La ampliación de la base tributaria en el impuesto a las Ganancias es una de esas propuestas que generan la opinión mayoritaria en el gremio de los economistas pero que están prohibidas en términos políticos. De hecho, ya forma parte importante del debate interno el impacto electoral que tendría la sugerencia del Fondo Monetario Internacional.

Y los analistas políticos creen que, tal como está planteada, la reforma implicaría un elevado riesgo electoral para el gobierno de Javier Milei, sobre todo si el debate se da en un contexto de pérdida de los salarios contra la inflación -algo que viene ocurriendo desde septiembre del año pasado-.

Tal como informó iProfesional, desde el Palacio de Hacienda admiten que el escenario económico no tolera otro ajuste. «Toto está preocupado. No quiere ajustar más y el FMI le exige más suba de impuestos», señalaron fuentes oficiales a iProfesional. «No está en los planes aumentar los impuestos que plantea el FMI», agregan las mismas fuentes.

Los antecedentes históricos son elocuentes al respecto. Fue Cristina Kirchner quien pagó el mayor costo, con su derrota en las legislativas de 2013. En aquel momento, como el «piso» a partir del cual se pagaba el impuesto no seguía a la inflación, se llegó a una situación en que el impuesto alcanzaba al 25% de los asalariados.

Es, coincidentemente, una cifra cercana a la que pasaría a tributar ahora si el gobierno de Milei aplicara la recomendación del FMI, en el sentido de dar de baja impuestos distorsivos, y sustituir ese ingreso fiscal por un impuesto a las Ganancias que abarque a mayor cantidad de personas.

La argumentación de quienes apoyan esa reforma es que, mientras en Argentina este impuesto al ingreso de los asalariados aporta un 8% de la recaudación total, en los países desarrollados que forman parte de la OCDE, el porcentaje sube a 24%. Y, si se mide en términos de PBI, en Argentina el impuesto a las Ganancias equivale a sólo un 2% mientras que el promedio de los países ricos recauda más de un 8%.

No faltan incluso los economistas que afirman que si, en vez de aumentar la base de Ganancias, se incrementaran los aportes patronales, el efecto fiscal sería parecido y el salario sufriría de la misma manera -porque los empresarios trasladarían el mayor costo fiscal a la paga de haberes-. Pero que, en ese caso, el cambio sería políticamente más aceptado.

Lo cierto es que pocos temas han sido tan «piantavotos» como el impuesto a las Ganancias, sobre todo porque en su origen se trató de un tributo que afectaría sólo a individuos de altos ingresos, que con el paso de los años terminó alcanzando a la clase media.

Cristina y la disyuntiva peronista

El antecedente del gobierno kirchnerista es claro. Afectada por una caída en otros impuestos más vinculados a la actividad comercial e industrial, Cristina Kirchner se tornaba cada vez más dependiente de lo que Ganancias dejaba en las arcas fiscales.

Contradiciendo a sus críticos, decía que, sin esos ingresos, le resultaría imposible financiar el costo fiscal de ayudas como la Asignación Universal por Hijo. Fue allí cuando surgió el debate respecto de si un verdadero peronista debía defender o combatir el polémico impuesto.

Pero, del lado de enfrente, había tal unanimidad sobre la necesidad de aliviar a los asalariados, que el reclamo unió a dirigentes tan diversos como Mauricio Macri, Sergio Massa y Hugo Moyano.

Se llegó al punto de que cambió la prioridad de reclamos sindicales. Moyano, que lideraba uno de los gremios que más había mejorado el ingreso, empezó a preocuparse más por las Ganancias que por las paritarias, porque sabía que de nada servía ganar algunos puntos porcentuales de aumento que luego serían licuados por el Impuesto.

Fue entre 2012 y 2015 que se produjeron las mayores manifestaciones sobre este tema, bajo el eslogan «El salario no es ganancia».

Y, en buena medida, fue gracias al impuesto a las Ganancias que Sergio Massa tuvo su lanzamiento político, con el triunfo en las legislativas de 2013. En ese momento, tras su derrota en las PASO, Cristina, a regañadientes, terminó accediendo a una mejora que, de los 2,4 millones de contribuyentes que pagaban Ganancias, exoneraba a 1,5 millón por la vía de un súbito aumento del «mínimo no imponible».

En aquel momento, la oposición acusó al gobierno de «robar» una propuesta de los otros partidos. Y Massa fue quien más duramente «chicaneó» a la presidente, a quien desafió a sacar la medida por ley y no por decreto, de manera que se pudiera establecer un mecanismo de indexación automática para que la inflación no termine neutralizando el beneficio. De todas formas, el alivio tardío dejó a Cristina sin recaudación tributaria y con derrota electoral.

