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Milei, “nueva etapa” y el gol en contra del principio de revelación

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Los idus de junio que arrinconaron al Gobierno llegan al final después de una semana contra las cuerdas: el caso Adorni, por un lado y por el otro, una movida definitoria de la Corte Suprema en el conflicto universitario llevaron al Gobierno a días críticos. El desembarco de Diego Santilli en su nuevo rol de jefe de Gabinete le permite a Milei empezar a dejar atrás al huracán Adorni. Fueron ciento doce días que se llevaron puesto una parte central del capital identitario del mileísmo: la cruzada anti casta y la pureza ética del político libertario.

El flamante vocero Adrián Ravier lo dejó claro ayer: en X, anunció el comienzo de “una nueva etapa”. Pero el tema universitario, con menos resonancia que el caso Adorni, no encuentra su final. Al contrario, escala, promete consecuencias más duraderas y golpea al Gobierno directamente en el corazón de su otra bandera política clave: la política macroeconómica.

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Desde el jueves, cuando movió la Corte, Luis Caputo tiene sobre su escritorio la obligación de cumplir con el 52 por ciento de aumento, o actualización, en realidad, de los salarios docentes universitarios para compensar la caída por inflación desde noviembre de 2023. El acuerdo que el Gobierno firmó con los gremios paritarios nacionales el 11 de junio había logrado reducirlo a un 24,33 por ciento. Ahora, con la decisión de la Corte, queda obligado a completar la corrección, y sumar el 28 por ciento restante.

Tanto en el escándalo Adorni como en la disputa legal en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, en los dos casos al Gobierno le cayó el peso del principio de revelación, pero al revés. Hay goles en contra del principio de revelación: no quedaron expuestos los enemigos del Gobierno sino debilidades estructurales del oficialismo.

El Gobierno pudo evitarlas, pero se empecina en sostenerlas. Un funcionamiento problemático que implica: acelerar a ciegas, hasta chocar con la realidad; el empecinamiento como psicología política; el encierro consecuente en la cámara de eco y la desconexión con la emoción de la gente y las movidas posibles de sus adversarios; y el ”sí Milei” como política de Estado y sus consecuencias.

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Empecinamiento anti universitario

En el tema universitario, el Gobierno jugó con esas mismas fichas. La resistencia cueste lo que cueste a una negociación con la comunidad universitaria que hacía un planteo razonable ante la caída salarial del 40 por ciento y un empecinamiento extremo. Esa lógica política terminó con la Corte ratificando la medida cautelar que determina el inmediato y urgente cumplimiento de los dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que más pesan en las arcas del Estado: la actualización salarial y el aumento de las becas universitarias, ambas fijadas en la ley aprobada en 2025, y resistida por el Gobierno por decreto.

El Gobierno se empecinó en aceptar su resultado: al veto y al decreto, se le sumó la apelación ante la Corte con una medida de excepción, que la Corte rechazó el jueves.

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La decisión de la Corte de dejar firme la cautelar interpuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene efectos más profundos y con consecuencias más imparables hacia el futuro que el mismísimo caso Adorni: complican el modelo de equilibrio fiscal o superávit del Gobierno basado hoy, sobre todo, en gastos postergados. El equipo económico tendrá que hacer malabares creativos para poder sostener los objetivos anti inflación en medio de un proceso que empieza a adquirir, gradualmente, velocidad electoral.

El viernes pasado por la tarde, hubo reunión virtual estratégica con la presencia de la secretaria jurídica y técnica de la Presidencia, María Ibarzábal; su número dos, la subsecretaría de Planeamiento Normativo, Paula Taddei y el subsecretario de Política Universitarias, Alejandro Álvarez, entre otros funcionarios. Hay nueva narrativa, hecha de cinco piezas, para afrontar la noticia de la cautelar firme.

Primero, el Gobierno sostiene que cumplirá con la cautelar. Segundo, afirma que ya lo está haciendo con el pago del 24,33 por ciento para salarios y con lo acordado para la actualización de las becas: “estamos a derecho”, dicen desde el ministerio de Capital Humano. Tercero, considera que para cumplir con la actualización del restante 28 por ciento tiene todo el año fiscal, que termina en diciembre. Cuarto, sostiene que la cautelar es una medida transitoria que depende del amparo sobre la cuestión de fondo, la legalidad o no del decreto que suspendió la aplicación de la ley, que debe definirse en la primera instancia. Quinto, ahora las esperanzas del Gobierno están puestas en que el juez de primera instancia, Martín Cormick, falle en contra del amparo presentado por el CIN. “Si actualizamos todo de golpe, puede pasar que el juez falle contra el amparo y cómo recuperamos los fondos”, dicen desde el Gobierno.

