POLITICA
El Gobierno aplicó un aumento de tarifas de luz en el AMBA sin comunicarlo y podría haber amparos en la Justicia
Las boletas de luz de Edenor y Edesur comenzaron a llegar con más sorpresas de las previstas. Para los usuarios residenciales de ingresos altos (30% del total de los hogares), comercios e industrias, en las facturas figuran hasta tres tarifas distintas, según el período del consumo eléctrico registrado. Esta situación llamó la atención de más de un usuario, que se notificó en ese momento de que el aumento de tarifas de electricidad para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en realidad comenzó el 1 de febrero, y no el viernes 16, como había anunciado el ente regulador de la electricidad (ENRE).
La situación resultó llamativa, ya que las últimas resoluciones del ENRE que fijaban los aumentos de tarifas para Edenor y Edesur se publicaron en el Boletín Oficial a mediados de febrero y decían que la suba regía desde ese instante.
Sin embargo, el lunes 11 de marzo, el ENRE le envió una nota a Edenor y Edesur estableciendo que debían cobrar de manera retroactiva la facturación de la primera quincena de febrero con valores de la generación eléctrica más altos. Este aumento no se comunicó a los usuarios ni salió publicado en el Boletín Oficial.
La explicación detrás de esta medida poco vista en el sector, de aplicar una suba de manera retroactiva y sin comunicarla, es la necesidad del Ministerio de Economía de recortar el gasto y mostrar una baja genuina del déficit fiscal.
En los primeros dos meses del año, el ajuste en subsidios a la energía ocurrió gracias a que el Tesoro dejó de financiar la diferencia entre lo que cuesta generar electricidad y lo que pagaban los usuarios. Como contrapartida, se generó una deuda con las empresas, que puso en tensión el mercado eléctrico.
La medida, sin embargo, podría traer mayores problemas hacia delante en la Justicia, ya que el Gobierno aplicó un aumento en el valor final de las boletas de luz sin darlo a conocer a través de una resolución, sino mediante una nota a las distribuidoras. El público en general no tiene acceso a esos documentos.
El detalle
El precio de las boletas de electricidad contempla el costo de tres servicios más los impuestos. Refleja el costo mayorista de la generación eléctrica, que representa alrededor del 40% del precio final; el de transportar la electricidad de los lugares de generación a los centros de consumo, y el de distribución, que permite que cada hogar tenga electricidad.
El mayor costo que tienen las boletas es el de la generación, que es igual para todo el país, y lo define la Secretaría de Energía según la programación estacional de cómo se abastecerá la demanda eléctrica en cada trimestre.
La cartera que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo había publicado los nuevos costos del precio mayorista de la energía eléctrica para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril, a principios de febrero.
En ese entonces se decidió aplicar un fuerte aumento para los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias, y dejar sin cambios el valor para los hogares de ingresos bajos y medios.
En concreto, el valor de referencia de la energía subió 117%, de $20.460 el MWh a $44.401. Los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3) hasta un consumo de 400 kWh/mes mantuvieron el valor anterior de $2981 y $3756, respectivamente. Es decir, menos del 10% de lo que cuesta la generación eléctrica.
El Gobierno justamente había evaluado que una actualización brusca para los usuarios de ingresos medios y bajos podía ocasionar un traspié en la Justicia, como ocurrió en la gestión de Mauricio Macri, que fue obligado a dar marcha atrás con los aumentos.
En ese apuro, sin embargo, trasladó los nuevos costos de la energía a los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias a partir del consumo del viernes 16 de febrero. Por lo tanto, en los primeros quince días del mes, los usuarios de Edenor y Edesur seguían pagando el valor viejo de la electricidad.
Atentos a esta situación en el Ministerio de Economía, el ENRE envió el 11 de marzo la nota a las distribuidoras para que facturen de manera retroactiva el consumo de la primera quincena de febrero con los valores más altos del precio mayorista de la electricidad.
