En Infobae al Regreso, los referentes de Inquilinos Agrupados y Tejido Urbano discutieron el impacto social y económico tras el aumento de los alquileres en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, fenómeno que combina la suba de divorcios y la eliminación de la Ley de Alquileres.

Gervasio Muñoz y Fernando Álvarez de Celis analizaron los índices oficiales, la brecha con la inflación y las condiciones que enfrentan hoy los inquilinos ante el nuevo escenario regulatorio.

La discusión se centró en los números concretos. Matías Barbería puso sobre la mesa tres índices clave para entender la magnitud del aumento tras el cambio de gobierno: “Según Zonaprop, los alquileres aumentaron 195% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre noviembre de 2023 y abril de 2026. El índice oficial del Instituto de Estadísticas y Censos porteño marca un 204% en el mismo período”. Sin embargo, el dato más impactante llegó con el índice nacional: “En la región GBA, que incluye Capital y Gran Buenos Aires, el aumento fue del 657%”.

La inflación acumulada en ese período fue del 355%, lo que implica que “el precio de los alquileres casi duplica la inflación”. La disparidad entre índices, explicaron, responde a que algunos miden precios de publicación y otros lo que pagan efectivamente los inquilinos. “El ajuste viene porque se fue cambiando a las nuevas formas de alquiler fuera de la ley”, detalló Barbería.

Gervasio Muñoz cuestionó la validez de los argumentos de mercado: “Durante la Ley de Alquileres, los precios viajaban por debajo de la inflación y los salarios. Apenas se termina la ley, el mercado impone cualquier tipo de condición y aumentan los precios”. Para él, la intervención estatal es indispensable: “Hasta que no haya intervención del Estado sobre cuestiones centrales en materia de acceso a la vivienda en alquiler, la cosa va a estar cada vez peor”.

Álvarez de Celis remarcó cómo el fenómeno del divorcio multiplica la demanda de vivienda: “Hay una familia y, por una ruptura de pareja, se va de casa y tiene que alquilar otra vivienda. Aumenta por dos la demanda de vivienda”.

Muñoz aportó otra perspectiva sobre el supuesto déficit habitacional: “Hace muchísimo tiempo la población es la misma, pero hay más viviendas que hogares en la ciudad de Buenos Aires. Hay 230 mil viviendas más que hogares”. Sin embargo, buena parte de esas viviendas no se destinan al alquiler tradicional: “Hay un 10% vacías, muchas funcionan como consultorios o no se alquilan porque los dueños las usan como reserva de valor o para alquileres temporarios tipo Airbnb”.

La caída de la oferta formal, especialmente tras la derogación de la Ley de Alquileres, generó una migración hacia contratos informales y nuevas reglas de juego, con los inquilinos en clara desventaja. “El 60% de los alquileres estaba fuera de la ley”, advirtió Álvarez de Celis, señalando que la informalidad se volvió la norma y no la excepción hasta 2023.

El debate expuso las dificultades cotidianas que enfrentan los inquilinos ante la falta de regulación y el poder de negociación de grandes inmobiliarias. Muñoz recordó: “En 2017 se votó en la Legislatura porteña que la comisión en la ciudad de Buenos Aires ya no se la van a cobrar a los inquilinos, sino a los propietarios. Sin embargo, las inmobiliarias te la siguen cobrando igual, porque no te queda otra que aceptarlo”.

La presión financiera afecta especialmente a los jóvenes y familias de clase media, que atrasan su emancipación o deben compartir vivienda para reducir gastos. “Hay jóvenes que comparten habitaciones. Se alquilan camas en la ciudad de Buenos Aires. Las camas tienen precio”, describió Muñoz. Álvarez de Celis sumó: “Una persona que alquila paga entre dos y tres departamentos a lo largo de su vida”.

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Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) salieron este viernes a las puertas del organismo con una protesta tan contundente como ingeniosa. Llevaban caretas de Manuel Adorni y una consigna que jugaba con el doble sentido: «Acá nadie está de Adorni».

El mensaje apuntaba contra el gobierno de Javier Milei, que sostiene al jefe de Gabinete en medio de un escándalo de corrupción mientras avanza con un nuevo ajuste que prevé 700 despidos en el INTI y un recorte de $2.000 millones a su presupuesto.

