La provincia de Buenos Aires no se expedirá sobre el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) hasta que el gobierno de Javier Milei reglamente la ley votada por el Congreso, y avanzará en un sistema con similares beneficios para el distrito. La decisión fue anunciada este lunes por el gobernador Axel Kicillof en medio de la dura pulseada con la provincia de Río Negro por una millonaria inversión de las petroleras YPF y Petronas, estimada en hasta 50.000 millones de dólares, para el desarrollo de una planta de tratamiento de GNL. Mientras el bonaerense pugna por la instalación de la planta en el puerto de Bahía Blanca, el gobierno de Alberto Weretilneck promueve que la inversión se concrete en Punta Colorada, en la costa rionegrina.

Este lunes Axel Kicillof respondió a la carta que le remitieron las autoridades de YPF pidiendo definiciones respecto al RIGI, luego que Rio Negro se convirtiera en la primera provincia en adherir formalmente al nuevo régimen de inversiones. Y en esa línea, sostuvo que antes de la sanción de la Ley Bases ya había acuerdos sellados entre Buenos Aires, YPF y la empresa malaya Petronas para la radicación del millonario proyecto en el territorio bonaerense.

“La pelota ahora está del otro lado”, refirió el gobernador. Y añadió: “No vamos a definir por penales”. Una construcción futbolera del tema que expone la verdadera estrategia. Kicillof había adelantado su oposición a la sanción del RIGI, pero este lunes, en rueda de prensa, evitó ratificar su posición política. Y mencionó, con insistencia, la “confidencialidad” de los actos que deben caracterizar a estas negociaciones. Evidencia su necesidad de tender puentes con YPF y la sociedad con Petronas para asegurarse la millonaria inversión.

Resumido en el contexto previo que abordó: hasta 2023 Bahía Blanca era el puerto definido para la instalación de la planta por su factibilidad. Con la nueva administración emergió la eventualidad de Río Negro. La tensión, entonces, es de naturaleza política.

Además de mucha plata. Es una inversión, en sus diferentes etapas, de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares.

De acuerdo con lo previsto, este lunes venció el plazo dispuesto por las autoridades de YPF para que el gobierno de Buenos Aires se pronuncie por la adhesión o no al RIGI. La nota fue firmada, en su momento, por el presidente de la compañía, Horacio Marín. Fue a manera de intimación formal que ahora Kicillof relativizó porque, según sus palabras, “no se trata de un ultimátum”. A resguardo de esa presión, explicó que cualquier adhesión es competencia de la Legislatura provincial. Allí reside el desenlace de esta cuestión.

Un paso por delante de Kicillof, Weretilneck logró el viernes que la Legislatura rionegrina adhiriera al nuevo régimen de inversiones incluido en la Ley Bases de Milei. Representa un gesto. Todavía se desconoce la consistencia de ese alineamiento.

Según Kicillof, sería relativo en atención a los acuerdos anteriores con el proyecto GNL. “La provincia de Buenos Aires trabajó para que esto ocurriera desde hace años, y nada de esto es nuevo ni surge ahora. Es algo que supera a YPF y a la Provincia, es algo nacional”.

“Se me consulta (en la carta del titular de YPF, Horacio Marín) sobre decisiones que tiene que tomar el municipio de Bahía Blanca, pero no puedo contestar por él, y menos por el Concejo Deliberante. Sería malo, además de ilegal, que yo diga qué es lo que vamos a hacer cuando son decisiones que no están en cabeza del Ejecutivo provincial”, adelantó el mandatario. Se refirió así, por ejemplo, a las tasas municipales diferenciadas para el funcionamiento de la planta que reclaman las petroleras.

Justamente el peronista intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se reunió la semana pasada con el presidente de YPF y dejó un mensaje para el mandatario bonaerense, redoblando la presión por la adhesión provincial a RIGI. «De radicarse en el Puerto de Bahía Blanca, la iniciativa será competitiva en tasas e impuestos con estándares comparables a los puertos más relevantes del mundo en la materia. Nuestra ciudad ofrece aristas que la diferencian de otras opciones en el país, y en ellas se inscribe la calidad del recurso humano especializado en licuefacción y regasificación, empresas de servicios, universidades, institutos científicos y licencias sociales y ambientales», aseguró el intendente.

