El gremio calificó como «insuficiente» la oferta empresarial, que argumenta una compleja situación económica. Reunión definitoria el miércoles próximo.

15/06/2026 – 08:15hs

En un clima de crisis económica-financiera, reestructuraciones y quiebras, con cierres y despidos, la conducción de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y los representantes de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPPA) sigue con la ronda de negociaciones salariales sin avances, lo que amenaza con derivar en un nuevo conflicto.

La semana pasada se realizó la cuarta audiencia entre las partes, en el marco de la discusión del convenio colectivo de trabajo 244/94, que impacta en los ingresos de unos 80.000 empleos directos en todo el país.

Quiebre de empresas, caída de la producción, cierres y despidos

En un breve repaso, podemos consignar el presente que atraviesan firmas líderes como Arcor, Molinos Río de la Plata y Mastellone, que están aplicando planes de ajuste, tanto en el personal como en la cadena de producción, con estrategias hacia formatos económicos para compensar la caída del consumo interno. Georgalos, por su parte, aplicó suspensiones de trabajadores y tuvo que trasladar parte de su producción para optimizar costos ante la merma en las ventas.

Más dramática es la situación de Alimentos Refrigerados SA (ARSA) -que producía yogures y postres bajo licencia de SanCor-, que la Justicia decretó la quiebra y liquidación de la compañía, al igual que La Suipachense, firma láctea que cerró sus puertas y entró en quiebra tras un fuerte conflicto gremial.

Otro emblema de la crisis es Granja Tres Arroyos, con cierres temporales, paralización de operaciones y suspensiones masivas en una de sus plantas por problemas financieros y baja competitividad. El sindicato de la Alimentación reclama la continuidad para sostener los puestos de trabajo.

Negociaciones trabadas: el gremio analiza plan de lucha

El último encuentro paritario fue el miércoles pasado, donde la organización gremial que encabeza Héctor Morcillo reiteró el pedido de una recomposición salarial que «permita sostener el poder de compra frente a los aumentos de precios de productos de primera necesidad, servicios y transporte, que impactan fuertemente en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras».

El sindicato consideró «insuficiente» la propuesta empresarial, subrayando que «demuestra una mezquindad» que dilata la discusión y «en nada contribuye a la paz social» ni a la difícil situación que atraviesa el personal de la actividad. Según trascendió, la cámara habría ofrecido una mejora salarial alrededor del 1,5% por mes, advirtiendo que está afectada la rentabilidad por la «invasión de productos importados».

Las sucesivas reuniones transitaron este camino donde, hoy por hoy, el acuerdo parece muy lejano, lo que pone todas las miradas en el próximo cónclave entre las partes, que se llevará a cabo este miércoles, bajo el arbitraje de la secretaría de Trabajo. El último aumento fue 9,67% más una suma fija no remunerativa de $100.000 en la categoría inicial.

Según fuentes gremiales, si este miércoles no hay acuerdo o por lo menos los empresarios mejoran sustancialmente su propuesta, quedarán a las puertas de un conflicto que comenzará con el estado de alerta y movilización y, posiblemente, asambleas con quite de colaboración o paros por turno.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos de junio 2026, en un mes marcado por el aumento de haberes, la aplicación de la fórmula de movilidad y el pago del medio aguinaldo.

El esquema escalonado según la terminación del DNI define quiénes acceden hoy a sus prestaciones, garantizando el flujo ordenado de los fondos en todo el país.

En esta jornada, acceden al cobro quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas y cuyo DNI termina en 5, junto con el medio aguinaldo y el bono extraordinario.

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo con DNI finalizado en 5 pueden cobrar hoy, según el esquema que va del 8 al 22 de junio. El monto por cada menor de 18 años es de $144.932, con retención del 20% que se libera contra la presentación de la Libreta AUH. Los titulares también acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar para la compra de alimentos.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor mensual es de $471.915 y mantiene la misma modalidad de cobro.

También reciben su pago hoy las personas con Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI termina en 5. El monto es de $72.474 por hijo para el primer rango de ingresos y $236.013 para hijos con discapacidad. El pago sigue el mismo calendario que la AUH.

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 5 acceden al cobro este lunes. El monto para junio es de $144.932, siguiendo el mismo esquema de fechas que las demás asignaciones familiares.

