POLITICA
Pagos demorados y aranceles bajos: el sistema de discapacidad enfrenta un “momento bisagra”
Prestadores de servicios para personas con discapacidad se encuentran en una situación crítica en Argentina. Los valores del nomenclador, que determinan cuánto cobran los profesionales por cada sesión, presentan un atraso significativo. El pago de las obras sociales se realiza a más de 180 días y muchos de estos profesionales encuentran cada vez más difícil sostener su actividad. En paralelo, el Gobierno nacional envió un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El contexto legal agrega incertidumbre en el sector.
Mariel Pastolou, terapista ocupacional y directora de la Fundación Solar de la Integración, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía que la crisis viene de larga data y se agravó en los últimos dos años: “Yo creo que la situación está llegando al punto de implosión”.
En este sentido detalló que “el nomenclador estos últimos meses, ha tenido pequeñas modificaciones que se anuncian mensualmente a través del Ministerio de Salud, pero está totalmente desactualizado. Estuvo un año entero sin moverse. Sobre todo, quienes llevamos adelante proyectos institucionales, los costos operativos nos pasaron por arriba, los requerimientos a los cuales todos los meses nos piden algo distinto para poder poner en funcionamiento un lugar”, detalló Pastolou.
Valores del nomenclador: actualización insuficiente y efecto en la atención
Según indicó Pastolou, “el nomenclador, según la prestación de apoyo, está en $18.700, por la sesión de una hora”. Este monto corresponde a lo que paga la obra social por cada prestación. Ante la consulta sobre si este valor quedó fijo, aclaró: “Estos últimos meses hubo ajustes. Estaba algo de $14.000”.
Las variaciones en el monto afectan la posibilidad de cubrir los costos reales de la atención. “Es insostenible con ese valor poder brindarle a las personas la atención que necesitan”, afirmó Pastolou. El costo de mantener las instalaciones, la habilitación de los espacios según los nuevos requerimientos y el aumento de gastos como seguros y servicios básicos, hacen que este ingreso no resulte suficiente para sostener servicios de calidad.
Cambios legislativos y falta de negociación con obras sociales
El contexto legal agrega incertidumbre. Está previsto que la ley de emergencia venza el 31 de diciembre, lo que abre la discusión sobre la administración de recursos, beneficios y cobertura para personas con discapacidad.
Pastolou remarcó: “Hay cosas que sé que tiene ese nuevo proyecto, como esta negociación con las obras sociales en algo totalmente utópico. El acompañamiento terapéutico nunca fue acordado por una obra social. Uno presenta un presupuesto y la obra social dice: ‘Yo la hora de acompañamiento terapéutico la pago tanto’”.
Cuestionó la posibilidad real de negociar valores: “Es como casi una fantasía pensar que uno se va a sentar con una obra social a imponer o a conversar un valor sobre una prestación”. La experiencia marca un sistema de imposición, donde los prestadores deben aceptar el monto que la obra social determina.
Sobre la ley vigente, Pastolou expresó: “Hay cosas que sin duda resolvería, pero tenemos programas del Estado, programas hablaban de PAMI, de pensiones no contributivas. Estamos esperando el pago de septiembre”.
Sospechas, auditorías y abusos: el lado oscuro del sistema
El sistema atraviesa también problemas de control y transparencia. Mariel Pastolou reconoció la existencia histórica de abusos: “Hubo, existió siempre el abuso. El tema es que si existirían auditorías como corresponde y las personas con discapacidad tendrían la libertad de y no el temor de denunciar a aquellos prestadores que no cumplen su trabajo o a lo que fueron comprometidos”.
Pastolou pidió dejar de hablar sólo de derechos y enfocarse en las responsabilidades: “Es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de las obras sociales, que están pagando muchas a 180 días”. Insistió en la necesidad de auditorías eficaces y en un sistema donde tanto prestadores como instituciones cumplan con los compromisos asumidos.
Consultada sobre la posibilidad de acuerdos informales ante los bajos pagos, Pastolou remarcó: “Es un tema de responsabilidad. Yo no voy a hablar de lo que hace cada uno en el acuerdo con la persona con discapacidad. No correspondería hacerlo, no sería responsable profesionalmente”.
El impacto en profesionales y usuarios: cierre de instituciones y falta de atención
La situación derivó en el cierre parcial o total de numerosas instituciones. Pastolou lo explicó: “Pasó de muchas instituciones que cerraron, muchas instituciones que limitaron sus actividades, sus proyectos. Hoy es un momento bisagra del sector de discapacidad. Las instituciones hace dos años que los proyectos están saliendo a cuenta gotas porque las urgencias y la inmediatez de la coyuntura nos está pasando por arriba”.
