Los costos económicos y políticos de la refacción que Manuel Adorni realizó en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, son un frente aún abierto para el jefe de Gabinete.

Como parte de un paquete de nuevas medidas que ordenó la Justicia en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, ayer se conoció otro gasto del funcionario que volvió a encender el tema, en momentos en los que su continuidad como ministro coordinador está puesta en duda.

Del celular de Matías Tabar —el contratista a cargo de aquellas remodelaciones, que alteró el curso de la investigación al sostener que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo—, el fiscal Gerardo Pollicita extrajo información que lo llevó a golpear las puertas de una casa de colchones en el corazón de Recoleta.

Es que, en el local, para equipar los cuartos de su nueva casa en el country, Adorni gastó un total de $8.183.383, según refleja una factura que surgió del teléfono que tiene la Justicia.

Es decir, casi 6820 dólares, de acuerdo con la conversión al tipo de cambio oficial del 2 de junio de 2025, día en el que una de las personas que trabaja bajo la órbita del funcionario, Gisela Kocsis -una empleada de planta que se desempeña desde hace años en el Gobierno- se presentó para pagar en efectivo el total de la compra, que fue luego enviada a la casa de Adorni en el country Indio Cua, según pudo reconstruir .

El grueso de ese desembolso —alrededor de 6 millones de pesos— se corresponde con la compra de tres conjuntos de sommiers completos. El resto del saldo, con los respectivos juegos de sábanas y edredones, además de unas almohadas.

El nuevo gasto consolida el pago con dinero en efectivo como patrón de consumo del funcionario. Adorni, cuando José Del Rio le preguntó en LN+ por este hábito, sostuvo que todos los fondos surgían de “25 años de ahorros en el sector privado”.

El gasto en el local de colchones se sumará al extenso listado en el que la fiscalía reúne todas las salidas de dinero del funcionario, material sobre el que ya trabaja un organismo especializado, como paso previo para pedirle explicaciones al propio Adorni en una declaración indagatoria.

Allí se incluye una cantidad de gastos para la casa del country, contemplados en los 245 mil dólares que Tabar declaró haber recibido del funcionario. Entre las remodelaciones, se detallan una parrilla, nuevas aberturas, aires acondicionados, trabajos de carpintería, una isla para la cocina y la pileta con la cascada de 3500 dólares, que le dio repercusión al caso en redes sociales.

El universo de gastos incluye también viajes. Entre ellos, el que llevó a la pareja del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, a España, en septiembre de 2025, por alrededor de 6000 dólares, gasto que también habría hecho en efectivo; las estadías en el hotel Bolacuá, en Gualeguaychú, por al menos $2.350.000; y las vacaciones familiares en Aruba, entre fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025, que incluyeron pasajes por unos 5800 dólares y gastos de hotel por otros 8874 dólares.

La primera capa de la investigación está vinculada, sin embargo, con las dos operaciones inmobiliarias que despertaron las sospechas iniciales sobre el salto patrimonial que hizo Adorni desde que es funcionario público: la compra de la casa del country Indio Cuá, por 120 mil dólares, y la adquisición del departamento en Caballito, por 230 mil dólares.

Ese vértice del caso abrió el entramado de los dos préstamos: el de las mujeres policías, por 100 mil dólares, y el otorgado por las jubiladas, de 200 mil dólares, que se materializó como la postergación del pago sin intereses. Sobre este último, el funcionario dijo que fue una “operación entre amigos”, en alusión al hijo de una de las jubiladas, Pablo Martín Feijoo.

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti sufrió el miércoles último un intento de boicot durante una charla que brindó en la Universidad Nacional de La Matanza por parte de militantes kirchneristas que reclamaron por la “inocencia” de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple una prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Con carteles con los epítetos de “Delincuente” y “Ladrón” para Lorenzetti y acusaciones de “mafiosos” y “cagones” para los jueces del máximo tribunal, la campaña intervino el espacio público de La Matanza para demostrar su desagrado con la presencia del jurista.

Incluso circuló por los alrededores un avión desde donde se proclamaba con altavoz: “¡Atención, Cristina es inocente!”.

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