La titular de la Aduana, Rosana Lodovico, junto a su exmarido, Luis Antonio Bocassi, y su cuñado, Alejandro Omar Lucano, quienes también son empleados del organismo, fueron denunciados por posible cohecho y lavado de activos debido a un préstamo que Lodovico obtuvo en 2022 de una empresa vinculada al contrabando. 

La denuncia, presentada por la diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, también menciona a Promarlon SA y su propietario, quienes otorgaron el préstamo.

La Fundación Apolo, liderada por el legislador porteño Yamil Santoro, presentó una denuncia adicional por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

“En virtud de noticias periodísticas hemos tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con hechos de cohecho (dádivas) recibidos por parte de Rosana LODOVICO (Directora de ADUANAS); Luis Antonio BOCASSI (ex marido de LODOVICO y jefe de la Sección Encomiendas Postales Internacionales de la ADUANA) recibidos a través de un ‘préstamo’ de USD 250.000 que le habría hecho PROMARLON SA por orden de su presidente, Claudio Gabriel SZLAIEN, mientras la empresa se encontraba siendo investigada por contrabando”, destaca la denuncia de Campagnoli.

Asimismo, enfatizan que la empresa no se dedica a brindar préstamos ni está autorizada a ello y que los fondos se habrían aplicado a la adquisición de una casa de veraneo con el fin de darle apariencia de licitud. 

“Podría claramente deducirse que nos encontramos frente a un supuesto en el que mediante el otorgamiento de un ‘préstamo’ se procuraba la impunidad de una empresa denunciada por contrabando, y que para ello se habría ejercido influencia desde un organismo de la Administración Pública”, agregaron.

En este contexto, Campagnoli vinculó en la denuncia a Lucano, cuñado de la titular de la Aduana, no solamente por su posible rol en las maniobras alrededor del préstamo con Promarlon, sino también por una sociedad que constituyó con Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, candidato del Gobierno a la Corte Suprema. 

“Lucano sería engranaje esencial entre los jueces Federales, Aduana y aquellos que pretenden beneficiarse”, menciona la denuncia que, a su vez, pide el levantamiento del secreto financiero.

Por su parte, según difundió LA NACION, Lodovico aclaró: “Tengo un pasivo en mi declaración por un préstamo que tomé con una empresa por USD 250.000 en octubre del año pasado. Este préstamo se pidió en conjunto con mi exmarido para la compra de una casa, una parte del valor total de USD 330.000, y el resto fue pagado con ahorros”. 

En su declaración ante la Oficina Anticorrupción, la funcionaria admitió una deuda de 22.145.000 pesos, la cual equivale a su parte de la deuda al cambio oficial de la época.

La propiedad mencionada es una casa de vacaciones en Canning que fue adquirida mientras Rosana Lodovico ejercía funciones en la Aduana.

Durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel, Lodovico fue subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, uno de los cargos más relevantes del organismo. Posteriormente, fue ascendida a titular del organismo durante la gestión de Javier Milei.

Hasta el momento, el Gobierno no ha realizado declaraciones sobre la situación de Lodovico ni de los demás funcionarios mencionados.