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Si el fallo fuera en contra del Gobierno, estarían dispuestos a llegar a apelar en la segunda instancia.

La decisión de la Corte la semana pasada tomó por sorpresa al Gobierno. ¿Qué pasó? Según fuentes cercanas a la dinámica de la Corte, entre el miércoles y el jueves, la cautelar cayó en la interna de la Corte donde suelen quedar enfrentados el presidente de la Corte Horacio Rosatti con los otros dos miembros del Tribunal, Carlos Ronsekrantz y Guillermo Lorenzetti.

El otro también juega

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La Corte movió sus propias fichas, con lógica ajena a las necesidades del Gobierno. El miércoles, Lorenzetti hizo declaraciones en TN para responder sobre la imparcialidad de la Corte y los sesgos que producen la demora de sus fallos, por ejemplo, en relación a la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Las declaraciones de Lorenzetti fueron problemáticas para la Corte en dos sentidos. Por un lado, responsabilizó a Rosatti de un diálogo con el Gobierno para quitarle presión a la Corte dado que ya había un acuerdo con los gremios universitarios: en ese punto, el presidente de la Corte quedó expuesto. Por otro lado, quedó expuesta toda la Corte: Lorenzetti le dio un peso a ese acuerdo político como el factor clave de resolución del reclamo y le restó peso institucional al fallo de la Corte en relación a esa cautelar.

El jueves, el fallo que dejó firme la cautelar recogió esas dos incomodidades. Pero se enmarca en una coreografía más compleja. La Corte tuvo que atender a las exigencias de la opinión pública y del Gobierno al mismo tiempo. Con el tratamiento, Rosatti buscó dejar dos. “En la Corte, el que sirve el menú y decide qué casos se tratan es el Presidente”, explica el conocedor de la coreografía de la Corte. A Rosatti se le reconoce diálogo más fluido con el Gobierno. “El hijo del asesor de Rosatti, Silvio Robles, es asesor de Martín Menem. El Gobierno se entera de todas las movidas”, dice el conocedor de la Corte. Con esa movida, Rosatti puede argumentar que Lorenzetti lo expuso, y no tuvo opción: no había chances técnicas de no dejar firme la cautelar y menos en el escenario creado por Lorenzetti. Ante el Gobierno, Rosatti impulsó la decisión inevitable.

Otra interpretación es que Rosatti, una vez que su hijo fue nombrado juez, rompió lanzas con el Gobierno. Desde el palacio de la Corte, esa posibilidad parece menos creíble. Está claro que hay un diálogo entre la cabeza del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero hoy, dado la interna, no tiene un solo vocero. “Hoy no hay una cohesión hoy que permita decir que Rosatti habla por la Corte cuando habla con el Gobierno”, explica la fuente.

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¿El Gobierno tiene que cumplir la cautelar? “Se tiene que cumplir. No importa el acuerdo que el Gobierno haya hecho con los gremios. Para que se caiga la cautelar, los demandantes tienen que desistir”, aclaran desde la Corte.

Esta semana, el CIN planea avanzar con una medida de ejecución inmediata ante el juez de primera instancia. Y hay versiones que indican que el juez Cormick fallaría positivamente en favor del amparo universitario después de la feria judicial. Un vocero clave del mundo universitario subraya el peso que el cumplimiento de la ley tiene para la política económica del Gobierno: “Lo que más le preocupa al Gobierno es la cláusula de indexación cada tres meses: fija paritarias pero con la obligación de mantener actualizado los salarios al menos con la inflación, nunca por debajo”.

Adorni y el desgobierno

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Milei y el oficialismo encararon el caso Adorni y los reclamos universitarios todo el año pasado y hasta ahora con un estado de negación que los llevó hacia un resultado esperable para todos, menos para el Gobierno. Desde que se conoció la foto de la esposa de Adorni en Nueva York, el 8 de marzo, y luego la foto de su viaje en avión privado el 12 de marzo, la suerte política de Adorni estaba echada, y con razón: en cuatro días, el exjefe de Gabinete tejió una trama de mentiras que ya entonces empezaron a dañar la credibilidad del Gobierno. Desde aquella semana, el caso no hizo otra cosa que agravarse. Sólo el Gobierno, y Milei mismo, se negaron a aceptarlo.

