El conflicto, según explicó el abogado marplatense Raúl Remaggi, se desató el pasado 19 de diciembre, cuando la municipalidad de Mar Chiquita y una empresa concesionaria intentaron avanzar en una obra de escolleras en los acantilados de Camet Norte, una zona declarada área protegida. «Intentaron iniciar una obra que está prohibida por una medida cautelar de no innovar y actos administrativos que impiden su avance», explicó.

El abogado relató que durante el intento de obra, representantes de organizaciones de defensa ambiental, incluyendo al abogado Pablo Cuchetti, la investigadora del CONICET Natalia Fernández y la activista Julieta Oreja, se presentaron en el lugar para impedir el ingreso de maquinaria. Sin embargo, fueron recibidos con agresiones por parte de funcionarios municipales y efectivos de seguridad. «La violencia fue brutal: a Cuchetti lo taclearon, lo esposaron, le quitaron el celular y la carpeta con documentación legal», denunció Remaggi.

El grupo fue detenido arbitrariamente y trasladado a la comisaría, donde permanecieron incomunicados. «No nos brindaron información sobre los motivos de la detención y tuvimos que interponer hábeas corpus y acciones de excarcelación», aseguró el abogado defensor. Finalmente, fueron liberados, pero los elementos secuestrados, como el teléfono y la carpeta, aún no fueron devueltos.

Un conflicto de larga data

El litigio sobre los acantilados de Camet Norte tiene más de 20 años de antigüedad y está marcado por un «accionar político-judicial-empresarial en connivencia», según las palabras de Remaggi. «El expediente municipal que declara la zona como área protegida lleva una década desaparecido», afirmó, lo que ha dificultado las acciones legales para frenar el avance de las obras.

Además, el abogado destacó que el conflicto vulnera el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional ratificado por Argentina que protege a quienes trabajan en la defensa del medio ambiente y garantiza el acceso a la información ambiental. «Las detenciones arbitrarias y la violencia hacia quienes defienden el ambiente son una clara violación de este acuerdo», sostuvo.

El impacto ambiental

La obra de escolleras en los acantilados de Camet Norte es ampliamente cuestionada por su impacto negativo en el ecosistema costero. «Cuanto más se interviene en estas áreas, más se destruye la naturaleza», advirtió Remaggi, quien enfatizó la necesidad de declarar toda la costa, desde Santa Clara hasta Mar Chiquita, como área protegida.

El abogado también señaló que la comunidad local está organizada y decidida a resistir el avance de estas obras ilegales, pero enfrenta una fuerte oposición por parte de las autoridades municipales. «Es indignante que se vulneren las garantías constitucionales y que el poder judicial permita estas violaciones», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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