En una decisión histórica que expande el poder presidencial sobre el gobierno federal, la Corte Suprema de Estados Unidos votó este lunes permitir que el presidente Donald Trump pueda destituir a un funcionario de un organismo nacional sin causa o por razones políticas, revirtiendo así 90 años de precedentes legales que habían impedido la remoción de cargos independientes.

Esta decisión fue considerada como una “gran victoria” por el jefe de la Casa Blanca, quien también fue derrotado el mismo día por otros tres fallos del máximo tribunal sobre temas distintos que complican al presidente: la Corte consideró que no puede echar a funcionarios de la Reserva Federal; autorizó a que se puedan contar los votos que lleguen por correo hasta 5 días después de las elecciones y rechazó anular la conclusión de un jurado de que el presidente abusó sexualmente a la escritora Jean Carroll y por lo tanto deberá pagar una indemnización de US$5 millones.

En una de las últimas sesiones antes del receso de vacaciones de verano, la Corte decidió sobre una serie de casos diferentes de fuerte impacto.

En un fallo que Trump celebró en sus redes sociales, el Tribunal avaló que el presidente destituya a una miembro demócrata de la Comisión Federal de Comercio, Rebecca Slaughter, por razones políticas, cambiando así 90 años de precedentes que habían impedido la destitución de funcionarios independientes y ampliando significativamente el poder presidencial.

La decisión fue por 6-3, con el voto mayoritario de los jueces conservadores del tribunal, que se alinearon contra los más progresistas

En nombre de la mayoría, el presidente del Tribunal John Roberts declaró que las protecciones de destitución «por causa justificada» impuestas por el Congreso a más de dos docenas de agencias gubernamentales independientes y bipartidistas violaban la separación de poderes. «El presidente puede destituir a sus subordinados a voluntad», escribió Roberts.

La decisión otorga a Trump y a futuros presidentes más control sobre el gobierno y, en la práctica, pone fin a la naturaleza bipartidista e independiente de las agencias reguladoras que supervisan muchos aspectos de la vida estadounidense. La decisión podría afectar a más de 25 agencias independientes de todo el gobierno federal, entre ellas la Comisión Federal de Comercio, la Comisión Federal Electoral, la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión Federal de Comunicaciones y decenas de otras, aisladas de la política en aras de la coherencia regulatoria.

El presidente Trump calificó la decisión del Tribunal Supremo como una «GRAN VICTORIA» en la red Truth Social y «una de las más importantes jamás otorgadas en cuanto a los poderes presidenciales.»

En su disidencia, la jueza Sonia Sotomayor, acompañada por las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, acusó a sus colegas de respaldar una teoría de «control ejecutivo total» inimaginable para los fundadores del país. «El resultado es un presidente que emerge con mucho más poder que nunca», escribió Sotomayor.

Desde un fallo de 1935, agencias independientes –históricamente lideradas por expertos en la materia de ambos partidos– han vigilado las operaciones bursátiles, los sistemas de transporte, las campañas electorales, la seguridad de productos de consumo y las licencias de radiodifusión. La sentencia supone una derrota para los sectores más progresistas, que durante mucho tiempo han defendido el papel independiente de las agencias.

Si bien los jueces de la Corte en el primer caso consideraron que Slaughter podía ser destituida, en otra sentencia frenaron los esfuerzos de Trump para destituir a la gobernadora de la FED, Lisa Cook, a quien el presidente había señalado mientras presionaba al banco central para que bajara los tipos de interés. Los jueces subrayaron el “papel único” de la Reserva Federal y advirtieron que el fallo anterior no debía interpretarse como que se extendía al banco central.

En la FED –que tiene una gran influencia sobre la economía y una larga historia de independencia frente a fuerzas políticas– los jueces afirmaron que no se podía despedir a los funcionarios a voluntad, solo por causa justificada.

