La economía argentina atraviesa una fase de marcada volatilidad en su nivel de actividad, con avances y retrocesos alternados que los analistas describen como una dinámica de “serrucho”. El primer cuatrimestre de 2026 mostró un patrón oscilante: crecimiento en enero, caída en febrero, rebote en marzo y una nueva contracción estimada en abril, de acuerdo con informes de distintas consultoras privadas y fuentes del sector. Si bien se espera crecimiento para 2026, la mayor parte de los pronósticos recortaron la cifra por debajo del 3,5 por ciento.

La lectura de analistas y consultoras coincidió en que la dinámica enfrenta un ciclo de estancamiento con oscilaciones mensuales, donde la recuperación aparece fragmentada y condicionada por múltiples factores. Entre los principales desafíos, se encuentran la debilidad del consumo interno, efectos persistentes del endurecimiento del crédito, presión de la competencia externa sobre la industria, falta de reactivación de la obra pública, impacto de las tarifas en el ingreso disponible y la influencia de factores climáticos sobre el agro.

Aunque algunos sectores como energía y minería logran sostener un ritmo de crecimiento, la actividad general permanece sujeta a vaivenes y sin señales claras de consolidación, con un comportamiento “a dos velocidades”: expansión del agro, la minería y la energía, y letargo en industria y construcción.

El dato oficial del EMAE de abril, que se publicará el 29 de junio, será clave para medir la profundidad del retroceso y anticipar si la economía podrá superar la dinámica de “serrucho” o si este patrón se extenderá a la segunda mitad del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó en la última semana que la construcción y la industria manufacturera registraron una caída interanual de 2,8% en abril. En la comparación mensual, el primer sector se contrajo 4% y el segundo 2,1%. Estos guarismos anticiparon que el cuarto mes del año habría exhibido una desaceleración en relación con marzo.

Según la consultora LCG, el escenario actual no permite anticipar una consolidación de la recuperación de ninguno de los dos segmentos, que son clave en materia de empleo. “No prevemos que se consolide una recuperación en ninguno de los dos sectores en el corto plazo”, afirmó en su último informe, y sostuvo que el “serrucho” combinó factores estructurales y coyunturales.

LCG destacó que, en la industria, la demanda interna sigue limitada por la pérdida de poder adquisitivo. Al mismo tiempo, aumentan las presiones competitivas derivadas de una mayor apertura comercial y del atraso cambiario. En la construcción, aunque el sector quedó más protegido frente a la competencia externa, su recuperación continúa condicionada por la ausencia de reactivación en la actividad y los salarios, además del freno de la obra pública.

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, coincidió con el diagnóstico y vinculó la dinámica con la debilidad de la demanda interna. El desempeño de los sectores vinculados al mercado doméstico alterna meses de rebotes y caídas, consolidando lo que describe como “una larga trayectoria de estancamiento”.

Casas atribuyó parte de este comportamiento al deterioro del crédito, que se agravó tras la fuerte suba de encajes bancarios implementada durante 2025.

“El aumento de la morosidad, producto de la fuerte suba de encajes bancarios implementada durante 2025 que elevó las tasas de interés reales, frenó el crédito y la recuperación de la demanda interna”, remarcó Casas. Aunque las condiciones se normalizaron parcialmente, los efectos de ese endurecimiento monetario persistieron.

A esto se suma la erosión del ingreso disponible en los hogares. Aunque la inflación desaceleró en los últimos meses, una proporción creciente de los ingresos familiares se destina a gastos fijos como servicios y transporte, lo que reduce la capacidad de consumo en otros rubros. Este fenómeno impacta de manera directa en el consumo masivo, según EcoAnalytics.

La consultora 1816 reforzó la idea de que el “serrucho” es una característica estructural de la coyuntura. “La caída de industria y construcción confirma que, por fuera de sectores como energía y minería que experimentan el lado positivo de la ‘recuperación en forma de K’, la actividad económica atraviesa una etapa de ‘serrucho’”, sostiene el informe. La serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica pasó en pocos meses de un máximo histórico en diciembre de 2025 a un mínimo de 14 meses en febrero de 2026, y luego a un nuevo máximo en marzo. “Si bien es probable que la actividad se haya contraído en abril, no sorprendería que de mayo en adelante continúe el serrucho”, anticiparon desde la consultora.

