Tras los incidentes ocurridos en una protesta frente al Congreso, el Gobierno anunció que avanza en un proyecto de ley para combatir la violencia de las barras bravas en el fútbol. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aún requiere el visto bueno del presidente Javier Milei, pero ya cuenta con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich. Según fuentes oficiales, la normativa buscará declarar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y establecer sanciones tanto para los violentos como para los dirigentes de los clubes que los financien.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la pertenencia a una barra brava podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. Además, se prevé que las sanciones no solo alcancen a quienes operen dentro de los estadios, sino también a quienes actúen fuera de ellos, como los denominados “trapitos”. También se aplicarán penas a hinchas violentos que ataquen a la autoridad o bloqueen la vía pública, en línea con medidas ya publicadas en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la protesta frente al Congreso dejó en evidencia los vínculos entre estos grupos y sectores políticos opositores. “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese contexto, el Gobierno busca acelerar la implementación de esta ley para desarticular lo que consideran “organizaciones criminales” dentro del fútbol.

Una de las novedades del proyecto es la sanción a los dirigentes de los clubes que provean entradas a los barras, una práctica que les permite generar ingresos para sostener su estructura delictiva. Además, se contempla la inhabilitación administrativa automática para ingresar a los estadios cuando exista un proceso judicial abierto por violaciones a la futura “Ley Antibarras”.

El plan del Gobierno toma elementos de la recientemente promulgada “Ley Antimafia”, que endurece penas y permite el decomiso de bienes de organizaciones criminales. Incluso se evalúa incluir la figura de la “responsabilidad compartida”, lo que implicaría que todos los integrantes de una barra sean imputados por los delitos más graves cometidos por cualquiera de sus miembros. Aunque el proyecto aún está en fase de borrador, desde el Ejecutivo aseguran que se presentará públicamente en cuanto reciba el aval definitivo del presidente Milei.

La entrada Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos se publicó primero en Nexofin.

En un contexto de refuerzo en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el condado de Alameda, en California, tomó medidas para brindar asistencia a los inmigrantes que residen en su jurisdicción. La Junta de Supervisores votó de manera unánime a favor de destinar recursos para programas legales y de apoyo comunitario, en un esfuerzo por mitigar el impacto de los operativos migratorios en la región.

Asignación de fondos para asistencia legal y comunitaria en Alameda, California

El plan, impulsado por el Comité ad hoc Juntos para Todos del Condado de Alameda, canalizará los recursos a organizaciones especializadas en brindar apoyo legal y comunitario a los migrantes. Según detallaron las supervisoras Nikki Fortunato Bas y Elisa Márquez, quienes presentaron la propuesta ante la junta, el objetivo es fortalecer la respuesta ante las políticas migratorias federales.

De acuerdo con NBC Bay Area, dentro del presupuesto aprobado, se asignaron:

• US$700 mil para la Asociación de Educación y Asesoría Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda. Estos fondos se utilizarán para la implementación de una línea de respuesta rápida, capacitaciones sobre derechos y asesoramiento preventivo.
• US$500 mil para la organización Trabajadores Unidos, con el fin de proporcionar capacitaciones, ayuda mutua y apoyo comunitario a las poblaciones inmigrantes.
• US$1 millón para la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, destinada a fortalecer servicios legales para personas en riesgo de deportación.
• US$50.000 para el programa de Extensión Legal para Isleños del Pacífico Asiático, enfocado en la defensa legal de comunidades marginadas.

El financiamiento provendrá de una combinación de recursos del Condado de Alameda y fondos privados. “Este proyecto permitirá expandir la capacidad de atención y aumentar el personal disponible para estos programas”, señaló Fortunato Bas, según lo retomado por NBC Bay Area.

Impacto de la medida en la comunidad migrante de Alameda

El supervisor David Haubert destacó que el esfuerzo por proteger a los inmigrantes es parte de un modelo de cooperación público-privada y que es fundamental que no toda la carga recaiga en el condado.

Fortunato Bas subrayó que un tercio de los residentes del Condado de Alameda son inmigrantes, y que la mitad de los niños crecen en hogares donde al menos uno de los padres es extranjero. “Somos un condado diverso y nuestra comunidad necesita protección. Las políticas del gobierno federal generan temor entre nuestros residentes”, destacó en una publicación de Facebook.

Por su parte, el Defensor Público del Condado de Alameda, Brendon Woods, señaló que el financiamiento adicional fortalecerá la Unidad de Inmigración de la oficina que lidera. “Estos fondos marcarán una diferencia significativa en la vida de muchas personas al fortalecer los servicios que ofrecemos a esta comunidad vulnerable durante estos tiempos difíciles”, indicó.

Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump

Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, su administración intensificó los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La estrategia incluye la ampliación del uso de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo como centro de detención, así como la eliminación de ciertas protecciones para grupos que anteriormente tenían autorización temporal para permanecer en ese país.

El presidente estadounidense argumentó que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y reducir costos asociados con la inmigración ilegal.

El financiamiento aprobado en Alameda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los efectos de la política migratoria federal. En febrero, la Junta de Supervisores destinó US$1,3 millones para fortalecer la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público, lo que permite la contratación de más abogados especializados en defensa contra la deportación.

Las organizaciones que recibirán financiamiento ya han comenzado a implementar estrategias para ampliar su alcance. La línea de respuesta rápida está en proceso de integración con otras redes de asistencia, y se prevé que en los próximos meses aumente la capacidad de atención en casos de emergencia migratoria.

Con esta iniciativa, el Condado de Alameda se suma a otras jurisdicciones de California que han adoptado medidas para brindar apoyo a los inmigrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas a nivel nacional.