Antes del fin de semana, el oficialismo buscó vender éxito donde había obstáculos. En relación a Adorni, fuentes del oficialismo se esforzaron por destacar una recuperación del control de la agenda política cuando, en realidad, el movimiento de pinzas desde el Congreso lo enfrentó al único desenlace posible: el fin político del jefe de Gabinete y vocero estrella.

En el conflicto universitario, el acuerdo con los gremios fue comunicado como un logro, cuando en realidad implicó un reajuste del gasto para poder financiarlo. Ahora, con la decisión de la Corte, ese frente se complica más todavía. El Gobierno sigue intentando encontrarle un agujero al mate de un conflicto donde viene perdiendo.

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La “nueva etapa” puede significar algo en ese sentido: el avance en el Gobierno de un macrismo sin Macri, con una Patricia Bullrich y un Santilli con cintura comprobada para la astucia de la negociación y registro de otras dimensiones de la política. Lo nuevo puede ser una corrección en la lógica del empecinamiento mileísta.




Luciana Vázquez,Conforme a

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El Gobierno logró una inestable tregua con sus aliados y toma aire en el Congreso para leyes clave

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Después de estar un mes a la defensiva, el oficialismo en el Congreso logró recuperar casi por completo el control de la agenda y normalizó la relación con algunos de los bloques aliados que habían dejado trascender su malestar por los manejos de la Casa Rosada. Durante octubre, los libertarios se abocarán a avanzar en la Cámara de Diputados con los proyectos sobre Malvinas, la reforma en Discapacidad, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027. La oposición, por su parte, luchará por mantener en el centro de la discusión pública los proyectos sobre endeudamiento y mora.

El martes, el oficialismo logró dar vuelta la página tras la polémica que se desencadenó por el ajuste en el área de Discapacidad que contenía el proyecto de Presupuesto 2027. Tras dos semanas de tensión, que incluyeron reclamos públicos de los bloques aliados y pases de factura entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió el Poder Ejecutivo y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

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La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados

Aunque todavía quedan pendientes algunos reclamos de los aliados, como una redacción clara que ratifique que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación y el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas, el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el próximo 7 de octubre.

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Esa mega sesión también incluirá el proyecto para proteger los recursos del Atlántico Sur y reforzar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. El puntapié inicial del debate será el miércoles 30 de septiembre, en un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, conducidas por los oficialistas Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El cronograma continuará el martes 6 de octubre con otro plenario de comisiones donde los libertarios buscarán firmar dictamen. Así el texto quedará listo para debatirse en el recinto de la Cámara de Diputados al día siguiente.

Si bien todavía no hay confirmación oficial, fuentes del oficialismo señalaron a Infobae que la reforma del Banco Central también estará incluida en el temario de esa sesión. Los cambios en la Carta Orgánica que apuntan a garantizar la independencia de la entidad monetaria respecto del Poder Ejecutivo fueron aprobados este jueves en el Senado. Pero el texto que venía de Diputados sufrió una modificación importante, por lo que deberá volver en revisión a la Cámara de origen.

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A instancia de los gobernadores, y con acuerdo del peronismo, se cambió la redacción en un punto clave: la mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras para remover a las autoridades del Banco Central fue reemplazada por una mayoría absoluta (37 votos afirmativos) solo en el Senado. Ese cambio fue aprobado casi por unanimidad (66 votos a favor y sólo dos en contra), por lo que será matemáticamente imposible que Diputados pueda insistir con el proyecto original (debería llegar a los dos tercios pero no puede lograrse sin el peronismo).

El Senado aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central pero hizo cambios en el texto y deberá volver a Diputados

Por su parte, la oposición avanzará este martes 29 de septiembre con el dictamen de las iniciativas sobre endeudamiento. En estos días el peronismo y los bloques dialoguistas buscan unificar una propuesta que no tenga costo fiscal (para evitar un veto presidencial), mientras que el oficialismo y sus aliados presentarán una propuesta propia que tendrá como eje principal la concientización (sin ningún tipo de refinanciación obligatoria de las deudas). La oposición aún no define cuándo convocará a una sesión ya que no tienen los 129 votos del quórum asegurados.

