POLITICA
Milei, entre la rebeldía de Bullrich y la resistencia universitaria
La pregunta clave del día es esta: si el mismo nivel de desgobierno que el oficialismo mileísta exhibe en el caso Adorni se llevará puesto también el vínculo con la universidad pública argentina y el contrato ciudadano que la sostiene. No es una pregunta menor.
Del caso Adorni acaba de brotar el primer acto de rebeldía a la autoridad presidencial de un hiperpresidencialismo a la enésima potencia como el de Javier Milei: una grieta que sale de las mismas entrañas del Poder Ejecutivo y expone una debilidad hasta ahora inédita en la capacidad del dúo Milei-Karina Milei para disciplinar a sus jugadores más fuertes.
La movida ejecutada por Patricia Bullrich el miércoles pasado, cuando emplazó en televisión a Manuel Adorni a aclarar su situación patrimonial, cambió la dinámica de la gobernabilidad libertaria a expensas de la imagen de Milei, y por supuesto de Adorni.
En relación a la tensión creciente con la universidad pública, el Gobierno minimiza una realidad: del reclamo de la comunidad universitaria que vuelve a la calle hoy, surgió en 2024 y 2025 el sujeto social y político que logró amalgamar como ningún otro la protesta contra una política del Gobierno y movilizar transversalmente a la clase media, incluyendo a parte de la clase media que votó a Milei o que, al menos, acompaña el rumbo de la racionalidad macroeconómica y no votaría nunca kirchnerismo.
La coyuntura abre preguntas relevantes para el Gobierno y su lógica. ¿Este 2026 será una repetición de 2025 y de los problemas de digestión de las demandas sociales por parte de un oficialismo replegado sobre sí mismo? En 2025, la oposición dura encontró oxígeno para intentar recuperar el escenario político y su capacidad de representación en base a tres causas: universidad pública, discapacidad y Garrahan. Fueron los platos servidos que el Gobierno le dejó a la oposición en su pretensión de reinventarse.
El Gobierno tiene logros macroeconómicos para mostrar, aunque también resultados pendientes. Pero la exacerbación del desacople de los reclamos sociales de mayor sensibilidad, como la demanda de transparencia en el caso Adorni, opaca las metas alcanzadas. Bullrich misma lo dejó claro aquel día clave de su emplazamiento a Adorni: “En este momento la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay rapidez y contundencia, el proyecto sufre, el país sufre. El país está metido en una conversación que no es la más importante. La más importantes es cuántas inversiones vienen, cómo crecemos, cómo empezó a crecer la recaudación. Salgamos de esto lo antes posible. Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible”.
En 2025, esa dinámica que opta por darle la espalda a la demanda racional de la ciudadanía de a pie terminó en sucesivas derrotas oficialistas en el Congreso y en la derrota bonaerense de septiembre de 2025, con Kicillof ganador de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires con el 47,28 por ciento de los votos: catorce puntos por arriba de la Libertad Avanza.
Para recuperarse en octubre, el Gobierno puso en juego recursos extremos: Milei se vio obligado a abrazar públicamente la moderación para desandar la ruptura de puentes con la sociedad que había practicado todo el año; puso en juego la tabla de salvación financiera sorprendente que le alcanzó el par Trump-Bessent y tuvo que tener de su lado al “riesgo kuka” como aliado ante un plan económico propio que no alcanzaba para asegurar el triunfo.
La rebeldía Bullrich y la resistencia universitaria tienen algo en común, y conectan con los reclamos sociales marginados por el oficialismo en 2025: encierran demandas sociales razonables, renovadas hoy, que el Gobierno, como mínimo, desoye. Y, como máximo, combate con argumentos discutibles y herramientas confrontativas que ni amplían su base de apoyo ni ganan la parada política ni transforman lo que necesariamente hay que mejorar, como es el caso del sistema universitario nacional, su eficiencia académica y la eficiencia de su gasto, sus niveles de transparencia y su futuro en medio de un futuro de incertidumbre global y tecnológica.
Ahí está Bullrich o la oposición dura para aprovechar la oportunidad de una búsqueda de representación que no encuentra representantes en el oficialismo libertario.
