POLITICA
Misterios del nuevo dispositivo de poder
Las escenas de los próximos dos o tres episodios de la saga oficial son bastante previsibles. Diego Santilli en acción. Celebrando acuerdos. Exhibiendo ejecutividad. Prodigando coartadas retóricas para los problemas que, a diario, enfrenta la administración. Son las destrezas por las cuales lo ascendieron a la Jefatura de Gabinete.
A medida que se sucedan los capítulos se irán despejando las principales incógnitas de la nueva organización dispuesta por Javier Milei. Una inicial: ¿cuánto poder real va a tener Santilli? Cuando llegó al Ministerio del Interior, el Presidente y su hermana, Karina, redujeron mucho las vacantes a ocupar. Ahora, en la Jefatura, ya le impusieron a su segundo: Ignacio Devitt, un cuadro de tercera línea de Pro, que llegó a La Libertad Avanza de la mano de Manuel Adorni, después de haber pasado por los gobiernos de Vicente López y de la Ciudad de Buenos Aires. Devitt es ahora un delegado de la señorita Milei en el universo de Santilli. Un desafío para Gustavo Coria, flamante secretario de Interior. Él sí es de la máxima confianza del “Colo”, desde que controlaba el Ceamse. Allí, en la gestión de la basura, nació la amistad de Santilli con Claudio “Chiqui” Tapia. Coria deberá romper y, a la vez, disimular las limitaciones del controller Devitt. Son tensiones que derivan del verticalismo de los Milei: ellos detestan la autonomía de sus subordinados. Les gusta quedarse con todo. Parecen peronistas. Como Santilli.
Además de conquistar su metro cuadrado, el sucesor de Adorni tendrá otro desafío: reforzar su relación con Karina. Y, sobre todo, con los Menem: Eduardo “Lule” y su primo, Martín. Ellos esperan de Santilli algo que Santilli no está en condiciones de suministrar: la cabeza de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. La designación del nuevo jefe de Gabinete expresa el deseo del Presidente de no desprenderse del “Mago” aun pagando el costo, u obteniendo el beneficio, de la guerra fría entre facciones. Caputo debe celebrar que Santilli no estará husmeando en sus dominios porque es fóbico al conflicto. Alma gemela de Juan Bautista Mahiques, es capaz de simular que tiene veinte dueños, sin comprometerse con ninguno. A propósito del ministro de Justicia, una digresión: ¿qué hará con el expediente que le remitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que responda el reclamo del camarista federal Leopoldo Bruglia? El juez denunció ante ese organismo que el Poder Ejecutivo lo discrimina: como llegó a su posición trasladado desde otro tribunal, lo van a reemplazar por alguien surgido de un concurso. Un criterio que no se sigue con el legendario Carlos Mahíques, camarista de Casación y padre del ministro, también trasladado no sólo desde otro tribunal sino, además, desde otro fuero.
La concordia entre Santilli y el “Mago” Caputo está garantizada por viejas relaciones. El “Colo” contrató durante años a Rodrigo Lugones, líder de la consultora Move donde trabaja también Caputo. Los aproximó la mano derecha y, sobre todo, izquierda, del nuevo jefe de Gabinete, Bruno Screnci, antiguo compañero de colegio de Lugones, quien hoy mueve hilos oficiales desde Madrid.
Sin embargo, el verdadero problema de Santilli no es el “Mago” sino el diputado Sebastián Pareja. Es el delegado de Karina Milei en la conducción de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Como tal, también aspira a ser candidato a gobernador. La discreta tensión con Pareja conduce a un desafío delicado de Santilli: conquistar para el oficialismo la gobernación que hoy ejerce Axel Kicillof.
En este terreno ya se verificó que, a pesar de que le otorgaron un cargo relevante, a Santilli le retacean el diseño de la estrategia política. Como la elección de gobernador se gana por simple pluralidad de votos, no hay ballotage, él necesita la unificación de todo lo que se extiende desde el centro a la derecha en el campo no peronista. Milei dificulta esa estrategia. Apenas anunció la promoción de su ministro del Interior a la Jefatura, declaró que Macri, cuando reestructuró la deuda en pesos, estafó a los argentinos. Macri está en condiciones de postular una fórmula alternativa en Buenos Aires, no para que Pro gane, sino para que La Libertad Avanza pierda. Santilli sentiría los tironeos de un linchamiento.