La crisis también afecta a los profesionales que dejan de trabajar en el sector público o con obras sociales para especializarse en el ámbito privado, donde las condiciones suelen ser más favorables.
El caso del PAMI se vuelve paradigmático. Pastolou afirmó: “Hoy ser prestador de PAMI es muy difícil, es un proceso muy largo, muy burocrático. La realidad es que hoy nosotros nos enfrentamos, nosotros tenemos muchos niños de PAMI en integración escolar, por ejemplo. Y la verdad es que no hay prestadores que atiendan. Los prestadores no quieren trabajar con PAMI. Los niños realmente están sin atención, sin atención de ningún tipo”, concluyó.
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POLITICA
El Gobierno convocará a los rectores de los hospitales universitarios para rediseñar la distribución de fondos
En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno busca desactivar un nuevo foco de conflicto con las casas de estudio por un reclamo de $79 mil millones sin ejecutar destinados a hospitales universitarios.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anticipó a TN que el Gobierno convocará después de la movilización de este martes a todos los rectores de universidades con hospitales para conformar una comisión que decida un nuevo criterio para distribuir los fondos.
La discusión financiera, aclaran tanto en el Gobierno como en las universidades, no gira alrededor de los fondos asignados a cada institución en el Presupuesto 2026 -que se ejecuta de manera automática-, sino a una partida del programa “Hospitales universitarios” que depende directamente de la subsecretaría que dirige Álvarez.
Según el funcionario, esa partida de $79.763.113.948 históricamente se administró “de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro salvo el lobby político”. Por eso, el área dependiente del Ministerio de Capital Humano decidió suspender esas transferencias hasta redefinir el criterio de distribución.
La disputa del Gobierno con las universidades por los fondos para hospitales
Sin embargo, las universidades aseguran que desde hace cinco meses que no reciben esos fondos y la UBA advirtió la semana pasada en conferencia de prensa que sus hospitales podrían dejar de funcionar en 45 días por falta de ese financiamiento.
En esa discusión, Álvarez acusó a la Universidad de Buenos Aires de querer apropiarse del 95% de la asignación de $79 mil millones destinada a todos los hospitales universitarios del país. “¿Qué significa esto? Vos tenés 75 mil millones para la UBA, con lo cual te quedan 4 mil millones para todo el resto», aseguró el funcionario en rueda de prensa.
Sin embargo, consultado por este medio, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, enfatizó que el Gobierno es quien define el criterio de distribución, tal como lo hizo en 2024 y 2025. “El más lógico puede ser la cantidad de pacientes, pero lo tienen que hacer los primeros días de enero, no ahora. No pueden no pagarle a los hospitales ni un peso hasta el quinto mes”, sentenció.
La demora en la convocatoria: críticas cruzadas entre el Gobierno y las universidades
Tras ser consultado por la demora en la convocatoria a los rectores para redefinir la distribución de fondos, Álvarez aludió a la complejidad del sistema universitario y a la resistencia de la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a quienes definió como “políticos profesionales”.
“Lamentablemente no les interesa mejorar el sistema. Yo he estado con los rectores y lo único que les importa son este tipo de transferencias. No les importa mejorar el sistema. Se excusan en la autarquía para hacer lo que se les da la gana y no aceptar ninguna sugerencia”, acusó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Leé también: Docentes, alumnos y gremios preparan una marcha para reclamar por el financiamiento a las universidades
En ese sentido, el rector de la Universidad de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci, aseguró a este medio que no recibió ninguna convocatoria del Gobierno, pero que sin dudas las universidades asistirán cuando ocurra.
Por su parte, Yacobitti aseguró a TN que la UBA tampoco había recibido la invitación hasta el momento. “Si llega, por supuesto que vamos a ir, pero no hay nada más irresponsable que no se haya llamado hasta ahora para pagar los alquileres de equipos para tratamientos oncológicos”, cuestionó.
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POLITICA
El Gobierno levanta la guardia ante la marcha universitaria y la define como “completamente política”
En la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes a las 17 con la Plaza de Mayo como epicentro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rompieron el silencio. En dupla con su jefa directa, el funcionario definió a la convocatoria como “completamente política”.
En un diálogo llevado adelante en la sede de la calle Pellegrini de Capital Humano, ambos hablaron con un grupo de medios para dar su visión de la nueva marcha, rebatir acusaciones del sector universitario y apuntar contra los datos con los que se manejan para tomar decisiones.
Pettovello y Álvarez anticiparon, además que piensan crear una comisión en las próximas semanas para rediseñar el nuevo criterio con el que distribuirán el presupuesto para hospitales universitarios de todo el país.