En política, todo vacío que se deja tiende a ocuparse; todo silencio que se cultiva, tiende a ser roto. En el caso Adorni, Milei viene dejando decididamente un vacío de representación: el reclamo de transparencia está huérfano desde que estalló el escándalo Adorni a principios de marzo, con los chorros constantes de información sobre su estilo de vida, que derivaron en una causa por enriquecimiento ilícito.
Bullrich se decidió a llenar el vacío y rompió el silencio en el programa de Eduardo Feinmann la semana pasada. De esa conversación salió el “de inmediato”, el plazo cero para que el jefe de Gabinete muestre su declaración jurada 2025. Bullrich terminó interpretando un sentido común que pide algo básico: transparencia en el manejo de los ingresos y gastos del jefe de Gabinete.
Esa movida bullrichista es un hito en la gobernabilidad interna del mileísmo: el control altísimo que tiene el par Milei-Karina Milei sobre la palabra de sus ministros y funcionarios es una característica de la gestión. El hiperpresidencialismo carismático de Milei no deja lugar para el juego propio de sus ministros: no hay espacio para matices.
Por eso, la movida de Bullrich marca un antes y un después. No sólo “spoileó” a Adorni con el reclamo de transparencia inmediata, como sostuvo el jefe de Gabinete en el streaming de Fantino. Bullrich también “spoileó” a Milei: le ganó de mano y recuperó la bandera de transparencia anticasta que le dio la identidad al mileísmo. Perdieron todos menos Bullrich.
Desde que estalló el affaire Adorni, la imagen de Bullrich se sostiene por encima de la de Milei. La gobernabilidad interna del proyecto libertario está bajo presión. El viernes, esa tensión no dio ni para tener una foto del gabinete unido, aunque fuera para disimular.
La película no termina: hay riesgos en la maratón de Bullrich. El mileísmo en el poder tiene dos maratonistas. Una era Victoria Villarruel, que con su causa de la “historia completa” y la dictadura, estuvo décadas esperando su momento. En parte, por eso fue vicepresidenta. Por ahora, quedó fuera de carrera. Bullrich es la otra maratonista de la política y del poder.
Tiene dos ventajas competitivas sobre Villarruel: en 2023 y 2025 mostró que tiene votos propios en el electorado y que logra votos en el Senado para los proyectos de Milei. El que vio esa capacidad de Bullrich para la carrera de largo aliento es Mauricio Macri, por eso su hombre de confianza, Fernando de Andreis, salió a limar esa veta y quitarle épica: le pidió a Bullrich que “deje de pasar de un partido a otro”.
En relación al reclamo universitario, la marcha de hoy, en su sentido más transversal, también busca que el Gobierno atienda a una demanda sensible y elemental: la necesidad de actualizar salarios universitarios y científicos castigados con una caída del 40 por ciento desde que Milei llegó al poder.
Es el sector con mayor baja salarial comparado con los empleados públicos en general, con una caída del salario en torno al 20 por ciento, y los privados, en torno al 5 por ciento. La ley de financiamiento universitario sancionada el año pasado con votos opositores apuntó a ese módico objetivo: recomponer salarios y partidas, golpeadas por la inflación y el ajuste fiscal.
Universidades y facultades de distintas partes del país, sobre todo aquellas formadas por profesionales cuyo perfil está centrado en la investigación y la docencia universitaria, no han comenzado sus cuatrimestres: hay paro de docentes universitarios, arrinconados por los salarios. En muchas facultades, los estudiantes corren el riesgo de perder el primer cuatrimestre.
Por supuesto que habrá sectores de la oposición más dura, desde el kirchnerismo y el kicillofismo a la izquierda, que usarán políticamente la movilización universitaria para llevar agua a su molino. La estrategia del Gobierno es polarizar con esa usurpación ideológica del reclamo universitario: la oposición dura le hace el juego al Gobierno cuando se apropia de una causa que es, en realidad, de una ciudadanía transversal en lo ideológico y en lo social.
Desde las autoridades universitarias tampoco se avanza con una estrategia racional de negociación y consensos posibles en base a datos precisos y transparentes. La lógica de la política universitaria, de la política nacional tallando con sus intereses en la vida universitaria de manera opaca y de la pervivencia de sistemas de poder también complica la resolución del conflicto.
