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Alberto Fernández consiguió un breve descanso en la Justicia, pero en 2025 lo aguardan dos malas noticias

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Alberto Fernández deberá esperar al 2025 para que la justicia federal tome dos decisiones determinantes sobre él. En primer lugar si será procesado, o no, por presuntos hechos de corrupción en el marco de la causa que investigó los 45 contratos con Nación Seguros SA, donde intermediaron 25 brokers del rubro. Por otro lado, la nueva fecha para que declare como imputado en el expediente que inició traslado a denuncia penal de Fabiola Yañez, donde se lo acusa por hechos vinculados a la violencia de género.

Durante la feria judicial de verano, el ex jefe de Estado tendrá un breve respiro judicial. A un año de haber dejado la Casa Rosada, afronta dos causas penales complejas en las que el juez federal Julián Ercolini debe tomar decisiones relevantes, pero eso será a partir de febrero 2025.

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Fernández, acusado de lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, Fabiola Yañez, debía declarar el 19 de diciembre, pero después de recusar al juez Julián Ercolini y de que éste rechazara los argumentos planteados, el caso llegó a la Cámara Federal porteña. Ante esa primera circunstancia el magistrado resolvió postergar, durante una semana, la audiencia indagatoria. Pero como el caso llegó ante la instancia superior, donde de manera unipersonal intervendrá el camarista Eduardo Farah, antes de fijar cualquier criterio se debe celebrar una audiencia para escuchar los argumentos de Fernández.

La fecha de esa instancia se fijó para el 26 de diciembre. Por ese motivo, el juez Ercolini firmó una segunda resolución en la que determinó que hasta que la Cámara federal porteña no resuelva la discusión, no corresponde tomarle la declaración al ex Jefe de Estado.

En esta situación se encuentra el expediente que inició en agosto de este año, cuando la ex primera dama lo denunció penalmente horas después de la información exclusiva que publicó Clarín sobre las pruebas que en sus manos tenía la justicia federal que exponían posibles hechos de violencia contra Yañez, por dos presentaciones formuladas por la abogada Silvina Carreira.

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Con veinticuatro horas de diferencia, la defensa de Fernández realizó dos presentaciones en el juzgado a cargo de Ercolini, donde tramita la causa. En primer término ante el cuadro acusatorio que pesa sobre él, su abogada defensora Silvina Carreira manifestó que la causa debía irse de Comodoro Py y continuar en el fuero Penal Contravencional de la Capital Federal, al entender que los hechos investigados se deben incluir “en las contravenciones de maltrato y hostigamiento del Código Contravencional de dicha jurisdicción”.

Después ingresó otro escrito, a través del cual se volvió a recusar al juez que instruye el caso desde un comienzo. No es el primer intento de Fernández para apartar a Ercolini, quien meses atrás ya había sido confirmado frente a la investigación por la Cámara Federal.

Sobre este último aspecto, el juez firmó una resolución rechazando el pedido. Pero este trámite tiene efecto suspensivo, es decir: no se podrá realizar la indagatoria hasta tanto la instancia superior, la Cámara federal porteña, confirme al magistrado frente al caso.

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Fuentes judiciales indicaron a Clarín, que la fecha para la citación a indagatoria -en caso de ser confirmado Ercolini frente al expediente-, se fijará después de febrero.

En esta causa el único acusado es Alberto Fernández, con lo cual una vez que se escuche su descargo, el magistrado deberá resolver si hay elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal que la fiscalía a cargo de Ramiro González le atribuyó al solicitar que sea indagado.

El análisis de todas las pruebas reunidas durante los meses de pesquisa permitió al fiscal González “acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”.

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Esos sucesivos actos de violencia, consideró Ramírez, ocurrieron durante «la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia”.

Lo que señala la acusación es que Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

Pero también señaló que, cuando se radicó la denuncia penal, la misma se sorteó (un procedimiento habitual) y recayó en el juzgado de Ercolini, “el juez debería haberse excusado dado que “resulta contrario a los principios de imparcialidad que el mismo magistrado que libró actuaciones denunciando un delito, sea el mismo que decida la suerte de un caso”, dijo la defensa.