A Macri le llegó la factura

El debate se renovó luego, cuando ya con Macri en la Casa Rosada, se trató una nueva ley para Ganancias, y el peronismo le inflingió una derrota en la cámara de diputados. El proyecto opositor reducía a la mínima expresión la base imponible, pero Macri tuvo dos ayudas inesperadas.

La primera fue un error de cálculo cometido por los diputados opositores -con Axel Kicillof a la cabeza-, que habían subestimado el costo fiscal. El número previsto inicialmente por la oposición peronista era de u$s3.000 millones, mientras el gobierno macrista estimaba el triple.

Entonces Macri tuvo la picardía política de hacer lo contrario a lo que todos esperaban: cuando se daba por obvio que vetaría la ley por sus inconsistencias fiscales, avisó que la mantendría tal como saliera del congreso. El mensaje era claro: no estaba dispuesto a regalarle al peronismo la victoria consistente en votar una ley simpática pero infinanciable y luego asumir el costo político de vetarla, de manera que el peronismo disfrutase del rédito de su discurso popular y no asumiera responsabilidad por las consecuencias de ese proyecto.

Entonces llegó la otra ayuda, la de los gobernadores provinciales, en su mayoría peronistas, que no querían perderse su mitad de la recaudación de Ganancias. Y, por lo tanto, le dieron apoyo en el Senado a Macri para mantener una base tributaria amplia.

De todas formas, la alegría de Macri no duró mucho, porque tras su dura derrota en las PASO de 2019, adoptó un paquete de medidas de urgencia, entre las cuales se encontraba el alivio de Ganancias hasta fin de año. Como a Cristina seis años antes, tampoco le alcanzó a Macri para revertir el malhumor.

Contradicciones en el Congreso

Ya durante la gestión de Alberto Fernández, el tema de Ganancias generó una fisura interna. Massa volvió a tomar el tema como bandera, y presentó un proyecto para que los contribuyentes pasaran otra vez a ser el 10% de los asalariados mejor pagos, y con un ajuste por inflación en el mínimo no imponible.

La facción kirchnerista sostenía que esa medida sacrificaría recursos fiscales para favorecer a asalariados de clase media que, de todas formas, nunca votarían al peronismo. Es probable que ese sector haya sentido que su visión era la correcta, dado que el proyecto de Massa se aprobó en marzo de 2021, pero el gobierno igualmente fue derrotado en las legislativas.

Aun así, Massa y la mayoría del peronismo no cambiaron su visión, dado que en 2023, en pleno cierre de la campaña presidencial, se votó otro proyecto que prácticamente eliminó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría -es decir, dejó de afectar a asalariados y quedó sólo como un impuesto para empresas-.

El proyecto fue aprobado, y entre los votantes estuvo el entonces diputado Javier Milei.

Cuando se le cuestionó su voto como una contradicción en su discurso fiscalista -se estimaba que la ley costaría 0,8 puntos del PBI-, Milei ya tenía la respuesta preparada. Dijo que había que cambiar la forma de concebir el equilibrio fiscal: no se trataba de adecuar los impuestos al volumen del gasto público, sino de llevar las partidas presupuestaria al nivel que resultara pagable con la recaudación tributaria.

Una medida difícil

El resto es historia reciente: ni bien asumido en su cargo de presidente, en su primer decreto de necesidad y urgencia, Milei retrotrajo la situación de Ganancias a como estaba antes de la ley que él mismo había votado.

Para todos resultó un debate incómodo. Milei tuvo su primer choque con la justicia, que le exigió sacar el tema por ley. Y la CGT despertó de un letargo de cuatro años para convocar de inmediato a un paro general.

Los gobernadores provinciales -a quienes Massa les había prometido que lo que perdieran por Ganancias les sería compensado con una coparticipación del impuesto al Cheque-, se encontraron con una repentina caída de ingresos fiscales. Esto los llevaba, por un lado, a sentir la presión de apoyar la iniciativa de Milei en el Congreso, pero por otra parte los enemistaba con la cúpula de la CGT, que tenía al tema Ganancias en el tope de su agenda de prioridades.

Lo cierto es que todos quienes votaron la restitución del odiado tributo -rebautizado como impuesto a los Ingresos- sintieron que habían pagado un costo político. Y ahondar en esa reforma, justo en un momento en el que el salario lleva -hasta marzo, último dato del Indec- una saga de siete meses de pérdida contra la inflación, no parece ser la mejor forma de recuperar la simpatía popular.

Precisamente, el objetivo del gobierno es revertir la caída de Milei en las encuestas de imagen. Un reciente sondeo de consultora Zentrix reveló que el 59,5% de la población quiere un cambio en el rumbo económico, y que un 64,4% apenas llega con sus ingresos al día 20 de cada mes.