La política universitaria llevada por Sandra Pettovello desde Capital Humano carece de la sensibilidad que la llevó a sostener la AUH y la actualización por encima de la inflación. La judicialización del Gobierno tiene suspendida la aplicación de la ley de financiamiento universitario y mientras tanto, ofrece casi nada.
Es cierto que el sistema universitario nacional arrastra deudas de eficiencia y transparencia desde hace décadas. Pero también es cierto que en dos años de gestión el Gobierno no dio señales de un diseño de política universitaria racional, basada en evidencia completa, en diálogo con las universidades, sus docentes y la sociedad y con un horizonte claro.
Por ahora, la discusión está estancada en un reclamo por salarios caídos y por la caída de fondos operativos y de investigación. El problema no es sólo la política universitaria del Gobierno sino también los ítems que la política económica de Luis Caputo decide recortar.
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El Gobierno designó a tres directores titulares de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), el organismo creado este año para administrar la cobertura de salud de dichas fuerzas. Los nombramientos fueron formalizados por el Ministerio de Seguridad Nacional y regirán con carácter ad honorem desde el 26 de mayo.
La normativa fue oficializada mediante la Resolución 486/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. De esta manera, el Poder Ejecutivo avanza en la conformación del directorio de la nueva entidad, cuya creación había sido establecida por el Decreto 88/2026.
Los designados son el prefecto general retirado Ricardo Alberto Fortini, el comandante mayor Andrés Esteban Barrera y el magíster Fernando Andrés Domínguez. Fortini representará a la Prefectura Naval Argentina, Barrera a la Gendarmería Nacional Argentina y Domínguez al Ministerio de Seguridad Nacional.
Además se le asignó una responsabilidad específica a Domínguez: el funcionario quedará facultado para asumir la representación legal y administrativa de la obra social cuando el presidente del directorio se encuentre ausente.
La OSFFESEG fue creada como un ente autárquico con personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como del privado. Su estructura de conducción contempla un directorio integrado por cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes.
De acuerdo con el esquema aprobado por el Poder Ejecutivo, los integrantes del directorio son designados y removidos por el titular del Ministerio de Seguridad Nacional. Además, permanecen cuatro años en sus funciones y deben acreditar experiencia, conocimientos e idoneidad en materia de administración y gestión de organismos públicos o privados.
Por su parte, el ministerio señaló que la designación de los tres funcionarios resulta necesaria para constituir el directorio de la obra social. También indicó que los nombrados reúnen los requisitos de formación y experiencia previstos por la normativa que regula el funcionamiento de la entidad.
La creación de la OSFFESEG fue dispuesta en febrero mediante el Decreto 88/2026. En esa norma se estableció que, una vez puesta en vigencia la nueva obra social, debía avanzar de manera inmediata en la conformación de sus autoridades.
Entre las tareas previstas para esta obra social figuran la elaboración de un reglamento de funcionamiento, la definición de una estructura orgánica, la contratación de una sede y de sistemas operativos, además de la aprobación del programa médico que prestará la entidad.
Ministerio de Seguridad Nacional,Alejandra Monteoliva,Boletín Oficial,Fuerzas Armadas,Conforme a,,Cuáles son. El Gobierno reglamentó artículos de la reforma laboral: cambios en convenios, sindicatos y recibos de sueldo,,»Basta al fracasado modelo socialista». Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por el resultado de la primera vuelta en Colombia,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales,Boletín Oficial,,Cuáles son. El Gobierno reglamentó artículos de la reforma laboral: cambios en convenios, sindicatos y recibos de sueldo,,De $70.000. El Gobierno confirmó el bono previsional de junio y fijó los nuevos haberes para jubilados y pensionados,,A partir de junio. El Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas
Pese a la tensa calma que atraviesa el Gabinete tras la ensayada tregua en la interna entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem —del riñón de Karina Milei—, el Gobierno despliega nuevos intentos por intensificar la gestión, empantanada durante los últimos tres meses, y a imprimirle celeridad en la resolución de conflictos de cada ministerio.
