POLITICA
Los rescatistas voluntarios que buscan a los desaparecidos en la riada de Valencia: “Nos dio las gracias un niño de siete años que sacaba barro de una casa con una escoba… Eso me emocionó”
-Abrimos un agujero y vimos que había cuerpos flotando.
-¿Cuántos cuerpos?
Basilio Vigil, Basi, hace una pausa prudente antes de responder con un escueto “muchos”.
El sábado, junto al resto de compañeros de la ONG Unidad de Rescate y Salvamento con Perros (URESAP), estuvieron todo el día trabajando en el centro comercial de Bonaire, en Aldaia, a las puertas de Valencia.
Su parking subterráneo, de 2000 metros cuadrados, se ha convertido en el fantasma que ronda las zonas devastadas por las riadas, la pesadilla que muchos temen. Se cree que en los dos millones de litros que se colaron en su interior pueda haber decenas de muertos.
En las redes sociales se especula con todo tipo de cifras. El semblante de Basi y el del resto del equipo se ensombrece y prefieren no contar mucho más.
El temporal que azotó Valencia y el sureste de España ha dejado ya al menos 212 muertos, pero hay muchos desaparecidos, por lo que la cifra podría ser bastante mayor.
Aún quedan muchos sótanos, garajes subterráneos por vaciar y revisar, vehículos que han quedado convertidos en amasijos de hierros y que la corriente arrastró a kilómetros de donde estaban aparcados, y también zonas rurales donde puede que vivan personas con movilidad reducida y que han quedado aisladas. “La cifra de fallecidos aumentará poco a poco, lamentablemente”, aventura Francisco Javier Andrés, un bombero forestal que en sus fines de semana o en vacaciones se suma a la URESAP.
“A muchos les pilló en la carretera y algunos lo que hicieron fue abandonar sus vehículos e intentar escapar andando”, cuenta de camino a la zona en la que va a trabajar el equipo este domingo.
Son unos garajes anegados en la parte baja de Catarroja, una de las localidades más afectadas por las lluvias torrenciales que el 29 y 30 de octubre devastaron la zona sur de Valencia. También hay que revisar decenas de vehículos que arrastró el agua y que han quedado sembrados en un descampado del pueblo.
Con la ayuda de Bolo, Roco y Shiva van a buscar a personas que pudieran haber quedado atrapadas, vivas o muertas. BBC Mundo los acompañó. “Ojalá tengamos un desenlace bueno hoy, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar”, reconoce Alberto Carnicer, un verano que lleva desde los 17 años trabajando como rescatista con distintas instituciones, entre ellas la Cruz Roja y la Protección Civil, y como voluntario en la URESAP. Pero llegar hasta allí no es fácil.
Algunas calles están colapsadas por las montañas de enseres embarrados que los vecinos han ido sacando de sus casas, y por coches y más coches cubiertos de lodo, aplastados como los restos de papel de aluminio de un bocadillo, allá donde se mire.
Las vías transitables son un bullicio de tractores y excavadoras, grúas, camiones militares, furgonetas con alimentos o agua que traen los voluntarios.
En un camino estrecho, una lancha empotrada contra un garaje deja una historia de supervivencia. El martes por la noche, un chico al que arrastraba la corriente la vio y trepó hasta ella. Allí se quedó hasta que bajaron las aguas.
La zona baja de Catarroja que el equipo va a inspeccionar, ya lindando con la localidad de Albal, parece una escena apocalíptica.
El pueblo se convirtió el martes en un barranco urbano y mucho de lo que arrastró ha quedado esparcido por una zona de huertas y naranjos donde los automóviles parece que brotaran de la tierra. El equipo recibe las instrucciones de Basi, el líder y fundador del grupo, que se ha coordinado con autoridades locales, y se echa a andar.
El trabajo es duro y meticuloso. Los rescatistas se abren en abanico para rastrear la mayor extensión posible.
Desde el cielo, un dron dirigido por Cristian Seves, un militar que se unió al grupo hace 15 días, sobrevuela el terreno para tener visión de las zonas a las que no se puede llegar a pie.
Se van acercando vehículo por vehículo, miran por las ventanillas o las rompen si hace falta, revisan maleteros y los perros los rodean en busca de algún olor o figura humana. “Solo avisan si ven una persona sentada o tumbada y entonces marca, nunca de pie”, aclara Héctor Galdona. Roco, su perro de aguas español blanco y negro, trepa por los montículos, se cuela entre la maleza y busca a cada poco la mirada de su dueño. “¡Qué bueno ese perro! ¡Muy bueno ese perro!”, le recompensa Héctor.
Lo que parece la huella de una mano en el barro de un asiento llama la atención de Alberto. Los rescatistas logran abrir las puertas traseras del vehículo, pero dentro no hay nada salvo la huella misteriosa.