Para la consultora Equilibra, el comportamiento irregular de la economía se vuelve más notorio cuando se observa la evolución mensual del EMAE. “Luego de la expansión de marzo (3,5% mensual), la actividad mantendría en abril la dinámica de ‘serrucho’ que se observa desde febrero de 2025 (9 de 15 meses con caídas mensuales)”, resumió el reporte. El sector agropecuario, que en abril tiene un peso mayor en el indicador agregado, se vio afectado por la demora en la cosecha de soja debido a lluvias excesivas, un efecto que se revertiría en mayo. Excluyendo al agro, el EMAE habría registrado una caída mensual desestacionalizada de 0,3% en abril, tras haber crecido 2,8% en marzo.

El informe de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) aporta cifras concretas sobre el desempeño del primer cuatrimestre. Según su índice IGA-OJF, el nivel general de actividad registró en abril una variación del 0,0% anual, acumulando una baja de 0,3% en los primeros cuatro meses del año. En la medición desestacionalizada, la actividad cayó 0,7% respecto a marzo.

“No esperamos que esta dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo, pero deberíamos ver una paulatina mejora de los sectores más golpeados”, proyectaron desde la consultora OJF. El análisis resaltó que algunas condiciones macroeconómicas muestran signos de mejora y, si la inflación retoma su proceso de desaceleración, podría observarse una recuperación en los ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores.

Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, destacó que los primeros datos oficiales de actividad de abril de 2026 confirman el escenario anticipado por los indicadores primarios: “Arrancaron a llegar los indicadores oficiales de actividad de abril de 2026, por ahora, sacando minería, todo dio caída mensual significativa para las series con ajuste estacional. Minería no, pero sí desaceleró”.

Desde su perspectiva, abril habría sido un mal mes para el EMAE, aunque no tan negativo como febrero. “Sería un serrucho con tendencia aún positiva, por eso la tendencia ciclo es positiva. Léase, se cumple también que no es caída/recesión, pero sí un dinamismo bastante por debajo de lo esperado”, analizó.

El Presupuesto 2026, que fue aprobado por el Congreso a fines de 2025, contempla un crecimiento económico de 5% para todo el año. La estimación oficial es la única que proyecta un avance de esa magnitud, ya que el resto de los pronósticos se sitúa entre 2,8% y 3,6 por ciento.

El último informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anticipa que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad registraría un aumento de 1,2% durante el segundo trimestre. Esta cifra implica una mejora respecto al relevamiento anterior, con ajustes de 0,1 y 0,2 puntos porcentuales.

Para el tercer trimestre, la proyección se mantuvo en un crecimiento de 0,9%. En el promedio anual, el REM estimó que el PBI real sería 2,9% superior al promedio de 2025, una mejora de 0,1 punto porcentual frente a la medición previa. Dentro del grupo de los diez principales pronosticadores, se esperó que el PIB avanzara 2,8%en 2026, una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía nacional, según el último informe de Perspectivas Económicas.

El organismo internacional estimó que el PBI argentino crecerá 2,8% en 2026 y 3,5% en 2027, porcentajes que reflejan un recorte desde el 3% y el 3,9% respectivamente del cálculo anterior. El documento resaltó que el avance estará “impulsado principalmente por las exportaciones de los sectores energético, minero y agropecuario”.

En tanto, el Banco Mundial (BM) recortó en 0,4 puntos porcentuales su previsión de crecimiento para la economía argentina este año. Aunque sigue siendo la estimación más optimista, sacando al Gobierno: previó una expansión de 3,6%, según surge del informe Perspectivas Económicas Mundiales.

Las proyecciones actualizadas del BM quedaron por debajo de las difundidas en enero, en una revisión que abarcó a varias economías. El reporte señaló que el conflicto en Medio Oriente influyó en la economía global al generar un aumento de la incertidumbre, subas en los precios de la energía y nuevas presiones inflacionarias.

