POLITICA
El cruce entre el gobierno de Kicillof y la oposición bonaerense por las prestaciones de IOMA

El gobierno de la provincia de Buenos Aires y dirigentes de la oposición protagonizaron este lunes un fuerte cruce por el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió la gestión del IOMA y trazó un diagnóstico del sistema sanitario argentino en una conferencia de prensa. El funcionario las calificó las críticas como una “manipulación y mentira cotidiana” y atribuyó el deterioro del sector a las políticas económicas del gobierno nacional.
La respuesta de la oposición provincial no tardó en llegar: legisladores de distintos bloques salieron a rebatir sus argumentos y a exigir que las autoridades del organismo comparezcan ante la Legislatura bonaerense.
El trasfondo de la disputa no es nuevo. En mayo de 2026, diputados y senadores opositores arremetieron con pedidos de informe y proyectos legislativos vinculados a la obra social de los empleados públicos y municipales de la provincia. La oposición denuncia falta de cobertura, deudas con prestadores y demoras en los turnos. El oficialismo, en tanto, insiste en que el problema excede al organismo provincial y apunta al desfinanciamiento que atraviesa todo el sistema de seguridad social del país.
Este lunes la tensión entre ambas partes nuevamente escaló. En su exposición, Kreplak describió un sistema de salud bajo presión desde múltiples frentes. Señaló que el 65% de la población argentina depende de obras sociales financiadas por aportes de trabajadores en relación de dependencia, y que la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo formales dejó a 742.000 personas sin cobertura de obra social o prepaga. A eso sumó el cierre de 300 empresas del sector y el dato que, según dijo, difundió la CGT desde su observatorio sanitario: el 80% de las obras sociales nacionales no recauda lo suficiente para cubrir los costos mínimos de funcionamiento de sus afiliados.

El ministro también apuntó contra la desregulación de precios de insumos médicos y la liberación de copagos y valores de medicamentos, medidas que, afirmó, incrementaron el gasto de bolsillo de la población.
Las críticas opositoras apuntaron en una dirección opuesta. El senador provincial Marcelo “Chuby” Leguizamón (Hechos), afiliado voluntario del IOMA, rechazó la caracterización de Kreplak sobre quienes cuestionan al organismo. “¿Mala intención, Ministro? Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones. Desinformación es creer que el IOMA funciona bien”, sostuvo el legislador, quien añadió que padece personalmente las mismas demoras y falta de coberturas que el resto de los afiliados. Leguizamón también reclamó que las autoridades del área concurran al Parlamento: “El Excel del escritorio no resiste un minuto de calle”, desafió.
Por su parte, el diputado Valentín Miranda (UCR) cuestionó la postura del ministro y amplió el reproche. “Del IOMA tienen que hablar los que saben, y esos son los afiliados que todos los días se enfrentan a la burocracia de un sistema que no da respuesta. Falta gestión y sobra arrogancia”, afirmó Miranda, quien instó al Ejecutivo provincial a escuchar a los usuarios del organismo.
Frente a ese escenario, el funcionario explicó que el IOMA debió ampliar su cobertura para compensar el retroceso de otras obras sociales.

En mayo pasado, el diputado del PRO Fernando Rovello fue uno de los primeros legisladores en presentar iniciativas sobre la crisis del IOMA, con un pedido de interpelación a su presidente, Homero Giles que no obtuvo los votos necesarios. En las semanas previas a la conferencia de este lunes, un grupo de legisladores de la UCR, Cambio Federal, la Coalición Cívica y el PRO volvió a impulsar ese pedido.
El IOMA contaba, al cierre del año 2025, con 2.132.113 afiliados entre obligatorios y voluntarios, de acuerdo con datos de la administración bonaerense.
POLITICA
La Sociedad Rural se sumó al masivo repudio contra el fallo que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás

La Sociedad Rural Argentina se sumó a las múltiples expresiones de preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.
“Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.
La Sociedad Rural Argentina agregó que “la defensa de la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución Nacional, es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ser respetados, pero no pueden utilizarse como argumento para avasallar los derechos de terceros ni para legitimar acciones que vulneren la ley. El ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto por las libertades individuales y por los bienes y el trabajo de los demás”.
“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que el respeto por la ley y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la convivencia, fortalecer las instituciones y promover el crecimiento del país. La Argentina necesita reglas claras y justas, una Justicia que garantice los derechos de todos y el rechazo a cualquier forma de violencia o coerción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de todos los argentinos”, concluyó.
Otras entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.
Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.
“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.
Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.
En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.
En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.
Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.
La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.
“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.
“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.
Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.
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En el Día de la Lealtad, el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón: “No se trata de justicia, se trata de proscripción”

El Partido Justicialista presentó a Cristina Fernández de Kirchner como víctima de una proscripción y equiparó su situación con la persecución que, según afirmó en un comunicado, sufrió Juan Domingo Perón antes del Día de la Lealtad.
“Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, encabezó el posteo previo al comunicado, que definió a la lealtad peronista como una obligación y no como una efeméride.

