Presionada por el avance del debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) activó una serie de reuniones con distintos sectores políticos y económicos, en busca de sumar rechazos a la iniciativa del Gobierno y al megadecreto firmado por el presidente Javier Milei.

Esta semana mantuvo encuentros con diputados liderados por Miguel Ángel Pichetto y por Facundo Manes, que a la par también negocian con el Gobierno acompañar ambas iniciativas. Además, visitó al bloque del Frente de Izquierda y recibió a representantes de la Federación de Inquilinos.

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Según confirmó la central obrera, en todas las reuniones “hubo consenso respecto de la necesidad de rechazar la forma del DNU y oponerse a la reforma laboral que se pretende realizar; ratificar los mecanismos republicanos para tratar cualquier trámite legislativo; discutir en el marco de un diálogo institucional un modelo de país productivo antes que financiero y poner el énfasis en la mirada social sobre trabajadores, jubilados, pobres e indigentes, que son quienes están padeciendo la devaluación y brutal inflación”.

También informaron que hicieron un pedido formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los tres presidentes de Comisiones para “participar de la discusión del tratamiento de la Ley Ómnibus”.

La CGT se reunió con diputados de distintos espacios políticos

En los primeros encuentro de la semana, la cúpula de la CGT se reunió con diputados que responden a Pichetto y a Manes. El bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, destacó que el hecho de que el Gobierno haya enviado la Ley Ómnibus al Congreso representa “un paso adelante” para que se pueda discutir el proyecto de reformas que plantea”, pero calificó a la utilización del DNU como “un instrumento muy negativo de la Constitución del ‘94″, que “terminó incrementando el poder del príncipe democrático”.

Por su parte, Nicolás Massot, que también integra el bloque, resaltó que muchos de los aspectos más conflictivos del DNU fueron también incluidos en la Ley Ómnibus y, de esta manera, quedó habilitado su tratamiento parlamentario. “No vamos a mover los hilos para tirar abajo el DNU en lo más mínimo”, aseguró.

Sin embargo, desde la CGT aseguraron que en los puntos que hacen a la reforma laboral hubo coincidencia en rechazarlos. “Hubo consenso respecto de la necesidad de rechazar la forma del DNU y oponerse a la reforma laboral que se pretende realiza”, dijo la central obrera tras el encuentro.

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Con el bloque con el que sí hubo coincidencias, pese a las diferencias, fue con el Frente de Izquierda. Participaron del encuentro los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca, y Romina del Plá; Néstor Pitrola, del PO, y Héctor Daer, Pablo Moyano, José Luis Lingieri, Abel Furlán, Andrés Rodríguez y Alejandro Amor, entre otros dirigentes de la CGT.

Las bancadas del FITU ratificaron su “total rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus”, pero también presionaron a la central obrera para que el paro general del próximo 24 de enero sea efectivo “a partir de las 12 y se pueda movilizar desde los lugares de trabajo para lograr una movilización histórica”.

La Federación de Inquilinos se sumó al paro general del 24

Este jueves, la CGT se reunió con dirigentes de la Federación de Inquilinos Nacional, encuentro del que participaron Furlán, Moyano y Daer, en el marco de la derogación de la ley de alquileres por decreto, y la movilización del 24 de enero.

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“Fue una muy buena reunión. Charlamos mucho sobre la situación política, las condiciones dramáticas que estamos viviendo los inquilinos y la articulación para participar en la movilización del 24 de enero al Congreso nacional”, dijo Gervasio Muñoz, presidente de la Federación.

Todos los encuentros se organizaron luego de que el plenario con 81 delegaciones regionales de la CGT de todo el país ratificaran “el apoyo a la estrategia y el accionar del Consejo Directivo, rechazando el DNU y la Ley Ómnibus y repudiando la criminalización de la protesta social”, dijo la central obrera.