INTERNACIONAL
Policía Control de Drogas detiene a 17 integrantes de una banda de narcomenudeo en Puntarenas, Costa Rica
La Policía Control de Drogas (PCD) de Costa Rica detuvo este martes a 17 integrantes de una estructura criminal dedicada a la venta de drogas en las inmediaciones de centros educativos en diferentes barrios de Puntarenas, como resultado de una investigación iniciada en marzo de 2024. El operativo, realizado en 23 allanamientos simultáneos y con el apoyo de unidades especiales, permitió desarticular una red que, tras una serie de conflictos internos y violentos cambios de liderazgo, venía operando en la zona de Caldera y extendiéndose hacia Barranca y Chacarita.
Entre los resultados de este despliegue coordinado, la PCD decomisó 1.683.5 gramos de marihuana, 114 dosis de marihuana, 749.2 gramos de cocaína, 195 dosis de crack, un millón 897 mil colones, USD 4,459, 10 armas de fuego y 349 municiones, además de radios de comunicación, implementos para dosificación, una moledora eléctrica, dos cajas fuertes y 240 pares de artículos deportivos. Estos datos confirman la magnitud operativa y logística de la organización, cuyos miembros eran principalmente jóvenes entre 18 y 33 años.
El grupo criminal fue originalmente dirigido por Garbanzo Rodríguez, conocido como “Mufasa” y residente de Pavas, San José. Según la PCD, Mufasa tenía conexiones con estructuras como la de Marco Antonio Zamora Solórzano(“Indio”), Los Paveños y Los Myrie, lo que facilitó la distribución de cocaína, marihuana y crack en Caldera durante más de cinco años. En ese periodo, Mufasa se apropió de viviendas ajenas con el objetivo de controlar puntos de venta, incluso desplazando a vecinos que rechazaban involucrarse.
El 15 de agosto de 2025, Mufasa fue asesinado en un bar de Santa Ana en medio de disputas territoriales. Tras su homicidio, el liderazgo recayó en Rojas Rodríguez, alias “Moti”, hermano de Mufasa, quien, con el apoyo de otros miembros, dirigió una etapa de expansión hacia Barranca y Chacarita en Puntarenas. Este cambio precipitó divisiones internas y episodios violentos.
La fragmentación de la organización provocó al menos tres víctimas mortales en 2025: el propio Garbanzo Rodríguez(“Mufasa”) en agosto, Vargas Montero (“Pingo”) en noviembre y Cordero Mora el 20 de diciembre. Además, Moti sobrevivió a un atentado en diciembre de ese mismo año.
La PCD detalló que la estructura estaba integrada por hombres y mujeres jóvenes que cumplían roles diferenciados. Además de Mufasa y Moti, entre los líderes se identificó a Monge Ramírez (28 años), encargado de abastecer el principal punto de venta y con antecedentes por receptación y tenencia de drogas; aunque, según las investigaciones, posteriormente se habría desligado del grupo.
Como vendedores participaron personas de entre 18 y 36 años, como Serrano Montero (“Calufa”, 21), Araya Rodríguez (“Chino”, 22), Montoya Arroyo (diversos registros de edad y antecedentes), Bustos Montero (20), Jiménez Bejarano (29), Chaves Núñez (20) y García Medina (36), la mayoría con antecedentes policiales por infracción a las leyes de tenencia y consumo de drogas. Entre las mujeres identificadas como vendedoras figuran las hermanas Rodríguez Montero (19 y 23 años) y Cabrera Araya (20), aunque no todas registraban antecedentes previos.
La administración del dinero recaía en Obando Guerrero, alias “Gamuza” (34 años), encargado, según las pesquisas, de gestionar préstamos bajo el esquema conocido como “Gota a Gota”.
La intervención en Caldera y barrios aledaños, Salinas, Mata de Limón, Villanueva, Cambalache y Santa Marta— incluyó el allanamiento de 23 viviendas vinculadas a la red investigada. El despliegue contó con la participación de G-TRES, la Unidad de Intervención del Ministerio de la Presidencia, la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), Guardacostas y Fuerza Pública, en coordinación con la Policía Control de Drogas.
De acuerdo con el reporte oficial de la PCD, el objetivo de las acciones fue recolectar pruebas y detener a sospechosos de liderar o participar en el narcomenudeo local. En 2023, la policía había intervenido puntos asociados a esta red y detenido a tres personas vinculadas al mismo entramado delictivo.