La manifestación buscó visibilizar un conflicto que viene escalando desde el inicio de la gestión libertaria. El INTI ya perdió al 30% de su planta de trabajadores en poco más de un año.

Ahora, la nueva tanda de despidos pone en entredicho la supervivencia misma del organismo, clave para el desarrollo industrial argentino y custodio de la seguridad de la población.

El recorte que desangra al INTI

El lunes pasado, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, aprobaron un nuevo sablazo a las partidas presupuestarias de casi todas las áreas del Estado. En ese paquete de ajuste, el INTI recibió un recorte adicional de $2.000 millones.

La tijera no vino sola. Días después llegó el anuncio de otros 700 despidos que profundizan el vaciamiento de un organismo técnico con décadas de trayectoria.

Frente a este escenario, la Asamblea Multisectorial del INTI votó seguir dándole visibilidad al conflicto. Los trabajadores no se quedan quietos.

Los trabajadores del INTI saliron a las puertas del organismo con una protesta

En su protesta, apuntaron directamente contra la doble vara oficial. «Es a los funcionarios de la calaña de Adorni a quienes tiene que echar Milei», dijeron.

Señalaron que ahí están «los que estafan al Estado», la casta que viaja a costillas del hambre de la población, que recorta las partidas para atender a personas con cáncer y que se hace mansiones con cascadas.

En este contexto, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares dejaron en claro: «En el INTI no hay ningún Adorni».

Gendarmería bloqueó el acto de empresarios en apoyo al INTI

Días atrás, el gobierno montó un operativo de seguridad a cargo de Gendarmería Nacional que bloqueó los distintos accesos al Parque Tecnológico Miguelete. El objetivo era impedir que más de cien empresarios pyme y dirigentes industriales realizaran un acto en apoyo al organismo.

El mensaje apuntaba contra el gobierno de Javier Milei

La ministra Alejandra Monteoliva estuvo a la cabeza del operativo. El vallado fue tan estricto que el encuentro debió trasladarse a la vía pública.

Bajo la consigna «Argentina productiva, con el INTI de pie», los empresarios advirtieron sobre el impacto crítico que el ajuste tendrá en la seguridad pública y las exportaciones.

Muchos de ellos manifestaron haber apoyado la gestión actual en las urnas en 2023. Ahora ven con preocupación cómo el gobierno desguaza un organismo del que dependen sus propias operaciones.

Qué hace el INTI y por qué su cierre afecta a empresas y consumidores

El INTI opera en áreas donde el sector privado no tiene competencia técnica ni infraestructura: metrología legal, certificaciones de exportación, controles de seguridad y salud pública.

Los industriales advirtieron que sin el área de metrología legal que cerró Milei, peligra la validación de radares de velocidad, etilómetros y balanzas comerciales en todo el país.

En materia de exportaciones, el golpe es directo. Muchas pymes dependen de las certificaciones del INTI para que sus productos puedan entrar a mercados internacionales.

Sin esas firmas técnicas, las puertas del comercio exterior se cierran.

En Seguridad y Salud, la falta de calibración técnica afecta desde equipos médicos hasta la transparencia del comercio diario. Los empresarios denuncian que la falta de controles públicos dejará sectores estratégicos sin ningún tipo de supervisión.

Reemplazar los controles públicos por laboratorios privados solo encarecerá los costos operativos, aseguran desde el sector empresarial. En muchos casos, directamente no habrá quien reemplace las funciones que hoy cumple el INTI, dejando vacíos críticos en seguridad y calidad.

Mientras tanto, la protesta con caretas de Adorni quedó como símbolo de un conflicto que enfrenta a trabajadores, empresarios y técnicos contra un ajuste que amenaza con desmantelar décadas de capacidades industriales argentinas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó USD 17,74 millones en intereses al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por la activación de USD 2.500 millones del swap de monedas por USD 20.000 millones en el cuarto trimestre de 2025,

Así se desprende del informe de Estados Contables del Ejercicio 2025 del organismo presidido por Santiago Bausili. La operación se enmarcó en un acuerdo de estabilización cambiaria suscripto el 18 de octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas nacionales, entre el BCRA y el Tesoro estadounidense, por un monto máximo de hasta 20.000 millones de dólares.

