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Obra pública: el oficialismo quiere destrabar por ley contratos paralizados por años

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En un intento por ordenar el complejo escenario de la infraestructura nacional, el oficialismo incluyó en su agenda prioritaria en el Senado para lo que resta del año un proyecto de ley que busca establecer un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública que permitiría darle un cierre definitivo a contratos de obras públicas que, en algunos casos, arrastran una parálisis que ronda los veinte años.

La idea es destrabar la parálisis administrativa mediante el pago de una suma final y definitiva, la que será calculada en base a parámetros objetivos, a cambio de la renuncia a cualquier acción judicial vigente o futura contra el Estado. El régimen, en principio, tendrá una duración de 24 meses.

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La propuesta es impulsada por el senador libertario Enzo Fullone (Río Negro) y también lleva la firma de la jefa de bloque, Patricia Bullrich (Capital), y de Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), entre otros miembros de la bancada oficialista.

Según confirmó Bullrich a , la iniciativa cuenta con la luz verde de la Casa Rosada para su tratamiento legislativo este año como parte de lo que sería una suerte de agenda legislativa de segunda generación que se discutiría de manera paralela a proyectos como la reforma electoral y las modificaciones a la ley de zonas frías, entre otras iniciativas calificadas como prioridad por la Casa Rosada.

Las obras públicas, sobre todo en rutas, llevan un largo tiempo paralizadasSoledad Aznarez –

La idea es empezar a discutirlo en comisiones una vez que se avance con el debate de una reforma a la ley de biocombustibles, proyecto que comenzó a discutirse en comisión en la primera semana de junio, pero quedó congelado por la extensa crisis que terminó con la eyección de Manuel Adorni del Gobierno.

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Fullone, que fue directivo de Vialidad Nacional en Río Negro, fundamenta su proyecto en un escenario crítico, en lo que califica como un “sistema bloqueado” por contratos que permanecen abiertos administrativamente sin haber logrado nunca la recepción definitiva.

“Esta es una realidad extendida en todo el país”, sostuvo Fullone, quien destacó que el problema va más allá de las obras paralizadas. “Hay contratos que permanecen abiertos administrativamente, son contratos que no cuentan con recepción definitiva ni cierre formal, aunque en muchos casos las obras estén terminadas, en uso o hayan sido ejecutadas hace varios años”, explicó el senador.

Según los fundamentos del proyecto, existen al menos 57 obras públicas nacionales en estado de neutralización, y sólo en el caso de la provincia de Río Negro afecta a arterias emblemáticas y estratégicas como las rutas 22, 23 y 151, cuyos trabajos se iniciaron entre 2009 y 2021 y hoy afectan la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo regional.

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Patricia Bullrich en el SenadoSoledad Aznarez

El corazón del proyecto es el establecimiento de un sistema de “concesiones recíprocas” entre las empresas contratistas y el Estado Nacional para, así, poder ponerle punto final de mutuo acuerdo a los vínculos contractuales.

Para las empresas, el incentivo principal sería la condonación de multas generadas durante la parálisis y la liberación de garantías (pólizas de caución y fondos de reparo) una vez aceptado lo efectivamente ejecutado.

Además, las empresas se verán beneficiadas con una salida sin sanciones en el Registro de Constructores, siempre que no haya mediado dolo o culpa grave en las causas que llevaron a la paralización de la obra.

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Por su parte, el Estado conseguiría de parte de los contratistas una renuncia expresa a cualquier reclamo por el lucro cesante por la parte no ejecutada de la obra, al tiempo que deberán aceptar el carácter de “cierre administrativo total”. Esto implica una renuncia recíproca a cualquier acción judicial o administrativa posterior, eliminando así el riesgo de futuros litigios cuyos costos terminan recayendo sobre el erario público.