Desde el último fin de semana, sobre la carrera bonaerense de Santilli pesa un interrogante y es el siguiente: para conseguir votos en ese territorio, sobre todo en el conurbano, ¿ser jefe de Gabinete de una administración identificada con un ajuste es una ventaja o un castigo?
La elección de la provincia de Buenos Aires plantea, además, otro reto. Si se celebra de manera independiente respecto de la elección presidencial, el impacto del resultado sobre la economía puede ser determinante. ¿Cómo reaccionarían los mercados, sobre todo el de cambios, frente al eventual triunfo de un candidato a gobernador kirchnerista? ¿Cómo lo harían si, en cambio, se impone el elegido de Milei? En 2019, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio expusieron ante María Eugenia Vidal y Federico Salvai la conveniencia de adelantar los comicios provinciales para que la eventual reelección de la gobernadora oxigenara a Macri en la competencia nacional. Vidal y Salvai no aceptaron. ¿Qué debe preferir Milei? ¿Comicios desdoblados en los que Santilli o Pareja consigan un triunfo que se proyecte sobre el escenario nacional? ¿O para él es mejor una elección unificada en la que se imponga la agenda de la Casa Rosada? Como se puede advertir, la responsabilidad del representante de La Libertad Avanza en la carrera por la gobernación de la provincia de Buenos Aires es descomunal.
La llave del calendario pertenece al peronismo bonaerense. Allí la gravitación de los intendentes es crucial. Ellos sueñan con que se adelanten los comicios provinciales como sucede en tantos otros distritos. Pero estarían dispuestos a plegarse a la campaña nacional a cambio de un beneficio superior: que se elimine la cláusula por la cual los jefes municipales sólo pueden gobernar dos mandatos. Exigen volver a la reelección indefinida.
La gran dificultad para suprimir esa limitación en el derecho a postularse es la resistencia de Sergio Massa. ¿Las razones? Quienes lo conocen mencionan una inverosímil: los principios. Pero hay un par más. Una: que odia a los intendentes. Otra: que pretende bloquear una nueva candidatura de Julio Zamora, su verdugo de Tigre. Sin embargo, Massa declinaría esta reticencia si el candidato a presidente fuera él mismo. En ese caso, se resignaría a la reelección indefinida a cambio de que los intendentes acepten que los comicios bonaerenses se celebren el mismo día que los nacionales. Al candidato Kicillof le convendría lo mismo. No olvidar el hilo del problema: una elección bonaerense adelantada, como la de 2025, podría ser peligrosa para el gobierno nacional, ya que una eventual derrota enloquecería a los mercados mientras el país marcha hacia la competencia por la sucesión presidencial.
Es un enigma si Massa está en condiciones de presentarse otra vez a una elección nacional. Su imagen sigue siendo mala. Según la última encuesta de Hugo Haime presenta 60,7% de desprestigio contra 32,8% de prestigio. Por otra parte, no hay escándalo que no lo salpique: desde los movimientos de dólares de Javier Faroni con la AFA, hasta las opacas intervenciones en las operaciones de comercio exterior de su íntimo amigo y vecino de San Martín, Germán Cervantes, pasando por los rulos cambiarios del ex de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, con el dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández. A propósito de Piccirillo: ¿quién le pagó la fianza para que le conceden la prisión domiciliaria? En el PJ bonaerense dicen que fue alguien que no quiere que, quebrado por el llanto, explique en detalle los negociados con el cepo.
Más allá de estas fragilidades, Massa está tentado. En especial cuando advierte la catastrófica crisis del PJ bonaerense. La ruptura entre Cristina Kirchner y Kicillof se ha vuelto, al parecer, irreversible. El escenario más resonante del conflicto es la Legislatura bonaerense. Dos senadores provinciales subordinados a la expresidenta, Sergio Berni y Mario Ishii, pintaron de bleque a la presidenta de la Cámara, Verónica Magario, que debió cerrarles el micrófono para amordazar los insultos. Hay quienes temen que el Poder Legislativo bonaerense ya no pueda volver a sesionar. Quiere decir que, enemistada sin retorno con Kicillof, la señora de Kirchner está sin candidato. Ahí se anota Massa. Queda la incógnita de quién correría por la gobernación. Es decir, con quien debería enfrentarse, llegado el caso, Santilli. ¿Máximo Kirchner? ¿Eduardo “Wado” De Pedro? La Cámpora va por lo que parece más seguro: el sillón de Kicillof.