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La causa por corrupción en los seguros

En la causa donde se imputó a Fernández por presuntos hechos de corrupción en relación a los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers, la situación es distinta que en el caso por los delitos vinculados a la violencia de género.

El 26 de noviembre el ex mandatario fue indagado por Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. En total son 39 personas las que fueron citadas para brindar explicaciones ante la justicia federal.

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En su paso por Comodoro Py, el expresidente presento escrito de descargo, hizo una declaración vinculada con su controvertido decreto que obligó a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros y la participación de intermediarios, negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas del instructor del caso.

El ex jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, ya fueron indagados Héctor Martínez Sosa, quien se quedó con el 42% de los contratos, y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.

Uno de los puntos bajo estudio es el Decreto 823/2021 firmado por el entonces presidente Fernández que habilitó la intermediación de los brokers de seguros, a quienes se les pagaron más de 3.300 millones de pesos en comisiones desde 2019 a 2024. Todo fue negado por el ex jefe de Estado.

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Por delante restan sólo cuatro indagatorias de empresarios vinculados a la maniobra bajo estudio. Después de eso, el juez Ercolini estará en condiciones de resolver si procesa a todos los imputados, listado encabezado por Fernández, o si por el contrario entiende que no hay elementos para sustentar las acusaciones. Esa resolución también pasará para después de la feria judicial de verano.

Aunque Alberto Fernández ganó un poco de tiempo, el próximo que además es un año electoral, deberá afrontar dos decisiones clave que la justicia federal tomará sobre él.

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Julián Álvarez rompió el silencio el día después del penal y la dolorosa eliminación ante el Real Madrid

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Julián Álvarez rompió el silencio el día después del polémico penal anulado y la dolorosa eliminación en octavos de final de la Champions League. Agradecimiento de la Araña a la afición del Atlético de Madrid y la sorpresiva felicitación al equipo rival de la ciudad.

El insólito penal que le anularon a Julián Álvarez en la Champions: ¿la tocó dos veces?

El mensaje de Julián en Instagram

“Duele quedar afuera después de haberlo dado todo en la cancha y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón.

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Gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar sin parar y hacer que cada partido sea especial.

Ahora toca mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que viene.

Felicitaciones al Real Madrid por la clasificación”.

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La UEFA publicó rápidamente un comunicado oficial en el que explicó la decisión arbitral y confirmó que Julián Álvarez tocó la pelota con ambos pies al momento del resbalón y de ejecutar el disparo, lo que motivó la intervención posterior del VAR para invalidarlo.

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“Aunque fue mínimo, el jugador contactó con el balón con el pie de apoyo antes de chutar. Bajo la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para anular el gol”, dice el informe. Además, a partir del futbolista argentino puede cambiar la regla porque UEFA aseguró que abrirá un diálogo con la FIFA y el IFAB para evaluar si la regla debe modificarse en las jugadas donde el doble contacto sea involuntario.

La UEFA se pronunció sobre el penal anulado a Julián Álvarez mediante un comunicado oficial y un video

La entrada Julián Álvarez rompió el silencio el día después del penal y la dolorosa eliminación ante el Real Madrid se publicó primero en Nexofin.

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Héctor Daer anunció que la CGT prepara un nuevo paro general contra Milei: será el 10 de abril

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Un día después de los violentos incidentes durante una marcha de los jubilados frente al Congreso, Héctor Daer, cosecretario de la CGT, anunció este jueves que la central obrera realizará un nuevo paro general de 24 horas contra el Gobierno de Javier Milei «antes del 10 de abril» y advirtió ante un auditorio de sindicalistas y dirigentes sociales opositores «hay que pensar en política». Según supo Clarín de fuentes de la conducción de la central obrera, la huelga -la tercera contra la administración libertaria tras los paros del 24 de enero y el 9 de mayo del año pasado- se concretará ese mismo jueves 10 de abril.

Tal como informó este diario, en las últimas semanas la cúpula de la central obrera había endurecido la posición contra la Casa Rosada poniendo fin a la tregua que consagró el vínculo con el Gobierno en los últimos meses. Este jueves, Daer participó del acto de cierre del primer congreso de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que se realizó en el salón Felipe Vallese de la histórica sede sindical de la calle Azopardo y adelantó que las precisiones llegarán la semana próxima.

