POLITICA
Pagos demorados y aranceles bajos: el sistema de discapacidad enfrenta un “momento bisagra”
Prestadores de servicios para personas con discapacidad se encuentran en una situación crítica en Argentina. Los valores del nomenclador, que determinan cuánto cobran los profesionales por cada sesión, presentan un atraso significativo. El pago de las obras sociales se realiza a más de 180 días y muchos de estos profesionales encuentran cada vez más difícil sostener su actividad. En paralelo, el Gobierno nacional envió un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El contexto legal agrega incertidumbre en el sector.
Mariel Pastolou, terapista ocupacional y directora de la Fundación Solar de la Integración, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía que la crisis viene de larga data y se agravó en los últimos dos años: “Yo creo que la situación está llegando al punto de implosión”.
En este sentido detalló que “el nomenclador estos últimos meses, ha tenido pequeñas modificaciones que se anuncian mensualmente a través del Ministerio de Salud, pero está totalmente desactualizado. Estuvo un año entero sin moverse. Sobre todo, quienes llevamos adelante proyectos institucionales, los costos operativos nos pasaron por arriba, los requerimientos a los cuales todos los meses nos piden algo distinto para poder poner en funcionamiento un lugar”, detalló Pastolou.
Valores del nomenclador: actualización insuficiente y efecto en la atención
Según indicó Pastolou, “el nomenclador, según la prestación de apoyo, está en $18.700, por la sesión de una hora”. Este monto corresponde a lo que paga la obra social por cada prestación. Ante la consulta sobre si este valor quedó fijo, aclaró: “Estos últimos meses hubo ajustes. Estaba algo de $14.000”.
Las variaciones en el monto afectan la posibilidad de cubrir los costos reales de la atención. “Es insostenible con ese valor poder brindarle a las personas la atención que necesitan”, afirmó Pastolou. El costo de mantener las instalaciones, la habilitación de los espacios según los nuevos requerimientos y el aumento de gastos como seguros y servicios básicos, hacen que este ingreso no resulte suficiente para sostener servicios de calidad.
Cambios legislativos y falta de negociación con obras sociales
El contexto legal agrega incertidumbre. Está previsto que la ley de emergencia venza el 31 de diciembre, lo que abre la discusión sobre la administración de recursos, beneficios y cobertura para personas con discapacidad.
Pastolou remarcó: “Hay cosas que sé que tiene ese nuevo proyecto, como esta negociación con las obras sociales en algo totalmente utópico. El acompañamiento terapéutico nunca fue acordado por una obra social. Uno presenta un presupuesto y la obra social dice: ‘Yo la hora de acompañamiento terapéutico la pago tanto’”.
Cuestionó la posibilidad real de negociar valores: “Es como casi una fantasía pensar que uno se va a sentar con una obra social a imponer o a conversar un valor sobre una prestación”. La experiencia marca un sistema de imposición, donde los prestadores deben aceptar el monto que la obra social determina.
Sobre la ley vigente, Pastolou expresó: “Hay cosas que sin duda resolvería, pero tenemos programas del Estado, programas hablaban de PAMI, de pensiones no contributivas. Estamos esperando el pago de septiembre”.
Sospechas, auditorías y abusos: el lado oscuro del sistema
El sistema atraviesa también problemas de control y transparencia. Mariel Pastolou reconoció la existencia histórica de abusos: “Hubo, existió siempre el abuso. El tema es que si existirían auditorías como corresponde y las personas con discapacidad tendrían la libertad de y no el temor de denunciar a aquellos prestadores que no cumplen su trabajo o a lo que fueron comprometidos”.
Pastolou pidió dejar de hablar sólo de derechos y enfocarse en las responsabilidades: “Es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de las obras sociales, que están pagando muchas a 180 días”. Insistió en la necesidad de auditorías eficaces y en un sistema donde tanto prestadores como instituciones cumplan con los compromisos asumidos.
Consultada sobre la posibilidad de acuerdos informales ante los bajos pagos, Pastolou remarcó: “Es un tema de responsabilidad. Yo no voy a hablar de lo que hace cada uno en el acuerdo con la persona con discapacidad. No correspondería hacerlo, no sería responsable profesionalmente”.
El impacto en profesionales y usuarios: cierre de instituciones y falta de atención
La situación derivó en el cierre parcial o total de numerosas instituciones. Pastolou lo explicó: “Pasó de muchas instituciones que cerraron, muchas instituciones que limitaron sus actividades, sus proyectos. Hoy es un momento bisagra del sector de discapacidad. Las instituciones hace dos años que los proyectos están saliendo a cuenta gotas porque las urgencias y la inmediatez de la coyuntura nos está pasando por arriba”.
La crisis también afecta a los profesionales que dejan de trabajar en el sector público o con obras sociales para especializarse en el ámbito privado, donde las condiciones suelen ser más favorables.
