Guillermo Arana llegó a La Guaira recién operado. Una semana y media antes de viajar a Venezuela, le extirparon un tumor por un cáncer de colon y sigue en tratamiento. Aun así, se sumó al equipo de rescatistas argentinos que viajó a la zona del desastre.

Arana integra el grupo Fénix, especialistas en rescate bajo el protocolo USAR, y cuando vio la magnitud del desastre, decidió viajar.

“Es una cuestión de lo que es, en esencia, el ser humano. Esta es mi esencia, esto es lo que yo amo hacer: salvar vidas. Respeto mucho a mi grupo y no podía no venir”, dijo en diálogo con la corresponsal de TN en Venezuela, Carolina Amoroso.

El experto está al mando de toda la operatoria. “Hoy estoy manejando a más de 100 hombres que trabajan en este sector y en otro a 50 metros de acá, donde llevan 24 horas intentando rescatar a unas personas”, explicó.

El edificio Miramar y la búsqueda de Lucas

Arana fue uno de los responsables del operativo que recuperó el cuerpo de Lucas Gámez, hallado entre los escombros del edificio Miramar, una estructura de nueve pisos que quedó reducida a apenas tres por el sismo. Según explicó Arana, el trabajo fue lento y minucioso. Se extrajeron los escombros fracción por fracción para ir recuperando los cuerpos, “cerca de 36 en total”, mientras buscaban señales de vida.

“Teníamos esperanzas. Había espacios que nos permitían pensar que podía estar con vida. Yo he visto milagros en otros lugares. A veces en los niveles más bajos, donde hay agua acumulada, la gente puede llegar a subsistir”, explicó. El rescatista tiene experiencia en Haití, Chile, Perú y Ucrania.

Arana también recordó con emoción el vínculo que construyó con Marcos y Pedro, el padre y el tío de Lucas Gámez. “Yo soy ex Fuerza Aérea, ellos también. Hay una sintonía. Me trataron con mucho cariño, confiaban plenamente en cada labor y nunca se me cuestionó nada, al contrario, apoyaron todo lo que hacía, y mi gente respondió muy bien: son de toda la Argentina, desde el sur hasta Buenos Aires”.

Y, a pesar de las condiciones extremas en las que deben trabajar, Arana aseguró que tanto él como su equipo están preparados para ayudar en medio de estas circunstancias. Desde que llegaron, los rescatistas argentinos se alojan en una escuela deteriorada por los sismos y duermen en la cancha de básquet, en el suelo. “Comemos bien porque nos traen muy buena comida, y nos hidratamos bien, pero ya empezaron a aparecer problemas de micosis en la piel y sarna. Eso es algo normal. Son cosas que pasan cuando te arrastrás por los escombros, pero nos cuidan los médicos nuestros”, relató.

La cifra de fallecidos por los terremotos sigue en aumento

La cifra de muertos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela sigue en aumento y este jueves, según el gobierno chavista, el balance ascendió a 3899 víctimas fatales, 88 más con respecto al informe anterior. En tanto, el número de heridos se mantuvo en 16.740.

De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17.907 y las rescatadas en 6462.

Actualmente, hay 856 edificios afectados, entre ellos 190 colapsados.

Este jueves, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que más de 30.000 venezolanos han recibido artículos de primera necesidad del país norteamericano.

Los insumos, entregados por el subsecretario de Agricultura estadounidense, Luke Lindberg, y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum, llegan a través de la organización Global Empowerment Mission.

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Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró este jueves que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron a Venezuela entró en una nueva fase “crítica”, al tiempo que advirtió que la emergencia “está lejos de haber terminado”.

La OPS detalló que ha movilizado hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones de dólares que necesita recaudar para la emergencia y alertó que la “respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de este calibre suelen estar relacionados con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable o la vacunación.

