El Gobierno cedió: aceptó hacerle a la Ley Ómnibus buena parte de las modificaciones que venían reclamado los bloques de la oposición dialoguista -a los que necesita para aprobar cualquier proyecto-, y sobre todo cedió en la idea de sesionar este fin de semana sin ningún acuerdo. Aunque las negociaciones siguen, y aún restan puntos por cerrar, el oficialismo y las bancadas opositoras buscarían acordar un dictamen de consenso y sesionar la semana que viene.

Aunque ya sin reunión del plenario de comisiones que viene debatiendo el megapaquete de reformas desde la semana pasada, fue igualmente otro día cargado en el Congreso. Este jueves a media tarde, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, llegaron a Diputados con la respuesta del Ejecutivo a los planteos que la oposición había realizado 48 horas antes.

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El despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, volvió a ser, como lo es desde el lunes, el escenario de negociaciones intensas. Allí, los funcionarios recibieron, por separado, y sucesivamente, a los jefes de los bloques dialoguistas, es decir, aquellos que hace tiempo prometieron colaborar, pero no dar un cheque en blanco ni aprobar cualquier proyecto: el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

El primer encuentro fue con el jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo -que ya había tenido la noche anterior una reunión reservada con Francos- y María Eugenia Vidal, que había sido designada por los miembros de la bancada como la articuladora de los planteos de los distintos sectores internos.

“Fue una reunión muy buena. Todavía hay puntos que tenemos que seguir discutiendo, pero la idea es avanzar juntos en la redacción del dictamen final para que se trate en comisiones y luego pasar al recinto”, trasmitieron formalmente desde el PRO, donde ya daban por hecho que no habría -como venía insistiendo buena parte de La Libertad Avanza, el sector más duro del Gobierno y el propio Menem- ni un dictamen esta semana ni una sesión el sábado ni el domingo.

“A ver, es un avance notable. Van a bajar la delegación de facultades, la suspensión de la movilidad jubilatoria, las retenciones, el grueso de la reforma política. Habrá que seguir discutiendo Cultura, Ambiente, Educación, puede ser, algunos otros temas puntuales, pero es un gran avance, sobre todo por la señal de querer acordar”, indicaba otro diputado del PRO, que estimaba, como se le había propuesto al Ejecutivo, que las comisiones discutirían un dictamen el próximo martes y la sesión podría ser el jueves, luego del paro de la CGT.

Tras el encuentro con los referentes de la bancada amarilla, llegó el turno del grupo de bloques que tienen una mayor distancia con el oficialismo que la que tiene el PRO en general, y que en las últimas horas venía trabajando, como plan de contingencia en un dictamen propio en caso de que el Ejecutivo finalmente decidiera no aceptar ninguna modificación.

Estos bloques son la UCR (que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo), HCF (que comanda Miguel Pichetto, incluye a la Coalición Cívica, a figuras como Emilio Monzó, Nicolás Massot y el PJ disidente de Florencio Randazzo) e Innovación Federal (9 diputados que responden a gobernadores de fuerzas provinciales).

Como puntos clave, todas las bancadas, incluida el PRO, rechazaban, suspender la fórmula de movilidad jubilatoria y habilitar los aumentos por decreto, si no se establece como cláusula un mínimo de aumento por inflación. Advertían también que no acompañarían la amplia suba de retenciones que planteaba el texto oficial, ni el artículo que permitiría una privatización generalizada de empresas públicas, ni la reforma electoral.

Según informó el jefe radical, De Loredo, a la salida del encuentro con los funcionarios libertarios -que no llegaron con un texto cerrado sino con un cuadro general de las modificaciones que aceptarían- el Gobierno se habría comprometido a que la actualización de las jubilaciones sea mensual y atada a la inflación, o a eliminar directamente el artículo y mantener la fórmula actual, aunque no se conversó cómo compensaría el gasto para cumplir con la meta de reducción de déficit.

Respecto a las retenciones, el Ejecutivo aceptaría -según les indicaron a los diputados opositores- no tocar las que afectan a las economías regionales.

El grueso del capítulo electoral queda afuera -lo que refiere a la modificación de la forma de elección legislativa y la composición de la Cámara Baja-, pero no había todavía acuerdo aún sobre qué hacer con las PASO, que el proyecto original proponía eliminar.

Sobre el artículo que habilita a avanzar en la privatización de 41 empresas estatales, el Gobierno accedería a dejar afuera a YPF, pero no, por ejemplo, al Banco Nación, como también reclamaban buena parte de los bloques opositores. Por otra parte, incluiría fijar el control parlamentario para las empresas que finalmente el Ejecutivo decidiera privatizar.

El mega DNU de Javier Milei, cuya ratificación estaba agregada en uno de los últimos de los más de 650 artículos del megaproyecto de Ley Ómnibus, finalmente quedaría borrado, para ser tratado eventualmente en la Bicameral de Trámite Legislativo, que hasta ahora el oficialismo decidió no conformar.

Las conversaciones entre los funcionarios y los jefes parlamentarios comenzaron a ser discutidas dentro de cada uno de los bloques esta misma noche de jueves. Las negociaciones continuarán el fin de semana, y el oficialismo buscaría desde los primeros días de la próxima semana un dictamen de consenso con los cuatro bloques opositores “dialoguistas”.