“Certificación de cierre”

Uno de los puntos clave para la operatividad del sistema es la creación de una “certificación de cierre”. A través de esta figura, el Estado reconocerá a las empresas una suma fija y final por gastos de mantenimiento de obrador, acopios y vigilancia, lo que extingue cualquier pretensión por mayores costos administrativos.

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Ese pago se realizará en base a un informe técnico previo que deberá elaborar la autoridad de aplicación, la cual el proyecto deja a elección del Poder Ejecutivo.

Ese informe deberá tomar en cuenta el grado de avance físico y financiero de la obra al momento de la parálisis, el tiempo transcurrido desde que se detuvieron los trabajos, las causales que llevaron a la neutralización de la obra o a la falta de recepción definitiva y la evaluación de conveniencia para el interés público.

Desde el bloque oficialista sostienen que esta medida es una “propuesta concreta para abordar un problema que la Argentina viene arrastrando desde hace más de veinte años”.

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Según explicó Fullone, el objetivo final es no solo sanear el balance del Estado, sino también permitir que los emplazamientos actuales puedan ser intervenidos mediante nuevas modalidades de contratación con proyectos actualizados, mitigando así los riesgos actuales para quienes transitan las rutas nacionales.




Gustavo Ybarra,Obra pública,Conforme a,Obra pública,,Tras impedir su demolición. La joya arquitectónica de la avenida Alvear que mantendrá su identidad con una renovación clave,,Lo que viene. Los caminos rurales, eternos olvidados del debate público argentino,,Apertura de sobres. Avanza la licitación vial más grande del año con el regreso por los peajes de Cristóbal López y varios imputados en Cuadernos

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De la confrontación a los acuerdos: qué hay detrás del cambio de estrategia del Gobierno con los gobernadores

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“No todas las reglas aplican en todo momento”, afirmó ante Infobae una importante fuente libertaria para explicar la reciente apertura del Gobierno de negociar alianzas con los gobernadores aliados rumbo a las elecciones de 2027. Hace un año, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se inclinaba por competir con candidatos “puros” en las distintas provincias para fortalecer el armado y el sello de La Libertad Avanza en el interior del país.

El vínculo con los mandatarios provinciales aliados dio pie a uno de los debates que marcó la interna oficialista, dado que el asesor presidencial, Santiago Caputo, se mostraba proclive a sellar alianzas con la mayor cantidad de representantes provinciales para las elecciones legislativas de 2025.

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Hoy, cuando pareciera reinar el consenso impulsado por los deseos de concretar la reelección del presidente Javier Milei, persisten las diferencias respecto de los motivos que llevaron a la administración libertaria a readaptar su plan.

“La realidad se impone y los que pregonaban una estrategia diferente en 2025, ahora no la pueden sostener”, plantearon desde uno de los campamentos en un dardo dirigido contra los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, los encargados de diseñar las listas bajo la supervisión de la menor de los Milei, a los que les atribuyen además haber complejizado el escenario legislativo en 2025.

La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

En el karinismo aseguraron a este medio que la decisión de priorizar a candidatos propios apuntaba a potenciar al Gobierno, en particular al espacio fundado por Milei, y buscaba limitar el alcance de los gobernadores. “En aquel entonces, los que querían acordar por acordar, nos llevaban a un Gobierno de coalición”, plantearon desde el entorno de la funcionaria.

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“Varios querían entrar gratis a las listas. Después algunos nos hicieron un desastre en el Congreso”, criticó uno de los alfiles violetas que revalidó la determinación de haber competido en las provincias con los propios.

En Balcarce 50 descuentan que a Javier Milei le va mejor en el interior del país que en el AMBA, donde se ubican en torno a los 25 puntos; por eso, consideran necesario acercar voluntades con los aliados. En esa tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero también el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.