Una semana después del doble terremoto que devastó la región central de Venezuela, el número de víctimas fatales continúa en aumento. El balance oficial actualizado este jueves elevó a 3.899 los fallecidos por los sismos del 24 de junio, mientras la cifra de heridos se mantiene en 16.740. Al mismo tiempo, cientos de familias permanecen frente a edificios derrumbados, removiendo escombros con herramientas propias en un último intento por recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Los nuevos datos difundidos por la cúpula chavista reflejan que la emergencia continúa abierta. Además de los muertos y heridos, el reporte contabiliza 17.907 personas sin vivienda, 86.794 familias atendidas, 89 campamentos transitorios y 16.891 personas alojadas en esos refugios temporales.

Las tareas de respuesta movilizan a 30.076 efectivos, 29.344 voluntarios y 3.931 rescatistas internacionales, mientras el país intenta recuperarse de uno de los peores desastres naturales de su historia reciente. El informe también señala que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo. Desde el día del terremoto se han registrado 1.142 réplicas, un factor que mantiene el riesgo en las zonas más golpeadas y dificulta las labores de recuperación.

Aunque las operaciones oficiales avanzan hacia una nueva etapa centrada en la evaluación estructural y la reconstrucción, en sectores como Playa Grande, en el estado La Guaira, decenas de familias se resisten a abandonar los lugares donde desaparecieron sus parientes.

Entre ellas está la de Ciro Ocando, quien desde hace dos semanas excava junto con sus hermanos entre las ruinas de un edificio donde cree que permanecen atrapados sus dos hijos adolescentes y una tía.

Durante una de las jornadas de búsqueda, un hombre que salía de un estrecho túnel abierto entre los restos del inmueble le entregó un álbum con fotografías de sus hijos.

“Estoy en el lugar correcto, pero hay muchos obstáculos”, dijo Ocando antes de volver a trabajar entre los escombros.

La familia llegó poco después de los terremotos con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Con el paso de los días, ese objetivo cambió. Ahora buscan recuperar los cuerpos para poder despedirse de ellos.

Frente al edificio levantaron un campamento improvisado desde donde coordinan la búsqueda. Allí permanecen día y noche, mientras las altas temperaturas, el polvo y la acumulación de basura forman parte de una rutina marcada por la incertidumbre.

La situación se repite en otros sectores afectados. Numerosos familiares continúan excavando aun después de que finalizaran las principales tareas de rescate, convencidos de que sus seres queridos siguen bajo toneladas de concreto.

Ocando explicó que gran parte del operativo depende exclusivamente del esfuerzo de la familia.

“Ese aparato de iluminación, la planta eléctrica, las herramientas, todo es por mi cuenta, todo lo compré yo”, relató mientras otros voluntarios retiraban bloques de cemento del reducido pasadizo abierto entre las ruinas.

Después de varios días de trabajo lograron acceder al apartamento donde vivían los adolescentes. El hallazgo del álbum familiar confirmó que habían alcanzado la vivienda, aunque la búsqueda continúa.

Las condiciones también obligan a quienes participan en esas tareas a asumir riesgos constantes. Los túneles abiertos bajo estructuras inestables pueden colapsar en cualquier momento.

Damián Molero, hermano de Ocando, reconoció el peligro, pero aseguró que la prioridad es encontrar a los desaparecidos.

“Para nosotros los familiares vale la pena arriesgarse; ellos lo que quieren es demoler”, afirmó.

Otra de las personas que continúa buscando a un familiar es Lázaro Cardozo, de 67 años, quien intenta localizar a Fabiana, hija de una de sus primas. Con fotografías en las manos, permanece cerca del edificio donde desapareció la joven.

“Estoy en shock, paralizado”, expresó.

Pese al paso de las semanas, aseguró que no abandonará el lugar.

“No la vamos a dejar aquí”, afirmó.

Mientras continúan esas búsquedas, las autoridades informaron que durante la emergencia también se distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos, 12.126.298 litros de agua y que 28.836 pacientes recibieron atención médica en las zonas afectadas.

Con miles de personas todavía desplazadas, edificios inhabitables y familias que siguen esperando respuestas entre los escombros, la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio continúa marcando la vida cotidiana en las regiones más golpeadas de Venezuela.

