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La esposa y los hijos de Fito Macías, el narco que sembró el terror en Ecuador, vivían en un exclusivo country de Córdoba

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La esposa y los hijos del temible narco José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el narco que sembró el terror en Ecuador, vivían en un exclusivo country de Córdoba. En las próximas horas serán expulsados del país.

Así lo informaron calificadas fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ocho familiares de Fito Macías fueron retenidos en un operativo hecho por la Policía de Córdoba y la Policía Federal Argentina.

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Operativo en un country de Córdoba para atrapar a familiares del narco ecuatoriano Adolfo «Fito» Macías

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes oficiales, los familiares de Fito Macías, líder de la organización criminal Los Choneros, llegaron a la Argentina el 5 de este mes. Y, por la información que tienen los investigadores, se dirigieron directo a Córdoba, donde alquilaron una casa en el exclusivo Country Valle del Golf, en las afueras de la ciudad capital.

Fuentes oficiales, identificaron a la esposa del capo narco como Mariela Peñarieta, de 48 años, y a los hijos como Michelle Macías Peñarieta, de 21; Ilse María Macías Peñarieta, de 12, y Lian Sejam Macías Peñarieta, de cuatro.

Pero la esposa y los hijos de Fito Macías no estaban solos. En el operativo policial también fueron identificados una emplea doméstica, Denny Yadira Laines Basurto, de 22; Javier Macías Alcivar, un sobrino del capo narco, y Ángel Zambrano Chiquito, un amigo de la familia.

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“El sobrino de Fito Macías, el amigo y la empleada doméstica manifestaron su voluntad de abandonar el país junto con los ciudadanos expulsados [la esposa e hijos del capo narco] por las autoridades argentinas”, explicaron fuentes que participaron del operativo en el country de Córdoba.

Los familiares del capo narco vivían en un exclusivo country de Córdoba

“La información de que la esposa y los hijos de Fito Macías estaban en la Argentina le llegó a detectives del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA. Se actuó rápido para poder ubicarlos”, sostuvo una fuente judicial.

Con la información que le llegó a los detectives de la PFA y la colaboración del Ministerio Público Fiscal de Ecuador, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, se comenzó a trabajar para ubicar a los familiares de los sospechosos. Al equipo de investigación se sumó la Dirección de Análisis de la Información y Antiterrorismo de la Policía de Córdoba.

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Los familiares del capo narco serán expulsados de la Argentina

Un alto funcionario de la Policía Nacional de Ecuador le había advertido a las autoridades argentinas que no descartaran que el capo narco intentara viajar al país porque Fito Macías “es muy allegado a su familia”.

Al líder de Los Choneros le atribuyen nexos con el cártel mexicano de Sinaloa. Se escapó de cárcel de Guayaquil el 7 de este mes. Cumplía una pena de 34 años de prisión. Tras su fuga, se inició una escalada de violencia y la declaración de que Ecuador están en “conflicto armado interno”.

Tras la confirmación de que las personas que vivían en el exclusivo country eran familiares del capo narco, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo que depende del Ministerio del Interior, tomó intervención en el caso y decidió a expulsión del país de la esposa y los hijos de Fito Macías.

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Fuentes de la investigación resaltaron el trabajo en conjunto de las fuerzas policiales que participaron del operativo y la coordinación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, y el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba, a cargo de Juan Pablo Quinteros.

Los ocho ciudadanos ecuatorianos viajaron anoche en un avión que puso a disposición el ministro de Defensa, Luis Petri, a la Brigada Aérea de El Palomar, y en las próximas horas serán deportados.



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“¿Qué hacen los barrabravas con los jubilados?”

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Columna publicada originalmente en La Nación

Quería hacer una reflexión sobre lo que ocurrió este miércoles. Los jubilados, en primer lugar, están mal, pésimos, porque siempre han sido la variable de ajuste de este Gobierno, de la administración de Alberto Fernández y de todos los gobiernos anteriores. Sé que muchos deben elegir entre comer o comprar sus remedios, y a veces incluso decidir qué medicamentos pueden pagar y cuáles no. Ni hablar de aquellos que cobran la jubilación mínima.

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Nadie puede vivir con $350.000 más un bono de $70.000 que les otorgan desde hace dos años. Con ese dinero no alcanza. Para sobrevivir, muchos deben recurrir a sus familias: hijos, hermanos, algunos incluso a sus nietos. Esa es la realidad de los jubilados argentinos, y nunca nadie logró resolverla.

Cuando Cristina Kirchner intervino en la ANSES fue para incorporar a tres millones de personas que no cumplían los requisitos para jubilarse. No digo que el Estado debiera desatenderlas, pero sí que debió asistirlas fuera de la ANSES, permitiendo que este organismo se ocupara exclusivamente de quienes habían hecho sus aportes en tiempo y forma y cumplían con la edad requerida.