Como anticipó este medio, la administración libertaria fijó condiciones para negociar con los gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada y entre los principales puntos figura el respaldo a la agenda legislativa, en particular a la reforma electoral que aspira a sancionar el Poder Ejecutivo. La advertencia es clara: quienes no acompañen el objetivo de modificar el sistema, “no serán tenidos en cuenta para el armado”.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en Casa Rosada

Aún sin los votos necesarios, el oficialismo dio lugar a una de las alternativas presentadas por el radicalismo y discute la posibilidad de incorporar una especie de colectora para facilitar un acuerdo con los gobernadores y que puedan adherir las listas a diputados y senadores en caso de requerirlo. “No significa entregar a los legisladores. Se tendrán que ganar el lugar como nosotros. Es una salida para que compitan contra nuestras listas”, argumentó un integrante de la mesa política que volverá a reunirse este martes al mediodía.

La administración libertaria da sobradas muestras del cambio de criterio, en particular de la habilitación a potenciales acuerdos en 2027. En las vísperas del final del Mundial 2026, Diego Santilli, de perfil dialoguista y moderado, ayuda a consolidar los acercamientos con el objetivo final en mente: otros cuatro años de mandato para Milei.

Este lunes, luego de retratarse con 13 gobernadores en la provincia de Tucumán, el ministro coordinador recibió al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en una serie de intercambios que se suceden desde su desembarco en el Ministerio del Interior, pero que se intensificaron tras su ascenso. Luego, el puntano visitó las oficinas del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.

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El Gobierno envió seis nuevos pliegos al Senado y busca avanzar con la cobertura de vacantes en la Justicia

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El Gobierno nacional envió al Senado seis nuevos pliegos para la designación de jueces y avanzó así con su estrategia de cubrir vacantes en el Poder Judicial. La postulación de mayor impacto es la del juez Pablo Bertuzzi para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, un cargo clave porque tiene incidencia en las principales causas de corrupción. Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, que debe convocar a los candidatos para exponer ante los senadores.

El cargo de Bertuzzi permanecía bajo cuestionamiento desde su traslado dispuesto por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. La situación se abrió en 2018, cuando Bertuzzi fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal porteña. Esa decisión generó una fuerte controversia política y judicial y fue objetada por el kirchnerismo.

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Un tribunal clave

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal tiene un rol central porque revisa las resoluciones de los jueces federales de primera instancia en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Entre las causas que deberá analizar se encuentran las investigaciones por la criptomoneda $LIBRA y por los presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expedientes en los que están investigados el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El paquete de postulaciones enviado del Ejecutivo al Senado también incluye al juez Pablo Yadarola para integrar ese mismo tribunal.

El juez Pablo Bertuzzi (centro) normalizaría su situación en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

El antecedente de Bertuzzi y Bruglia

La situación de Bertuzzi volvió a quedar en discusión en septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó junto con el de Leopoldo Bruglia el traslado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 hacia la Cámara Federal porteña.

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Ambos magistrados habían intervenido desde ese tribunal en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos, una de las principales investigaciones por corrupción contra el kirchnerismo. Tras la decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Leer más: A días de cumplir 75 años, Irurzun busca que su reclamo llegue a la Corte Suprema para seguir como camarista federal

El resto de las postulaciones

Además de los pliegos para la Cámara Federal, el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal.

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También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26.

Senadores nacionales Juan Carlos Pagotto y Bartolomé Abdala, integrantes de la Comisión de Acuerdos. Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-
Senadores nacionales Juan Carlos Pagotto y Bartolomé Abdala, integrantes de la Comisión de Acuerdos. Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

El trámite en el Senado

Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

Desde la llegada del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo impulsa el envío de postulaciones de jueces, fiscales y defensores con el objetivo de cubrir alrededor de 300 vacantes en la Justicia nacional.

En junio el Senado aprobó 74 designaciones y para la sesión de este jueves figura en el temario una nueva tanda de pliegos judiciales. Además, la Comisión de Acuerdos fijó para el 4 y 5 de agosto las audiencias para evaluar a otros 22 postulantes.