El salario dinámico ya es una realidad en Argentina. Se homologó el primer convenio colectivo que incluye esta herramienta, una de las innovaciones más polémicas de la reforma laboral.

El acuerdo corresponde al sector de casas particulares. Marca un hito en la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que rechaza abiertamente la CGT.

La medida aparece en el artículo 104 bis de la Ley de Modernización. Permite incorporar «otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables».

El objetivo es considerar tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de cada organización, poniendo en el centro la productividad y la situación específica de cada empresa o sector.

La idea: que los aumentos dejen de seguir una pauta automática. Que pasen a depender de resultados concretos y de las condiciones particulares de cada caso.

Reforma laboral: cómo funciona el salario dinámico aplicado a empleadas domésticas

La alternativa ya está en análisis en otros rubros. En la actividad petrolera, por ejemplo, se evalúa pactar un plus salarial que suba o baje según el precio del petróleo.

Pero el debut oficial ocurrió en el servicio doméstico. El convenio de casas particulares fijó un aumento del 6,3% para el período abril-julio de 2026.

El incremento se divide en cuatro tramos: 1,8%, 1,6%, 1,5% y 1,4%. Además, incluye una suba del 50% para la suma no remunerativa de $20.000 y para el adicional por zona desfavorable.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y los sindicatos del sector firmaron el acuerdo el 30 de abril.

Más allá de la mejora salarial, lo relevante está en la cláusula 8 del convenio. Establece que los salarios pactados son «los mínimos establecidos legalmente».

Y agrega un punto clave: no obsta el componente dinámico de las remuneraciones. Las partes del vínculo laboral pueden negociar por encima de esos mínimos.

Por qué la CGT rechaza el salario dinámico

La central obrera objetó duramente esta herramienta. Argumenta que habilita aumentos temporales en función de la productividad y el rendimiento empresarial.

Héctor Daer, titular de Sanidad, lo calificó como un «delirio». Advirtió que se promueve «un sistema individualista y desigual que no existe en ningún lugar del mundo».

La CGT teme que el salario dinámico fragmente las negociaciones colectivas. Que debilite el poder de los sindicatos en las paritarias tradicionales.

Sin embargo, en el caso del primer convenio que incluyó esta innovación, el efecto es exactamente el contrario de lo que temía la central obrera.

El giro inesperado en casas particulares

Juana del Carmen Brítez es secretaria de Organización y Actas de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). También preside la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH).

La dirigente explicó una situación particular del sector. «El problema que tenemos, totalmente diferente a los demás, es que los empleadores tomaban el salario básico como tope a pagar«.

Las trabajadoras enfrentaban dificultades para lograr mejoras por encima del convenio. «Ahora, con esta cláusula, se convierte en un piso», destacó Brítez.

La sindicalista subrayó la importancia del cambio. «Ese punto es fundamental para nosotros porque está dando la posibilidad al trabajador y al empleador de que entiendan que las cifras son un piso».

Agregó: «De ahí en más el trabajador puede pedir un aumento por encima del mínimo pactado».

Brítez también aclaró que la inclusión del salario dinámico no elimina las paritarias. «Nosotros vamos a seguir teniendo paritarias porque la comisión tripartita va a seguir trabajando».

Pese a haber avalado el salario dinámico en su convenio, la dirigente de UPACP no está de acuerdo con toda la reforma laboral del Gobierno.

Según Brítez, la norma «afecta a nuestro sector porque ya en el primer artículo excluye al personal de casas particulares».

También señaló otro punto conflictivo: «Después nos perjudica cuando contempla 6 meses de antigüedad sin indemnización si a la trabajadora se la despide».

La posición refleja una tensión: aceptar una herramienta específica sin respaldar el paquete completo de cambios laborales.

Qué busca el Gobierno con la reforma laboral y el salario dinámico

La propuesta oficial tiene un doble objetivo. Por un lado, que los aumentos salariales dejen de seguir una pauta automática en un contexto de baja inflación.

Por otro, que pasen a depender de resultados y condiciones concretas de cada empresa o sector. El plan apunta a modificar la lógica de los convenios colectivos. Ya no serían pisos mínimos universales, sino valores de referencia que funcionarían como techos.