El operativo de este martes permitió desarticular en su totalidad a los 17 objetivos identificados por la investigación policial. La acción estuvo dirigida a reforzar la seguridad de las comunidades cercanas a centros educativos y contener la expansión de células criminales que, según la PCD, habían desarrollado una estructura compleja y eran capaces de reciclar sus liderazgos tras episodios violentos, además de articularse con otras organizaciones para la distribución de drogas en la provincia de Puntarenas.
corresponsal:Desde San José, Costa Rica
INTERNACIONAL
Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas
La discusión sobre la aprobación de la iniciativa de ley 6593 en el Congreso de la República alcanzó un nuevo punto de inflexión el 18 de mayo, cuando la junta directiva, la mayoría de los jefes de bloque, la comisión de Economía y representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) se reunieron en una sesión privada para analizar ocho enmiendas nuevas y al menos cinco propuestas de modificación al texto final de la normativa contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El presidente del Congreso, Luis Contreras, subrayó la importancia de avanzar hacia un consenso definitivo, con el objetivo de que la próxima sesión —convocada para el lunes siguiente— pueda culminar el debate y llegar a acuerdos que permitan aprobar la ley en los plazos previstos.
Durante la jornada, los diputados reconocieron avances en la mayoría de las propuestas, en particular aquellas dirigidas a clarificar la redacción y adecuar la legislación a las recomendaciones internacionales, evitando así que Guatemala sea incluida en la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Según el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza, las modificaciones responden a observaciones técnicas y a la necesidad de conciliar el marco jurídico nacional con los estándares internacionales: “Hicimos una discusión con altura y pudimos avanzar en los razonamientos que tienen los distintos partidos políticos.”
La controversia principal reside en la enmienda al artículo 8, relativa al proceso de administración del riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FPADM). El texto estipula que las personas obligadas deberán cumplir con disposiciones preventivas mediante una gestión basada en riesgos, identificando, evaluando y mitigando el nivel de exposición.
El personal técnico de la SIB manifestó su desacuerdo con la redacción del literal O de dicho artículo, advirtiendo que la falta de precisión podría poner en peligro la viabilidad general de la ley. El diputado Allan Rodríguez, de la bancada VOS, apuntó que este punto específico es el único observado negativamente por la SIB: “Es un literal de uno de los artículos, los demás los encontraron viables. La Superintendencia argumentó con sus motivos; por eso necesitamos analizarlo más a fondo,” dijo Rodríguez.
El debate respecto a las definiciones y el alcance de las personas políticamente expuestas (PEPs) también ocupó un lugar relevante entre las enmiendas discutidas. El presidente de la Comisión de Finanzas, Héctor Julio Estrada, de la bancada Cabal, detalló que la discusión ha oscilado entre limitar el vínculo familiar a primer grado de consanguinidad —como padres, hijos, cónyuges y convivientes— y ampliar la definición, siguiendo o adaptando los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): “La discusión es qué permite cumplir con el estándar GAFI sin afectar injustamente a toda la familia de una persona expuesta políticamente. Pedimos a la GAFI que fundamente ese estándar”, expresó Estrada en la reunión.
Según el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Jorge Ayala, desde la comisión ya se había alcanzado consenso en diez enmiendas, mientras que las ocho nuevas se dividieron en dos grupos: cuatro que ajustan artículos previamente reformados y cuatro que introducen modificaciones a artículos nuevos. Entre las novedades figura una enmienda que suma funciones a la IVE al establecer que deberá crear programas de capacitación y guías dirigidas a las personas que, conforme a la ley, resultan obligadas a cumplir con estos controles. Otras enmiendas abordan la tipificación de delitos en grado de tentativa y la precisión de conceptos como transacción sospechosa e inusual, con el objetivo de ofrecer mayor claridad y seguridad jurídica.
Durante la reunión, el diputado Estrada puntualizó los retos técnicos de las nuevas enmiendas: “Es una ley compleja, porque maneja temas económicos, penales y de cumplimiento. Se discute si las personas obligadas se clasifican por riesgo; en la propuesta, la ley empieza a tipificar por persona obligada, lo que podría alterar la estructura actual del análisis de riesgo, que siempre se ha centrado en el cliente o usuario del sistema financiero.” Estrada advirtió que una clasificación errónea podría generar tensiones y discrepancias en el sector, por lo que consideró indispensable reformular algunos criterios para no introducir vacíos lógicos que comprometan la operatividad de la normativa.
El carácter privado de la sesión fue uno de los puntos más debatidos fuera del pleno, aunque Contreras defendió el formato argumentando que la deliberación técnica requiere concentración y evita distracciones externas. Ante preguntas sobre posibles ocultamientos, el presidente del Congreso fue enfático: “No ocultamos nada. Hay cuarenta personas de diferentes bloques, de la IVE y de los bancos trabajando. Las reuniones públicas pueden dificultar el trabajo”, respondió Contreras, reafirmando que toda discusión se integra en el expediente legislativo y se publicará una vez concluido el proceso de ajustes.
La diputada Victoria Palala, del bloque oficialista Raíces, aportó una visión crítica al opinar que la presentación de nuevas enmiendas, muchas de ellas conocidas solo en la misma jornada, podría ser una “estrategia para entrampar la aprobación final de la iniciativa.” Según Palala, la reiteración de sesiones y la agregación de cambios inesperados dificultan el avance, aunque existe la expectativa de que la negociación sostenida permita destrabar el procedimiento la próxima semana.
