Con una carta dirigida a Claudio Adrián Stivelman, titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), la legisladora porteña Graciel Ocaña reclama la intervención del Estado en la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca), que preside Hugo Antonio Moyano y cuya administración está en manos de Iarai, una de las empresas de la esposa del jefe sindical de los camioneros.

Ocaña, que denunció hace 20 años a Moyano en la Justicia por presunta administración fraudulenta, presentó el viernes pasado su pedido ante la SSS en base a una reciente publicación de en la que se informó sobre transferencias millonarias desde el gremio y la obra social hacia fideicomisos vinculados con Liliana Esther Zulet, la esposa del camionero, y dos hijos que tiene de otro matrimonio.

“En el caso de Oschoca, se configura una incorrecta o mala administración de sus recursos conjuntamente con la inadecuada prestación de sus servicios, circunstancias objetivas que avalan que el Poder Ejecutivo Nacional tome cartas en el asunto y disponga su intervención. La mala administración y la inadecuada prestación de servicios no resultan nada nuevo en la obra social de camioneros administrada o, mejor dicho, manejada como un bien propio, o particular, por parte de la familia de Hugo Moyano sin rendir cuentas”, escribió Ocaña, que reclama la intervención del presidente Javier Milei.

La deuda de la obra social solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza a febrero de este año los $32.400.067 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió . Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $60.000 millones de pesos, según fuentes sindicales.

Ocaña, en su presentación ante la SSS, sostiene que Oschoca presentó un patrimonio neto negativo de -$ 7.284.162,00 y resultado operativo de -$ 8.778.715,00, entre 2017 y 2022. Advirtió que podría entrar en quiebra.

“La realidad es difícil de ocultar y es simplemente numérica: el gremio de camionero maneja cifras siderales, lo mismo que su obra social. La realidad es que Oschoca debería ser un modelo de prestaciones para la Argentina, sin embargo: obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de “caja chica” que de chica no tienen nada para Hugo Moyano, que distribuye los bienes entre sociedades vinculadas a su esposa Liliana Zulet y que nada tienen que ver con las prestaciones que debería brindar un agente de servicios de salud», planteó Ocaña.

La legisladora porteña pide la intervención de la SSS, que es la que debe controlar a las obras sociales. Reforzó su pedido con el argumento legal de que las prestadoras médicas “gastan, perciben y administran fondos públicos”. En su presentación, reclama que el Gobierno tome cartas en el asunto: “Las condiciones fácticas y legales se encuentran dadas y demostradas, espero que consideraciones de tipo político y el temor al clan Moyano no impidan a las autoridades tomar las medidas necesarias para remediar la situación y asegurar las prestaciones a los afiliados de la obra social. En definitiva, se trata proteger el derecho a la salud los trabajadores afiliados a Oschoca, los que con el producto de su trabajo y esfuerzo aportan obligatoriamente todos los meses para ser protegidos y recibir una prestación de salud adecuada”.

La martillera Natalia Rucci, que participó en operaciones inmobiliarias relacionadas con el departamento de Caballito de Manuel Adorni, declaró ante la Justicia que el inmueble estuvo publicado en 375.000 dólares cuando lo vendía el exfutbolista Hugo Morales.

Añadió que el precio del inmueble bajó hasta los 200.000 dólares cuando lo adquirieron las dos jubiladas que poco después se lo vendieron al ahora jefe de Gabinete, en noviembre de 2025, con una hipoteca sin intereses. La mujer dijo que podría haberse vendido en una cifra superior, que calculó en 345.000 dólares.

La seña para comprarle el inmueble a Morales, en mayo de 2025, la pagó Pablo Martín Feijoo. Esa fue la operación donde intervino Natalia Rucci y su marido de Rucci Propiedades. Feijoo es hijo de una de las dos mujeres que registraron a su nombre el departamento de la calle Miró y luego se lo vendieron a Adorni.

El departamento fue refaccionado y la inmobiliaria recibió fotos de esos arreglos, indicaron fuentes judiciales.

Los testigos declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Son los dueños de la inmobiliaria Rucci, donde la Justicia federal ya secuestró los boletos de compraventa del inmueble de la calle Miró al 500.

La primera en declarar fue la martillera Rucci, seguida de su esposo, Marcelo Trimarchi, que también fue futbolista como Hugo Morales. Trimarchi contó que el giro comercial lo manejaba su mujer.

El fiscal buscó reconstruir detalles de la operación, el valor inicial del inmueble, cómo se gestó la venta, el estado de la propiedad y las refacciones.

Tras la publicación original de 375.000 dólares hubo una oferta a la baja de 295.000 dólares y se terminó vendiendo en 200.000, explicaron, cuando Feijoo hizo esa oferta final.

La vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y fue adquirida por Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores), madre de Feijoo, y Claudia Sbabo, quienes figuraron como vendedoras. Son ellas quienes hicieron la hipoteca en favor de Adorni por 200.000 dólares. Adorni adquirió el inmueble en 230.000 dólares. Es decir, aportó 30.000 dólares en efectivo.

La Justicia analiza la operación, pues en el medio se hicieron refacciones para actualizar el departamento antes de que fuera adquirido por el jefe de Gabinete para su familia.

El fiscal Pollicita analiza los ingresos de Adorni y su pareja, y los egresos en efectivo que realizaron para comprar las propiedades, tanto la de Caballito como la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Allí se pagó dinero en efectivo además del proveniente de una hipoteca y se pagaron refacciones y el derecho de ingreso al country, que asciende a unos 5000 dólares.

Esta es la cuenta que está haciendo la Justicia para comparar estos gastos con los ingresos del funcionario.

Esta semana declara además Feijoo, que es supuestamente allegado a Adorni (sus hijos van al mismo colegio) y quien facilitó la operación y la hipoteca de su madre, sin cobrar intereses. También fue citado el encargado del edificio.

La semana pasada ya declararon las dos jubiladas que garantizaron el préstamo. La madre de Feijoo aseguró ante la Justicia que la operación fue realizada por su hijo y dijo que no conocía a Adorni, al que vio solo al momento de la firma.

El viernes 24 debe declarar el constructor Matías Tabar, encargado de los trabajos de remodelación de la casa de Indio Cua.

Deberá aportar los contratos, presupuestos, facturas, comprobantes de pago y el listado de los trabajadores, además de los mensajes que intercambió con Adorni y su esposa.