Una zona arbolada sepultada por la maleza se ha convertido en una especie de cueva vertedero. El agua ha arrastrado mucha ropa de algún almacén. Algunas prendas están aún metidas en sus bolsas, hay maletas, un tablero de ajedrez, un casco de bicicleta infantil de la película Frozen.
Un poco más adelante, en la estación de tren de Albal, que aún no había sido inaugurada, Bolo, un pastor belga malinois, ladra avisando de algo. Un olor pestilente emana del vestíbulo de la estación, que tiene un metro de altura de barro y cañas, y el equipo se acerca con cautela.
De entre el lodo asoma la cabeza de un burro, su cuerpo hinchado, los ojos desorbitados. A Bolo, que estaba abandonado, lo recogió Luis Ramos, un adiestrador de perros venezolano que en su país trabajó durante 15 años como guía canino de la policía.
Braian Asinari va marcando con un espray una gran letra R en cada uno de los vehículos que van revisando. Braian no es miembro de la URESAP, pero es vecino de Aldaia, uno de los pueblos afectados por la riada. Quería ayudar y se ha unido al grupo. Les hace de guía local.
La batida de hoy no ha encontrado nuevas víctimas, ni vivas ni muertas.
Pero su labor, como la de otros muchos grupos de voluntarios, es fundamental, y los vecinos de Catarroja se lo recuerdan a cada paso que dan. “Ayer nos dio las gracias un niño de unos 7 años que estaba sacando barro de una casa con una escoba. Eso me emocionó”, reconoce Alberto.
Lo que ven y lo que viven también pasa factura: “En la furgo vamos haciendo chistes, pero luego, cuando pasa un tiempo y vuelves a casa, nos da el bajón”. Empieza a llover y el equipo decide regresar.
La agencia de meteorología ha vuelto a activar el aviso rojo sobre Valencia, el máximo, y ha pedido a los vecinos que se queden en zonas elevadas por las lluvias. El barro ha atorado parte del alcantarillado de Catarroja y la zona podría volver a anegarse.
En la esquina donde han dejado la furgoneta, la chef Carlota Bonder ha montado un punto de entrega de platos calientes a los vecinos.
Ha venido desde Ibiza en su Porsche Cayenne verde pistacho, que por tener tracción a las 4 ruedas ha ofrecido como vehículo de ayuda humanitaria. “Tengo a toda la brigada cocinando”, cuenta.
El equipo de Carlota ayuda a repartir tápers con lentejas guisadas y con espaguetis.
El día anterior vieron a una señora desde un balcón que les hacía un gesto de llevarse la mano a la boca. “Subimos corriendo los 6 o 7 pisos de escaleras y nos encontramos con una anciana que tenía alzhéimer y que no había comido en días. Se te parte el corazón”, recuerda Adriana Alés.
Carlota se ofrece a llevar a parte del equipo de rescatistas de vuelta al punto de partida. Su Porsche verde parece un espejismo en medio del lodazal en el que se ha convertido el pueblo.
Mañana habrá más sótanos y más garajes por inspeccionar. “Nos gustaría encontrar a personas vivas, pero el tiempo corre en contra”, reconoce Fran.
Pero hallar a los muertos, desengrosar la lista de desaparecidos, también es una labor fundamental, explica Basi: “Un cuerpo recuperado es una familia aliviada, que puede iniciar el luto y enterrar a su ser querido”.
Por Paula Rosas, enviada especial a Valencia, España
Título del autor,BBC News Mundo
POLITICA
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POLITICA
Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos
Tras los incidentes ocurridos en una protesta frente al Congreso, el Gobierno anunció que avanza en un proyecto de ley para combatir la violencia de las barras bravas en el fútbol. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aún requiere el visto bueno del presidente Javier Milei, pero ya cuenta con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich. Según fuentes oficiales, la normativa buscará declarar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y establecer sanciones tanto para los violentos como para los dirigentes de los clubes que los financien.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la pertenencia a una barra brava podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. Además, se prevé que las sanciones no solo alcancen a quienes operen dentro de los estadios, sino también a quienes actúen fuera de ellos, como los denominados “trapitos”. También se aplicarán penas a hinchas violentos que ataquen a la autoridad o bloqueen la vía pública, en línea con medidas ya publicadas en el Boletín Oficial.
Desde el Ejecutivo sostienen que la protesta frente al Congreso dejó en evidencia los vínculos entre estos grupos y sectores políticos opositores. “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese contexto, el Gobierno busca acelerar la implementación de esta ley para desarticular lo que consideran “organizaciones criminales” dentro del fútbol.
