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POLITICA

«Hablan de DD.HH. y que los presos son pobrecitos… llévenselos a su casa», el enojo de Maximiliano Pullaro por los narcos en las cárceles

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Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, salió al cruce este jueves de abogados y organismos de Derechos Humanos ante los 52 hábeas corpus presentados por las defensas de detenidos narco de alto perfil en las cárceles de la provincia.

Fue en un acto cuyo escenario estuvo conformado por una larga fila de patrulleros y policías. En la presentación de 30 patrulleros para la ciudad de Santa Fe, Pullaro dijo, enojado: «Aquellos que vienen a hablar de los Derechos Humanos y que los presos son pobrecitos… llévenselos a su casa«.

«Llévenselos a su casa a los presos, si tan buenos son. Llévenselos a su casa», reiteró haciendo ademanes con sus brazos y elevando cada vez el volumen de su voz.

Luego, rechazó de plano que en los servicios penitenciarios se incumplan derechos y garantías de los internos y explicó por qué no se le permite a familiares y allegados ingresar comida para ellos.

«Mentira», exclamó ante los cuestionamientos por tratos fuera de la ley a los presos.

«A nosotros la ley nos faculta a hacer lo que estamos haciendo en la cárcel. Y lo que hacemos es que claramente cumplan con la ley y que cumplan con la Constitución. Y eso no lo vamos a dejar de hacer nunca», continuó el gobernador.

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«No van a cometer más delitos desde la cárcel. No van a tener celular y no es que no entra comida porque nosotros somos malos acá. No entra comida porque ahí entran elementos ilegales y todos lo saben, los abogados defensores, las familias y los organismos de Derechos Humanos», expuso y remató: «Ahí entraba droga, ahí entraban elementos prohibidos, ahí entraban celulares. Se terminó».

Al principio de su discurso, aún sin elevar el tono, admitió que se administración actúa con dureza en las cárceles para impedir que desde allí se gesten delitos afuera «porque era lo que había que hacer», en el marco de la crisis narco en Rosario.

«No podemos permitir que los presos desde allí manejen las organizaciones criminales«, enfatizó Pullaro. «No podemos permitir que desde la cárcel manden a matar, que desde la cárcel que manden a extorsionar. El Estado dejó de ser el Estado bobo en la provincia de Santa Fe», añadió para luego anunciar que desde su gestión no se participará «en esos debates estériles«.

Y en ese sentido se preguntó «¿quiénes se creen que son?».

«Vamos a trabajar para garantizar que todos y todas puedan vivir mejor y discúlpenme, pero me da mucha bronca porque no es justo lo que pasó en la provincia de Santa Fe. No es justo», dijo al recordar las olas de violencia vinculadas al narcotráfico que causaron, entre otros casos, asesinatos de choferes de colectivos, taxistas, escuelas y comisarias baleadas y demás tiroteos.

Sobre el cierre de su discurso, Pullaro contó sobre la mutación de las formas de pensar cuando «se choca con la realidad».

Maximiliano Pullaro y un discurso duro contra las críticas a las cárceles de Santa Fe.

«Cuando uno ve a una persona que un familiar fue víctima de un delito violento y un delito contra la vida, cambia la forma de ser y la forma de pensar. Y cuando a uno le toca estar al frente de la Policía y del Servicio Penitenciario durante cuatro años, le cambia la forma de pensar y pone como prioridad resolver los problemas», contrastó Pullaro contra discursos de abogados y organizaciones garantistas.

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Los 52 hábeas corpus por el aislamiento de narcos en Santa Fe

Desde principios de año, la Justicia santafesina tiene en sus escritorios 52 hábeas corpus presentados por las defensas de presos de alto perfil, los cuales fueron todos rechazados. El recurso es un procedimiento «que protege la libertad cuando es amenazada de forma ilegal por una autoridad» a un preso y «se agravan las condiciones de encierro».

Las razones de presentación de recursos de hábeas corpus fueron las requisas y las condiciones a las que se sometió a presos de alta peligrosidad en el penal de Piñero desde que asumió la gestión de Pullaro. Las imágenes de operativos al estilo Bukele en ese penal, y que se difundieron a comienzos de marzo, parecieron haber enfurecido a varios cabecillas de las organizaciones.

Aquellas imágenes fueron la antesala para la serie de asesinatos de trabajadores del transporte y múltiples amenazas a diversos destinatarios para infundir terror.

Casi 600 presos de alto perfil son los que alberga actualmente el sistema penitenciario santafesino, 70 de ellos de máxima peligrosidad, lo que se conoce como “nivel 1”.

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POLITICA

La bolsa de trabajo de Edgardo Kueider

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Edgardo Kueider, exsenador y figura política destacada de Entre Ríos, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta a raíz de una investigación de este medio que descubrió un entramado familiar y empresarial con serias irregularidades. El caso involucra contrataciones sospechosas en el Senado de la Nación y vínculos con empresas fantasmas investigadas por la Justicia.