En un comunicado, sostuvo que la inhabilitación perpetua de la expresidenta para ejercer cargos políticos, en el marco de la condena en la causa Vialidad, busca impedir que la oposición vuelva a llevarla al poder.
Para ello, la fuerza peronista convocó a su militancia, a los trabajadores, a sus organizaciones y a los sectores democráticos a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para obtener la libertad de Fernández de Kirchner y el fin de la medida que define como proscriptiva. El llamado planteó la movilización y la unidad como una obligación política de los peronistas.
El texto posteado en las redes oficiales partidarias cuestionó también el régimen de visitas que se le aplica a la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. El PJ sostuvo que esas restricciones no alcanzan, según su planteo, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.
Sobre el fallo contra la dirigente, el partido afirmó que se dictó “sin pruebas” y acusó al tribunal de haber torcido el derecho y falsificado los hechos. También señaló que el presidente del tribunal “juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal de la acusación”.

El Partido Justicialista afirmó que el objetivo central de la condena no es la pena principal. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, expresó el PJ en su declaración.
La organización definió a Fernández de Kirchner como “la dirigente política más importante de la oposición” y sostuvo que su persecución forma parte de un modelo económico que busca disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. “Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, afirmó.
Para fundamentar esa comparación, el PJ recordó los hechos que rodearon al 17 de octubre de 1945. Según el comunicado, Perón había sido obligado a renunciar el 9 de octubre por un sector de las Fuerzas Armadas y luego fue detenido y trasladado a la isla Martín García.

La declaración reconstruyó que trabajadores de Berisso, Ensenada, Avellaneda, Lanús y otros puntos del conurbano caminaron hacia Plaza de Mayo para exigir su liberación. “Exigían la libertad de Perón y no se fueron hasta conseguirla”, señaló el texto sobre la movilización que precedió al discurso del entonces coronel desde los balcones de la Casa Rosada.
El partido también mencionó la proscripción que atravesó el movimiento tras el golpe de 1955, período en el que, según indicó, Perón estuvo exiliado y hasta su nombre fue prohibido durante 18 años. Para el PJ, la organización popular permitió el regreso del expresidente a la Argentina.
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Un ministro chileno tildó de "loco" a Milei y tuvo que pedir disculpas tras las críticas de su propio espacio político

El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, se vio obligado a ofrecer disculpas públicas tras calificar de “loco” al presidente argentino Javier Milei durante un foro empresarial en Santiago. El exabrupto generó un rápido repudio dentro de la propia coalición gobernante y llevó al presidente José Antonio Kast —que se encontraba de visita oficial en Bolivia— a intervenir con un mensaje directo: “Esto no se va a volver a repetir”.
La polémica se originó ayer, viernes, en un ciclo organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) y en un contexto de tensión latente por declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambos países a raíz de la reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas.
Allí, Poduje fue consultado sobre las fórmulas para reactivar el sector de la construcción. Al defender la inversión estatal en infraestructura como herramienta para reducir costos productivos, el secretario de Estado apuntó contra la postura de Milei.
“La inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública”, expresó el funcionario, e imitó incluso el tono del presidente argentino: “‘¡¿Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco».
Esta declaración provocó una rápida reacción dentro del oficialismo. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó los dichos como “muy imprudentes” y advirtió que “hay cosas que no se pueden decir” en un contexto de tensiones diplomáticas con Buenos Aires.
“Nadie sabe cómo reaccionará Milei por su temperamento y lo demás que todos conocemos. Prudencia es lo necesario en estos tiempos difíciles en política exterior”, escribió Moreira en X, donde además señaló que, si no se controlan las declaraciones de los ministros, el episodio “puede terminar en cambio de gabinete”.
Desde el Partido Nacional Libertario, cuyo líder Johannes Kaiser mantiene una relación cercana con el mandatario argentino, también hubo cuestionamientos. El diputado y vicepresidente de esa fuerza, Hans Marowski, sostuvo que “un ministro de Estado debe estar a la altura de su cargo” y que las descalificaciones personales “no aportan en nada”. Su compañera de bancada, la diputada Paulina Muñoz, fue más allá y emplazó directamente a Kast: “Si al Presidente le gusta poner ministros de izquierda en carteras clave, lo que tiene que hacer es alinearlos”.
Horas después de su intervención en el foro, Poduje publicó un mensaje en su cuenta de X para retractarse. “Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, escribió.
El vicepresidente en ejercicio (a raíz del viaje de Kast a Bolivia), Claudio Alvarado, dio por superado el incidente. “Lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes, y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado”, afirmó.
Desde La Paz, donde encabezó la primera visita oficial de un presidente chileno a Bolivia en 71 años, Kast también se pronunció. “Lamentamos las expresiones. El ministro Poduje pidió las disculpas como corresponde, disculpas públicas, y esto no se va a volver a repetir”, declaró el mandatario.
Un exabrupto y tensión bilateral
Las declaraciones de Poduje no ocurrieron en el vacío. La relación entre Santiago y Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, marcado por la disputa en torno a la reactivación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
El buque chileno Danstar, de la naviera Easter Island Naviera, prevé zarpar hacia Puerto Argentino a más tardar en noviembre para restablecer un servicio de abastecimiento que funcionó durante más de un siglo pero dejó de operar a comienzos de los 2000. El recorrido de unos 900 kilómetros atravesaría el Estrecho de Magallanes y ofrecería una alternativa al trayecto actual desde Montevideo, que implica una travesía de casi 2.000 kilómetros.
Argentina ha expresado su preocupación por la iniciativa. El canciller Pablo Quirno advirtió que el gobierno monitorea la situación y pidió respetar los acuerdos vigentes, aunque descartó una interceptación del navío. Desde el lado chileno, el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, defendió el derecho a la libre navegación y sostuvo que “todo barco que sale del Estrecho de Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”. También descartó la necesidad de escoltar al Danstar.
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