POLITICA
La CGT acelera encuentros con distintos sectores para sumar apoyos contra el megadecreto y la Ley Ómnibus
La CGT busca sumar rechazos al mega DNU y a la Ley Ómnibus (Foto: Captura de X/@hectordaer).Los diputados del Frente de Izquierda se reunieron con la CGT (Foto: @Jorguesfigueroa).
Presionada por el avance del debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) activó una serie de reuniones con distintos sectores políticos y económicos, en busca de sumar rechazos a la iniciativa del Gobierno y al megadecreto firmado por el presidente Javier Milei.
Esta semana mantuvo encuentros con diputados liderados por Miguel Ángel Pichetto y por Facundo Manes, que a la par también negocian con el Gobierno acompañar ambas iniciativas. Además, visitó al bloque del Frente de Izquierda y recibió a representantes de la Federación de Inquilinos.
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Según confirmó la central obrera, en todas las reuniones “hubo consenso respecto de la necesidad de rechazar la forma del DNU y oponerse a la reforma laboral que se pretende realizar; ratificar los mecanismos republicanos para tratar cualquier trámite legislativo; discutir en el marco de un diálogo institucional un modelo de país productivo antes que financiero y poner el énfasis en la mirada social sobre trabajadores, jubilados, pobres e indigentes, que son quienes están padeciendo la devaluación y brutal inflación”.
También informaron que hicieron un pedido formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los tres presidentes de Comisiones para “participar de la discusión del tratamiento de la Ley Ómnibus”.
La CGT se reunió con diputados de distintos espacios políticos
En los primeros encuentro de la semana, la cúpula de la CGT se reunió con diputados que responden a Pichetto y a Manes. El bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, destacó que el hecho de que el Gobierno haya enviado la Ley Ómnibus al Congreso representa “un paso adelante” para que se pueda discutir el proyecto de reformas que plantea”, pero calificó a la utilización del DNU como “un instrumento muy negativo de la Constitución del ‘94″, que “terminó incrementando el poder del príncipe democrático”.
Por su parte, Nicolás Massot, que también integra el bloque, resaltó que muchos de los aspectos más conflictivos del DNU fueron también incluidos en la Ley Ómnibus y, de esta manera, quedó habilitado su tratamiento parlamentario. “No vamos a mover los hilos para tirar abajo el DNU en lo más mínimo”, aseguró.
Sin embargo, desde la CGT aseguraron que en los puntos que hacen a la reforma laboral hubo coincidencia en rechazarlos. “Hubo consenso respecto de la necesidad de rechazar la forma del DNU y oponerse a la reforma laboral que se pretende realiza”, dijo la central obrera tras el encuentro.
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Con el bloque con el que sí hubo coincidencias, pese a las diferencias, fue con el Frente de Izquierda. Participaron del encuentro los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca, y Romina del Plá; Néstor Pitrola, del PO, y Héctor Daer, Pablo Moyano, José Luis Lingieri, Abel Furlán, Andrés Rodríguez y Alejandro Amor, entre otros dirigentes de la CGT.
Las bancadas del FITU ratificaron su “total rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus”, pero también presionaron a la central obrera para que el paro general del próximo 24 de enero sea efectivo “a partir de las 12 y se pueda movilizar desde los lugares de trabajo para lograr una movilización histórica”.
La Federación de Inquilinos se sumó al paro general del 24
Este jueves, la CGT se reunió con dirigentes de la Federación de Inquilinos Nacional, encuentro del que participaron Furlán, Moyano y Daer, en el marco de la derogación de la ley de alquileres por decreto, y la movilización del 24 de enero.
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“Fue una muy buena reunión. Charlamos mucho sobre la situación política, las condiciones dramáticas que estamos viviendo los inquilinos y la articulación para participar en la movilización del 24 de enero al Congreso nacional”, dijo Gervasio Muñoz, presidente de la Federación.
Todos los encuentros se organizaron luego de que el plenario con 81 delegaciones regionales de la CGT de todo el país ratificaran “el apoyo a la estrategia y el accionar del Consejo Directivo, rechazando el DNU y la Ley Ómnibus y repudiando la criminalización de la protesta social”, dijo la central obrera.
POLITICA
Luján: Secretario municipal calzó chancletas en la apertura de sesiones
Horas atrás, el intendente de Luján, Leonardo Boto, brindó su sexto discurso inaugural en la apertura del período legislativo ante el Concejo Deliberante. Vestido de traje y corbata, presentó un balance de su gestión en 2024 y anunció nuevos proyectos para este año, con énfasis en seguridad y obra pública. Sin embargo, lo que más llamó la atención del evento no fueron sus palabras, sino que uno de sus funcionarios más cercanos fue en ojotas.