Los riesgos bonaerenses de Santilli son numerosísimos y su nueva condición de jefe de Gabinete parece agigantarlos. Es la razón por la cual comienza a evaluarse si no podría regresar a la Ciudad y presentarse como candidato a jefe de Gobierno. Ese camino permitiría a Milei producir una ironía. Para los que quieren que La Libertad Avanza respete el feudo histórico de Pro, se cedería la candidatura a ese partido. Pero con Santilli. No con un representante de los Macri como, por ejemplo, Jorge Macri. Una curiosidad: ¿Fernando de Andreis y Guillermo Dietrich también corren, alentados por Mauricio? ¿Cómo está la relación entre los primos?
Jorge Macri hace todos los deberes para satisfacer a la Casa Rosada como candidato. Sobre todo uno: se radicaliza hacia la derecha. Ya lo llaman Idi Amin. El do de pecho lo dio en las últimas horas, al reprochar a la Iglesia Católica llenar de pobres la Capital Federal ofreciéndoles comida en los atrios de los templos. “Porque adentro nunca los llevan”, agregó. Audaz Jorge Macri. Abrir este frente de conflicto pocos meses antes de que un Papa visite la ciudad.
Si Santilli termina siendo el candidato porteño de los Milei, el más joven de los Macri se habrá arrepentido de haber saludado su ascenso a la Jefatura de Gabinete a través de un tuit. Tampoco aquí el “Colo” quiere conflicto. Lo demostró en diciembre pasado, cuando el hombre fuerte del gobierno de la Ciudad, Daniel Angelici, le arrebató dos “cajas”: la secretaría administrativa de la Legislatura y la oficina que controla la renegociación de contratos de recolección de residuos. La basura, el eterno reino de Santilli. A propósito de Angelici, no se cansa de repetir que, si los Macri acuerdan con Milei, él se abre del oficialismo envuelto en la bandera radical.
El panorama de conflictos plantea un escenario electoral muy inquietante. ¿Podrían competir cuatro fuerzas electorales? Dos versiones del peronismo, una de las cuales respondería al kirchnerismo, y dos versiones del no peronismo. Cristina Kirchner presiente ese formato, que cobija un resultado impredecible.
Más curiosa que ese nivel de fragmentación es otra peculiaridad de este momento. El PJ se quiebra por su propia dinámica. Milei no hace nada para provocarlo. Habla muy poco de Kicillof, menciona a la señora de Kirchner sólo cuando necesita disimular algún escandalo en sus propias filas, y guarda un misteriosísimo silencio sobre Massa, el ministro de Economía del que heredó una crisis terminal. A Milei le interesa mucho más dividir el propio campo. Empezó por Victoria Villarruel y desde hace muchos meses está ensañado con Macri. Sólo se detiene ante una figura, cuyo desafío fue la secuela más importante de la crisis Adorni: Patricia Bullrich, la dirigente, según el mismo estudio de Haime, más valorada por la opinión pública.
Carlos Pagni,Javier Milei,Diego Santilli,Conforme a,Javier Milei,,Santilli asumió como jefe de Gabinete y el Presidente se reúne con legisladores libertarios,,En una carta a Horacio Marín. Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF,,Tras la renuncia de Mauad. Un especialista formado en el ITBA y Estados Unidos dirigirá el Servicio Meteorológico Nacional
POLITICA
Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas: los cuatro reclamos urgentes
El gobierno de Javier Milei presentó hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud formal de medidas provisionales para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La Argentina formuló cuatro requerimientos al organismo internacional, que incluyen impedir nuevas actividades hidrocarburíferas, restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones, preservar el medio marino y evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos para explotar recursos naturales en la zona.
Cómo había anticipado Infobae, la decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
En la presentación trabajaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Oficina del Presidente en el que se informó que la Argentina había recurrido al organismo judicial internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar una intervención urgente que preserve los derechos invocados por el país mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.