Finalmente, durante el tramo final del año, oficialismo y oposición se abocarán a la negociación del Presupuesto 2027. El cronograma incluirá reuniones informativas el 13, el 14, el 20, el 21 y el 27 de octubre. En tanto que el miércoles 28 prevén firmar el dictamen para avanzar en el recinto el miércoles 4 de noviembre.

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Esta negociación estará atravesada por el armado de las alianzas electorales de cara a los comicios del año que viene y condicionará directamente otro de los objetivos principales del Gobierno: la eliminación de las PASO.

celeste salguero/comunicación senado.-

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Para garantizar la aprobación de la reforma de la carta orgánica del BCRA, el Gobierno prevé aceptar los cambios que introdujo el Senado

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El Gobierno prevé ratificar en Diputados los cambios que introdujo el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pese a las diferencias internas que generó la modificación del mecanismo para remover al presidente y a los directores de la entidad. La definición todavía debe terminar de ordenarse dentro del oficialismo y será uno de los temas de la mesa política del martes 29.

“La idea es convalidar los cambios”, responden en Nación sobre si el Ejecutivo intentará recuperar la versión original que Diputados aprobó el 26 de agosto. En el armado legislativo reconocen también que ven difícil conseguir la mayoría necesaria para revertir el cambio.

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La diferencia principal está en el artículo 3. El proyecto aprobado originalmente por Diputados establecía que la remoción del presidente, vicepresidente y directores del BCRA debía contar con el respaldo de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso. El Senado eliminó ese esquema y dispuso que la decisión quede exclusivamente en manos de la Cámara alta, por mayoría absoluta.

El cambio alcanza además al procedimiento de designación. La nueva redacción establece que los integrantes del directorio propuestos por el Poder Ejecutivo deberán contar con mayoría absoluta del Senado, y utiliza la misma mayoría para una eventual remoción.

La modificación fue aprobada en particular por 66 votos contra dos, con el respaldo del peronismo, pese a que ese bloque rechazó la reforma general. Esa votación tiene una consecuencia directa sobre el margen que tiene ahora la Cámara de Diputados.

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Senadores oficialistas y aliados votaron a favor los cambios a la Carta Orgánica del BCRA (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).

El artículo 81 de la Constitución establece que, cuando la cámara revisora modifica un proyecto con dos tercios de los miembros presentes, la cámara de origen no puede recuperar su redacción original por mayoría simple. Para insistir en ese texto necesita también reunir dos tercios de los presentes.

Eso significa que Diputados puede aceptar la modificación del Senado con mayoría absoluta de los presentes, pero necesita dos tercios para restablecer el mecanismo original en el artículo modificado con esa mayoría agravada. Tampoco puede introducir una tercera redacción diferente durante esta instancia de revisión.

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LLA analiza bajar a su candidato a gobernador en Chubut para acompañar la reelección de Torres

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En Chubut, el tablero electoral de 2027 comenzó a ordenarse alrededor de una negociación que podría modificar la competencia por la gobernación: La Libertad Avanza analiza la posibilidad de resignar una candidatura propia y acoplarse al proyecto de reelección de Ignacio “Nacho” Torres.

El movimiento implicaría que el espacio libertario desista de presentar un postulante propio para la gobernación y se incorpore al armado que conduce el mandatario provincial. La definición forma parte de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con el oficialismo chubutense y se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional para cerrar acuerdos electorales con dirigentes provinciales.

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Torres, en diálogo con Infobae, reconoció la posibilidad de un acercamiento electoral con la Casa Rosada, aunque remarcó que todavía “faltan definiciones”.

La eventual candidatura de César Treffinger es uno de los puntos centrales de esa negociación. El diputado nacional de LLA había expresado su intención de competir por la gobernación, pero su postulación todavía no cuenta con una definición política de la conducción nacional del espacio.

En ese contexto, una alternativa que comenzó a tomar forma es que Treffinger deponga su aspiración provincial y sea considerado para una candidatura al Senado. Para la conducción libertaria, esa opción permitiría preservar a un dirigente propio dentro del armado electoral y, al mismo tiempo, avanzar en un acuerdo con Torres.