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«Vamos a ser respetuosos de que el jueves de la semana que viene vamos a tener una reunión del Consejo Directivo de la CGT» para definir la fecha de la huelga, indicó Daer y remarcó: «Pero sí consensuamos todos lo que estamos acá, los vamos a invitar a que nos acompañen a construirlo, es un paro por 24 horas«.

El también jefe del gremio de la Sanidad y exdiputado peronista explicó que la fecha «va a ser ‘a propuesta’ (de los delegados), antes del 10 de abril» porque, indicó, «la primera semana tiene un feriado en el medio y el miércoles no queremos interrumpir la jornada de las jubilados», con lo que aludió a próximas manifestaciones en el Congreso, como la que algunos dirigentes acompañaron ayer y que terminó con incidentes.

«Tenemos que ser respetuosos con el Consejo Directivo de nuestra confederación», indicó Daer y sostuvo que ahora «hay que pensar en política». Según supo este diario, la fecha de la medida de fuerza finalmente será el jueves 10, justo a a mitad de camino entre los feriados nacionales del 2 de abril y los de Semana Santa. Esa idea se consensuó durante una reunión que Daer y los principales referentes cegetistas, como el camionero Hugo Moyano, Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Abel Furlán (UOM), Sergio Palazzo (Bancarios), Jorge Sola (seguros), entre otros, mantuvieron este jueves en la previa al cierre del encuentro de la UTEP.

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Durante el congreso de la UTEP que se llamó “Papa Francisco” en homenaje a los 12 años del pontificado del argentino Jorge Bergoglio, los trabajadores acordaron diversas acciones para «enfrentar al gobierno de Milei», según un comunicado de esa agrupación.

El sindicalista camionero Octavio Argüello, otro de los cosecretarios de la CGT, precedió en sus declaraciones a Daer al señalar que «el tiempo está llegando» para tomar una medida de fuerza, por lo cual al iniciar su alocución el jefe de Sanidad citó a su colega y ratificó la frase.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, cuestionó la actitud del Gobierno Nacional de poner «la resolución del conflicto social con la bala y con el plomo» y sostuvo que «por eso este modelo de la crueldad, del hambre y de la miseria tiene fecha de vencimiento y se la va a poner el pueblo trabajador.”

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Más de 400 representantes de todas las provincias participaron del encuentro en una sede en el barrio porteño de Constitución, mientras el cierre se realizó en la sede de la CGT.

Allí estuvieron presentes también Moyano, Rodríguez, Lingeri, Palazzo, Omar Plaini (canillitas), el premio nobel de la Paz 1984 Adolfo Perez Esquivel, los integrantes del consejo directivo de la UTEP, Dina Sanchez y Johana Duarte, además del dirigente Juan Grabois.

Durante el encuentro, los dirigentes también acordaron «profundizar la unidad con el movimiento obrero y los movimientos populares, la adopción de la modalidad de organización sindical por ramas de actividad, la reorganización territorial y la votación de un plan de lucha» para este año.

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En ese marco, desde la UTEP ratificaron su decisión de «una movilización permanente en defensa de los jubilados, la construcción de una jornada multisectorial de movilización en rechazo al nuevo endeudamiento con el FMI que propone el gobierno de Milei y Caputo, y llevar adelante las luchas reivindicativas de la economía popular en cada regional».

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El Gobierno apunta contra dos intendentes del PJ y denunciará por “sedición” a los manifestantes que detuvo en la protesta del Congreso

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El Gobierno denunciará por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada a las 124 personas que detuvieron ayer las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso, durante la protesta por el ajuste a los jubilados. Lo hará pese a que una jueza porteña liberó a los detenidos, con el argumento de que no hay pruebas para mantenerlos encarcelados. Así, la administración de Javier Milei endurecerá su postura ante los cuestionamientos que cosechó el megaoperativo que estuvo bajo la conducción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En forma paralela, la administración libertaria mantuvo durante la jornada la acusación que comenzó a desplegar en la víspera la propia Bullrich. Así, apuntó contra dos intendentes del PJ del conurbano que, según sostuvo la ministra de Seguridad, avalaron o fogonearon la concentración de manifestantes a las puertas de sus municipios para luego trasladarse a la zona del Congreso. Los mencionados, en ese caso, fueron los jefes comunales de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermin. El primero juega en la interna bonaerense del lado del gobernador Axel Kicillof; el segundo, en la tropa de Cristina Kirchner.