El documento oficial describe ese convenio como parte de “una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante shocks externos y episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”.

El swap fue concertado y cancelado dentro del mismo ejercicio fiscal: el BCRA activó la operación durante el cuarto trimestre de 2025 y la saldó antes del cierre del período. El costo financiero de ese préstamo de corto plazo —USD 17,743 millones sobre un capital de USD 2.500 millones— equivale a una tasa de interés efectiva de aproximadamente 0,71% por el período de utilización.

Para la cancelación del tramo activado del swap, la autoridad monetaria tomó un nuevo préstamo con un organismo internacional. Según consta en los balances de la autoridad monetaria, se apeló al Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) por medio de un Convenio de Facilidad Crediticia por un monto de USD 2.500 millones, que, más intereses devengados, ascendía a USD 2.888,9 millones a fines del año pasado.

El BIS una organización con sede en Basilea, Suiza, que agrupa a bancos centrales de todo el mundo. Su función principal es fomentar la cooperación entre bancos centrales y promover la estabilidad financiera global.

Según el informe oficial, el swap con Estados Unidos tuvo como propósito “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. El mecanismo bilateral habilita al BCRA a ampliar “el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales”. En concreto, EE.UU. intervino en los mercados locales para contener al dólar antes de los comicios de medio término.

Los swaps de monedas son operaciones mediante las cuales dos bancos centrales o tesoros se intercambian divisas por un período determinado, con el compromiso de revertir la transacción en una fecha acordada y al pago de los intereses correspondientes. En este caso, la operación permitió al BCRA acceder temporalmente a dólares del Tesoro de Estados Unidos para reforzar sus reservas internacionales, sin que el acuerdo implicara una transferencia definitiva de fondos.

El acuerdo marco, firmado en octubre de 2025, habilitó operaciones de hasta USD 20.000 millones, aunque en esta primera utilización el monto activado fue de USD 2.500 millones. Los Estados Contables del Ejercicio 2025 del BCRA detallan que el monto del swap “ascendió a USD 2.500 millones” y que “los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a USD 17,743 millones”.

El respaldo financiero otorgado por el Tesoro de Estados Unidos al gobierno argentino, formalizado en octubre de 2025 con la habilitación de una línea de swap de divisas por hasta USD 20.000 millones, representó un cambio relevante tanto en la relación bilateral como en la orientación de la economía local.

La asistencia, gestionada mediante el Fondo de Estabilización de Cambios (ESF, por sus siglas en inglés), se implementó ante la volatilidad cambiaria observada en el período previo a las elecciones, en un escenario de reservas internacionales bajas y presión sobre el mercado de divisas.

A través de este mecanismo, el Banco Central estaba habilitado a intercambiar pesos por dólares, lo que permitió reforzar la defensa del peso y acceder con rapidez a moneda extranjera durante una etapa de marcada inestabilidad cambiaria.

De los USD 20.000 millones anunciados, solo se activaron USD 2.500 millones para intervenir en el mercado de cambios y moderar la volatilidad que caracterizó al período preelectoral. A comienzos de 2026, tanto el gobierno de Donald Trump como el de Javier Milei confirmaron que la Argentina repagó el mencionado monto.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, la Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos”, comunicó Scott Bessent, titular de la cartera económica estadounidense, a principios de enero.

Por su parte, desde el BCRA informaron que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025″.

Las dos partes confirmaron la restitución de los fondos pendientes. El Tesoro de Estados Unidos empleó esos dólares para comprar pesos en el mercado de cambios, con el objetivo de disminuir la volatilidad registrada en la previa de las elecciones legislativas. Luego de la amplia victoria del oficialismo, el clima de incertidumbre disminuyó y el dólar mayorista mantuvo una cotización estable.

Por su parte, Bessent subrayó que Estados Unidos obtuvo beneficios económicos a partir del swap con Argentina, tal como se había comunicado al momento de firmar el acuerdo: “Para reiterar, el ESF nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.