Compuesto por una partida de casi 80 mil millones de pesos que no fue ejecutada en lo que va de 2026, los funcionarios afirmaron que esa reasignación contemplará a todos los hospitales universitarios del país. Y que en la actualidad “el 95%” lo reclama la Universidad de Buenos Aires (UBA).
De hecho, de la UBA dependen seis instituciones reconocidas, como los hospitales de Clínicas, Roffo y Lanari; el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
Pettovello y Álvarez tomaron contacto con la prensa un día antes de la concentración en la que, además de la presencia del ámbito universitario, habrá una significativa presencia de partidos políticos opositores y sindicatos que cuestionan al gobierno del presidente Javier Milei.
Sobre los reclamos salariales de docentes y no docentes, otro de los focos principales de conflicto, apuntaron: “Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial”, dijo Álvarez. Tras lo que rápidamente agregó: “Pero esto, las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”, completó.
“O sea, no me saqué una foto yo con (el gobernador Axel,) Kicillof. Se la sacaron los rectores. No fui yo a una reunión con la CGT. O sea, si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitan que actores sociales que no tienen una relación directa, estén presentes?“, sostuvo Álvarez, a quien apodan ”El Galleguito”.
En la sede de Capital Humano están convencidos de ese punto y de que la mayor cantidad de datos sobre los alumnos, sus condiciones y cómo cursan, entre otros puntos que obtuvieron en el último tiempo y hasta la que antes no tenían acceso, serán centrales para la discusión que viene.
“¿Quién no quiere saber en qué se gasta el dinero? Ese es nuestro espíritu, nada más. No ir en contra de la UBA, ni en contra de ninguna universidad pública. Estamos a favor de la educación. Queremos desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber, sin saber que pasan cosas que no están bien”, dijo Pettovello en el correr de la charla.
“La gente tiene que tener información para después tomar una decisión de por qué apoya o no apoya”, agregó. “Tenemos que informarle a la sociedad en lo que estamos trabajando y de qué manera tomamos las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Me parece que es importante la batalla cultural”, dijo la ministra. “Queremos explicárselo para que la gente pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, completó.
El eje central sobre que convoca la marcha de este martes es para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “La única ley que nosotros vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, marcó Álvarez. La judicialización de la ley llevó un largo derrotero, que hoy está en la Corte Suprema. También quedó trabado en el Congreso un proyecto alternativo.
Entre los puntos centrales que marcan los organizadores en el que sobresale la figura de Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), está la advertencia que, desde 2023 hasta la actualidad, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%, situación que —según señaló— afecta de manera directa el funcionamiento de las universidades nacionales.
Desde Capital Humano rebaten el punto. “Ellos hacen una actualización, no es que las transferencias tomadas a peso constante aumentaron. Entonces, eso es, ajustándolo por inflación. Nosotros lo hemos admitido todo, obviamente, en relación a la inflación. Sin embargo, haciendo un enorme esfuerzo, el Estado, sobre todo el año pasado, actualizó los salarios universitarios muy por encima del promedio de todo el Estado. Y eso lo pueden ver en, en cualquier comparación”, aseguró Álvarez. Y agregó: “Es más, nuestro proyecto de ley, que ellos no quieren tratar, te establece un aumento del 12% en los salarios en tres partes”.
En cuanto a la partida para hospitales universitarios, de casi 80 mil millones de pesos, sostienen: “Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se distribuía en más o menos el 70% para la UBA, y luego a Cuyo, a Córdoba y a La Rioja. El resto de los hospitales, en La Plata, el Nordeste, que es en Resistencia, Santiago del Estero, Tucumán, todos reciben cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear una comisión de hospitales universitarios y todos de acuerdo vamos a ver cómo se distribuye eso. Con un criterio objetivo», dijo Álvarez.
Álvarez sumó: “Por ejemplo, un argumento contra esto que me decían de la UBA:´Ay, pero nosotros somos los que más enfermos atendemos´. Sí, está bien, pero yo lo tengo al rector de Chaco diciéndome: ´Yo estoy en la zona más pobre del país´. Entonces, ¿cuál es el criterio?“, preguntó. Al tiempo que coincidió con Pettovello al decir que históricamente eso se administró ”de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro, o al del lobby político».
La ministra dijo que los primeros dos años de gestión, el presupuesto estaba “reconducido”. “O sea, nosotros nos manejábamos con un presupuesto que no era nuestro. Este es el primer presupuesto nuestro y vamos a aplicar nuestro criterio. Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales”.
Sobre el resto de las transferencias, y pese a los reclamos, aseguraron que “no hay un mes de atraso”.