“La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó la Oficina del Presidente.
El Gobierno pretende que el Tribunal ordene una medida provisional, equivalente en términos generales a una cautelar, que impida el avance del proyecto petrolero. La resolución dependerá de los jueces internacionales, que deberán examinar los argumentos argentinos, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para disponer una suspensión u otras medidas.
En el comunicado, la Presidencia precisó que la solicitud busca “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
La presentación constituye una nueva instancia de la estrategia anunciada por Milei el 28 de septiembre. Aquel día, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y concedió un plazo de dos semanas para que Londres adoptara medidas destinadas a impedir las actividades hidrocarburíferas.
Ese plazo venció ayer, lunes 12 de octubre. El Reino Unido había rechazado el planteo argentino y defendido las actividades autorizadas por las autoridades de las islas. Hoy, el gobierno argentino formalizó el pedido de medidas provisionales, en el que tuvo un rol clave el equipo que lidera Ibarzabal, a quien el presidente Milei define como “el cerebro” jurídico de la administración libertaria.
Por su parte, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que también participó la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.
Los cuatro pedidos de la Argentina ante el Tribunal del Mar
Después de la difusión del comunicado presidencial, el canciller Pablo Quirno publicó en su cuenta oficial de X los detalles de los cuatro requerimientos formulados ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La información permitió conocer con mayor precisión el alcance de la solicitud argentina, que comprende tanto las actividades petroleras como el uso de los datos obtenidos durante las exploraciones, las obligaciones ambientales y las decisiones administrativas que podría adoptar el Reino Unido.
“La estrategia integral impulsada por el Presidente @JMilei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos”, sostuvo Quirno. El ministro describió la presentación como un hecho sin precedentes y explicó que el país había recurrido al Tribunal para solicitar medidas provisionales destinadas a detener las acciones unilaterales británicas en la Cuenca Malvinas Norte.
El primer pedido apunta directamente a Sea Lion. La Argentina solicitó que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas mediante ese proyecto.
Es el objetivo inmediato de la presentación. El desarrollo petrolero todavía no comenzó su producción comercial, prevista para 2028, pero las compañías involucradas ya adoptaron decisiones de inversión, contrataron infraestructura y avanzaron con los preparativos para iniciar las perforaciones. La solicitud busca que esas actividades queden sujetas a restricciones provisionales mientras se sustancia la controversia internacional.
El segundo requerimiento se concentra en la información obtenida durante las exploraciones. Quirno explicó que la Argentina pidió que el Reino Unido “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina”.
Este punto incorpora un aspecto diferente de la eventual extracción de petróleo. El planteo comprende los resultados de los trabajos exploratorios realizados en el área, que pueden incluir información geológica, geofísica y técnica utilizada para identificar y evaluar los recursos hidrocarburíferos.
El pedido argentino pretende evitar que esa información sea utilizada en perjuicio de los derechos que reclama el país mientras permanece pendiente la controversia. El alcance concreto de una eventual restricción deberá ser determinado por el Tribunal.
El tercer pedido introduce expresamente la protección del medio marino. La Argentina solicitó que el Reino Unido cese de impedirle cumplir con las obligaciones que considera derivadas de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR en las áreas marítimas objeto del conflicto.
El artículo 192 establece que los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino. El artículo 194 dispone que deben adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina, mediante los medios disponibles y de acuerdo con las obligaciones previstas en la Convención.
La Cancillería intenta vincular esas disposiciones con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos en disputa. El planteo apunta a preservar las facultades y obligaciones ambientales que invoca la Argentina, además de prevenir posibles alteraciones del lecho y el subsuelo marino.
La incorporación de estos artículos agrega una dimensión ambiental al reclamo, que el Tribunal deberá examinar para determinar si las obligaciones invocadas resultan aplicables y justifican adoptar medidas provisionales.
El cuarto requerimiento busca impedir nuevas decisiones unilaterales. La Argentina solicitó que el Reino Unido “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia”, particularmente mediante el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.
