Columna publicada originalmente en Clarín

Desde que sufrió una sucesión de traspiés parlamentarios (fondos reservados para la SIDE, compensación jubilatoria y Comisión Bicameral de Inteligencia), Javier Milei ha debido incorporarse a una escena pública que le sienta incómoda. Esa que, en los últimos días, por ejemplo, lo encontró departiendo con diputados propios y colaboracionistas del PRO. Un encuentro y una fotografía denostados por su principal asesor, Santiago Caputo. “Un tiro en los pies”, lo calificó el joven prestidigitador de las redes.

Es muy posible que el intento presidencial por enmendar aquel paso no haya sido una casualidad. Tampoco, impulsado por una sola razón. Sin decir nada a nadie firmó el decreto que limita el acceso a la información pública. Un derecho de la sociedad y de los medios de comunicación. El Gobierno no estaría obligado desde ahora a brindar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal.

Al margen del carácter restrictivo de la determinación oficial, no puede pasarse por alto otro detalle. La norma modificada fue uno de los aciertos institucionales que dejó como herencia la administración de Mauricio Macri. El PRO emitió un duro comunicado de repudio. El jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, aseguró que se lo dijo al Presidente. El macrismo, vale recordarlo, es el aliado principal que tiene el Gobierno para gestionar políticas en el Congreso que La Libertad Avanza, por su volumen escaso y conocimiento precario, no está en condiciones de encarar.

Claro que el macrismo no estuvo solo. Todas las fuerzas políticas condenaron aquel decreto de Milei. Incluido el kirchnerismo, amante siempre del oscurantismo informativo. Se montaron en el repudio centenares de organizaciones civiles y se aprestan presentaciones en la Justicia por el carácter presuntamente inconstitucional del decreto.

Guillermo Francos soportó, a propósito, una firme interpelación cuando asistió en Diputados a cumplir con su primer informe como jefe de Gabinete. El veterano dirigente improvisó una respuesta que no poseía. Aclaró que aquel decreto presidencial podría ser revisado. Difícilmente ocurra, por un motivo: la decisión le permitió a Milei retomar su guerra contra “la casta”. Alineada casi sin fisuras, a juicio suyo, en oposición al límite establecido para el acceso a la información pública.

Nunca la relevancia del líder libertario ha estado ligada a la política o a los asuntos institucionales. Esos menesteres le desagradan, según confió a los diputados que lo visitaron en la Casa Rosada. Su fuerte radica en la economía-financiera, el equilibrio fiscal, la lucha contra la inflación. ¿A la sociedad le importan más esas cosas o los cambios en el acceso a la información pública?, fue el interrogante que hicieron circular los libertarios en las últimas horas. Antes que una pregunta pareció una explicación sobre lo ocurrido.

Aquel episodio representó apenas el prólogo del renovado embate de Milei contra “la casta”. El primer mandatario no se guardó nada al hablar en el Foro de Madrid que se realizó en Buenos Aires. Un mitin con escasa asistencia, organizado por el partido Vox de la ultraderecha española, encabezado por su numen, Santiago Abascal. Sopapeó a “la casta” y al socialismo. Como no lo había hecho nunca, llamó a Alberto Fernández “autócrata golpeador”. Alentó a quienes vociferaban insultos desde las plateas.

Milei se guardó un tramo de la alocución para hablarle a los propios. Advirtió sobre la dispersión y las peleas internas. Exhortó a la unión para poder llevar adelante la difícil tarea que les espera. Una señal alentadora: sabe con evidencia lo que ocurre en el pandemonio libertario. Una comprobación: parece no haber hallado todavía la manera de conducir dos cuerpos (Diputados y el Senado) que batallan muchas veces por cuestiones incomprensibles.

El jefe del bloque de la Cámara baja, el cordobés Gabriel Borboroni, fue vapuleado por los pares que no resultaron invitados a aquella primera cumbre con Milei en la Rosada. La diputada Lilia Lemoine es acusada desde adentro de manipular supuestos videos extorsivos. ¿Contra quién? En el Senado saltó una liebre: los seis senadores de LLA reúnen 88 asesores. El presidente provisional, Bartolomé Abdala, confesó que varios de los suyos trabajan en su provincia, San Luis. Aspira a ser el próximo gobernador. Ni macristas, ni kirchneristas, ni radicales, ni los “lilitos” podrían haber perfeccionado ese cuadro.

Javier Milei vs la UIA: los industriales no quisieron hacerse cargo de nada

El Presidente se entusiasma en agitar la bandera de la lucha contra “la casta”. Puede que le siga dando réditos. Debe darse cuenta, sin embargo, que la campaña electoral quedó muy atrás. Camina ahora sobre terreno embarrado. La semana pasada fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y algunos aliados no libertarios quienes impidieron o postergaron otra amargura a Milei en el Senado. El naufragio final del DNU de la SIDE, la ampliación del presupuesto universitario y, probablemente, la imposibilidad de habilitar la Boleta Única para las legislativas de 2025.

