El nuevo borrador del proyecto de Inocencia Fiscal que el Gobierno prepara para enviar al Congreso generó una recepción mayormente positiva entre contadores y economistas especializados en tributación.

Las modificaciones respecto de la normativa original apuntan, en particular, a corregir los puntos que generaban mayor resistencia entre los potenciales adherentes: la falta de claridad sobre qué constituye una discrepancia significativa y la posibilidad de que los contribuyentes perdieran los beneficios del régimen ante cualquier observación del fisco.

Para los especialistas, los cambios van en la dirección correcta, aunque advierten que la efectividad del régimen dependerá, en última instancia, de la confianza que logre generar el marco institucional.

El elemento más valorado por los especialistas es la redefinición del concepto de discrepancia significativa y las garantías que el nuevo texto ofrece al contribuyente frente a eventuales ajustes del fisco. César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, fue directo al momento de evaluar el borrador: “Estoy bastante conforme con el régimen. Ante una discrepancia significativa, el contribuyente tiene todas las posibilidades de discutirla en el ámbito administrativo. Además, se amplió a $5 millones el umbral de topes para considerar las discrepancias significativas”.

Para Litvin, además, el proyecto resuelve una de las trampas que tenía la ley original: “Fueron escuchadas las opiniones de los tributaristas”, señaló, en referencia a las reuniones que el equipo del ministerio de Economía mantuvo con especialistas del sector antes de elaborar el borrador.

El contador Sebastián Domínguez también ponderó los avances. Destacó que una de las mejoras más relevantes es que “ya no se analice respecto a los casos de reducción de saldos a favor del contribuyente” al momento de evaluar si existe una discrepancia significativa. Además, valoró que se haya establecido un umbral concreto: si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta el fisco no supera el 5% del monto objetivo de evasión simple —actualmente fijado en $100 millones, lo que implica un umbral de hasta $5 millones—, no habrá discrepancia.

“Si hay discrepancia, porque se superan esos parámetros, está la posibilidad de rectificar y pagar o regularizar el saldo con un plan de pagos, hasta 15 días después de la notificación de la determinación de oficio”, precisó Domínguez. A su criterio, eso representa un margen de maniobra relevante para el contribuyente: “Hay mucho tiempo posterior para llegar a rectificar, pagar y mantener los beneficios. Eso es importante”.

Otro de los puntos que los contadores identificaron como un avance significativo tiene que ver con las herramientas que el fisco podrá —y no podrá— utilizar para impugnar una declaración. Domínguez explicó que el borrador incorpora expresamente que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no podrá recurrir ni a la presunción de incremento patrimonial no justificado ni a la de depósitos bancarios. “Eso no estaba en la ley, se había querido poner por decreto”, aclaró.

Además, el nuevo proyecto establece de forma explícita que la carga de la prueba recae sobre el fisco: “Expresamente dice que es el fisco el que tiene la carga de la prueba para la discrepancia, y que tiene que demostrarlo el fisco. No se invierte la carga de la prueba. Ahora está expresamente contemplado, así que eso es importante”, indicó el contador.

El economista José Vargas, director de la consultora Evaluecon, coincidió con esa lectura desde una perspectiva más amplia. Para Vargas, el principal incentivo que genera el nuevo proyecto es la reducción del riesgo fiscal: “La propuesta busca otorgar mayor garantía y seguridad jurídica a quienes decidan exteriorizar o utilizar fondos no declarados, limitando la posibilidad de cuestionamientos futuros por parte de la administración tributaria y permitiendo corregir inconsistencias sin perder automáticamente los beneficios del régimen”.

El aspecto más positivo, en su evaluación, es “el intento de darle previsibilidad tributaria. La posibilidad de subsanar errores y mantener los beneficios del régimen contribuye a reducir la incertidumbre y favorece la formalización de activos que hoy permanecen al margen del sistema”.

Una de las preguntas centrales que rodea al proyecto es si, efectivamente, logrará que los argentinos saquen los dólares del colchón —que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en unos 170.000 millones de dólares— y que más personas se adhieran al régimen. La respuesta de los especialistas es afirmativa, aunque matizada.

Litvin fue el más optimista al respecto: “Va a haber más contribuyentes que se adhieran; esto tendrá que ver con la confianza. Si las señales que da el gobierno son de confianza, la gente se va a animar a usar los dólares no declarados. Es bueno adherirse para aquel que tiene dólares no declarados, para hacerlos trabajar y generar renta, en lugar de que se desvaloricen”. Y agregó otro incentivo de peso: “Algunos no van a pagar impuestos. Si invierten en títulos también, ya que la Ley de Impuesto a las Ganancias tiene exención para plazos fijos, títulos públicos y demás. Hay inversiones que no tienen costo fiscal”.

El contador Alejandro Rosenfeld se mostró en la misma línea: “Es mucho mejor el proyecto que el original. Le da mucha más seguridad jurídica”, comentó. Sobre si el régimen efectivamente traerá más dólares, prefirió la cautela: “Si realmente trae que vengan más dólares, no lo sé. Habrá que esperar”.