En el Gobierno señalan que es una situación distinta la tarifa que establece el ENRE por el valor de distribución (VAD) de Edenor y Edesur, la cual está regulada por ser un servicio público y no se puede aplicar de manera retroactiva.
En cambio, el precio mayorista de la generación eléctrica sí se puede aplicar de manera retroactiva, según el Gobierno, porque no es una tarifa, sino un cálculo que surge de la concurrencia de la demanda estimada y los costos de la oferta con la que se atenderá, buscando el óptimo (seguridad de abastecimiento y mínimo costo, entre distintos oferentes).
Quién paga la energía
Mientras que el ENRE define el valor de distribución (VAD) para Edenor y Edesur, cada ente provincial establece su propia tarifa para las distribuidoras de sus jurisdicciones y oficializa en la factura final los precios mayoristas que establece la Secretaría de Energía.
El ente regulador tuvo que establecer de manera retroactiva la facturación para el AMBA, pero las demás distribuidoras provinciales no recibieron notificaciones de parte de sus entes. Por lo tanto, las empresas debieron pagar más cara la energía desde el 1 de febrero, sin poder trasladar esos mayores costos a sus clientes desde ese día.
Por ejemplo, el ente regulador de Buenos Aires autorizó el aumento del precio estacional en el Boletín Oficial provincial el 24 de febrero. Esa medida alcanza a las distribuidoras Eden, Edes y Edelap, entre otras. Por lo tanto, durante 24 días, mientras que las distribuidoras pagaron $44.401 el MWh por el costo de la generación eléctrica, los usuarios recibieron en sus facturas un valor de $20.460 el MWh.
En los próximos días comenzará el debate sobre quién cubrirá la diferencia entre ambos precios: ¿la provincia de Buenos Aires, las distribuidoras, el Tesoro Nacional o las empresas de generación eléctrica, como viene ocurriendo?
POLITICA
Guillermo Francos tomó más distancia de Victoria Villarruel: «Tiene un error conceptual de la democracia»
Francos calificó de «oportunista» la convocatoria al paro general que anunció la CGT
Tras los incidentes ocurridos en una protesta frente al Congreso, el Gobierno anunció que avanza en un proyecto de ley para combatir la violencia de las barras bravas en el fútbol. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aún requiere el visto bueno del presidente Javier Milei, pero ya cuenta con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich. Según fuentes oficiales, la normativa buscará declarar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y establecer sanciones tanto para los violentos como para los dirigentes de los clubes que los financien.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la pertenencia a una barra brava podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. Además, se prevé que las sanciones no solo alcancen a quienes operen dentro de los estadios, sino también a quienes actúen fuera de ellos, como los denominados “trapitos”. También se aplicarán penas a hinchas violentos que ataquen a la autoridad o bloqueen la vía pública, en línea con medidas ya publicadas en el Boletín Oficial.
Desde el Ejecutivo sostienen que la protesta frente al Congreso dejó en evidencia los vínculos entre estos grupos y sectores políticos opositores. “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese contexto, el Gobierno busca acelerar la implementación de esta ley para desarticular lo que consideran “organizaciones criminales” dentro del fútbol.
Una de las novedades del proyecto es la sanción a los dirigentes de los clubes que provean entradas a los barras, una práctica que les permite generar ingresos para sostener su estructura delictiva. Además, se contempla la inhabilitación administrativa automática para ingresar a los estadios cuando exista un proceso judicial abierto por violaciones a la futura “Ley Antibarras”.
El plan del Gobierno toma elementos de la recientemente promulgada “Ley Antimafia”, que endurece penas y permite el decomiso de bienes de organizaciones criminales. Incluso se evalúa incluir la figura de la “responsabilidad compartida”, lo que implicaría que todos los integrantes de una barra sean imputados por los delitos más graves cometidos por cualquiera de sus miembros. Aunque el proyecto aún está en fase de borrador, desde el Ejecutivo aseguran que se presentará públicamente en cuanto reciba el aval definitivo del presidente Milei.