Más allá de la insistencia de Milei con el veto a la compensación a los jubilados, exhibido como muestra de autoridad y firmeza, el Gobierno parece estar balanceándose entre esa postura de aparente avance y una estrategia de defensa a la cual lo obliga, de manera paulatina, la oposición. No de modo excluyente el kirchnerismo.

El Gobierno se enfrenta a dos amenazas que exceden a “la casta”. La postura intransigente contra los jubilados, en defensa del equilibrio fiscal, acarreará, antes o después, un costo político y social. El líder libertario lo advirtió en abril cuando fue sorprendido por una marcha multitudinaria, repleta de votantes suyos, en defensa de la educación pública y los fondos universitarios. Permitió sin interferencias la catarsis y recompuso el rumbo.

El desafío podría replicarse si, como afirma, aplica otro veto al presupuesto adicional para las universidades que aspira a sancionar el Senado. Sería el momento de repensar ciertas cuestiones. Nadie puede discutir que el Estado ha recuperado el control de la calle después de estar por décadas bajo la tutela de piqueteros y movimientos sociales. No todas las situaciones deben auscultarse bajo un mismo cristal.

Existió una reprimenda desproporcionada en una protesta de empleados judiciales –no más de 50—que reclamaron por una paritaria mejor. Es cierto que viejos y mañeros dirigentes se filtraron en la protesta de los jubilados frente al Congreso. Pese a eso, cabría una pregunta: ¿Hacía falta semejante despliegue policial para controlar a un millar de personas? Quizá le alcance a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, con bajar simplemente un cambio.

Un gesto así, a lo mejor, ayudaría a aplacar un clima político y social que se advierte muy tenso. Encima de una grieta. Originado en las penurias objetivas producto del ajuste y de la crisis. La dirigencia arroja combustible en esa tea con demasiada indolencia. Sería prudente que Milei rehaga su lenguaje cotidiano insultante y provocador hacia cualquiera. También ayudaría que dirigentes como el senador K José Mayans desista de las alusiones psiquiátricas contra el mandatario. O Pablo Moyano, uno de los secretarios de la CGT, deje de augurar desestabilizaciones del Gobierno.

Esos contextos son los que suelen propiciar situaciones sorprendentes, graves e inexplicables. Ocurrió el jueves con un paquete explosivo que estalló en la oficina del titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. No tuvo consecuencias insolubles. Representa una alerta inquietante. Nadie en el Gobierno, ni fuera de él, entiende las razones y el origen. Se apunta a grupos periféricos. La patrulla digital libertaria, burda, cargó culpas contra el macrismo y otros por no aprobar los fondos reservados para la SIDE.

Aunque se trate de episodios muy distintos, resulta difícil no parangonarlo con aquel umbral de tragedia a la que se asomó la Argentina en septiembre de 2022. Fue el intento de magnicidio contra Cristina Fernández. Pese a la investigación judicial y el juicio en curso a los responsables, la ex presidenta nunca pudo aceptar que haya sido obra de un grupo de marginales. Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Llamados “los copitos”. Personas resentidas que incubaron odio y violencia al amparo del concepto bélico que impuso por décadas el kirchnerismo en el poder.

La escalada de ese clima enrarecido puede haber contribuido a diluir algunos trámites políticos que se hacían con discreción. Uno de ellos refiere a la nominación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García- Mansilla para la Corte Suprema. La parálisis sucedería por una hábil maniobra de Cristina: dejó correr todas las discusiones, nunca negó consultas oficiales con su entorno, pero cerca de la hora de los bifes blanqueó condiciones. No habría lugar para aquellos jueces si no se discute una ampliación del máximo Tribunal donde el kirchnerismo pueda terciar.

Tantas idas y vueltas no resultan ajenas a los cuatro magistrados de la Corte. En diciembre debe dejar su cargo el cordobés Juan Carlos Maqueda. La indefinición general estaría induciendo al cuerpo a anticipar una decisión: renovar en cualquier momento la presidencia de Horacio Rosatti, respaldado por el propio Maqueda y por Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti toca otra melodía.

Ese status quo no convence a Cristina. En el Tribunal terminarán cayendo, al final, sus causas por corrupción. De allí la idea de ampliarlo. La ex presidenta, antes de eso, considera que habría que atender la evolución de la realidad económico-social. Sostuvo un chicaneo con Milei y formuló consideraciones no todas desechables. El problema de su palabra es siempre el mismo: la historia y el prontuario.