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El propio Treffinger admitió ante su entorno la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el gobernador y resignar su candidatura a la gobernación. La decisión, en ese caso, quedaría supeditada a la estrategia que definan los principales armadores nacionales de La Libertad Avanza.

La negociación tiene una lógica estrictamente electoral: si LLA finalmente retira a su candidato, Torres ampliaría su base de sustentación y evitaría una competencia libertaria que podría fragmentar el electorado no peronista. Del otro lado, la Casa Rosada obtendría una vía para mantener presencia política en Chubut a través de un acuerdo con el oficialismo provincial.

César Treffinger

El escenario también está condicionado por la posición del peronismo, que todavía no logró ordenar su oferta electoral. Juan Pablo Luque y Dante Bowen mantienen sus aspiraciones y disputan espacios de poder dentro del armado opositor. Esa interna constituye, por ahora, uno de los principales obstáculos para consolidar una candidatura competitiva frente a Torres.

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Torres amplía su base política

Mientras LLA define qué hará, Torres avanza en la consolidación de una construcción política de alcance provincial. El gobernador busca ampliar su coalición y preservar una lógica de armado transversal, que reúne a sectores del PRO, radicales, peronistas disidentes y dirigentes libertarios.

En agosto, Torres respaldó el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque planteó que cualquier entendimiento debía construirse sobre una agenda común de gestión y desarrollo, y no limitarse a una alianza electoral.

“Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”, sostuvo el mandatario.

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La definición expone una de las claves de la estrategia del gobernador: ampliar su base electoral sin perder autonomía política frente a la Casa Rosada.

En Chubut, Torres ya gobierna con una coalición que excede al PRO y que incorporó dirigentes provenientes de distintos espacios políticos. La eventual incorporación formal de LLA significaría un nuevo salto en esa construcción y le permitiría llegar a 2027 con un frente electoral todavía más amplio.

Los gobernadores Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Alberto Weretilneck

La reciente interna radical también fortaleció el esquema del gobernador. La victoria de Gerardo Merino en Esquel fue interpretada dentro del oficialismo provincial como un respaldo al alineamiento de la UCR con Torres y a la continuidad de esa sociedad política.

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El peronismo intenta ordenar su interna

Del otro lado del tablero, el peronismo chubutense comenzó a mover sus piezas, aunque todavía enfrenta dificultades para definir una conducción electoral común.

El principal nombre opositor es Juan Pablo Luque, quien fue derrotado por Torres en las elecciones de 2023, cuando puso fin a dos décadas de gobiernos peronistas en la provincia.

Pero Luque no es el único dirigente que pretende disputar el liderazgo del espacio. Dante Bowen, intendente de Dolavon, mantiene firme su intención de competir por la gobernación.

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Juan Pablo Luque y Dante Bowen

Bowen sostuvo que su carrera política solamente tendría continuidad si logra ser candidato a gobernador y descartó, al menos públicamente, la posibilidad de ocupar otro cargo dentro de un eventual armado peronista.

“Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa”, resumió durante una entrevista televisiva.

La definición profundiza la tensión interna del peronismo, que deberá resolver primero su mecanismo de selección de candidaturas antes de intentar construir una estrategia común para enfrentar a Torres.

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Una de las alternativas que circuló para ordenar el tablero consiste en que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, cargo que ocupó entre 2019 y 2023, y deje despejado el camino provincial para Bowen.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no forma parte de un acuerdo político consolidado.

“La razón por la que quiero ser gobernador es porque me preparé toda la vida para esto”, sostuvo Bowen, al explicar que su recorrido político estuvo orientado hacia ese objetivo.

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La disputa entre ambos dirigentes se desarrolla mientras distintos sectores del peronismo buscan reconstruir una estructura capaz de competir por el poder provincial. La foto de unidad entre Luque y otros referentes, el diálogo con José Glinski y la construcción de Chubut Futuro, alineada con el Movimiento Derecho al Futuro que impulsa Axel Kicillof, forman parte de ese proceso de reconfiguración.

Por ahora, ninguna de las principales fuerzas terminó de cerrar sus candidaturas. Torres trabaja en ampliar su base política; el peronismo intenta resolver su disputa interna y La Libertad Avanza debe definir si competirá con una candidatura propia o si resignará esa postulación para integrarse al armado del gobernador.

La negociación entre la Casa Rosada y Torres puede convertirse, así, en una de las definiciones centrales del tablero electoral chubutense de cara a 2027.

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