Desde esos techos, cada unidad productiva podría acordar internamente condiciones específicas, adaptando los ajustes salariales a realidades muy heterogéneas.

La premisa: en un mismo convenio conviven firmas grandes y pymes. También regiones con distinta estructura de costos y sectores con ciclos disímiles.

La iniciativa busca que esas diferencias puedan trasladarse a la mesa de cada empresa. Con acuerdos específicos que respeten las particularidades de cada caso.

Los convenios seguirían existiendo, pero su función cambiaría. Pasarían a orientar y ordenar en lugar de fijar un umbral rígido e igual para todos.

La defensa oficial del modelo dinámico

Julio Cordero, secretario de Trabajo, defendió el salario dinámico en el Coloquio de IDEA en octubre pasado.

«La igualdad salarial por igual tarea significa también que quien aporte más perciba un mejor salario«, sostuvo el funcionario.

Y advirtió: «Si se fija el máximo para todos sólo se genera desempleo».

Cordero remarcó las prioridades del Gobierno en materia salarial. «Nos importa mucho el salario real y que pueda ajustarse en forma dinámica».

La apuesta oficial es que este modelo permita mayor flexibilidad. Que las empresas puedan retener talento con incentivos variables sin romper los marcos colectivos.

El primer convenio homologado con salario dinámico en casas particulares es una prueba piloto de este esquema. Su evolución marcará el camino para otros sectores.

El consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, preadjudicatario de la concesión de la Hidrovía, envío cartas a las principales entidades vinculadas a la Vía Navegable Troncal (VNT) en las que cuestionó la propuesta de descuento tarifario del 17,4% que DEME le planteó al ministro de Economía, Luis Caputo, días después de que el Gobierno anunciara la preadjudicación a favor de su competidor.

En una nota enviada este jueves a los principales entes asociados con el comercio exterior —Ciara, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados Comerciales—, la firma ganadora sostuvo que el supuesto ahorro que esgrime DEME se basa en premisas que calificó de incorrectas: “Omisión del pago de impuestos, falta de inversión adecuada y errores de cálculo de ingresos”.

La carta de Jan De Nul y Servimagnus apunta a desactivar, ante los actores del sector, el planteo de DEME respecto a que “la tarifa mínima fijada en el pliego es artificialmente alta” y que existe margen para ofrecer condiciones más convenientes para la economía argentina.

En una carta enviada al ministro Caputo el 5 de junio, DEME anticipó su intención de presentar una iniciativa privada bajo la Ley 27.742 para relicitar la VNT con condiciones económicas más favorables. La empresa, propuso en esa carta una tarifa máxima de USD 4,77 por tonelada de registro neto (NRT), frente al piso de USD 5,78/NRT establecido en el pliego vigente. Según sus cálculos, “esa rebaja del 17,4% generaría un ahorro nominal de al menos USD 2.500 millones para los usuarios de la vía a lo largo de los 25 años de concesión”.

En el texto, DEME argumentó: “Al aplicar la tarifa mínima establecida en esta concesión, el concesionario podría obtener una rentabilidad relativamente alta de la inversión del proyecto, lo que dejaría margen a nuestro consorcio para proponer una tarifa más baja, lo que en última instancia beneficiaría a la economía argentina y a sus usuarios”. También señaló que si el Gobierno avanzaba con el piso tarifario actual, “los usuarios de la VNT estarían pagando un 21% por encima del precio justo de mercado por los servicios de dragado y balizamiento”.

Jan De Nul y Servimagnus respondieron punto por punto en la nota enviada a las cámaras del sector. El consorcio sostuvo que la propuesta de DEME se realiza “totalmente por fuera de los canales formales del proceso licitatorio” y que se sustenta en su Plan Económico Financiero, el cual —según argumentaron— contiene errores e inconsistencias que ya fueron identificadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en el dictamen de preadjudicación.

