En el marco de la pelea con el presidente Javier Milei, la UBA pidió a la justicia del fuero contencioso en lo administrativo federal que declare la inconstitucionalidad de un artículo de la reglamentación de la ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del sector público nacional.

En un escrito de 64 páginas al que tuvo acceso Clarín, la casa de altos estudios también solicitó una medida cautelar para impedir la SIGEN, que depende del gobierno, comience a auditarla, mientras reivindica ese rol para la Auditoría General de la Nación (AGN) que depende del Congreso y pide una acción declarativa de certeza.

El escrito está firmado por Ricardo Gelpi en su carácter de rector de la UBA con el patrocinio letrado de Sergio Pascale y así comienza esta batalla judicial por quién debe ser el auditor externo de la UBA, luego de que Milei vetó la ley de financiamiento universitario.

Además, hizo reserva de caso federal para ir eventualmente hasta la Corte en defensa del “principio de división de poderes y la autonomía y autarquía de la Universidad de Buenos Aires, consagradas en el art. 75 inc.19 de la Carta Magna”.

La UBA solicita al juez el que le caiga la causa por sorteo que “decrete una medida cautelar a fin de que el PEN y la SIGEN se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno, particularmente considerando que decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello”.

Asimismo, pidió se “ajuste la conducta al respeto irrestricto de la normativa aplicable en esta Universidad (Resoluciones (CS) Nº 8237/13 y 1920/18) y también a la interpretación pacífica de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuración del Tesoro de la Nación hasta el dictamen que luce en IF-2024-112489009- APN-PTN y de la reflejada en los actos de la propia SIGEN al menos desde el año 2013”.

Así la UBA reivindica el dictamen del ex procurador K Carlos Zannini que dispuso que solo la AGN podía auditar a las universidades públicas que fue anulada la semana pasada por su sucesor Rodolfo Barra.

“Todo ello hasta tanto se dicte sentencia de fondo pasada en autoridad de cosa juzgada. 6.- Oportunamente, se haga lugar a la demanda promovida, en todas sus partes, en los términos y alcances precisados, y se declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 64 Reglamentario 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para realizar el control interno, en el marco de la ley 24.156, de esta Universidad, con expresa imposición de costas”, agrega el escrito de la UBA.