A Maryland school district is being sued after parents accused school officials of hiding their daughter’s social gender transition and then citing district policy to justify keeping them in the dark.

America First Legal (AFL) is leading the lawsuit on behalf of anonymous parents identified as John and Jane Doe. The plaintiffs argue Anne Arundel County Public Schools’ policies violate their First and 14th Amendment rights, as well as similar provisions of the Maryland Constitution. The lawsuit was filed Wednesday in the U.S. District Court for the District of Maryland.

The lawsuit is part of a growing wave of legal challenges targeting school districts with policies allowing staff to withhold information about a student’s gender identity from parents. It also comes months after the U.S. Supreme Court’s decision in Mirabelli v. Bonta, which America First Legal says reinforced parents’ constitutional rights over decisions involving their children.

Ian Prior, senior advisor at America First Legal and counsel for the plaintiffs, said the district ignored that precedent.

NBC ANCHOR FORCED TO EXPLAIN USE OF TERM ‘BIOLOGICAL MALE’ DURING COVERAGE OF SUPREME COURT RULING

«The school system was referring to our client’s daughter by a male name and assuming a male identity for their daughter, and they didn’t approve that. And they weren’t told of that. And when they did find out about it, and they questioned the school, they were quite frankly lied to about it,» Prior told Fox News Digital.

«They said this is not going to happen anymore. We deny consent. And the school said, ‘Well, too bad, that’s the law.’ Unfortunately, for Anne Arundel County Public Schools, that is not the law.»

Prior said the Supreme Court made clear in Mirabelli that «parents have a fundamental right to raise their children» and argued schools cannot facilitate a child’s social transition without parental notice and consent.

According to the complaint, the dispute began in December 2025 after a teacher accidentally emailed the parents using a male name for their daughter before attempting to recall the message and later claiming it had been sent to the wrong recipient. The lawsuit alleges the teacher later admitted the explanation was false and acknowledged the student had requested to be called by a male name. The parents then instructed school officials to use only their daughter’s legal name and requested records related to the school’s actions.

The complaint alleges school administrators refused those requests, citing the district’s policies and telling the parents that school staff were required to honor the student’s preferred name while at school.

ALASKA STATE FAIR BARS PARENTAL RIGHTS GROUP DUE TO ‘EXTREMIST’ GROUP DESIGNATION BY FAR-LEFT ORGANIZATION

Months later, another teacher allegedly used the same male name in an email about an upcoming field trip. When the parents questioned it, the lawsuit says, the teacher initially gave a false explanation before admitting the name referred to their daughter.

According to the lawsuit, the district’s policies require staff to use students’ preferred names and pronouns and keep information about their gender identity confidential without notifying or getting permission from parents.

«It’s really unfortunate that this even has to result in litigation, because, again, the Supreme Court has been very clear about what schools can and cannot do. But what we’ve really seen throughout the country is that, in order to get schools to adhere to the Constitution and the law of the land, you have to bring them to court and get a court order demanding that they follow the law,» Prior told Fox News Digital.

The Maryland case is the latest in a series of lawsuits AFL has filed challenging school policies governing student gender identity.

Just weeks earlier, on June 22, 2025, America First Legal filed a separate federal lawsuit in the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia against Fairfax County Public Schools. That lawsuit alleges the district’s policy violates parents’ constitutional rights by allowing school staff to socially transition students, including using different names and pronouns at school without notifying parents in certain circumstances. The Fairfax litigation remains in its early stages.

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Prior said AFL is also pursuing similar parental rights cases in Pennsylvania and the Ninth Circuit Court of Appeals in California.

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The litigation also comes amid a broader push by the Trump administration to challenge school policies concerning parental notification and gender identity. Earlier this year, the U.S. Department of Education concluded that the California Department of Education remains in violation of the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), finding that state policies pressure school officials to conceal information about students’ gender identity from parents. California has pushed back against the federal government’s conclusions and related legal challenges remain ongoing.

Anne Arundel County Public Schools declined to comment on the litigation.