Congreso de la República de Guatemala
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FIRST ON FOX: The New Civil Liberties Alliance (NCLA) filed a lawsuit against Illinois officials Tuesday over the state’s Firearm Owners Identification Act, also known as the FOID Card Act, a state law that requires Illinois residents to apply for and carry an identification card at all times in order to possess any firearm or ammunition.
The civil complaint, which Fox News Digital obtained exclusively, challenges the law as unconstitutional, arguing it «entirely deprives everyone of the right to keep and bear arms – including the basic right to possess a firearm for self-defense in the home – unless and until they seek and receive the State’s permission.»
NCLA is challenging the law’s constitutionality, contending that FOID violates both the Second Amendment and the Fourteenth Amendment, particularly the latter amendment’s Due Process Clause.
NCLA is suing Illinois State Police Director Brendan F. Kelly, Illinois Attorney General Kwame Raoul and Cook County State’s Attorney Eileen O’Neill Burke, seeking injunctive relief on behalf of three plaintiffs.
VIRGINIA DEMS SEND SWEEPING GUN BAN TO SPANBERGER AS WEST VIRGINIA WEIGHS EXPANDING MACHINE-GUN ACCESS
Illinois State Police Director Brendan Kelly speaks before Gov. J.B. Pritzker signed a bill restricting the sale and possession of unserialized firearms, also known as ghost guns. (Brian Cassella/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)
Two of the plaintiffs, Christopher Laurent and Kim Dalton, would like to obtain firearms for self-defense but haven’t done so because they «refuse to submit to the state’s unconstitutional procedure, and are unwilling to subject themselves to criminal prosecution by violating the law,» the complaint reads.
The other, Justin Tucker, did obtain a FOID card but doesn’t want to have to continue to renew it or to carry it with him at all times, which state law requires if one wants to retain their right to bear arms in Illinois.
«The police can approach you and demand you ‘show your papers’ to prove you’re allowed to exercise this right, otherwise, you are committing a crime,» NCLA Senior Litigation Counsel Jacob Huebert, the lead attorney on the lawsuit, told Fox News Digital in an exclusive interview.
«Some people may have an urgent need to obtain a firearm for self-defense in their home because of a threat they face, yet they absolutely cannot do that. They have to file the application, go through the process, and wait as long as the state wants to take,» Huebert explained.
GUN RIGHTS ON PRIVATE PROPERTY DEBATED AT SUPREME COURT
«At every step of the way, the burden of proof is on the citizen to be allowed to exercise their rights. You go through the first round, and if they deny you, you can do an internal appeal within the Illinois State Police, which has a review board. If you lose at all those stages, you can go to court, but even then, the burden of proof remains on you to show that you’re entitled to exercise your Second Amendment rights,» he continued.
An assortment of semiautomatic rifles are on display for sale at R Guns on April 29, 2023, in Carpentersville, Illinois. (John J. Kim/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)
«In our view, that is the exact opposite of how constitutional rights are supposed to work. A right means that you are presumed allowed to do something unless the government has a sufficiently good reason to stop you. Normally, if the government wants to disarm a particular person, they have to go to court, get a restraining order, and present evidence showing why that person shouldn’t be allowed to have a gun. But in Illinois, everybody is treated as guilty until they prove themselves innocent,» he told Fox News Digital.
DOJ PROMISES ‘A LOT MORE ACTION’ ON GUN RIGHTS WITH NEW SECOND AMENDMENT ENFORCEMENT SECTION
Illinois enacted the FOID law in 1967, and the constitutional legitimacy of the statute has been challenged multiple times in the decades since. In the 2020 decision People v. Vivian Brown, an Illinois state trial court ruled the law unconstitutional. However, state trial court decisions apply only to individual plaintiffs and don’t serve as precedent.
A customer inspects a 9mm handgun at Rink’s Gun and Sport in the Chicago suburb of Lockport, Illinois, on June 26, 2008. (REUTERS/Frank Polich/Files)
By filing its suit in federal district court in Chicago, NCLA is seeking to force the court to set a precedent that would in effect nullify the law, Huebert explained.
«Once the federal courts weigh in, that will be the definitive law,» he told Fox News Digital. «If a federal court orders the Illinois State Police, the Illinois Attorney General, and the Cook County State’s Attorney not to enforce this law anymore, then they can no longer enforce it,» Huebert said.
Illinois ranks as the state with the second-strongest gun laws on the books behind California, according to a 2026 ranking composed by Everytown For Gun Safety. Despite the stringency, however, Illinois ranks 13th in the nation in gun homicides, averaging 8.2 deaths per 100,000 residents on an age-adjusted basis, according to data from the Centers for Disease Control (CDC).
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Fox News Digital contacted the Illinois State Police, the Illinois Attorney General’s Office and the Cook County State’s Attorney’s Office for comment on the lawsuit.
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INTERNACIONAL
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