El gobierno de Javier Milei lanzó la licitación para la venta del 90% de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y dio así el primer paso significativo de su plan de privatizaciones, pero en el Congreso aparecieron las primeras resistencias a través de un proyecto presentado por el kirchnerismo, pero con un guiño de bloques alineados con gobernadores.

La iniciativa busca impedir la transferencia de AySA a manos privadas y fue planteada como un tema de «preferencia» en la última sesión del Senado por Eduardo «Wado» de Pedro (Unión por la Patria), justo después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la puesta en marcha del proceso que se abrió formalmente este viernes.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el pliego de condiciones técnicas, legales y financieras para la venta de la empresa estatal de aguas en el marco de una licitación pública «nacional e internacional», por lo que incluye tanto a jugadores locales como extranjeros. La presentación de ofertas (primera etapa) concluye el 27 de agosto.

Con la privatización de AySA ya abierta, si la oposición logra avanzar con el tratamiento del proyecto antes de esa fecha podría generar mucho ruido en la licitación. Sería difícil que haya interesados en comprar una empresa pública si el Congreso da señales de trabar legalmente la operación.

Cuál es la primera señal de resistencia opositora a la privatizació de AySA

El proyecto que presentó De Pedro declara intransferibles las acciones de AySA que pertenecen al Estado, con lo que la excluye de cualquier proceso de privatización, concesión o cesión de su capital o gestión y la define como de «interés público y estratégico para el desarrollo humano». El argumento es la importancia de que «el agua potable» sea «gestionada por el bien común».

Durante la sesión del Senado del último jueves el senador kirchnerista presentó un «pedido de preferencia» para el tratamiento del proyecto una vez que tenga dictamen de las comisiones. La moción se aprobó con 35 votos a favor y 33 en contra, con lo que estuvo a solo dos votos de la mayoría absoluta de 37.

Pero lo más llamativo fue que votaron a favor de la preferencia varios bloques que suelen jugar como aliados de La Libertad Avanza (LLA), como la salteña Flavia Royón que responde al gobernador Gustavo Sáenz, la neuquina Julieta Corroza, alineada con Rolando Figueroa y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, alfiles de Carlos Rovira.

También el bloque Provincias Unidas de la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y el de Convicción Federal que la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza. Todos estuvieron de acuerdo en que el proyecto tenga preferencia si logra dictamen de comisión.

¿Se puede trabar el proceso de privatización?: riesgos y salvaguardas para Milei

Que el proyecto tenga que pasar por esa instancia es un dato tranquilizador para el Gobierno. Las chances de que la privatización de AySA se enturbie por esta iniciativa son bajas si se considera que el kirchnerismo no tiene número suficiente en ninguna de las comisiones como para apurar el tratamiento ni mucho menos para conseguir un dictamen de mayoría.

También es una señal favorable para el Gobierno que el PRO y la UCR votaran en contra de la moción de preferencia. No obstante, el acompañamiento de algunos de los senadores aliados -que de hecho ayudaron a La Libertad Avanza a menguar la representación del peronismo en las comisiones- es un llamado de atención para el bloque oficialista que encabeza Patricia Bullrich.

Según supo iProfesional de fuentes cercanas a uno de esos bloques, por ahora todo quedaría en ese gesto que se dio en el recinto. Si decidieran eventualmente empujar el proyecto también en las comisiones para buscar un dictamen, entonces el escenario se volvería más preocupante para el Gobierno.

Un dato clave es que la privatización de AySA está contemplada en la Ley Bases que se aprobó en 2024. De las más de 40 empresas públicas que Milei se proponía vender el Congreso le dejó apenas ocho, entre ellas Aguas y Saneamientos. Pero a pesar de las intensas negociaciones el oficialismo aprobó raspando esa norma en el Senado: empate en 36 votos y definió Victoria Villarruel.

El listado de privatizaciones fue uno de los puntos más discutidos de la Ley Bases y la votación del Senado mostró que la redacción final de esa norma no dejó a una mayoría clara conforme. Esto implica que la norma que habilitó al Gobierno a vender AySA no lo dejó totalmente blindado frente al humor cambiante de la política.

Previamente en Diputados (donde se dio la mayor «purga» de empresas a privatizar) la Ley Bases tuvo un resultado más holgado: 147 votos a favor y 107 en contra. Sin embargo, tras el recambio legislativo de 2025 algunos de esos 147 diputados ya no están y otros adoptaron en el último tiempo un perfil más crítico frente al Gobierno.

En ese marco, el proyecto que se presentó en el Senado no llega a ser un obstáculo para la privatización de AySA, aunque el Gobierno tendrá que monitorear el tema con atención para evitar sorpresas durante el proceso que finaliza en agosto. Si bien el Congreso habilitó la venta de la empresa mediante la Ley Bases, las tensiones con los aliados y el clima electoral -que se intensificará entre julio y agoso- pueden hacer que todo cambie.

Los detalles de la licitación que lanzó el Gobierno para vender AySA

Si bien el Gobierno ya puso en marcha también el proceso de privatización del Belgrano Cargas, la licitación para la venta de AySA es la primera de gran magnitud por el tamaño de la empresa, su importancia para la región metropolitana y sus antecedentes: fue creada en 2006 luego de que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindiera unilateralmente el contrato de explotación de Aguas Argentinas al grupo francés Suez.

La privatización es importante para Milei no solo porque forma parte de su plan de gobierno sino porque espera obtener al menos u$s500 millones, una suma que ayudaría a Caputo, a alcanzar el superávit fiscal que le exige el FMI y mostrar sostenibilidad para su programa.

La licitación pública nacional e internacional es sobre el 90% de las acciones de AySA que tiene el Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada.

El cronograma oficial fijó como límite para la presentación de ofertas el 27 de agosto. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, donde se evalúan las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. En el pliego de licitación se establece la figura del «operador estratégico», que podrá ser nacional o internacional pero deberá tener experiencia comprobada en servicios de agua potable y saneamiento.

Luego de esa primera instancia de análisis, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación correspondiente. Se prevé una concesión de 30 años (de comienzos de 2027 a 2057) para la prestación del servicio de aguas y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en unos 26 municipios del conurbano bonaerense. Según la información oficial de la compañía, hasta mediados de 2025 la cobertura de agua potable superó el 85% y en cloacas el 70%.

Con el lanzamiento de la licitación el gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso para privatizar AySA a casi dos años de la aprobación de la Ley Bases que lo habilitó para llevar a cabo esa operación. El desafío ahora para el Gobierno es que los vaivenes de la política no le compliquen el objetivo. Por el momento, el riesgo es bajo, pero el clima actual da algún margen para sorpresas.