Domínguez, por su parte, introdujo una advertencia que abre el análisis más allá del plano normativo: los incentivos para utilizar dólares no declarados no dependen exclusivamente de la ley. “La utilización del dólares en colchón no son solamente porque existe una ley que permite usarlos. Hay otras razones. La seguridad jurídica argentina, la expectativa de que no vaya a cambiar el gobierno, con otra postura de volver a aumentar impuestos, de volver a hacer cambios”, señaló. En ese marco, consideró que el proyecto “puede ayudar a que algunos que quieren hacer y no lo hacen porque tienen dudas en seguir declarándose, se animen a utilizar este régimen si se sanciona”.

Vargas, en sintonía, evaluó que la efectividad del proyecto “va a depender básicamente de la credibilidad que logre generar”. Desde su perspectiva económica, “si los agentes económicos consideran que el marco normativo será estable y que las condiciones no cambiarán en el tiempo, es lógico esperar una mayor utilización de los dólares actualmente atesorados fuera del sistema financiero”. Sin embargo, advirtió: “La experiencia argentina muestra que la confianza institucional es un factor clave. Por eso, el impacto final es probable que dependa más de las expectativas de los ahorristas que de los incentivos legales en sí mismos”.

Pese a la valoración positiva general, tanto Domínguez como Vargas señalaron aspectos que, a su juicio, podrían perfeccionarse. El contador consideró que debería haberse establecido directamente que no puede utilizarse ninguna presunción ni indicio de la Ley 11.683, y que sería conveniente “liberar completamente Bienes Personales” y también “impuestos internos y salidas no documentadas”. Además, propuso avanzar en acuerdos con provincias y la Ciudad de Buenos Aires para que no se reclame Ingresos Brutos ni tasas municipales sobre incrementos patrimoniales que pudieran detectarse.

Vargas, en cambio, planteó la necesidad de fortalecer la estabilidad de largo plazo de las reglas de juego: “En Argentina, la principal barrera para la repatriación o utilización de ahorros no declarados no suele ser únicamente la carga tributaria, sino la falta de confianza en la permanencia de los marcos regulatorios. Por lo tanto, cuanto más sólidas y duraderas sean las garantías legales que se ofrecen, seguramente mayor será la probabilidad de que esos recursos ingresen efectivamente al circuito económico formal”.

Litvin, en tanto, rescató el carácter acotado del régimen como un elemento positivo: “Es oportuno poner un plazo como régimen especial de regularización. Desde este punto de vista, se da un tiempo prudencial”. El borrador, según lo que trascendió, establece que los contribuyentes tendrán tiempo de sacar los dólares del colchón hasta el 31 de diciembre de 2027.

El vaivén parece ser el rasgo predominante en el ámbito de las lácteas y, mientras sigue sin enderezarse la difícil situación que atraviesan Lácteos Verónica y Nuevo Amanecer, se mantiene la quiebra de SanCor y La Serenísima acumula números en rojo, otras empresas buscan reflotar un nicho que siempre fue clave para la economía nacional. En esa línea, la novedad más contundente de las últimas semanas corresponde a la vuelta al mercado de La Suipachense y la recuperación del empleo lechero en esa zona de la provincia de Buenos Aires. Ahora, otras instalaciones clave podrían retomar su producción: ocurre que Tregar pidió permisos para revisar el estado de la planta de la quebrada Alimentos Refrigerados SA (ARSA) -que fabricaba las marcas Yogs y Shimy para SanCor- en Arenaza, también en territorio bonaerense. La firma en cuestión podría avanzar con la adquisición de ese complejo productivo.

La solicitud de Tregar fue elevada hace escasos días, según fuentes judiciales, y la intención de sus dueños es evaluar la capacidad aún instalada en la planta que ARSA operó hasta hace escasos meses.

Interés en las instalaciones de ARSA

El pedido de visita quedó asentado a partir de una presentación realizada por el abogado José Manuel Maciel, en carácter de apoderado de García Hermanos Agroindustrial SRL, dueña de la marca Tregar, en el expediente «Alimentos Refrigerados S.A. s/ Quiebra» Nº 24424/2023, detalló la plataforma Edairy News.

Según el escrito judicial, Tregar se encontraría interesada en la adquisición de la línea de producción instalada en la planta de ARSA en Arenaza. «Para avanzar en esa posibilidad, pidió autorización al juez para observar y constatar de manera directa el estado y la funcionalidad de esa línea», afirmó la fuente.

«El objetivo del pedido es claro: realizar una visita a la planta de ARSA en Arenaza para verificar las condiciones reales de una línea productiva y determinar si resulta conveniente avanzar con una propuesta», añadió.

En concreto, en el escrito se solicita que, previa conformidad de la Sindicatura, se autorice el ingreso a la planta para poder «observar y constatar de manera directa el estado y funcionalidad de la referida línea». A partir de esa evaluación se definirá «la conveniencia de efectuar una propuesta«.

En el sector lechero afirman que la posibilidad de disponer de una línea de producción en esa ubicación podría representar para Tregar una oportunidad de expansión o fortalecimiento industrial, siempre que la evaluación técnica resulte favorable.