Una de las novedades del proyecto es la sanción a los dirigentes de los clubes que provean entradas a los barras, una práctica que les permite generar ingresos para sostener su estructura delictiva. Además, se contempla la inhabilitación administrativa automática para ingresar a los estadios cuando exista un proceso judicial abierto por violaciones a la futura “Ley Antibarras”.
El plan del Gobierno toma elementos de la recientemente promulgada “Ley Antimafia”, que endurece penas y permite el decomiso de bienes de organizaciones criminales. Incluso se evalúa incluir la figura de la “responsabilidad compartida”, lo que implicaría que todos los integrantes de una barra sean imputados por los delitos más graves cometidos por cualquiera de sus miembros. Aunque el proyecto aún está en fase de borrador, desde el Ejecutivo aseguran que se presentará públicamente en cuanto reciba el aval definitivo del presidente Milei.
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POLITICA
El condado de California que aprobó un proyecto para ayudar a los migrantes frente a las redadas de ICE
En un contexto de refuerzo en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el condado de Alameda, en California, tomó medidas para brindar asistencia a los inmigrantes que residen en su jurisdicción. La Junta de Supervisores votó de manera unánime a favor de destinar recursos para programas legales y de apoyo comunitario, en un esfuerzo por mitigar el impacto de los operativos migratorios en la región.
Asignación de fondos para asistencia legal y comunitaria en Alameda, California
El plan, impulsado por el Comité ad hoc Juntos para Todos del Condado de Alameda, canalizará los recursos a organizaciones especializadas en brindar apoyo legal y comunitario a los migrantes. Según detallaron las supervisoras Nikki Fortunato Bas y Elisa Márquez, quienes presentaron la propuesta ante la junta, el objetivo es fortalecer la respuesta ante las políticas migratorias federales.
De acuerdo con NBC Bay Area, dentro del presupuesto aprobado, se asignaron:
- US$700 mil para la Asociación de Educación y Asesoría Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda. Estos fondos se utilizarán para la implementación de una línea de respuesta rápida, capacitaciones sobre derechos y asesoramiento preventivo.
- US$500 mil para la organización Trabajadores Unidos, con el fin de proporcionar capacitaciones, ayuda mutua y apoyo comunitario a las poblaciones inmigrantes.
- US$1 millón para la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, destinada a fortalecer servicios legales para personas en riesgo de deportación.
- US$50.000 para el programa de Extensión Legal para Isleños del Pacífico Asiático, enfocado en la defensa legal de comunidades marginadas.
El financiamiento provendrá de una combinación de recursos del Condado de Alameda y fondos privados. “Este proyecto permitirá expandir la capacidad de atención y aumentar el personal disponible para estos programas”, señaló Fortunato Bas, según lo retomado por NBC Bay Area.
Impacto de la medida en la comunidad migrante de Alameda
El supervisor David Haubert destacó que el esfuerzo por proteger a los inmigrantes es parte de un modelo de cooperación público-privada y que es fundamental que no toda la carga recaiga en el condado.
Fortunato Bas subrayó que un tercio de los residentes del Condado de Alameda son inmigrantes, y que la mitad de los niños crecen en hogares donde al menos uno de los padres es extranjero. “Somos un condado diverso y nuestra comunidad necesita protección. Las políticas del gobierno federal generan temor entre nuestros residentes”, destacó en una publicación de Facebook.
Por su parte, el Defensor Público del Condado de Alameda, Brendon Woods, señaló que el financiamiento adicional fortalecerá la Unidad de Inmigración de la oficina que lidera. “Estos fondos marcarán una diferencia significativa en la vida de muchas personas al fortalecer los servicios que ofrecemos a esta comunidad vulnerable durante estos tiempos difíciles”, indicó.
Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump
Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, su administración intensificó los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La estrategia incluye la ampliación del uso de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo como centro de detención, así como la eliminación de ciertas protecciones para grupos que anteriormente tenían autorización temporal para permanecer en ese país.
El presidente estadounidense argumentó que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y reducir costos asociados con la inmigración ilegal.
El financiamiento aprobado en Alameda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los efectos de la política migratoria federal. En febrero, la Junta de Supervisores destinó US$1,3 millones para fortalecer la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público, lo que permite la contratación de más abogados especializados en defensa contra la deportación.
Las organizaciones que recibirán financiamiento ya han comenzado a implementar estrategias para ampliar su alcance. La línea de respuesta rápida está en proceso de integración con otras redes de asistencia, y se prevé que en los próximos meses aumente la capacidad de atención en casos de emergencia migratoria.
Con esta iniciativa, el Condado de Alameda se suma a otras jurisdicciones de California que han adoptado medidas para brindar apoyo a los inmigrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas a nivel nacional.
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