La finalidad de este punto es evitar que las autoridades británicas amplíen las autorizaciones o adopten decisiones que modifiquen la situación mientras continúa el procedimiento internacional. Se relaciona con la posición argentina de que las partes deben abstenerse de realizar actos unilaterales capaces de agravar el conflicto de soberanía.
Los cuatro requerimientos integran una misma solicitud judicial. Su presentación no implica que hayan sido concedidos. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar cada pretensión y determinar si corresponde ordenar medidas provisionales y cuál será su alcance.
Al concluir su publicación, Quirno reiteró la voluntad argentina de recurrir al diálogo y a los mecanismos pacíficos de solución de controversias.
“Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, expresó el canciller, en referencia a las resoluciones de Naciones Unidas.
Qué puede resolver el Tribunal y cuáles son los plazos
La Oficina del Presidente explicó que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”.
El fundamento jurídico inmediato es el artículo 290, párrafo quinto, que permite solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia principal.
En el comunicado presidencial se destacó que cualquiera de las partes puede solicitar esas medidas para preservar sus derechos o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia de la situación lo requiera.
La distinción entre ambos procedimientos resulta central. El arbitraje del Anexo VII contempla un tribunal especial de cinco integrantes, cuya constitución y posterior procedimiento pueden demandar varios años. En cambio, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar funciona permanentemente y tiene atribuciones para examinar solicitudes urgentes antes de que se encuentre constituido el órgano arbitral.
Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas. Si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.
Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.
El procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.
El antecedente de la Fragata Libertad
Como informó Infobae en sus anteriores publicaciones sobre el procedimiento, existe un antecedente argentino que permite comprender el mecanismo utilizado: el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Cancillería inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener la liberación del buque.
La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2012. Después de celebrar audiencias, el Tribunal resolvió el 15 de diciembre ordenar a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata.
Entre el pedido argentino y la resolución transcurrió aproximadamente un mes. La decisión permitió obtener el resultado práctico buscado por el Estado antes de que concluyera el litigio de fondo.
Aunque los fundamentos jurídicos son diferentes, la arquitectura procesal resulta comparable: una controversia sometida a arbitraje y una solicitud urgente ante el Tribunal del Mar para preservar derechos mientras se desarrolla el procedimiento principal.
Otro antecedente relevante es la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que se adoptaron medidas provisionales en abril de 2015.
En ese caso, una sala especial ordenó impedir nuevas perforaciones petroleras en un área marítima cuya delimitación estaba discutida, aunque permitió la continuidad de determinadas operaciones existentes. La diferencia principal es que aquel litigio involucraba una delimitación marítima, mientras que el reclamo argentino está vinculado con una controversia territorial.
El avance de Sea Lion y las empresas involucradas
El proyecto que intenta detener la Argentina se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es desarrollado por Navitas Petroleum, empresa israelí que controla el 65 por ciento y actúa como operadora, y Rockhopper Exploration, compañía británica propietaria del 35 por ciento restante.
Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010 y posteriormente incorporó a Navitas como socio mayoritario.
A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto, que contempla comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.
El desarrollo prevé inicialmente once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.
Las empresas mantuvieron sus compromisos de inversión durante las últimas semanas, pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires.
El 7 de octubre, Rockhopper comunicó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a acelerar otra etapa de Sea Lion.
Al mismo tiempo, las actuaciones del Gobierno argentino tuvieron consecuencias sobre algunas contrataciones del proyecto. La Oficina del Presidente informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.
Navitas reconoció posteriormente que estaba trabajando para sustituir a dos contratistas, aunque sostuvo que continuaba con sus planes de desarrollo y que no esperaba un impacto material adverso sobre el proyecto.
La continuidad de las inversiones constituye parte del contexto en el que la Argentina fundamenta la urgencia de su presentación. El Gobierno pretende conseguir una decisión internacional antes de que comiencen las perforaciones y se consoliden nuevas etapas de la explotación hidrocarburífera.
Los fundamentos argentinos y la controversia con el Reino Unido
La posición argentina se apoya en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, las obligaciones establecidas por la CONVEMAR respecto del medio marino y sus recursos, y el rechazo a las modificaciones unilaterales mientras permanece pendiente una controversia internacional.
La Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965, reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución mediante negociaciones.
La Resolución 31/49, de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.