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social cobran en junio el monto mensual de $78.000. A diferencia de las demás prestaciones, el pago de estos programas no se realiza de manera escalonada por DNI, sino que se habilita de manera general en el mes, según confirmó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El pago del medio aguinaldo en junio incrementa notoriamente el ingreso de los beneficiarios del sistema previsional, quienes reciben el 50% del mayor haber mensual del semestre además del monto habitual y el bono extraordinario. Este refuerzo resulta especialmente significativo para quienes perciben los haberes más bajos y deben afrontar el aumento de precios registrado en los últimos meses.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció recientemente que ya casi no hay margen para seguir comprimiendo el gasto público, por lo que la preservación y consolidación del equilibrio o superávit fiscal, piedra basal del plan económico, depende crucialmente de una recuperación del nivel de actividad económica que trascienda los sectores energético, agroindustrial y minero y ensanche las bases de sustentabilidad del “cambio de régimen” que inició el gobierno de Javier Milei.

“Tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI)… es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo.

He ahí la pregunta sobre la sostenibilidad del ajuste y el equilibrio fiscal, pues gran parte del gasto (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares) está indexada a la inflación. El gobierno anunció algunos recortes por $2,5 billones, pero su apuesta en adelante es a una mejora de la actividad y aumento del empleo formal.

El economista Jorge Vasconcelos ha mostrado en recientes informes la estrechísima relación entre el IVA-DGI (y en particular, la recaudación del IVA) y la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), tomando en cuenta la “tendencia ciclo” que despeja efectos estacionales o extraordinarios.

Tambien Caputo, al exponer en el “Summit 2026” del IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, dijo basarse en los datos de la “tendencia ciclo”.

“La fiesta recién empieza”, aseguró el ministro, al explicar que si bien Vaca Muerta y la energía arriman el grueso de dólares que sustentan el aumento de reservas y la actual estabilidad cambiaria, el crecimiento será mucho más amplio gracias a que esos sectores hoy más beneficiados por el RIGI y la inversión local y extranjera permitirán el “equilibrio general” en que muchos más sectores puedan crecer.

Desde que Milei es presidente, enfatizó Caputo, incluso la exportación de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) creció 20% en cantidades.

En cualquier caso, la sostenibilidad fiscal sigue siendo clave y pilar del modelo oficial, heredero de un historial poco envidiable. Caputo recordó en el IAE que la Argentina tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años, que en ese período atravesó 22 crisis económicas y que 20 de ellas fueron de origen fiscal.

En cuanto a la etapa más reciente, en un seminario fiscal del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, Julián Folgar, profesor de la UBA y economista del Banco Mundial, mostró el “sube y baja” del gasto público, con una etapa de “expansión” fiscal (2005-2015) y otra de obligada contracción (2015/2025), que incluye el ajuste más explícito y decidido iniciado a fines de 2023.

La experiencia de las últimas dos décadas, subrayó Folgar a Infobae, muestra la importancia de una política de gasto prudente y sostenible. “Cuando las expansiones del gasto se concentran en partidas rígidas (como salarios y jubilaciones) los ajustes posteriores tienden a recaer de manera desproporcionada sobre componentes más flexibles -como la inversión pública, las transferencias o ciertos programas-, independientemente de que hayan sido o no los principales responsables del aumento inicial. Esto puede afectar funciones relevantes del Estado y sugiere que la mejor forma de evitar ajustes costosos es prevenir expansiones difíciles de sostener en el tiempo”.

Los datos sugieren que a partir del “cuidado de cuentas” iniciado a fines de 2023 hay una oportunidad de consolidación. Desde entonces, las prestaciones deshicieron un tercio de su expansión previa, forzando al resto del gasto a ajustarse más que proporcionalmente, algo que a su vez impulsa reacciones de los sectores afectados.

Ahí entra en juego la “sostenibilidad” del ajuste y el equilibrio o superávit fiscal. El grueso de la corrección se basa en la reducción de subsidios (antes amplios e indiscriminados, ahora focalizados en un grupo más reducido) y los cambios a la indexación de los haberes jubilatorios. Y del lado de los ingresos hubo una pérdida significativa al dejarse de lado el “Impuesto PAIS” que había pergeñado la gestión de Alberto Fernández, y una ganancia por la restitución del impuesto a las ganancias personales que había prácticamente condenado la gestión ministerial de Sergio Massa como parte de su “plan platita” para la elección presidencial 2023.

Ampliando el campo del gasto para incluir provincias y municipios, Marcelo Capello, vicepresidente y director de estudios fiscales del Ieral, cree que la meta anunciada por Milei de alcanzar un gasto público equivalente a 25% del PIB (objetivo del “Pacto de Mayo”, firmado en julio de 2024) luce difícil de cumplir.

“A pesar de que bajó 11 puntos del PIB desde 2015 a 2025, aun se ubica en 32% del PIB. Si bien todavía podría haber recortes adicionales en subsidios a energía y transporte, o en el gasto corriente provincial, también es cierto que debería mejorar el nivel de inversión pública, y otros gastos como las transferencias a universidades”, dijo a este medio.