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POLITICA
El condado de California que aprobó un proyecto para ayudar a los migrantes frente a las redadas de ICE
En un contexto de refuerzo en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el condado de Alameda, en California, tomó medidas para brindar asistencia a los inmigrantes que residen en su jurisdicción. La Junta de Supervisores votó de manera unánime a favor de destinar recursos para programas legales y de apoyo comunitario, en un esfuerzo por mitigar el impacto de los operativos migratorios en la región.
Asignación de fondos para asistencia legal y comunitaria en Alameda, California
El plan, impulsado por el Comité ad hoc Juntos para Todos del Condado de Alameda, canalizará los recursos a organizaciones especializadas en brindar apoyo legal y comunitario a los migrantes. Según detallaron las supervisoras Nikki Fortunato Bas y Elisa Márquez, quienes presentaron la propuesta ante la junta, el objetivo es fortalecer la respuesta ante las políticas migratorias federales.
De acuerdo con NBC Bay Area, dentro del presupuesto aprobado, se asignaron:
- US$700 mil para la Asociación de Educación y Asesoría Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda. Estos fondos se utilizarán para la implementación de una línea de respuesta rápida, capacitaciones sobre derechos y asesoramiento preventivo.
- US$500 mil para la organización Trabajadores Unidos, con el fin de proporcionar capacitaciones, ayuda mutua y apoyo comunitario a las poblaciones inmigrantes.
- US$1 millón para la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, destinada a fortalecer servicios legales para personas en riesgo de deportación.
- US$50.000 para el programa de Extensión Legal para Isleños del Pacífico Asiático, enfocado en la defensa legal de comunidades marginadas.
El financiamiento provendrá de una combinación de recursos del Condado de Alameda y fondos privados. “Este proyecto permitirá expandir la capacidad de atención y aumentar el personal disponible para estos programas”, señaló Fortunato Bas, según lo retomado por NBC Bay Area.
Impacto de la medida en la comunidad migrante de Alameda
El supervisor David Haubert destacó que el esfuerzo por proteger a los inmigrantes es parte de un modelo de cooperación público-privada y que es fundamental que no toda la carga recaiga en el condado.
Fortunato Bas subrayó que un tercio de los residentes del Condado de Alameda son inmigrantes, y que la mitad de los niños crecen en hogares donde al menos uno de los padres es extranjero. “Somos un condado diverso y nuestra comunidad necesita protección. Las políticas del gobierno federal generan temor entre nuestros residentes”, destacó en una publicación de Facebook.
Por su parte, el Defensor Público del Condado de Alameda, Brendon Woods, señaló que el financiamiento adicional fortalecerá la Unidad de Inmigración de la oficina que lidera. “Estos fondos marcarán una diferencia significativa en la vida de muchas personas al fortalecer los servicios que ofrecemos a esta comunidad vulnerable durante estos tiempos difíciles”, indicó.
Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump
Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, su administración intensificó los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La estrategia incluye la ampliación del uso de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo como centro de detención, así como la eliminación de ciertas protecciones para grupos que anteriormente tenían autorización temporal para permanecer en ese país.
El presidente estadounidense argumentó que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y reducir costos asociados con la inmigración ilegal.
El financiamiento aprobado en Alameda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los efectos de la política migratoria federal. En febrero, la Junta de Supervisores destinó US$1,3 millones para fortalecer la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público, lo que permite la contratación de más abogados especializados en defensa contra la deportación.
Las organizaciones que recibirán financiamiento ya han comenzado a implementar estrategias para ampliar su alcance. La línea de respuesta rápida está en proceso de integración con otras redes de asistencia, y se prevé que en los próximos meses aumente la capacidad de atención en casos de emergencia migratoria.
Con esta iniciativa, el Condado de Alameda se suma a otras jurisdicciones de California que han adoptado medidas para brindar apoyo a los inmigrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas a nivel nacional.
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