El expresidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, defendió su desempeño al frente de la entidad tras los más de 100 allanamientos ordenados por la Justicia para investigar maniobras irregulares con divisas.

En declaraciones a Radio 10, el exfuncionario sostuvo que su administración fue proactiva en la fiscalización del mercado, señalando que “la mayoría de las investigaciones empezaron durante nuestra gestión, con denuncias que presentamos”, destacando que se puso el foco sobre 136 operadores y casas de cambio por incumplimiento de normativas.

Los operativos, dispuestos por los jueces federales María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti, apuntan a la compra de 1.400 millones de dólares realizada entre enero y octubre de 2023.

Mientras Servini indaga presuntos fraudes mediante la reventa de dólares oficiales en el mercado paralelo (conocido como “rulo”), Casanello investiga maniobras con importaciones simuladas. Ante este escenario, Pesce remarcó que los controles internos dieron lugar a sanciones severas: “Algunos tuvieron multas de hasta $60.000 millones, otros de $18.000 millones”.

Respecto a la operatoria del mercado cambiario, el extitular de la autoridad monetaria explicó que el Banco Central “no le vende dólares a operadores cambiarios, sino solamente a los bancos”. Aclaró además que la entidad no comercializa billetes físicos, sino saldos sobre cuentas locales o en el exterior, y que son las entidades bancarias las encargadas de importar efectivo si lo requieren.

Miguel Pesce y Alberto Fernández

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El exfuncionario también se refirió a las causas que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ganaron relevancia mediática en los últimos días. Al respecto, fue categórico al separar ambos expedientes judiciales, asegurando que “lo de la AFA está corriendo por otro lado, no tiene ninguna relación con estas operaciones”.

Finalmente, Pesce desligó de cualquier responsabilidad al Ministerio de Economía de aquel período, entonces liderado por Sergio Massa. Argumentó que el control de estas transacciones es competencia exclusiva del BCRA y que los procedimientos se ajustaron a las reglas internas de la institución.

“Estas son operaciones que controla el BCRA, se cumplieron todas las normativas. El Ministerio de Economía no tiene intervención”, concluyó, reafirmando la autonomía técnica del Banco Central en la supervisión de los movimientos cambiarios denunciados.

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Banco Central,Dólares,Miguel Pesce,Sergio Massa

Tras las agitadas sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei entre el 10 de diciembre y ayer -inclusive-, el Congreso ya se prepara para el receso y aguarda un nuevo llamado, en principio, para febrero. Para el 1 de marzo quedará la apertura del período ordinario, a cargo del jefe de Estado, y un lote de candidaturas sensibles que deberá tratar el Congreso -la mayoría deben ser enviadas por el Ejecutivo y analizadas sólo por el Senado-, donde la gran incógnita es con quién negociará el Gobierno: la oposición dialoguista o el kirchnerismo.

A las dos butacas de la Corte Suprema de Justicia -hubo un fallido intento de la Casa Rosada el corriente año- se suman el procurador general -jefe de fiscales-, centenares de pliegos judiciales, y los Defensores del Pueblo y del Niño, entre otros. En el último caso, la postulante fue aprobada por Diputados y resta el aval de la Cámara alta. Se trata de María Paz Bertero, quien trabaja en Buenos Aires, y está relacionada con la gestión de Axel Kicillof y con el exjefe del PJ bonaerense Máximo Kirchner.

Bertero llegó al final del concurso gracias a un acuerdo del cristinismo/peronismo con la Unión Cívica Radical (UCR) y la otrora macrista María Sotolano, que para ese momento ya había sido electa en las elecciones provinciales -que desdobló Kicillof- en la lista que encabezó, por la Libertad Avanza, el excomisario Maximiliano Bondarenko. Esto ocurrió hace un puñado de meses, nada más.

A cambio de las gestiones que llevó, como presidenta de la bicameral, la entonces diputada radical Natalia Sarapura soñó con ser entronizada como Defensora del Pueblo. Hablamos de estructuras siempre codiciadas para hacer política. Y picardías. Incluso, a pesar los hachazos al gasto público de la administración libertaria. No ocurrió. Además, otros candidatos del centenario partido tuvieron una exposición muy por encima de la jujeña. Los mejores muchísimas veces no llegan, en reiteradas ocasiones, con el Congreso y el Ejecutivo metidos en la trifulca.

Más conocido es el caso de la Corte Suprema, con un sinfín de aparentes ventanas de negociación que no existieron. Y los votos nunca estuvieron. La Casa Rosada aceleró a fondo y se encontró con una muralla opositora, que hierve de furia por la demora de Balcarce 50 para mandar centenares de pliegos judiciales.