La Cancillería vincula esos antecedentes con las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar sobre la protección de los espacios marítimos, el lecho y el subsuelo, y los recursos naturales existentes en ellos.
Uno de los argumentos centrales es el carácter no renovable del petróleo: su extracción constituye una actividad cuyos efectos materiales no pueden revertirse mediante una resolución judicial posterior.
La principal discusión jurídica estará relacionada con la competencia del Tribunal. La CONVEMAR habilita mecanismos para resolver controversias sobre la interpretación y aplicación de sus disposiciones, pero no otorga jurisdicción general para decidir disputas de soberanía territorial.
Por ese motivo, la Argentina plantea que el conflicto debe examinarse desde las obligaciones internacionales vinculadas con la explotación de recursos marítimos y la necesidad de preservar los derechos discutidos, sin requerir una decisión sobre la soberanía de las islas.
El Reino Unido sostiene, por su parte, que las actividades petroleras autorizadas en Malvinas se encuentran amparadas por la normativa aplicable y el derecho internacional.
En el cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente reafirmó la posición argentina: “La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Con la presentación de este martes, la Argentina concretó el paso judicial anunciado a fines de septiembre. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá examinar ahora los cuatro requerimientos formulados por el Gobierno y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer medidas provisionales.
La primera definición podría conocerse durante noviembre, mientras las compañías petroleras mantienen sus planes para comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. La resolución determinará si corresponde establecer restricciones temporales sobre Sea Lion y otras actividades vinculadas con los recursos marítimos en disputa.
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POLITICA
El Centro Islámico denunció al “Gordo Dan” por discriminación tras su posteo contra la religión
El Centro Islámico denunció penalmente al tuitero oficialista Daniel Parisini, alias el “Gordo Dan”, por un posteo que hizo hace algunos días en X, donde afirmaba que el Islam se caracteriza por crímenes como “violaciones”, “decapitaciones”, “pedofilia” y “esclavitud”, entre otros. El propio presidente Javier Milei había avalado el mensaje del propagandista.
La denuncia discriminación se realizó ante una fiscalía y el caso lo tomó el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Federal N°8, según pudo saber . El streamer y líder de la agrupación Las Fuerzas del Cielo (con afinidad al asesor presidencial Santiago Caputo), en las últimas semanas, asoció en redes sociales la religión que profesa la familia Menem con la violencia física contra las mujeres, los actos terroristas y la pedofilia.
“Ante la aparición de acusaciones y tergiversaciones a través de una campaña sistemática de desinformación, nos vemos en la obligación de aclarar algunos temas relacionados con nuestra fe. Como ciudadanos de esta Nación, donde habitan musulmanes de varias generaciones, somos respetuosos de nuestra Constitución”, señaló la entidad en un comunicado.
Además, expresó que la libertad de expresión es “un derecho indiscutible y central para la democracia” y que la intención “no es censurar” a aquellos que opinan sobre el islam. “Nos pone en alerta cuando la información que circula resulta falsa y su difusión contribuye a crear estigmatización o discriminación hacia las personas que simplemente profesan su fe. Si bien reconocemos que en el mundo existen personas o grupos que en nombre de la religión cometen delitos, la generalización que se presenta acerca del islam, su doctrina y sus valores resulta perversa, oscura, descontextualizada y también alejada de la realidad nacional”, agregó.
Hizo mención, en tanto, a que Parisini, entre otros usuarios, importan “conflictos de otras latitudes” hacia la Argentina, donde hay “armonía entre comunidades religiosas” y que en ese marco “se siembran semillas de odio que de ninguna manera contribuyen al bien del país”.
“Es fantasioso, absurdo y grotesco sostener que haya algún tipo de plan de inmigración o intento de proyectar una cultura distinta a nuestra cultura argentina. En nuestra historia centenaria jamás tuvimos la necesidad de enfrentar una situación de estas características”, insistió el Centro Islámico.
“Los delitos los cometen las personas, no las creencias religiosas. La inmensa mayoría de los musulmanes del mundo vive su día a día con los mismos anhelos que todos, vivir con fe, paz, bienestar, familia, trabajo y respeto. Y por supuesto los musulmanes que viven en este país también”, cerró.
