Prestadores de servicios para personas con discapacidad se encuentran en una situación crítica en Argentina. Los valores del nomenclador, que determinan cuánto cobran los profesionales por cada sesión, presentan un atraso significativo. El pago de las obras sociales se realiza a más de 180 días y muchos de estos profesionales encuentran cada vez más difícil sostener su actividad. En paralelo, el Gobierno nacional envió un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El contexto legal agrega incertidumbre en el sector.

Mariel Pastolou, terapista ocupacional y directora de la Fundación Solar de la Integración, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía que la crisis viene de larga data y se agravó en los últimos dos años: “Yo creo que la situación está llegando al punto de implosión”.

En este sentido detalló que “el nomenclador estos últimos meses, ha tenido pequeñas modificaciones que se anuncian mensualmente a través del Ministerio de Salud, pero está totalmente desactualizado. Estuvo un año entero sin moverse. Sobre todo, quienes llevamos adelante proyectos institucionales, los costos operativos nos pasaron por arriba, los requerimientos a los cuales todos los meses nos piden algo distinto para poder poner en funcionamiento un lugar”, detalló Pastolou.

Valores del nomenclador: actualización insuficiente y efecto en la atención

Según indicó Pastolou, “el nomenclador, según la prestación de apoyo, está en $18.700, por la sesión de una hora”. Este monto corresponde a lo que paga la obra social por cada prestación. Ante la consulta sobre si este valor quedó fijo, aclaró: “Estos últimos meses hubo ajustes. Estaba algo de $14.000”.

Las variaciones en el monto afectan la posibilidad de cubrir los costos reales de la atención. “Es insostenible con ese valor poder brindarle a las personas la atención que necesitan”, afirmó Pastolou. El costo de mantener las instalaciones, la habilitación de los espacios según los nuevos requerimientos y el aumento de gastos como seguros y servicios básicos, hacen que este ingreso no resulte suficiente para sostener servicios de calidad.

Cambios legislativos y falta de negociación con obras sociales

El contexto legal agrega incertidumbre. Está previsto que la ley de emergencia venza el 31 de diciembre, lo que abre la discusión sobre la administración de recursos, beneficios y cobertura para personas con discapacidad.

Pastolou remarcó: “Hay cosas que sé que tiene ese nuevo proyecto, como esta negociación con las obras sociales en algo totalmente utópico. El acompañamiento terapéutico nunca fue acordado por una obra social. Uno presenta un presupuesto y la obra social dice: ‘Yo la hora de acompañamiento terapéutico la pago tanto’”.

Cuestionó la posibilidad real de negociar valores: “Es como casi una fantasía pensar que uno se va a sentar con una obra social a imponer o a conversar un valor sobre una prestación”. La experiencia marca un sistema de imposición, donde los prestadores deben aceptar el monto que la obra social determina.

Sobre la ley vigente, Pastolou expresó: “Hay cosas que sin duda resolvería, pero tenemos programas del Estado, programas hablaban de PAMI, de pensiones no contributivas. Estamos esperando el pago de septiembre”.

Sospechas, auditorías y abusos: el lado oscuro del sistema

El sistema atraviesa también problemas de control y transparencia. Mariel Pastolou reconoció la existencia histórica de abusos: “Hubo, existió siempre el abuso. El tema es que si existirían auditorías como corresponde y las personas con discapacidad tendrían la libertad de y no el temor de denunciar a aquellos prestadores que no cumplen su trabajo o a lo que fueron comprometidos”.

Pastolou pidió dejar de hablar sólo de derechos y enfocarse en las responsabilidades: “Es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de las obras sociales, que están pagando muchas a 180 días”. Insistió en la necesidad de auditorías eficaces y en un sistema donde tanto prestadores como instituciones cumplan con los compromisos asumidos.

Consultada sobre la posibilidad de acuerdos informales ante los bajos pagos, Pastolou remarcó: “Es un tema de responsabilidad. Yo no voy a hablar de lo que hace cada uno en el acuerdo con la persona con discapacidad. No correspondería hacerlo, no sería responsable profesionalmente”.

El impacto en profesionales y usuarios: cierre de instituciones y falta de atención

La situación derivó en el cierre parcial o total de numerosas instituciones. Pastolou lo explicó: “Pasó de muchas instituciones que cerraron, muchas instituciones que limitaron sus actividades, sus proyectos. Hoy es un momento bisagra del sector de discapacidad. Las instituciones hace dos años que los proyectos están saliendo a cuenta gotas porque las urgencias y la inmediatez de la coyuntura nos está pasando por arriba”.

La crisis también afecta a los profesionales que dejan de trabajar en el sector público o con obras sociales para especializarse en el ámbito privado, donde las condiciones suelen ser más favorables.

El caso del PAMI se vuelve paradigmático. Pastolou afirmó: “Hoy ser prestador de PAMI es muy difícil, es un proceso muy largo, muy burocrático. La realidad es que hoy nosotros nos enfrentamos, nosotros tenemos muchos niños de PAMI en integración escolar, por ejemplo. Y la verdad es que no hay prestadores que atiendan. Los prestadores no quieren trabajar con PAMI. Los niños realmente están sin atención, sin atención de ningún tipo”, concluyó.

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