El caso del PAMI se vuelve paradigmático. Pastolou afirmó: “Hoy ser prestador de PAMI es muy difícil, es un proceso muy largo, muy burocrático. La realidad es que hoy nosotros nos enfrentamos, nosotros tenemos muchos niños de PAMI en integración escolar, por ejemplo. Y la verdad es que no hay prestadores que atiendan. Los prestadores no quieren trabajar con PAMI. Los niños realmente están sin atención, sin atención de ningún tipo”, concluyó.
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POLITICA
Ante la polémica, la Corte Suprema aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras
Ante la polémica, la Corte Suprema de Justicia aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras y que se limitó a una cuestión procesal. “La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, remarcaron.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, el máximo tribunal cuestionó a quienes promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Ricardo Lorenzetti aclararon que “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.
Además, que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.
POLITICA
Elecciones en Brasil: Milei bajó la intensidad de sus ataques a Lula, pero apuesta al triunfo de Bolsonaro
El ruido más fuerte se apagó hace ya casi dos meses. Luego de apoyar, en la convención del Partido Liberal de San Pablo, la candidatura presidencial de su aliado Flávio Bolsonaro y atacar con insultos a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei se llamó a silencio, y espació su respaldo al rival del mandatario brasileño en las elecciones del próximo domingo.
Más allá de su decisión de no inmiscuirse de modo directo durante buena parte de la campaña -desde el Gobierno evitaron explicar las razones- Milei y todo el gobierno estarán atentos a los comicios del domingo, que podrían comenzar a definir si el país más grande del continente y socio principal del Mercosur se suma o no a la “ola azul” de gobiernos de derecha, o si permanece como un bastión de la izquierda, lejos del eje que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Hubo una decisión del Gobierno de no complicar más las cosas, aunque con Milei nunca se sabe”, coinciden desde el Palacio San Martín e Itamaraty, la diplomacia brasileña. Con el vínculo reducido por decisión de Brasilia al nivel de encargados de negocios, y los embajadores de ambos países esperando instrucciones para regresar a sus puestos, los contactos institucionales continúan, pero está claro que la relación entre Milei y Lula ya no tiene retorno. “A nadie le conviene que esto escale. Ni a los empresarios, ni a los gobiernos”, contó otra fuente que conoce de primera mano el vínculo bilateral.
De todos modos, Milei volvió a atacar a Lula, sin la repercusión de episodios anteriores. En una entrevista con el diario francés Le Point, publicada esta semana, Milei volvió a acusar de “ladrón” a Lula da Silva, y expresó “grandes esperanzas de que mi amigo Flávio Bolsonaro gane las elecciones presidenciales de octubre para llevar adelante el saneamiento liberal indispensable”. “¡Lula es un ladrón! Salió de prisión gracias a un vicio de forma administrativa orquestado por un juez cómplice”, afirmó Milei durante la entrevista en relación al presidente brasileño, a quien no ve desde la cumbre de presidentes del Mercosur, en diciembre pasado, en Foz de Iguazú.
Metido de lleno en la campaña por su reelección, en la que eligió a Trump como principal rival, Lula no le contestó directamente a Milei, y sólo aludió al “complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina” que se sumaron al Escudo de las Américas impulsado por el presidente norteamericano. “Milei no tuvo influencia en esta campaña, Lula prefirió pelearse con Trump”, afirmó a este diario el periodista de Folha de San Pablo, Ricardo Della Coletta.
“A nivel técnico se sigue trabajando y mucho”, contesta una voz autorizada de la gestión libertaria. El (¿ex?) embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, a quien Brasil echó a principios de agosto, participó durante el fin de semana de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolló en la Rural, con la esperanza de regresar a Brasilia, cualquiera sea el resultado de la primera vuelta electoral. Lo mismo ocurre con Julio Bitelli, el embajador de Brasil en Buenos Aires, que aguarda nuevas instrucciones a partir de que el panorama electoral comience a aclararse.
Las asperezas, con todo, siguen ganando la batalla. El 8 del mes pasado, y según pudo saber este diario, los hermanos Milei dieron la orden a sus funcionarios de no concurrir a los festejos por la independencia de Brasil, organizados en el Teatro Colón. Ningún alto funcionario argentino concurrió a la cita, salvo el sherpa argentino en el G20, Federico Pinedo; el diputado nacional karinista Sebastián Pareja y la ex canciller Diana Mondino, que parecían no haber sido avisados sobre el veto presidencial. “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, dijo entonces con tono tranquilo pero crítico Eduardo Uziel, el encargado de Negocios de Brasil en Argentina, en aquel festejo.
Unos días antes, la presencia de representantes brasileños del Mercosur en la reunión del Grupo Mercado Común en el Palacio San Martín (trataron el acuerdo comercial y de inversiones con Vietnam) representaba una señal de “normalidad” en el vínculo, al menos en lo que hace a la agenda del bloque regional. La posterior reunión de cancilleres del Mercosur, en Montevideo, fue otro paso adelante en el camino de la lenta reconstrucción del vínculo, aunque la desconfianza mutua entre Milei y Lula da Silva siga vigente, y lo estará al menos hasta que las urnas decidan (en la primera vuelta o en el ballotage, el 25 de octubre) si el actual presidente o su desafiante derechista será el interlocutor del país en los próximos años.
