Se trata de Iván Vanney, un vecino de la ciudad de Mercedes que edita el único medio de investigación local contra la corrupción en una ciudad reconocida como cuna de La Cámpora, de donde es oriundo el senador nacional Wado de Pedro.

Vanney está acusado por cuatro delitos: desobediencia, daño agravado, daños y amenazas, siendo solo el último cargo por amenaza el que niega.

Sus denunciantes son un juez al que Vanney desobedeció al negarse a eliminar publicaciones sobre corrupción policial, la cúpula policial de Mercedes sobre la cual Vanney publicó, y miembros de La Cámpora y la organización HIJOS que tuvieron una confrontación con el imputado acerca del accionar de Lucila Révora -madre del Wado De Pedro– durante su participación en montoneros, discusión por la que Vanney estuvo 48 horas detenido e incomunicado en una celda de la comisaría de Mercedes.

En mayo, la fiscalía propuso a la defensa del periodista llegar a un acuerdo de prisión en suspenso que fue rechazado. Una semana antes del juicio, la fiscalía propuso una probation, ofreciendo al periodista terminar el conflicto sin condena, pero esto también fue rechazado.

El lunes 8 de julio, con las partes presentes, se consultó el motivo del rechazo, a lo que el periodista respondió que jamás había podido comparecer ante un juez, que esta situación no es fácil ni para él ni su familia, especialmente tras un grave accidente en la ruta sufrido en el 2022 que lo dejó amputado, pero que estaba dispuesto a pagar el precio de la condena a cambio de poder dirigirse a un juez, aunque sea en calidad de imputado.

Fiscalía, defensoría y los abogados de particulares damnificados acordaron una probation, a la vez que se permita a Vanney dirigirse a la juez, con algunas condiciones que fueron aceptadas por unanimidad, incluyendo, no mencionar en lo que se diga a ninguno de los denunciantes.

El periodista Iván Vanney.

UN TESTIMONIO DESTACABLE

Ante la juez, Iván Vanney expuso lo siguiente:

“Rompí la ventana, porque detenido y acusado era mi única posibilidad de comparecer ante un juez para denunciar que el ministerio Público sistemáticamente archiva, desestima o manipula denuncias por corrupción, en algunos casos incluso procediendo como fuerza de choque judicial contra denunciantes.

De hecho, antes de romper esa ventana, realice una serie importante de denuncias por corrupción o delitos por parte de funcionarios públicos que no prosperaron a pesar de evidencias irrefutables.

Es importante aclarar que nunca logre comparecer ante un juez ni como denunciante ni como víctima cuando en el 2020 miembros de La Cámpora y empleados del intendente Juan Ustarroz, me atacaron en patota durante un banderazo en contra de la reforma judicial K. En ese caso, la fiscalía aplicó contra mi denuncia y las pruebas la doctrina Lisciotto, que consiste en que un empleado, puntero, o subalterno cargue con la totalidad de la culpa y sufra la pena también por los peces gordos

Admito la probabilidad de que haya hecho mal el cálculo al romper esa ventana. Pero mi intención era generar un daño material mínimo que no perjudique a nadie, pero lo suficiente para ser detenido y convocado ante un juez.

Admito que puede ser que haya calculado mal el daño, pero ese era mi objetivo, lo cumplí y estoy dispuesto a pagar el precio para poder estar frente a un juez. El precio que se me  imponga por esto no va a ser cuestionado.

Es importante aclarar que lamentablemente no estoy describiendo una situación personal, no quería denunciar mis penurias sino una norma del poder judicial de Mercedes y un poco más.

Lo que digo concretamente es que a ustedes, los jueces, les están negando acceso a denuncias de gravedad y de alto interés público, no solo mediante desestimaciones o archivamientos, también se les niega a los ciudadanos incluso denunciar o ampliar sus denuncias según el funcionario, o familiar del funcionario al que se quiere denunciar.

Un blindaje judicial que obstaculiza la correcta operación de los juzgados e impide el acceso a la Justicia de forma sistemática en por lo menos todo lo referido a corrupción.

Pero no rompí la ventana solo para decirle a un juez que existen mafias, necesito también que un juez me dé la oportunidad de explicar la estructura de esta mafia judicial que trasciende por supuesto a la Justicia provincial, que desde Mercedes hizo metástasis al resto del país contaminando de corrupción incluso los consejos de magistratura bonaerense, nacional y de la Ciudad, propagándose incluso sin disimulo en una orgía de nepotismo por diferentes ministerios públicos fiscales, juzgados, entre otros, incluyendo también al ministerio Público Federal de Mercedes, o al juzgado Federal, entre otras irregularidades, el Senado y Diputados.

Ningún poder se salvó de esta organización dirigida por familias criminales de Mercedes que no solo lograron blindarse en todos los niveles, sino que controlan ese blindaje.

Rompí esa ventana para poder decir frente a un juez que fue abolida de facto la independencia de poderes, que se vulneró la imparcialidad y que actores pertenecientes a distintos poderes conspiran contra la Justicia, y que urge desarticular a esa mafia.

Nuestro intendente es cuñado de un consejero de la Magistratura nacional, casado con una prosecretaria del ministerio Público federal, y primo de un consejero de Magistratura provincial, que a su vez son hermanos y primos de un senador, todos primos de por lo menos cuatro jueces de diferentes fueros llegando a mínimo catorce cargos estratégicos para garantizar impunidad, incluyendo prosecretarios en el Consejo de Magistratura porteño.

Todos estos funcionarios además de vínculos familiares, tienen otro denominador común: las denuncias contra ellos son desestimadas, archivadas, manipuladas o siempre terminan sobreseídos a pesar de las pruebas que son tan contundentes que pueden fotografiarse o imprimirse de un resumen bancario de alguna cuenta pública como acaba de constatar el Tribunal de Cuentas.

Esta mafia que denuncio, tiene nombres y apellidos: Juan Ustarroz, Gerónimo Ustarroz, Eduardo de Pedro, Santiago Révora, Gustavo Révora, Aldana Enriquez y la fiscalía federal de Mercedes, Pablo Merola y subalternos, jerarcas de la Policía Bonaerense, el juez federal Tezanos Pinto Portocarrero y el gobernador Axel Kicillof, quien lo designó como juez contra el procedimiento. Y podría seguir dando nombres desde peces gordos, hasta matones que hacen los trabajos violentos.

Es lo que vine a denunciar, para eso rompí la ventana. Respecto a eso asumo el precio que era necesario pagar para comparecer ante un juez siendo que toda denuncia en Mercedes es interceptada por los fiscales y desarticulada antes de llegar al juzgado.

Sinceramente consideré que una ventana era insignificante frente a la magnitud de delito que urge denunciar y por lo que me urgía comparecer. Disculpas si me equivoque en ese cálculo.

Respecto a mi móvil, dispongo de pruebas, testigos deseosos de dar testimonio, y una variedad de solicitudes de medidas de pruebas que podrían desarticular a esta organización”.

LAS PALABRAS DEL JUEZ

Al finalizar, la juez informó a Vanney que el juzgado Criminal y Correccional no es competente para actuar frente a lo expuesto, y que debe ser la Justicia Federal la que atienda la denuncia.

Pero consultado por REALPOLITIK, Vanney contó que el juez federal de Mercedes asumió su cargo contra el procedimiento y ni siquiera disimula sus fallos militantes, mientras que en la fiscalía federal se desempeña como prosecretaria una cuñada de Wado de Pedro, por lo que finalmente ninguna denuncia por corrupción progresa. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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