A futuro, agrego, “para bajar impuestos a nivel provincial existe margen para bajar el gasto, pero en el nivel nacional más bien deberá tratarse de una eliminación de impuestos distorsivos (retenciones, impuesto al cheque) compensado con la eliminación de algunos gastos tributarios y mejor recaudación en los impuestos más tradicionales”.

Los analistas coinciden en que a nivel más fino de gasto cabe monitorear ítems como obra pública y transferencias a provincias, sujetos a límites fácticos, como el deterioro de la infraestructura, y políticos, como las demandas de los gobiernos provinciales.

El cuadro general dependerá de cuestiones extra-fiscales, como el nivel de actividad. Hoy la economía funciona a “dos velocidades”, con sectores como energía, agroindustria y minería que crecen más que el resto, pero no “derraman” recaudación (de impuestos como el IVA), ni empleo (del que dependen las contribuciones a la seguridad social) suficientes para ensanchar la sustentabilidad del equilibrio fiscal.

“El grueso o gran parte de la consolidación tiene carácter estructural. Puede haber ítems que afectan la magnitud de la consolidación, por presiones de algunos puntos más o menos”, admitió Folgar.

Fiscalmente, cabe recordar que la obra pública no cayó desde muy alto: corrupción incluida, en el descontrol fiscal que se inició en 2008, los gastos corrientes consumieron más del 90% del presupuesto total.

También el informe de la calificadora Standard & Poor’s, que mejoró la calificación crediticia e impulsó un rally de acciones y una importante reducción del índice de riesgo país, apuntó, además de a la obvia cuestión de las reservas, la “deuda pública neta” y la capacidad de pago del país, a la sostenibilidad fiscal.

“El firme compromiso con un ancla fiscal ha sido la piedra angular del programa económico del presidente Milei, mientras que el tipo de cambio ya sea como un crawling peg o en una banda, también ha sido un ancla secundaria para reducir la inflación. Más allá del programa de estabilización, la administración ha aprobado legislación económica para sentar las bases para un crecimiento más alto, a pesar de no contar con mayorías en el Congreso. Esto incluye compromisos con políticas fiscales, cambiarias y estabilidad regulatoria para las grandes inversiones en el marco del programa RIGI”, dice un pasaje del informe en que S&P anunció la mejora de la nota crediticia del país.

Junio podría mostrar déficit primario y financiero (como ocurrió en igual mes de 2024 y 2025), debido al pago de aguinaldos y los pagos por importación de GNL y subsidios energéticos.

Pero la cuestión de fondo sigue siendo la recuperación del nivel de actividad, para apuntar con más recursos (ya no tantos recortes) el resultado fiscal.

Hasta un sector tan interesado en el recorte de impuestos como el campo reconoce “las complejidades del equilibrio fiscal”, como se tituló un informe del CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) que se enfocó en los cambios de los últimos dos años.

A comienzo de su mandato, precisa el informe, el Gobierno recortó y “licuó” el gasto público del 19,6% del PBI al 15% del PBI, con reducciones en casi todas las partidas: gastos en infraestructura (1,2% del PBI), jubilaciones (0,6% del PBI), programas sociales (0,6% del PBI), subsidios (0,6% del PBI), salarios públicos (0,6% del PBI, 19% empleados públicos) y transferencias a provincias (0,6% del PBI). Así logró un superávit primario del 1,8% del PBI en 2024 y en 2025 siguió reduciendo el gasto más lentamente (0,44% del PBI), con algún recupero en prestaciones sociales (0,21% del PBI): jubilaciones (0,6% del PBI) y un poco más de recorte en subsidios energéticos (0,5% del PBI), manteniendo un superávit del 1,39% del PBI.

Ya en 2026, no ayudó que en los primeros cinco meses del año la recaudación del IVA cayera del 2,8 al 2,5% del PBI; la Seguridad Social del 2,2 al 2% y los impuestos al comercio exterior (aranceles y retenciones) del 0,6 al 0,4% del PBI, menos que compensados por mejoras muy leves en la recaudación de Ganancias y el mantenimiento (siempre en porcentaje del PBI) de los impuestos al cheque y a los combustibles. En la sumatoria, una caída del aporte de estos tributos del 8,4 al 7,7% del PBI, una pérdida de 0,7 puntos. Con el gasto ya duro de bajar, mantener la virtud fiscal depende cada vez más de la recuperación de la economía, como lo reconoció el propio ministro Luis Caputo.