Luego de que se revelara el fallo, Cook afirmó que el intento del presidente de destituirla “se basó en un pretexto fabricado» por negarse a “ceder ante presiones políticas” para intervenir en las tasas de interés.

Trump buscó minimizar la derrota, dijo que fue una cuestión de “procedimiento” de la Corte y que tomaría “medidas inmediatas y adecuadas para garantizar que alguien que ha cometido irregularidades no tome decisiones vitales sobre el bienestar de Estados Unidos”.

En otro fallo que significa un revés para Trump, la Corte Suprema confirmó el lunes una ley estatal que permite contar los votos por correo recibidos después del día de la elección.

En una decisión de 5 a 4, el máximo tribunal rechazó una impugnación republicana a una ley del estado de Mississippi que permite contabilizar las boletas enviadas por correo si tienen matasellos del día de la elección y llegan dentro de los cinco días hábiles posteriores a esa jornada.

Trump siempre ha sido un fuerte crítico del voto por correo, que según él contribuyó a su derrota en 2020 frente al demócrata Joe Biden porque supuestamente fueron votos manipulados, algo que no pudo probar ante los tribunales. La realidad es que los votos por correo en recientes elecciones (sobre todo en la de 2020) fueron en mayoría de simpatizantes demócratas.

En marzo firmó una orden ejecutiva para tratar de endurecer las restricciones al sufragio por correspondencia, pero fue bloqueada por tribunales inferiores. En una publicación en Truth Social, Trump calificó el fallo de la Corte como una «pérdida tremenda» para los «derechos de los votantes

En otro fallo en contra de Trump, la Corte rechazó este lunes el intento del presidente de anular el veredicto de un jurado que le ordena pagar 5 millones de dólares tras determinar que abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en el probador de una tienda de Nueva York a mediados de la década de 1990. El máximo tribunal declinó abordar el caso en una breve orden sin explicación.

Me cuento entre los miles de venezolanos que hemos visto en las últimas horas, videos que circulan por Instagram, X, Facebook y otras redes sociales, en los que funcionarios uniformados –policías, militares– aprovechando las atribuciones que les otorga su rol y su uniforme- saquean entre los escombros. Llegan hasta los sitios donde hay viviendas o edificios que se han desplomado, a buscar dinero, joyas, electrodomésticos o cualquier bien que tenga valor.

¿Han dicho algo al respecto los jerarcas de la narco dictadura? Las autoridades, ¿han emitido alguna advertencia? ¿Han formulado alguna denuncia? Nada. Como siempre. Ni una palabra.

Cabe volver a preguntarse si estos hechos son episodios aislados, casos excepcionales o si, como ocurre con los procedimientos de secuestros y desapariciones forzadas; como ocurre con los encierros en centros de detención ilegales y secretos, y como ocurre con los métodos de tortura vigentes, también responden a un patrón.

Hay que preguntarse en el espacio público, si en el pillaje constante, el raterismo todo horario, las múltiples prácticas extorsivas, los impuestos furtivos e injustificados, el soborno en cualquier punto del territorio, el robo de los hogares durante allanamientos y capturas sin órdenes judiciales, hay que preguntarse, insisto e insistiré, si toda esta variedad de actuaciones al margen de la ley tienen algo en común, algo que pueda señalarse como una plataforma compartida.

La impunidad es la plataforma común del enorme catálogo de prácticas delictivas de policías y militares venezolanos. Los funcionarios entienden que no habrá investigación ni castigo por los delitos que cometan contra ciudadanos indefensos. Solo tienen un límite, un asunto en el que no pueden equivocarse: robar a enchufados y jefes del partido y del gobierno, lo que podría acarrearles algún castigo.

Salvo esa excepción, todo les está permitido. Y es que, en el fondo subyace una especie de creencia, un tácito paradigma: que el territorio venezolano, con sus habitantes y sus bienes, es un coto privado, casi un millón de kilómetros cuadrados para el uso y disfrute impune de uniformados, en especial si se muestran fanáticos del régimen o hacen activismo a su favor.