Nicolás Capelli, secretario de Cultura y Turismo de Luján y concejal electo en uso de licencia, asistió a la sesión vestido de manera extremadamente informal y en ojotas. Su actitud generó indignación entre los presentes y abrió un debate sobre la seriedad y el respeto institucional en la función pública. “Para mí que vivió tanto tiempo del estado que ya se cree que está en su casa”, aseguraron desde la oposición. “Debe ser fanático de Diógenes”, especuló un concejal que se encontraba presente. “Falta que se fanatice del jabón y el desodorante para pies”, completó otro.
De la pantalla grande a la política
Capelli se presenta en redes sociales y en su perfil de LinkedIn como realizador de cine y TV, sin preocuparse en mencionar su rol en la arena política. En ambos escenarios, lamentablemente, Capelli sigue esperando su momento de gloria. Su incursión en la función pública nació tras varios fracasos en el mundo del cine, pero su cercanía con el intendente Boto le permitió ocupar un cargo dentro del municipio.
Su primera película, Matar a Videla, filmada en 2005 y estrenada en 2010, cuenta la historia de un joven que, antes de suicidarse, decide asesinar al dictador Jorge Rafael Videla. A pesar de contar con figuras reconocidas como Diego Mesaglio y Emilia Attias, la película fue duramente criticada. El diario Clarín aseguró que «de Videla no se ve otra cosa que imágenes de archivo, y la toma de unas falsas manos que serían las del genocida acariciando un rosario es patética». Además, la calificó como «una simple bajada de línea sin profundidad». Especialistas en la materia aseguraron que, en efecto, no se trató más que de “una aventura de Capelli, un joven que sueña con ser director de cine, pero que suple la falta de talento con subsidios del estado”.
A pesar de su poca repercusión, la película contó con financiamiento estatal a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Capelli, en lugar de buscar inversores privados, recurrió a fondos públicos para su producción, una decisión que generó cuestionamientos sobre su dependencia del estado para desarrollar proyectos personales.
Nexos y beneficios en la política
Casualmente, uno de los productores del filme Matar a Videla, Juan Pablo Redondo, también forma parte del gobierno municipal de Luján como secretario de Producción. Esto refuerza la idea de que, más que una vocación pública, Capelli y sus amigos encontraron en la estructura estatal un respaldo constante a sus emprendimientos.
Otro de los nombres vinculados al proyecto fue el músico Iván Noble, encargado de la banda sonora de la película. Noble, quien ha expresado públicamente su apoyo a gobiernos kirchneristas, también fue objeto de críticas por sus vínculos con el estado. En las elecciones presidenciales de 2023, publicó una foto con un choripán y una copa de vino, acompañada del comentario «Voto cantado», lo que desató cuestionamientos sobre su coherencia ideológica. “Sos populista desde una casa en un country y tomando vinos que salen una jubilación mínima”, le espetaron en aquella oportunidad.
Las ojotas de la controversia
Más allá de sus antecedentes en el cine y la política, lo que generó mayor indignación en el Concejo Deliberante fue la actitud de Capelli al asistir a la sesión de apertura en ojotas. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y reavivó el debate sobre el profesionalismo y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
El episodio deja en evidencia no solo un problema de protocolo y respeto institucional, sino también la permanencia de ciertas figuras en el ámbito político sin una trayectoria siquiera rescatable en la gestión pública. Mientras el intendente Boto intentaba proyectar una imagen de seriedad y compromiso en su discurso, la vestimenta de su secretario de Cultura y Turismo terminó opacando el mensaje y desatando una nueva controversia en Luján. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Juicio por la muerte de Maradona. Leopoldo Luque agredió a un periodista y le quitó la cámara
Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona que es juzgado por la muerte del exfutbolista, se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y generó sorpresa su transformación física.
Además, en un cuarto intermedio protagonizó un incidente con un reportero gráfico al que le quitó la cámara con la que lo grababa.
En los pasillos del Tribunal, Luque paseó junto con su abogado y allí se lo pudo observar con toda su fisonomía cambiada, producto de un intenso entrenamiento que comenzó hace algunos meses.
Luque era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó la externación del oriundo de Villa Fiorito tras la cirugía por el hematoma subdural.
En diálogo con LA NACION, el periodista gráfico agredido explicó que el médico le arrebató el teléfono y que, segundos más tardes, se lo devolvió.