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En su descargo, Patricia Bullrich -que habló esta mañana en Bahía Blanca y volvió a hacerlo en LN+ por la tarde- también acusó a un “protegido de Luis Barrionuevo” como el “máximo organizador de la marcha” del miércoles. Se refirió así a Leandro Capriotti, del club Chacarita Juniors, cuya hinchada fomentó la movilización de los simpatizantes de los clubes, calificados como “barrabravas” por el Gobierno. La arremetida de la ministra contra Barrionuevo no tuvo reparo en que el histórico sindicalista había apoyado a Milei en la campaña presidencial de 2023.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno hará una presentación mañana ante la Justicia federal para abonar su denuncia de que la marcha del miércoles fue parte de un intento para desestabilizar a la administración libertaria. Por ese motivo, los abogados del ministerio de Seguridad señalarán que “conforme a lo previsto en los artículos 226, 229, 230, 213 bis y 210 del Código Penal de la Nación”, los manifestantes que fueron detenidos -y luego liberados- cometieron “los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada”.

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De esta forma, la administración mileísta buscará desplazar del centro de la escena a la jueza porteña Karina Andrade, quien liberó a los detenidos el miércoles, e incluso anticipó que iniciará acciones contra la magistrada en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por un “posible incumplimiento de sus funciones”, según anticipó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en sus redes sociales. Para corroborar la fortaleza de la advertencia, el propio presidente Milei reposteó el mensaje en su cuenta de X. Tras su sorpresiva aparición en Bahía Blanca, el mandatario volvió a transcurrir esta jornada dentro de los muros de la quinta de Olivos.

El presidente Javier Milei en Bahía Blanca, el miércoles por la mañana

Ante la ausencia presidencial y el silencio del portavoz Manuel Adorni, la posición del Gobierno fue comunicada este jueves por Patricia Bullrich. Lejos de ensayar alguna autocrítica por lo sucedido el miércoles, la ministra de Seguridad justificó el accionar de las fuerzas tanto en el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió una cápsula de gas lacrimógeno en el cráneo y sufrió una pérdida de masa encefálica; como en el caso de la jubilada Beatriz Bianco, de 87 años, quien golpeó la cabeza contra el suelo tras ser empujada por un policía. A la mujer la llamó “patotera”, mientras que al fotógrafo lo calificó de “militante”.

“La Policía actuó dispersando una violencia que, si no la dispersaba, no sé en qué lugar estaríamos hoy en el país. El policía lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales”, sostuvo Bullrich en diálogo con LN+. Y abundó: “Ese disparo de una granada de gas lacrimógeno lo que hizo fue rebotar en el piso o una estructura metálica muy dura y quemada que ellos mismos [los manifestantes] habían puesto ahí como una barricada. Y por mala suerte, como el fotógrafo estaba sacando una foto tirado en el piso, en el rebote le pegó en la cara. El policía tiró al granada correctamente. No vamos a juzgar a un policía”, enfatizó.

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La policía antidisturbios se enfrenta a manifestantes durante una protesta de jubilados

El endurecimiento del Gobierno, no solo contra los manifestantes sino también al denunciar a dirigentes de la oposición como parte de una supuesta maniobra para desestabilizar al presidente Milei, tendrá un correlato en la vereda de enfrente. Las dos centrales sindicales de la CTA anunciaron este jueves que se movilizarán junto a los jubilados el próximo miércoles en el Congreso, mientras que la CGT anticipó que comenzó a discutir internamente el llamado a un paro general “antes del 10 de abril”. A su vez, las universidades nacionales y los gremios de ese ámbito convocaron a una protesta para lunes y martes próximos.

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