La falta de interlocutores del Gobierno con la gestión de Lula da Silva convierte a la elección en una apuesta a todo o nada por Bolsonaro. Una situación que Milei repetirá en otras elecciones clave, como la de Israel- su aliado Benjamín Netanyahu se jugará su continuidad el 27 de este mes, y no hay lazos con sus opositores-o la legislativa de Estados Unidos, donde Milei apuesta sin dobles lecturas al triunfo de los candidatos de Trump, y no tiene prácticamente contactos con el partido Demócrata.
“Para la Argentina, el resultado no es neutro en el plano político: un nuevo mandato de Lula prolongaría la distancia con la Casa Rosada que caracterizó los últimos años, mientras que un triunfo de Bolsonaro abriría una etapa de mayor afinidad con el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el comercio bilateral se mantiene firme pese al enfriamiento diplomático, porque responde a una lógica productiva, con el intercambio automotriz como columna vertebral, que los vaivenes de la política no alcanzan a alterar”, sostuvo Gustavo Pérego, director de la consultora Abeceb que encabeza el exministro de Trabajo macrista Dante Sica.
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POLITICA
Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de Mar del Plata debido a la creciente inseguridad en la ciudad
Guillemo Montenegro tiene todo preparado para volver a la intendencia de General Pueyrredón, cuya principal ciudad es Mar del Plata, actualmente gobernada por Agustín Neme, quien asumió en diciembre de 2025 cuando Montenegro se tomó licencia para ir al Senado bonaerense, banca que ganó en las elecciones provinciales, que fueron desdobladas de las nacionales y tuvo muchos nombres de peso en la contienda.
Según pudo saber Infobae, el dirigente iniciará el trámite el lunes para que sea tratado en la sesión del próximo martes. Allí, como ocurrió en tantas otras oportunidades, el senador pedirá que se apruebe su licencia, algo que descuenta. Luego de eso, deberá realizarse el mismo proceso en el Concejo Deliberante de Mar del Plata para que le acepten retornar. Por el armado político que construyó, Montenegro no tendrá problemas en lograrlo.
Los motivos detrás de la decisión están claros. El primero es la creciente inseguridad que afecta a toda la provincia de Buenos Aires, pero que en el último tiempo golpeó a Mar del Plata, algo que le valió ser noticia en varios medios locales y nacionales. Las preocupaciones por lo que ocurre en todo el territorio bonaerense llegaron hasta el gobierno nacional, que en la última reunión de mesa política incluyó a la ministra Alejandra Monteoliva y dijo que había una “escalada en inseguridad”.
Guillermo Montenegro fue ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri y sonó fuertemente para asumir en la cartera nacional cuando Patricia Bullrich se fue al Senado. Sin embargo, esa negociación no prosperó. Pero el dirigente tiene experiencia en la materia y reconoce que es él quien debe asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo, sobre todo por su espalda para coordinar tareas con las fuerzas federales.
En el último tiempo, Mar del Plata registró una seguidilla de hechos delictivos que incluyó entraderas, casos de robos de infraestructura urbana y episodios de violencia. Estos, ocurridos en distintos barrios y bajo distintas modalidades, volvieron a encender el reclamo por la seguridad en la ciudad.
Uno de los hechos más recientes fue una entradera en el barrio Divino Rostro. Cinco hombres con el rostro cubierto irrumpieron en una vivienda de la calle Matheu al 1600, redujeron a la familia y escaparon con cerca de $20 millones, además de una suma en dólares.
También se investiga a una banda acusada de robar cables subterráneos en distintos puntos de Mar del Plata. La Justicia Federal acumuló más de diez denuncias sobre una organización que llegaba desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), actuaba de madrugada con vehículos de carga, generadores y ropa similar a la de una empresa de telefonía, y se retiraba de la ciudad a las pocas horas.
El otro motivo es político, aunque todo está conectado. El ex fiscal cree que si la situación de la inseguridad sigue escalando, el riesgo de perder la intendencia frente al kirchnerismo crecerá a la par. Cerca suyo repiten que hay que defender el modelo de ciudad creado todos estos años y que la mejor manera es con Montenegro en el territorio.
El recorrido
En noviembre de 2025, el entonces intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, solicitó una licencia con vigencia desde el 10 de diciembre para asumir la banca de senador bonaerense que obtuvo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
La conducción municipal quedó de forma interina en manos del concejal Agustín Neme, dirigente de su confianza. Desde el entorno del jefe comunal habían señalado que la gestión mantendría su orientación y que no se trataba de una transición definitiva.
La decisión de pedir licencia, en lugar de presentar una renuncia, dejó abierta la posibilidad de que Montenegro retomara la intendencia de Mar del Plata, algo que finalmente ocurrirá ahora. El dirigente había llegado al Senado provincial tras participar de la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza.
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