En la Argentina hasta el Estado nacional es víctima de las tomas de tierras. En medio de la investigación por la muerte de cinco personas en un feroz tiroteo en una disputa por parcelas en La Matanza, hay 250 juicios con trámite de desalojo en curso para intentar recuperar tierras públicas, según datos oficiales a los que accedió TN.

Las propiedades del Estado ocupadas de manera ilegal en algunos casos por una persona y en otras por cientos de familias están distribuidas en todo el país. En total son más de 500 hectáreas “usurpadas” en las que están emplazadas unas 1000 personas.

A pesar de que muchos juicios ya cuentan con sentencia, los desalojos no se ejecutan por motivos de “seguridad pública”, como por ejemplo la presencia de menores en las tomas.

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Hay propiedades estatales usurpadas en todo el país, desde la Ciudad y la provincia de Buenos Aires hasta Córdoba, Chaco, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza. Si bien la mayoría ocurren en terrenos sin edificar (como los linderos a las vías del tren), también se dan en galpones y hasta casas ubicadas en plena Capital Federal.

La Argentina, ocupada: el Estado tiene 250 juicios para intentar recuperar tierras usurpadas en todo el país

Un caso concreto es el de Puente 13, en Ciudad Evita, donde una mujer -identificada como María Isabel Carballo-asegura tener la posesión del predio, realizando cesiones de derecho a miembros de la comunidad boliviana junto a un socio llamado Rolando Pardo.

El lugar se convirtió en un barrio en el que todos los ocupantes (cerca de 300 familias) dicen ser dueños: algunos vecinos aseguran haber pagado hasta US$10.000 por una parcela. Si bien el Estado demandó a la mujer y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de Morón autorizó el desalojo, no se efectúa porque hay menores.

Además, el lugar fue incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), lo que impide su desalojo por 10 años. Esto parte de la ley 27.453, sancionada en octubre de 2018 por el Congreso nacional, que dispuso la suspensión de todos los desalojos por 4 años. En octubre de 2022 esta ley fue actualizada y se prorrogó la suspensión de desalojos en barrios populares por otros 10 años. En este marco, el Estado busca relocalizar a las familias.

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Otro caso testigo es de los terrenos ubicados sobre la calle Conesa, en CABA. El Estado busca recuperar allí una serie de propiedades que están en poder de un hombre que asegura ser dueño. Años atrás, Obras Sanitarias le había cedido el lugar a su padre, pero, tras su muerte, el hijo las ocupó ilegalmente. Ahora está en juicio.

En tanto, en Exaltación de la Cruz hay una ocupación parcial de terrenos linderos a las vías que pertenecen a Trenes Argentinos. Allí, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) está relevando la situación.

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Las tomas se producen como consecuencia de un déficit habitacional (personas que no tienen techo o viven en condiciones muy precarias) que afecta a entre 2,5 y 3 millones en todo el país.

El fenómeno volvió esta semana a la escena pública tras la masacre en el barrio 8 de Diciembre de González Catán, tomado desde hace un año, donde cinco personas fueron asesinadas durante discusión que comenzó en una asamblea de vecinos y delegados. Según trascendió, allí hubo ventas de terrenos por más de $500.000.