Pese a la presión, desde el gobierno bonaerense advirtieron que no pueden incidir en prerrogativas en el puerto bahiense, en manos de un consorcio privado desde la década del 90. La administración de Kicillof sólo podría intervenir en la concesión de exenciones en los impuestos de Sellos e Ingresos Brutos. Además de posibles expropiaciones de predios para ampliar la capacidad del polo industrial.

Pero, a juzgar por lo expresado este lunes, Kicillof no adelantará ningún movimiento hasta que se conozca la sede del emplazamiento. Los directivos de YPF manifestaron que será en agosto, según se lo transmitieron el jueves pasado al intendente de Bahía Blanca. El objetivo es que hacia fin de año se inicie el proceso de conformación de los pliegos del proyecto. Para 2027 esta previsto el comienzo de las obras.

Otra vez, la confidencialidad que Kicillof aportó como apelación para la resolución de esta cuestión. Un foco puesto en la Legislatura. Tiene trámite un proyecto en el Senado y dos en Diputados, de la Libertad Avanza y del PRO, para la adhesión provincial al RIGI.

A la par, el gobernador anunció el envío de su propuesta de Ley General Provincial de Fomento de Inversiones Extranjeras, una especie de RIGI propio. Tentado por su afán político diferenciador de Milei. Una competencia de marketing que, en caso de aprobarse la instalación en Bahía, quedaría relegada por un gambito institucional: los bloques de Unión por la Patria, en ese caso, dejarían andar los proyectos de adhesión y salvarían en parte sus pruritos ideológicos.

El RIGI procura brindar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a los titulares de un único proyecto de inversión, pero que deberá ser superior a los 200 millones de dólares.

Hay varios municipios, entre ellos San Isidro, Tres de Febrero, Mar del Plata, además de las comunas sureñas, que se pronuncian por la adhesión para facilitar la demanda de Bahía Blanca.

Susbielles sostiene la factibilidad porque en ese municipio funciona un polo industrial histórico donde confluyen varias empresas energética como la refinería de Trafigura y la compañía Oiltanking, que almacena el petróleo que llega desde la cuenca neuquina para enviarlo hacia las refinerías de la provincia. Además, asegura, la ciudad cuenta con un polo petroquímico donde operan empresas como Profertil, Dow Argentina, Polisur y Solvay Indupa.

Weretilneck contrapone “la disponibilidad prácticamente absoluta del Golfo de San Matías para transformarse en un puerto exportador de todo lo que es hidrocarburos, cosa que no tiene Bahía Blanca porque comparte su puerto con lo que son cereales y otras actividades». Y destaca: «Punta Colorada le permite a la industria tener absoluta previsibilidad porque sería un golfo exclusivo para la exportación de Vaca Muerta, además tenemos la Ley de Promoción Económica, con lo cual estamos garantizando como mínimo diez años de exenciones de Ingresos Brutos y de Sellos, con lo cual con una ley especial lo podemos llevar a toda la vida útil del proyecto”, aportó el gobernador.

Como al pasar, Kicillof planteó equilibrio de costos. Bahía es un puerto en movimiento. Punta Colorada comenzaría de cero. Presupone 5.000 millones de dólares de inversión adicional.

En la preparatoria cualquier detalle se defiende con interés. Las empresas inversoras parecen haber conseguido lo suyo: aquellas que entren al RIGI tendrán, para el proyecto ingresado, beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años. Entre ellos se encuentra una mayor flexibilidad para girar divisas al exterior, uno de los principales reparos que ponen los empresarios a la hora de invertir.

El Senado nacional logró alguna modificación a la propuesta original de Milei. Así sancionó modificaciones en el artículo165 del RIGI para limitarlo a sectores como foresto-industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. En los dos últimos ítems ya comenzó una batalla económica y política.