El Gobierno definió las protestas en apoyo a los jubilados como “una especie de golpe de Estado”

La situación es insoportable y no da para más. Por eso, en la manifestación hubo tanta gente mayor. Incluso, una señora de 87 años cayó violentamente al piso tras ser empujada por la policía. En el fragor del momento, seguramente al oficial se le fue la mano. En esos instantes de tensión, hay acciones humanas que no se reflexionan. Más aún en un policía, que tiene la orden de restablecer el orden público.

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Esto ocurre con los jubilados, pero el caso de los barras bravas es otra historia. Son violentos por naturaleza; de ahí su nombre. Por eso, la Argentina es el único país del mundo donde no puede haber público visitante en los partidos de fútbol. Incluso hubo un período reciente en el que no se permitió ningún tipo de público en los estadios.

Los barras bravas llevan la violencia a donde van. ¿Alguien puede explicar qué hacían manifestándose junto a los jubilados? ¿Por qué nunca se los vio protestando al lado de los jubilados cuando gobernaban Alberto Fernández o Cristina Kirchner? Nunca se los vio. Pero este miércoles aparecieron.

Me sorprendió, porque ciertos sectores políticos cuestionan la represión policial. ¿Y qué debería hacer la policía? ¿Qué haría el Estado en cualquier parte del mundo ante una situación de violencia de esa magnitud? Debe reaccionar. Es su naturaleza. Si no lo hace, pierde su razón de ser. Aunque el presidente Milei no crea en el Estado, en momentos como estos queda en evidencia su necesidad.

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Liberaron a 94 personas que habían sido detenidas durante las protestas en el Congreso

Otro episodio grave ocurrió dentro del recinto de la Cámara de Diputados, donde legisladores nacionales terminaron a las trompadas. Diputadas peleando, tirándose agua entre ellas. Y eran del mismo bloque oficialista, La Libertad Avanza.

Uno de los diputados involucrados en la pelea, Óscar Zago, fue el primer presidente del bloque de LLA y ahora encabeza un bloque aliado al Gobierno. ¿Cómo se llegó a este nivel de violencia entre quienes deberían debatir civilizadamente sus ideas? ¿Cómo llegamos, como país, a semejante decadencia?

El único antecedente de una situación similar que recuerdo ocurrió cuando Mauricio Macri envió una ley de reforma jubilatoria para modificar la fórmula de los aumentos. En aquel entonces, Leopoldo Moreau encabezó una sublevación en el recinto y le arrebató el micrófono al entonces presidente de la Cámara, Emilio Monzó. No tengo memoria de otro momento en el que la Cámara de Diputados haya sido escenario de semejantes escenas de violencia.

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La violencia estaba tanto dentro de la Cámara de Diputados como fuera del Congreso. ¿Por qué el presidente Javier Milei no reflexiona sobre esto? ¿Por qué no reconoce, por ejemplo, que debería expresarse de manera más pacífica? Porque la violencia en las palabras termina derivando en violencia en los hechos. Y muchas veces, el Presidente se expresa de manera violenta.

Las dramáticas fotos de las protestas en el Congreso durante la marcha por los jubilados

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Liberaron a 114 detenidos por los incidentes durante las protestas afuera del Congreso

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Luego de la batalla de barrabravas y militantes contra policías en las afueras del Congreso, 114 detenidos fueron liberados durante la madrugada de este jueves, tras una presentación de la Defensoría Pública ante el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrade.

De acuerdo a la magistrada, las detenciones «afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión», según el fallo al que tuvo acceso Clarín. Son todos los detenidos que estaban bajo la órbita porteña.

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Según argumentó, las detenciones de las personas y la información vinculada a los motivos se volvía más dificultosa. «Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención”, planteó.

“No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en ‘flagrancia’, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”, agregó.

La jueza resaltó que la Constitución reconoce «el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades». «Quienes se “movilizan” en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado», remarcó.

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«En otras palabras, en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales», fundamentó.

En la noche del miércoles, el Ministerio de Seguridad confirmó confirmó que los detenidos fueron 124 (94 hombres y 30 mujeres).

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Incidentes en el Congreso: así fue la liberación de los detenidos

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El SAME, en tanto reportó que llegaron 20 heridos a los hospitales Argerich y al Ramos Mejía, uno en estado grave, el fotógrafo y militante Pablo Grillo, que sufrió una pérdida de masa encefálica a partir de un golpe.

Grillo tuvo lesiones en el cráneo producto del impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

En tanto, tras un encontronazo con un Policía, una mujer de 87 años cayó desplomada en el piso y también quedó con lesiones. Fue luego asistida por el personal médico que estaba presente en la zona.