«Luego de la presentación realizada por García Hermanos Agroindustrial SRL, el juzgado deberá resolver si autoriza la visita solicitada. Para eso, será necesaria la intervención de la Sindicatura, que deberá prestar conformidad al pedido», se informó.

Al parecer, recién después de esa instancia la empresa estará en condiciones de definir si presenta una propuesta concreta por la línea de producción mencionada en el expediente.

La Justicia decretó la quiebra de ARSA en noviembre del año pasado. En ese momento, el juez Federico Guerri, a cargo del Juzgado Comercial 29, dictó el fallo y dispuso la liquidación final de la empresa y el cierre de sus instalaciones. Además de las instalaciones en Arenaza, en el partido de Lincoln, la firma operaba instalaciones y un centro de distribución en Córdoba.

Otra posibilidad que se abre, mientras se recupera La Suipachense

El posible retorno de la planta de ARSA, aunque ya bajo la bandera comercial de Tregar, ocurre a muy pocos días de que La Suipachense, un empresa clave en términos de empleos para la localidad bonaerense de Suipacha y un actor que supo marcar el ritmo de la producción de lácteos en la cuenca lechera de la provincia de Buenos Aires, anunciara que volverá a operar.

La compañía alquilará su planta en el pueblo donde tiene su base y se prevé el retorno a las funciones de al menos 30 empleados. Al momento de irse a la quiebra la lechera se encontraba bajo control del grupo venezolano Maralac.

Si bien resta un período de adecuación de la planta para que vuelva a procesar materia prima, la aparición de un inquilino devuelve la esperanza a los operarios de la firma, que mantuvieron un acampe frente en el ingreso a La Suipachense por el lapso de 9 meses.

En otra jornada complicada para Wall Street, y especialmente para el mercado tecnológico, las acciones argentinas volvieron a sobresalir. El motivo de este impulso estaría relacionado directamente con un acontecimiento que sucederá en horas: la decisión de MSCI de reclasificar al mercado bursátil argentino.

El ADR Banco Macro tuvo una suba de casi 5% y casi borró la perdida que venía acumulando en Wall Street en lo que va de 2026. En el peor momento llegó a caer casi 30 por ciento. El resto de las acciones bancarias tuvieron también un buen desempeño: Galicia subió 4%, Supervielle 5,5% arriba (aunque sigue siendo el que más cae en 2026) y BBVA Argentina 5,2 por ciento.

La posibilidad concreta de una reclasificación, o al menos la posibilidad de avanzar hacia ella, implicaría que una gran cantidad de fondos de inversión empezarían a adaptar su portafolio a la presencia de Argentina en los índices. Por ejemplo, se estima que en una posible reclasificación como mercado fronterizo el mercado local ocuparía cerca de un 5% del total a invertir.

La Argentina es considerada desde 2021 como país stand alone, es decir fuera de cualquier clasificación para la entidad que define el lugar que ocupa cada mercado. Esto sucedió luego del nuevo cepo cambiario instalado en 2019 sobre el final del gobierno de Mauricio Macri. Luego, las restricciones cambiarias se endurecieron con el gobierno de Alberto Fernández.

La gran expectativa está puesta en que dentro de dos semanas MSCI pondría a consideración una reclasificación positiva para el mercado argentino. Si bien no habrá una mejora automática, la posibilidad cierta es que inicie un período de consulta para definir una mejora. Esto dejaría al país cerca de volver a ser considerado como “mercado fronterizo”.

Existe una chance mucho más remota de una reclasificación como mercado emergente, pero luce altamente improbable. Esto se debe a que aún se mantienen algunas restricciones cambiarias, pero además hay una larga historia de idas y vueltas en relación a las reglas de mercado. Por eso, los inversores que son consultados para definir cambios de categoría seguramente tendrán mayor cuidado a la hora de decidir.

Una vuelta a los índices principales abriría las puertas a grandes flujos de fondos institucionales externos.

Los analistas técnicos y fondos internacionales señalan que la continuidad del cepo (las restricciones cambiarias y de flujos de capital corporativos que restringen el libre movimiento de divisas a empresas) sigue siendo la traba operativa central para que MSCI apruebe una mejora definitiva en el corto plazo.

Previo a la decisión sobre una eventual reclasificación, se conocerá el “Informe Global de Accesibilidad de los Mercados”, también elaborado por MSCI. Se trata de una evaluación anual técnica y cualitativa que analiza las barreras operativas para inversores institucionales extranjeros, funcionando como auditoría previa a la clasificación anual.

El documento califica a los mercados en áreas clave como apertura a la propiedad extranjera, flujos de capital, eficiencia operativa, instrumentos de inversión y estabilidad institucional.

La Argentina es uno de los pocos mercados considerados como stand alone. En América Latina solo se encuentran en este grupo Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá. En este último caso se debe a que el mercado de capitales locales es casi inexistente y no a que se apliquen trabas cambiarias.

Otros países en la misma situación son Bosnia, Bulgaria, Malta y Ucrania (en Europa), mientras que en Medio Oriente y África aparecen Líbano, Nigeria, Botswana y Zimbabue.