Contrataciones familiares en el Senado

Kueider, casado en segundas nupcias con Liliana Di Lello, quien cobra un frondoso contrato en el ministerio de Salud de Entre Ríos, es padre de cinco hijos. No obstante, la polémica en esta ocasión se centra en su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, y su madre, Celina Érica Costa, y dos de sus hijos, quienes fueron beneficiados con cargos públicos y empresariales bajo su influencia.

Guinsel Costa, de 34 años, se desempeñaba como secretaria de Kueider y es sindicada como presunta testaferro. Su nombre aparecía en las expensas de un exclusivo complejo de lujo en Paraná, adquirido por Betail SA, una de las empresas investigadas que Kueider comparte con Rodolfo Daniel González (empleado de la Biblioteca del Congreso de la Nación) y Pablo Beltrán (exempleado de Correo Argentino) y Ernesto Javier Rubel. En 2023, Kueider designó a su secretaria en planta temporaria del Senado con un salario mensual de 2,5 millones de pesos. Sin embargo, empleados del despacho aseguraron nunca haberla visto trabajar allí. Tras la exposición mediática, decidió sumar a su suegra, Celina Érica Costa, también al Senado, consolidando el esquema familiar.

Sus tres hijos mayores, Emilce, Haidar y Facundo, cuentan con vínculos laborales derivados del poder político de su padre. Emilce trabajó en la municipalidad de Concepción del Uruguay entre 2015 y 2019. Desde 2021, forma parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), un organismo binacional clave para la operación de la represa hidroeléctrica en el río Uruguay.

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Por su parte, Facundo Darío ingresó al Senado en 2024 gracias a su padre, pero recientemente logró posicionarse en el poder judicial de Entre Ríos. Mientras tanto, Haidar, el tercero de los hijos, aparece como socio en Edekom SA, una empresa familiar dedicada al desarrollo de software y plataformas digitales, con un capital declarado de 100 mil pesos.

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Empresas fantasma: Domicilios falsos y operaciones opacas

Tanto Betail SA como Edekom SA están bajo la lupa de la Justicia. Ambas empresas registran domicilios inexistentes o falsos. Un informe de la Policía Federal, solicitado por el fiscal José Arias, detalló que los domicilios vinculados a estas firmas no presentan actividad empresarial real. En uno de ellos, se encontró una casa en venta; en otro, un estudio contable ajeno a Kueider. Incluso en la dirección fiscal de Edekom SA, Cerrito 1320, actualmente funciona un estudio contable sin relación con las operaciones de la empresa.

Betail SA fue creada en 2018 y vinculada a la adquisición de tres departamentos con cocheras en un lujoso edificio en Paraná. Las unidades, allanadas oportunamente, figuran a nombre de Guinsel Costa. La Justicia sospecha que se utilizó un fideicomiso para ocultar a los verdaderos dueños, una estrategia común en esquemas de lavado de activos.

Investigaciones en curso

El patrimonio de Kueider está siendo investigado en dos causas: una por enriquecimiento ilícito que abarca el período 1999-2019, bajo la fiscalía de José Arias, y otra a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Ambas causas coinciden en múltiples puntos, como los vínculos con su socio Rodolfo González, quien además es empleado de la Biblioteca del Congreso de la Nación al menos desde 2016 y propietario de una camioneta usada por Kueider para cruzar la frontera a Paraguay. González también enfrenta acusaciones por su rol en estas maniobras.

En otra línea de ideas, vale destacar que a través de Beltrán, Kueider se encuentra vinculado a otras dos empresas: Belfar SA (CUIT 30-71660420-5) y Jubentu SRL (CUIT 20-38327669-2). Por el lado de González, se lo asocia a Neopop SA (CUIT 33-70710996-9) e Iceler SA (CUIT 30-71809398-4), que ha sido beneficiada por el dedo del estado en varias oportunidades en el negocio de la fibra óptica.

González comparte la sociedad de Iceler SA junto a Adriana Crucitta. Esta última también es empleada de la Biblioteca del Congreso, aunque también ha trabajado en el ministerio del Interior durante la presidencia de Mauricio Macri.

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Algunos de los beneficios políticos recibidos por Iceler SA.


Algunos de los beneficios políticos recibidos por Iceler SA.

La magnitud del entramado familiar y empresarial de Kueider no solo refleja un esquema de nepotismo, sino que también revela un posible uso indebido de fondos públicos y maniobras para evadir controles patrimoniales. La doble investigación judicial promete complicar aún más su situación, con posibles derivaciones en la Corte Suprema.

Mientras tanto, los organismos oficiales y la Justicia continúan desentrañando el rastro de empresas fantasmas, propiedades ocultas y conexiones familiares, en un caso que expone las fallas del sistema político en la lucha contra la corrupción. (www.REALPOLITIK.com.ar)

ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Santiago Sautel, Sandra Arroyo Salgado, Mauricio Macri, Edgardo Kueider, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel González, Pablo Beltrán, Betail SA, Liliana Di Lello, Iara Magdalena Guinsel Costa, Celina Érica Costa, Neopop SA, Iceler SA, Jubentu SRL, Belfar SA, José Arias, Edekom SA, Emilce Kueider, Haidar Kueider, Facundo Kueider, Adriana Crucitta

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