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El fuerte intercambio de mensajes entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en medio del conflicto entre ambas

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La diputada Lilia Lemoine

La interna en el bloque de La Libertad Avanza, que se generó a partir de las diferencias entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y quien hasta hace unas semanas era el jefe del oficialismo en el recinto, Oscar Zago, repercutió también en otros integrantes del espacio e incluso derivó en graves amenazas entre algunos de ellos.

Infobae accedió a los chats del grupo de Whatsapp en el que están todos los miembros de la bancada y en el que Lilia Lemoine, en medio del conflicto con Marcela Pagano, advirtió que va a “engualichar” y hasta cometer ”violencia física” contra aquellos que la “hagan enojar”.

Se trató de una escalada más de tensión luego de que la periodista haya sido nombrada al frente de la comisión de Juicio Político, puesto que era pretendido por la maquilladora y cosplayer, lo que desencadenó la ruptura del oficialismo y un pico de estrés en la primera de ellas, que terminó internada.

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La semana pasada, luego de ser apartado como jefe del bloque, Zago anunció la decisión de formar uno propio con los compañeros de su partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque aclaró que va a permanecer dentro de La Libertad Avanza, pero mediante una alianza y sin depender directamente de Gabriel Bornoroni, su sucesor.

De acuerdo con lo que revelaron a este medio distintas fuentes libertarias, fue el dirigente del MID el que decidió convocar a sesión para nombrar a Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, para evitar así que el kirchnerismo pudiera quedarse con el lugar.

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Sin embargo, la medida no fue del agrado de Martín Menem, que sostuvo que no había consenso en el espacio para que fuera ella la elegida para ese rol y ordenó suspender la sesión, pero Zago no acató la directiva y continuó con la votación.

En un momento, la propia Lemoine irrumpió en la sala y exigió que se postergara el encuentro, al tiempo que acusó de “traidores al presidente Javier Milei” a todos aquellos que respaldaran la designación de la periodista.Algunas horas más tarde, el presidente de la Cámara se reunió con Pagano y le pidió personalmente que renunciara a ese cargo y que desconociera la validez de aquella votación, a cambio de ser nombrada en otra comisión, como la de Libertad de Expresión o de Finanzas.

No obstante, la diputada se negó a esa solicitud y aseguró que, si no respeta lo que se decidió por mayoría en aquel encuentro convocado por Zago, estaría rompiendo el reglamento del Congreso e incuso “haciendo algo ilegal”.

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En medio de este conflicto, el miércoles pasado Lemoine compartió en el grupo de WhatsApp de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza una nota de un medio salteño en el que se aseguró que la ex pareja de Milei, Fátima Flórez, está yendo a la iglesia porque “cree que le hicieron un trabajo”.

“Cuidado, si me hacen enojar los engualicho”, escribió la maquilladora en tono de humor, tras lo cual, su compañera de banca Juliana Santillán le pidió, siguiendo la broma, que hiciera que dejara de llover en Mar del Plata, ciudad de la que es oriunda.

Sin embargo, Lemoine redobló las amenazas: “Ya voy, pero… lo mío es más la violencia física. Una compañera lo puede atestiguar”.

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Todo este contexto, sumado a que un grupo de empleados administrativos que trabajaban con Pagano y que renunciaron sin previo aviso, además de un supuesto incidente en un bar con una persona que aparentemente la estaba vigilando, derivó en que la legisladora quedara internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, después de vomitar con sangre.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de su entorno, los síntomas que presentó la periodista son propios de una úlcera sangrante, pero los médicos todavía le estaban realizando los estudios correspondientes para tratar de verificar si ese es el diagnóstico acertado.

Si bien está mejorando y ya puede comer con normalidad, tal como anticipó este medio, sus allegados confirmaron, además, que el inconveniente de salud de la legisladora se agudizó luego de una llamada con tono desagradable que recibió y que se le adjudica a dirigentes de su mismo espacio.

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