Además, explicó que no fue agredido físicamente por el galeno.
“Justicia por papá”
El más chico de los hijos de Diego Armando Maradona se puso ante la lente de la cámara para personificar el pedido de justicia por su padre, el astro del fútbol mundial que falleció el 25 de noviembre de 2020 durante su internación domiciliaria en una casa de un country de Benavídez, en circunstancias que, para el Ministerio Público Fiscal de San Isidro, fue responsabilidad del equipo médico que debía cuidarlo y no lo hizo.
Con el hashtag #JusticiaPorDiego, y la icónica imagen del Diez en negro sobre blanco, Diego Fernando, de 12 años, dijo solo tres palabras: “justicia por papá”.
Su madre, Verónica Ojeda, se encontraba en la sala de juicio por jurados de los tribunales de San Isidro, donde ayer por la mañana comenzó el juicio donde se buscará dilucidar las eventuales responsabilidades penales de siete de los ocho imputados de la causa en la muerte de Diego. Vistió la misma remera que su hijo.
En el momento de su entrada se cruzó con una de las principales acusadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, y le gritó “perra mal parida”.
Luego se sentó en el sector dedicado a los jurados populares; a su lado estaban Jana, Dalma y Gianinna Maradona, tres de los cinco hijos del astro.
Desde allí escucharon cómo Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro que llevarán adelante la acusación por parte del Estado, calificó como un “teatro del horror” la internación domiciliaria de Maradona en una casa del barrio cerrado San Andrés, de Tigre, alquilada a tal efecto, que estuvo a cargo de un equipo médico que caracterizó como “un grupo de improvisados” encabezado por el neurocirujano que lo había operado los primeros días de noviembre de 2020, Leopoldo Luque, y completado por Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y dos enfermeros. A ellos, en la imputación, se agregan un coordinador de enfermeros y otros dos médicos que revistaban en una empresa de medicina prepaga y otra de internaciones domiciliarias que tuvieron intervención en el caso.
POLITICA
Denunciaron a Milei frente a la Oficina Anticorrupción por la promoción de una beca de una universidad privada
Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el presidente Javier Milei por la promoción de la “Beca Presidencia de la Nación”, otorgada por la Universidad ESEADE. La acusación señala una posible violación a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y al Código de Ética Pública por el uso de la imagen presidencial en la difusión de una iniciativa de una institución privada, fundada por el economista liberal Alberto Benegas Lynch (h), mentor del mandatario.
El caso tomó notoriedad cuando Milei compartió en sus redes sociales un flyer con su imagen y la banda presidencial para promocionar la beca, mientras que afiches con el mismo diseño aparecieron en la vía pública. En el anuncio se afirmaba: “Beca Presidencia de la Nación. Aplicá y obtené hasta un 100% de Beca en todas nuestras carreras. Beca financiada exclusivamente por ESEADE sin aportes del Estado”. La universidad también difundió un comunicado en el que destacaba la relación de Milei con la institución y el alineamiento de su gobierno con las ideas liberales.
Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro firmaron la denuncia y exigieron que se investigue la posible existencia de un conflicto de intereses. En el documento presentado, señalaron que la promoción de la beca “expone una vinculación especial entre el Presidente y la institución educativa” que podría implicar “uso indebido de recursos públicos”. La polémica surgió casi en simultáneo con el escándalo por la promoción del token cripto $LIBRA, lo que intensificó las críticas al Gobierno.
Desde ESEADE afirmaron que el programa de becas era financiado íntegramente por la universidad y que el Consejo Académico sería el encargado de definir su otorgamiento. Sin embargo, en su página web se mencionaba que la validación final de las becas estaría a cargo de la Presidencia de la Nación. Consultada sobre estos aspectos, la institución no detalló cuál fue el apoyo concreto de Milei ni qué papel desempeñaba el Gobierno en la iniciativa.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, aclaró que no tuvo injerencia en la beca y que se trataba de “un arreglo entre privados”. No obstante, al tratarse de una iniciativa educativa, la supervisión estatal debería recaer en dicha cartera, lo que generó interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Tras la denuncia, ESEADE emitió un nuevo comunicado en el que aseguró que “el uso de la imagen del Presidente por parte de nuestra institución no ha sido expresamente autorizado” y que la decisión de incluirlo en la promoción de la beca fue “un homenaje a la figura presidencial”. Sin embargo, la referencia a Milei y a la validación gubernamental fue eliminada posteriormente de su página web, lo que alimentó las sospechas sobre la legitimidad del programa y el posible uso indebido de la investidura presidencial.
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