En junio pasado, previo a aterrizar en el recinto del Senado, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos informó que había 330 espacios sin ocupar. Es decir, casi un tercio (31,25%) del total. En la Justicia nacional de la Capital Federal, el exfuncionario indicó 178 vacantes de 571; en la federal de la Capital Federal, 46 de 159; y en la federal del interior del país, 106 de 326.

Dos meses más tarde, algunos dialoguistas que integraban la comisión de Acuerdos de la Cámara alta alertaron: “Existen un total de 337 vacantes actualmente distribuidas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura. Específicamente, 184 de estas vacantes se encuentran ya elevadas al Poder Ejecutivo Nacional y 153 se encuentran en trámite dentro del Consejo de la Magistratura”.

“De las 153 en trámite, 138 corresponden a concursos ordinarios y 15 a concursos anticipados. A su vez, de aquellos en trámite, 136 son para tribunales habilitados y 17 para tribunales no habilitados. En múltiples anuncios el Gobierno Nacional ha declarado que remitiría prontamente al Senado de la Nación los pliegos en cuestión. Por ello la comisión de Acuerdos se ha mantenido atenta a ese envío con el fin de actuar con la mayor celeridad y responsabilidad en la tarea, entendiendo la urgencia y delicadeza que el tema conlleva”, agregaron los legisladores hace casi cuatro meses.

Otras pujas cercanas de definición apuntan a la Auditoría General de la Nación (AGN). En Diputados, los libertarios pactaron con el cristinismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en contra del PRO y la UCR. Se repartieron tres lugares. Perdieron los fervorosos defensores del “consenso” y la “rosca”, que preparaban el desembarco de Emilio Monzó. Resta saber qué hará el Senado.

Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajará en enero hacia Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información sobre la investigación a la AFA.

El funcionario se reunirá con las autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), un organismo norteamericano que se especializa en el control de los delitos financieros. Su objetivo es detectar y prevenir el lavado de dinero.

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El intercambio de información entre la UIF y el FinCEN se da porque existe un convenio de colaboración entre ambos, para que puedan acceder y requerir información sobre inteligencia financiera relacionada con los presuntos delitos en la Argentina y Estados Unidos. El acuerdo también permite la posibilidad de que los propios organismos entreguen de manera repentina datos sobre maniobras de lavado de dinero y otros crímenes financieros.

La decisión de la UIF de reunirse con las autoridades norteamericanas se tomó tras las sospechas sobre TourProdEnter, que es administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni.

La casa de Faroni fue allanada este martes por la Policía, en medio de la investigación por la empresa vinculada a él que involucra presuntos desvíos de fondos hacia Estados Unidos. Además de la futura visita de Starc, la Justicia -el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella-, ya pidió información a cuatro bancos de EE.UU. sobre diversos movimientos financieros.

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En ese sentido, la Justicia investiga si el contrato de exclusividad que TourProdEnter mantiene con la AFA le permite recaudar fondos de los contratos hechos por la Asociación de Fútbol en el exterior.

El detalle de los contratos que encontró la Justicia

Starc viajará en los primeros días de enero a Washington, luego de que la Justicia haya encontrado los contratos entre la AFA y la empresa relacionada con Faroni.

El empresario se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó en el exterior durante los últimos cuatro años. La participación quedó establecida en contratos firmados por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia y alcanzó a los acuerdos internacionales vinculados tanto a la AFA como a la Selección argentina.

Pero el esquema fue más amplio. Además de ese porcentaje sobre los ingresos, Faroni también percibió el 10% de todas las salidas de dinero asociadas a tareas de “logística” incluidas en los contratos que intervino para la AFA desde 2021. Se trata de gastos operativos que formaron parte de los convenios comerciales firmados por la entidad de la calle Viamonte.

La documentación lleva las firmas de Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol. El acuerdo fue rubricado el 9 de diciembre de 2021, apenas un día después de que Erica Gillette, esposa de Faroni, presentara una oferta de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El contrato, tal como quedó redactado, le otorgó a TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva de la Asociación del Fútbol Argentino en todo el mundo, con la única excepción del territorio argentino. El acuerdo la habilitó a promover, en nombre de la entidad, la firma de convenios vinculados al uso de marcas, emblemas, imágenes y otros derechos comerciales de la AFA.

Además, la empresa quedó autorizada a intervenir en la organización y concertación de distintos eventos deportivos y comerciales relacionados con la AFA y sus selecciones nacionales, como parte del esquema de explotación de los activos de la entidad en el exterior.

AFA, UIF, Estados Unidos