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Además, se informó que resultaron heridos 26 efectivos de las fuerzas de seguridad y la Policía de la Ciudad, trasladados a los hospitales Churruca y Argerich. Uno de ellos fue sometido a una cirugía tras sufrir una herida de arma de fuego y una fractura.

Se trata de Elías Montenegro, de 34 años. También fueron heridos al menos dos efectivos de Prefectura: Francisco Escobar, 33 años, con trauma de rodilla, y Facundo Morales, 27 años, con trauma de pie izquierdo. También resultaron dañados dos patrulleros y cuatro motos.

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Francos dijo que lo del fotoperiodista herido fue un “accidente no previsto” y habló de “una especie de golpe de Estado”

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el impacto de un casquillo de gas lacrimógeno en la cabeza del Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años herido de gravedad en la marcha por los jubilados, fue “un accidente no previsto” y una “lamentable consecuencia” de un “episodio violento” como el que ocurrió en las inmediaciones del Congreso.

Además, dijo que quienes participaron de la marcha a la que se sumaron barras, agrupaciones de izquierda, algunos sindicatos y organizaciones sociales quisieron generar una “especie de golpe de Estado” contra el gobierno de Javier Milei. En eso, también criticó a la Justicia de la Ciudad por ordenar liberar a parte de los detenidos.

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Al respecto de Grillo, que fue operado de urgencia anoche en el Hospital Ramos Mejía, donde llegó trasladado luego de que le tiraran un gas lacrimógeno en la cabeza mientras intentaba sacar una foto en la protesta, Francos primero opinó: “Bueno… Son las lamentables consecuencias de un episodio violento como el que generó esta gente ayer en las inmediaciones del Congreso y que después trasladaron a la Plaza de Mayo, son consecuencias desgraciadas de estos episodios, como también la cantidad de miembros de las fuerzas de seguridad y la Policía heridos e internados”.

Después, comentó que no estaba al tanto de si Milei -que todavía no habló del tema- sabía sobre la gravedad del estado del fotoperiodista. “No he hablado con el Presidente anoche, veremos en le curso del día”, se limitó a decir en Radio Mitre. Incluso, el jefe de Gabinete manifestó que todavía no “conoce los detalles” sobre el momento en que Grillo terminó con la cabeza llena de sangre y fue sacado de emergencia desde las inmediaciones del Congreso, un hecho que sucedió caída la tarde del jueves.

“Es un hecho muy lamentable, no puedo más que efectuar este comentario”, expresó y siguió: “Por supuesto trataremos de esclarecer el hecho y ver. Es cierto que este tipo de episodios generan estas consecuencias, estos accidentes no previstos. La Policía no le tira a una persona un gas, tira para que caiga y genere la salida de los revoltosos para desconcentrarlos. A veces puede pasar que una situación de esta genere un accidente lamentable. Ojalá que se pueda generar la recuperación de la persona herida”.

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La primera funcionaria nacional en referirse al caso fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien justificó el accionar policial sobre Grillo al decir en LN+: “Este periodista, que dice ser periodista, trabaja con Julián Álvarez en la Municipalidad de Lanús y antes estuvo en el Ministerio de Justicia cuando estaba Alberto Fernández”. Minutos después, el intendente de La Cámpora desmintió ese comentario de la funcionaria que estuvo a cargo del operativo del jueves.

En la misma línea que se había expresado cuando todavía había disturbios en el centro porteño, Francos aseguró que “grupos de la política” intentan desestabilizar al gobierno de Milei por las “señales claras” que dio en el “mejoramiento de la economía”, una postura que comenzaron a trazar desde la Casa Rosada y que se replicó desde ayer en las cuentas de X oficialistas. “No encuentran resquicio entonces se les ocurre la original idea de poner barras a tratar de defender derechos de los jubilados. Eso generó los disturbios que todos vimos ayer, la utilización de la violencia como instrumento y, a partir de lo que se generó con esa violencia y la respuesta de las fuerzas, generar esta marcha al grito de ‘que se vayan todos’. Y, en definitiva, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, indicó.

Siempre en la misma sintonía, dijo que la oposición “no encuentra elementos” para cuestionar a esta gestión, con la que -según su visión- están de acuerdo “la mayoría de los argentinos” y por eso buscan fogonear hechos como los que se vieron en la protesta, en la que los manifestantes quemaron un vehículo policial, tiraron piedras a los efectivos y prendieron fuego contenedores. “Buscan este camino que es desestabilizar a partir de la utilización de la violencia y la represión policial, que es lo que corresponde para mantener el orden”, alegó, a la vez que acusó al “kirchnerismo y La Cámpora” de estar tras lo ocurrido.

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