Estos son los cuerpos uniformados –minados moralmente, incompetentes hasta extremos patéticos, desprovistos de profesionalismo, pertenecientes a instituciones empobrecidas por la propia corrupción y el propio pillaje, funcionarios expertos en prebendas y corruptelas–, las entidades impotentes para responder a la tragedia venezolana desatada el 24 de junio, tras los dos terremotos y la cadena de réplicas que les han seguido.

Este es el drama al que la Venezuela sumida en la tragedia debe afrontar: la de un Estado –instituciones, funcionarios, disponibilidad de recursos–, hundido en las miserias, en la estupidez profunda, en el agotamiento, en la podredumbre de la corrupción. Uso aquí la palabra corrupción como un receptáculo que recoge una cultura de abusos, autoritarismo, desprecio hacia los ciudadanos, insensibilidad ante la muerte, una condición donde la estulticia y la prevaricación, aunque esto parezca contradictorio, no paran de crecer.

El Estado en situación de podredumbre o semi podredumbre es el Estado que, usando la Asamblea Nacional para sus fines siniestros, intensificó la persecución de ONGs y organizaciones del tercer sector en 2024, neutralizándolas, ilegalizándolas y persiguiendo a sus dirigentes, hasta conducir a varios de ellos al exilio. Esas estructuras, muchas de ellas altamente profesionales y experimentadas, no podrán aportar sus capacidades fundamentales para actuar ante las secuelas de los terremotos.

Se llegó al extremo de detener a trabajadores humanitarios de otros países, torturarlos y, a continuación, extorsionar a sus países de origen (Colombia, Italia); y se llegó a la medida insólita de intervenir judicialmente a la Cruz Roja de Venezuela para imponerles autoridades a la medida del gusto del régimen.

Es la podredumbre de la que hablo, la que mantiene el bloqueo a medios de comunicación y redes sociales cuando miles de familias demandan información, comunicación abierta y fluida en la búsqueda de sus familiares desaparecidos porque la sociedad en su conjunto necesita conocer la especificidad de lo ocurrido, saber de las víctimas, escuchar sobre los peligros que todavía subyacen.

Puesto que se sienten propietarios y señores de poder ilimitado sobre cada hecho y sobre cada punto del territorio, los uniformados cultivan otra especialidad: impedir que periodistas y reporteros gráficos hagan su trabajo, como si ello pudiese ocultar las terribles realidades del país, y en este momento, las dantescas escenas de edificios caídos, de personas que claman por auxilio bajo el retorcimiento de los escombros, de uniformados que aparecen en escena especialmente en la noche, con las manos vacías, y que buscan entre los restos qué robar, qué más pueden sustraer para engordar sus bolsillos.

La podredumbre es un Estado que obliga a la misión de la ONU en Venezuela a contratar como funcionarios a miembros del partido oficial; o es el Estado que carece de un plan para responder a las demandas de las familias de La Guaira, donde la vida se ha reducido a escombros; o es el Estado que de los cinco millones de milicianos que anunciaba hace unos pocos meses, no cuenta ni con un centenar para auxiliar a las víctimas del horror sísmico; o es el Estado que, a estas horas, hace denodados esfuerzos, preparativos para controlar y saquear la ayuda internacional.

El Estado podrido de la narco dictadura es el que, ahora mismo, no pude responder a la más acuciantes y escandalosas de las preguntas: ¿dónde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Dónde, sus poderosas y cacareadas fuerzas rescatistas? ¿Dónde los recursos logísticos, maquinarias, herramientas e insumos para atender al sufrimiento de las víctimas?

Y cierro con esto: El Estado podrido de la narco dictadura es el que, a esta hora, se prepara para saquear la ayuda humanitaria proveniente de otros países, de familiares y de ciudadanos del mundo conmovidos por el sufrimiento continuo y exacerbado de los venezolanos.