Desde la entidad religiosa sostuvieron a este medio que la denuncia a Parisini (además hay otras dos ya hechas: contra Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como el youtuber “El Presto”, y contra el abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez por “expresiones estigmatizantes y discriminadoras”) fue realizada “en base a fallos que hubo a favor de otras minorías”.
En la Argentina, los actos de discriminación no se encuentran tipificados de manera directa en el Código Penal, sino en la Ley Antidiscriminatoria 23.592. Por incitación al odio y persecución se establece pena de prisión de un mes a tres años para quienes participen en organizaciones de superioridad racial/étnica o inciten al odio y la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Parisini, uno de los integrantes de las milicias digitales de La Libertad Avanza, ya había contado que fue denunciado por el Centro Islámico, aunque recién en las últimas horas se conocieron el juzgado y los detalles de la presentación.
“Quieren, a como dé lugar, censurar la batalla cultural de Occidente en contra del islam para dejarnos desarmados y que nos termine pasando lo mismo que a Europa”, escribió Parisini.
El conductor de La Misa, el programa ultraoficialista que se emite por el canal de streaming Carajo, planteó que se considera víctima de una persecución por haber criticado al islam. Anticipó que no pedirá disculpas y redobló la apuesta: dijo que está “dispuesto a ir preso” para defender a la Argentina “de la amenaza que representa hoy el islam para el mundo y para la humanidad entera”.
El propagandista del Gobierno comentó que había decidido hacer público que el Centro Islámico presentó una denuncia penal en su contra porque “los inmigrantes musulmanes están prendiendo fuego Francia” [en relación a las protestas estudiantiles] y ”volviendo a secuestrar aviones para estrellarlos y matar un montón de gente en el nombre de su religión”, en alusión al intento de secuestro del avión de Flydubai hace dos semanas, que según la investigación el atacante buscaba estrellar la aeronave en territorio israelí y replicar el atentado del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.
Poco diálogo
El vínculo entre las instituciones musulmanas argentinas y la Secretaría de Culto, a cargo de Agustín Caulo, atraviesa un período de escaso diálogo, de acuerdo a fuentes de esa religión, una situación que, según referentes de esa comunidad, se profundizó en el contexto de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 al 11 de noviembre.
Mientras el Gobierno avanzó en la coordinación institucional con la Iglesia católica para organizar la llegada del Pontífice, desde la comunidad describen dificultades para sostener la interlocución clásica con el Gobierno.
Interna
Luego de que Parisini difundiera su mensaje, los principales exponentes de Las Fuerzas del Cielo salieron a respaldarlo con fuertes cuestionamientos al islam. Uno de los más duros fue el diputado bonaerense Agustín Romo. “¿Quiénes se creen que son los del Centro Islámico para denunciar a un ciudadano argentino por ejercer su derecho a la libertad de expresión?“, sostuvo.
Y Milei, quien se había mantenido al margen de los mensajes de los tuiteros libertarios contra el islam, avaló la semana pasada la respuesta de Parisini. No es la primera vez que militantes de Milei e integrantes de la tropa digital afín al asesor Santiago Caputo arremeten contra el islam y abren una grieta interna con la familia Menem, avalada por la hermana del Presidente, Karina Milei.
En junio de 205, Lucas Luna -conocido en X como @SagazLuna y director de Intercargo- denunció la persecución de cristianos en Nigeria por parte de musulmanes y apuntó contra la fe islámica. “No odiamos lo suficiente al Islam”, sentenció, lo que provocó la reacción de otro de los integrantes de la familia Menem.
“Borrá eso, pelotudo”, le respondió Sharif Menem, jefe de la juventud de La Libertad Avanza y ladero del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos integran la administración de Milei, al igual que Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.
avalado,Marcelo Martínez De Giorgi,https://t.co/zGt5MuPpaY,October 7, 2026,Agustín Caulo,visita del papa León XIV a la Argentina,Lucía Pereyra,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Malvinas: el Gobierno presentó un reclamo en un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
A fines de septiembre, el Gobierno había intimado al Reino Unido a que impidiera el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Ese período terminó ayer y la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Alemania, a través de una presentación de la Cancillería.
El Gobierno anunció, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.
Explicó que el pedido “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
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