En cuanto a los datos generales sobre los presupuestos y las diferentes universidades, aseguraron que los harán públicos en el corto plazo. “En unas semanas toda la gente va a poder acceder y saber a dónde va el dinero que todos ponemos”, explicó Pettovello. Será un sistema en el que buscarán volcar desde cantidad de alumnos, cómo se distribuyen las carreras, las universidades y los presupuestos que demandan, entre otros datos.
“Esa información hoy es pública, lo que pasa es que está en un mamotreto poco amigable, que son tablas de Excel que nadie lo trabaja como dato”, describió Pettovello: “Entonces, todo esto nosotros lo vamos a, a tomar del anuario estadístico, que va a seguir existiendo, pero esto lo que hace es simplificar la información”, agregó.
Ante una consulta posterior de , sobre información publicada en el Boletín Oficial por un recorte en un programa de Secretaría de Educación, y la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, afirmaron que está “en línea con lo que hizo todo el Estado Nacional”.
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POLITICA
Kicillof mueve al PJ bonaerense: convocó a la marcha universitaria y lanzará cursos de capacitación
“Los quiero convocar también a defender la universidad pública el martes que viene”, cerró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la presentación de su libro “De Smith a Keynes”, el último sábado. El mandatario confirmó así que este martes estará en la Plaza de Mayo para participar de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes en rechazo al ajuste presupuestario del Gobierno de Javier Milei, y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso.
La novedad es que estará en la columna del Partido Justicialista bonaerense, partido que preside desde fines del mes de abril, cuando asumió al frente del consejo del partido. En ese momento dijo ante la prensa que buscaba hacer un partido “de puertas abiertas”. El jueves, estará en el lanzamiento de los cursos de formación del PJ que serán coordinados por el intendente de La Plata y secretario de formación del partido, Julio Alak.
El gobernador busca mostrarse proactivo en su construcción política y —como se encarga de aclarar— no electoral, pese a que en cada actividad que participe le canten por su candidatura presidencial en las elecciones del año que viene. Sucedió en su paso por la provincia de Córdoba, donde el líder sindical, Héctor Daer, lo promovió como candidato presidencial por el peronismo. Sucedió también entre quienes asistieron en La Rural a la presentación de su libro. Presumiblemente, volverá a suceder el viernes cuando lance el MDF Mujeres y Diversidad desde el camping de SOSBA, en la ciudad de Ensenada.
“Es una marcha que está convocando el frente gremial del Consejo Interuniversitario Nacional y la FUBA. El acto central va a ser en Plaza de Mayo a las cuatro de la tarde. Nosotros estamos convocando tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires como de nuestro movimiento, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)“, detalló este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Está previsto que Kicillof esté a las 15:30 en Diagonal Sur y Perú.
“El martes hay una importantísima marcha a la que vamos a concurrir, donde vamos a estar también, pero porque la gente no va a dejar que le saquen lo que le corresponde, lo que es suyo, graciosamente», dijo Kicillof este lunes a Radio 10.
El jueves estará en el lanzamiento de los cursos de formación política que promueve el PJ bonaerense. Será bajo la coordinación de Alak. La novedad es que será bajo el sello del PJ provincial, ya que el intendente de la capital bonaerense viene desde hace tiempo llevando adelante actividades de este tipo y lo hace desde el Instituto de Capacitación Política (ICP) que conduce. De hecho, en los últimos años, Kicillof dio algunas clases en ese ámbito. Esta vez, bajo la estructura del Partido Justicialista, el mandatario dará una charla en el Teatro Coliseo Podestá el próximo jueves por la tarde.
Se espera que haya presencia casi plena de la estructura del PJ. O al menos de las principales autoridades partidarias, como la vicegobernadora Verónica Magario o el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quienes ocupan las vicepresidencias partidarias.
Sin embargo, la construcción en la que trabaja Kicillof no está exenta de discusiones y tensiones internas dentro del peronismo. La última señal asomó cuando la diputada nacional, Teresa García —una de las referencias políticas del kirchnerismo- planteó que “no hay posibilidad para nadie que vaya a gobernar desde el peronismo, para el que vaya a gobernar este país, que no tenga en cuenta los dos períodos de Cristina presidente y las razones por las que está detenida”. Fue luego de asentir a la idea lanzada por la periodista Nancy Pazos, quien le consultó si el peronismo debía buscar “un nuevo Cámpora” como candidato para las elecciones del año que viene, trazando un paralelismo entre la detención de Cristina Kirchner y su imposibilidad de ser candidata con la situación que atravesó el peronismo antes del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, que devino en la fugaz presidencia de Héctor Cámpora en 1973. Esa afirmación de la legisladora nacional despertó un respaldo de diferentes dirigentes del universo K.
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