Con algo más de aire en los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió retomar las reuniones de seguimiento con los equipos de las nueve carteras tras detectar demoras en la resolución de problemas que marcan la diaria. Además, tiene intenciones de recuperar la idea de fijar objetivos globales. “La intención es que sean a largo plazo para que puedan cumplirse independientemente a futuro”, argumentaron desde el entorno del funcionario.
El pasado miércoles, el ministro coordinador recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) junto a su equipo en el salón de los Escudos, y el viernes continuó con Juan Bautista Mahiques (Justicia) en lo que configuró las primeras reuniones de trabajo de la nueva tanda. Este martes continuará la serie con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa) en un encuentro conjunto.
Se trata de una política que adoptó el exvocero al asumir su nuevo cargo para dinamizar la comunicación entre los ministerios, pero que debió suspender, asediado por los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. “Hicimos un repaso de prioridades 2026 y ejes 2027. Son cosas que venimos hablando de forma cotidiana. Tenemos un diálogo muy fluido con Jefatura”, sostuvo uno de los asistentes a este medio.
En ese contexto, en Balcarce 50 aspiran a que la calma interna, con aires de triunfo para el asesor, se traduzca también en una reactivación de la dinámica de gestión y de la agenda parlamentaria. Luego de la reunión de Gabinete y de mesa política, el Poder Ejecutivo envió al Congreso la Ley de Sociedades Comerciales, diseñada por Sturzenegger, que busca habilitar la creación de empresas gestionadas por inteligencia artificial. Además, tiene intenciones de avanzar con un proyecto que introduzca cambios en Inocencia Fiscal.
Como contó este medio, el próximo jueves 4 de junio, el oficialismo buscará tratar en la Cámara de Senadores un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y algunos pliegos judiciales ya dictaminados.
Sin embargo, el Congreso aún acumula una extensa lista de iniciativas pendientes. Entre ellas figuran los proyectos de salud mental, Hojarasca, falsas denuncias, financiamiento universitario, etiquetado frontal, zonas frías y la postergada reforma política, además de las iniciativas vinculadas al fraude en pensiones por invalidez, la ley de lobby, el Súper RIGI y el PCT. “De todo lo enviado, las prioridades son reforma electoral, lobby, super RIGI y etiquetado frontal”, sintetizó ante Infobae un integrante de la mesa política encargada de definir la hoja de ruta legislativa.
Aunque la agenda parlamentaria vuelve a mostrar movimiento, dentro del oficialismo persiste la preocupación por el efecto que las tensiones internas podrían tener sobre la gestión. Algunos funcionarios creen que el conflicto ya impacta en el funcionamiento cotidiano del Gobierno desde hace meses. Con ese temor, le reclaman la intervención del presidente Javier Milei, que se niega a laudar, y que este martes participará del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Tras la baja del riesgo país, que se ubicó en los 493 puntos básicos, y la aceleración de las compras de reservas por parte del Banco Central, la administración transita una leve mejoría. En paralelo a los esfuerzos por intentar recomponer la dinámica, Adorni enfrenta además los movimientos en la causa judicial que lo involucra. Esta semana deberá terminar de definir la fecha para la presentación de su declaración jurada, reclamada por la senadora Patricia Bullrich. “Ni Bullrich ni Villarruel lo van a apurar”, sostuvo una fuente inobjetable.
Mientras tanto, la cúpula de poder se prepara para convocar a una nueva reunión de Gabinete, que podría tener lugar la próxima semana, en la que, bajo el argumento de “cuestiones de temario”, se limitarían solo a la plana del Ejecutivo, lo que significaría la exclusión de Bullrich y Martín Menem de esa edición.
A poco más de una semana del inicio del Mundial, en el oficialismo se esperanzan con que la fiebre mundialista aplaque las diferencias y apacigüe la situación judicial del jefe de Gabinete, quien promete que oficializará el detalle patrimonial antes del 15 de junio. “No creo que genere mucho impacto, aunque algo de mediatización va a tener. El Mundial barre con todo”, sostuvo un funcionario ajeno al equipo de Adorni.
