La novedad fue publicada por el diario inglés Financial Times, que tuvo acceso a la estrategia de los demandantes para apropiarse de diversos activos del país como compensación para su demanda. Su estrategia consiste en presionar a la jueza Loretta Preska para que defina a esas empresas y organismos como “alter egos” del estado argentino, para hacerse con los 16.000 millones de dólares de la causa que iniciaron contra el país por la estatización de YPF, llevada a cabo por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía y posteriormente ministro de Economía, jugó un papel clave en el proceso de expropiación y negociación con Repsol.

Los abogados de la demanda sostienen que si bien esas entidades son «aparentemente independientes» del estado, están repletas de funcionarios designados políticamente, por lo que deben ser consideradas como propiedad de la administración argentina, que también las controla, por lo que serían una especie de máscara. Es el paso previo para luego solicitar sus confiscaciones.

Según el periódico, los responsables designados por el gobierno argentino para apelar la sentencia confían en conseguir un indulto de los tribunales superiores, y que los demandantes están rastreando todos los bienes del estado para tratar de conseguir su confiscación. Además, apelan a un argumento poco sólido: que «no hay activos sustanciales dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos para embargar».

La Argentina posee el 51 por ciento de las acciones de la empresa YPF, mientras que el 49 por ciento restante es de propiedad privada. Sus acciones cotizan tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en la de Nueva York. Buena parte de esos títulos están garantizados por depósitos bancarios en Estados Unidos generados por las exportaciones de petróleo de YPF, pero si la solicitud de considerarla como “alter ego” del estado se concreta, su cotización «podría derrumbarse» con un enorme daño para el patrimonio de los accionistas.

Los demandantes sostienen, además, que el Banco Central es “utilizado como una herramienta del estado”, lo que se demuestra fácilmente en las afirmaciones del presidente Javier Milei, quien hizo campaña prometiendo el cierre la autoridad monetaria. Nadie puede eliminar lo que no está bajo su competencia. Aunque, de todos modos, la incautación de las reservas sería más complicada que la de YPF o de otras empresas similares, ya que gozan de una fuerte inmunidad, incluidas las  de los Estados Unidos.

El tercer objetivo en la mira de Burford es Aerolíneas Argentinas, que controla el 60 or ciento del mercado interno de Argentina y opera algunos destinos internacionales, y cuenta además con una flota de 84. “La república dota a Aerolíneas de personal político que ha sido criticado por su falta de experiencia en aerolíneas y mala gestión”, argumentan los demandantes, citando declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien la definió como “una fábrica de empleo” para activistas políticos de izquierda.

Otros objetivos posibles de los demandantes, según consigna el Financial Times, son Banco Nación, la empresa estatal de telecomunicaciones Arsat y la distribuidora de energía Enarsa. Y, aunque no se lo mencione, también podrían tratar de incautar el oro enviado recientemente por el gobierno de Milei a Inglaterra.

La posición de Argentina no es sólida y los riesgos de ejecución reclamados por el fondo Buitre no pueden descartarse. A lo sumo podría conseguirse un poco de tiempo para la negociación, pero el panorama es decididamente preocupante. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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