línea, afirmó: “Creo que los argentinos y las argentinas están pasando por un momento muy complejo, muy difícil, inclusive de entender el por qué de esta situación. Hay un presidente que trabaja exclusivamente por un círculo muy minúsculo”.

“Es necesario empezar a hablar de una manera diferente: de cómo desarrollamos el país, de cómo volvemos a industrializar la Argentina y de cómo recuperamos una Argentina potencia. Muchos países miran a la Argentina con una sana envidia por el enorme potencial que posee”, sostuvo.

“Queremos un país autosustentable, fabricar de vuelta aviones, fabricar de vuelta trenes, locomotoras, buques, barcos, armar nuestro propio esquema de defensa”, apuntó Quintela, quien advirtió también por el deterioro de la infraestructura por la falta de inversión, principalmente en rutas.

Mirá la entrevista completa a Ricardo Quintela:

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