El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá también funciona como una suerte de marcador temporal para La Libertad Avanza, que posterga hasta su finalización las definiciones electorales rumbo a las presidenciales de 2027. Mientras tanto, la actividad de gestión comienza a recuperar movimiento, aunque en el oficialismo admiten que el verdadero interrogante sigue siendo político: cuánto durará la tregua entre los principales actores del poder y si alcanzará para sostener la reactivación que el Gobierno intenta poner en marcha desde hace semanas.
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POLITICA
Los libertarios se preparan para una semana con comisiones y recinto en el Senado mientras esquivan leyes sin votos
Tras una semana con legisladores de viaje y un feriado que le sirvieron de excusa perfecta al oficialismo senatorial, que comanda la porteña Patricia Bullrich, para hacer la plancha y evitar inconvenientes, la Cámara alta tendrá 72 horas de abultada actividad y una casi segura sesión entre mañana y el jueves, aunque sin proyectos rutilantes. La única prioridad es que el recinto vote y gire rápido a Diputados un acuerdo entre el Estado argentino y dos holdouts por USD 171 millones, que se vencerá al término del corriente mes.
La confirmación de la sesión recién se consumará en las primeras horas del miércoles -11-, cuando se lleve a cabo la reunión de Labor Parlamentaria entre los diferentes jefes de bloque, en el despacho de la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Además de la iniciativa mencionada, La Libertad Avanza (LLA) pretende aprobar la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Desde la oposición “friendly” le desplumaron el texto a Bullrich, que se quedó sin herramientas ni ideas, y ante una Casa Rosada que sigue de cerca esta mecánica de curiosas concesiones. Aún resta saber si los pliegos judiciales dictaminados aterrizarán en el recinto, luego de las recientes tropelías del oficialismo en relación con esta cuestión. En vez de soluciones, nacen problemas creados por los propios libertarios.
La administración central se ve favorecida aún por las nulas intenciones de los aliados en cuanto a reingresar en una batalla con el Ejecutivo. Y con un cristinismo quebrado. No obstante, ciertos semáforos amarillos empiezan a agolparse, tras la palabra incumplida por Balcarce 50 -también de Bullrich- a varios dialoguistas. En algunas ocasiones, pocos son los que entienden a qué juega LLA. Ni hablar de sus internas. Casi todas, con dosis de humo a la vista.
Parte de la lógica libertaria: la comisión de Asuntos Constitucionales, que comanda el mileísmo, escondió la trabada reforma política que mandó la Casa Rosada -dinamitar PASO, cambios profundos en partidos, extensión de Boleta Única, Ficha Limpia, etcétera- en las últimas semanas y solo convocó para este miércoles por el proyecto “Horajasca”, que busca eliminar 70 normas viejas y que ya votó Diputados, hace menos de 15 días. Las “prioridades” que opera el Gobierno, a esta altura, generan risas en diversas oficinas.
En el ramillete de comisiones se asoman plenarios para firmar despachos de convenios internacionales avalados por la Cámara baja. No tendrá la misma fuerza el tema de ludopatía, que llegó días atrás. Otro, el delicado y que modificaría la ley de salud mental, continúa en charlas y se pretende el mayor consenso posible en todo el Senado. Algo casi imposible.
Hay otros articulados que se asoman y desaparecen rápido, como la dilatada discusión sobre el cierre de minas. O el etiquetado frontal. Sí llamó la atención el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda, para analizar —pasado mañana— la siempre pícara agenda de biocombustibles. Es, siempre, un gancho para sellar a los habituales dubitativos.
Al lado de la siesta sobre la reforma política se encuentra el proyecto que revierte un sector de las “zonas frías” y desactiva parte del descalabro energético que empujó, en su momento, Máximo Kirchner: ahora, se incorporan “zonas calientes”. Fue la gran idea que se le ocurrió al Gobierno para cerrar con mandatarios provinciales. Pese a ello, hay bancadas ofuscadas por el “tarifazo” al que -de forma inevitable- quedarán asociadas, sin dudas, junto a la administración central.
Más allá del panorama descripto, el envío de un nuevo lote de pliegos judiciales desde Balcarce 50 -que interesen a dialoguistas-, algún guiño por iniciativas trabadas, y el giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia distritos amigos se muestran, hasta hoy, como alicientes para contener a aliados que cumplen con acuerdos que después no respeta el oficialismo y Bullrich. No fue así durante las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasado.
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