Para el consorcio preadjudicatario, la supuesta rentabilidad elevada que le permitiría a DEME ofrecer una tarifa más baja no refleja eficiencia competitiva sino deficiencias en la confección de su oferta. “La oferta de DEME no permite un ahorro en la tarifa porque sea más competitiva, sino que se trata de una oferta que en forma negligente omite el pago de tributos, no invierte en línea con lo exigido en el Pliego y asume niveles de peaje por encima del máximo permitido”, señalaron.

“La existencia de una alta rentabilidad que permite un descuento en la tarifa es absolutamente irreal e imposible de mantener”, insistieron.

El primer cuestionamiento apunta al tratamiento del IVA en el plan financiero de la firma, también de origen belga. Jan De Nul y Servimagnus indicaron que el charteo de buques y la compra de combustibles —junto a otros costos que representan entre el 75% y el 80% del total de la concesión— están sujetos al IVA, y que el concesionario tiene la obligación de pagar ese IVA crédito y liquidar el impuesto conforme a la legislación vigente.

Según el consorcio, mientras DEME incluyó en su oferta una liquidación de IVA de apenas USD 95 millones para los 25 años de la concesión, “un cálculo razonable/correcto de este impuesto llevaría ese valor al rango de los USD 1.600 millones”, en línea con el modelo de referencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y con los valores de la propia oferta de Jan De Nul. La conclusión que extrajeron fue directa: “En su oferta, DEME no incluyó el IVA en gran parte de los costos y por ello la rentabilidad que presenta es tan alta que le permite ofrecer un descuento en la tarifa”.

El segundo eje del cuestionamiento apunta al nivel de inversiones previsto por DEME. Según Jan De Nul y Servimagnus, el Plan Económico Financiero de su competidor contempla apenas USD 280 millones de inversión durante los primeros cinco años de la concesión, y cero durante los veinte años restantes. “Resulta muy difícil justificar que un valor tan bajo sea suficiente para mantener actualizado todo lo relacionado a señalización, balizamiento y modernización tecnológica de la VNT”, sostuvieron, y señalaron que tanto el modelo de Unctad como su propia oferta proyectaban inversiones superiores a los USD 850 millones.

El tercer punto cuestionado es un error de cálculo en las tarifas de peaje que DEME proyectó para el período posterior a la profundización del canal. Según el consorcio, la empresa modeló tarifas que exceden los valores máximos permitidos por el pliego. “De esta forma, sus ingresos han sido sobreestimados en aproximadamente USD 370 millones”, indicaron.

Más allá de los números, Jan De Nul y Servimagnus plantearon también un argumento de consistencia: DEME no cuestionó el esquema tarifario durante el proceso licitatorio, a pesar de haber tenido oportunidad de hacerlo, y en noviembre de 2025 había emitido un comunicado oficial en el que avaló el proceso, elogió su “transparencia, la búsqueda de consensos” y respaldó la participación de Unctad en la elaboración de los pliegos.

“En ese contexto, DEME participó voluntariamente del proceso licitatorio y no lo impugnó en ninguna de sus instancias, teniendo la posibilidad de hacerlo, por lo que recién ahora —cuando no están de acuerdo con la evaluación— pretenden esgrimir cuestionamientos que contradicen tales actos de conformidad”, señalaron.

El Gobierno nacional anunció el 4 de junio la preadjudicación de la concesión de la VNT a Jan De Nul y Servimagnus, luego de una auditoría del proceso conducida por Anpyn. En la etapa técnica, Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos contra 42,14 de DEME. En la instancia económica ambas empresas presentaron exactamente la misma oferta: USD 3,80 por el primer tramo, USD 4,65 por el segundo y USD 5,78 por el tercero, lo que totaliza USD 14,23 por el recorrido completo —el nivel mínimo admitido por el pliego—. La diferencia técnica fue la que determinó la preadjudicación.

La nota del consorcio preadjudicatario fue firmada por Wim Bosteels y Leonardo Roman, y dirigida a Gustavo Idigoras, titular de Ciara, y también a las autoridades de la UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Según indicaron en el texto, el objetivo de las aclaraciones era que las entidades pudieran “evaluar correctamente la veracidad y el alcance de las afirmaciones referidas” por su competidor.

Más allá de las idas y vueltas entre las partes, se espera que el Gobierno anuncie la adjudicación definitiva en los próximos días.