POLITICA
Propiedad privada: sin previsión de dictamen, continuarán hoy las exposiciones en el Senado

Tras la exposición de la semana pasada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado continuará esta tarde con el debate de la ley del Gobierno libertario que busca “blindar” el derecho a la propiedad privada, sin previsión de dictamen a la vista.
Para las 15 de hoy hay anotados más de 20 disertantes, que se dividirán en bloques. El comando del plenario responde a oficialistas, a través del fueguino Agustín Coto (Asuntos, que es cabecera) y la neuquina Nadia Márquez (Legislación General).
El proyecto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, la mayoría cristinistas o de izquierda-, tierras rurales e incluso el criticado régimen de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández.
Desde la rama del derecho constitucional harán uso de la palabra, por caso, Diego Armesto y Daniel Sabsay. En tanto, por el administrativo hablarán Mariano Marcucci y Martín Galli Basualdo.
También participarán referentes de excombatientes de Malvinas y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como representantes de inquilinos y de observatorios de tierras rurales, barrios populares y hasta el exvicerrector de la UBA y exdecano de las Facultades de Arquitectura y Diseño de dicha institución, Jaime Smith.
Qué dijo Sturzenegger
“El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”, aseguró días atrás.

Tras ello, Sturzenegger dio detalles de cada capítulo. En cuanto al primero, relacionado con las expropiaciones, señaló que las mismas “no pueden ser discriminatorias” y deberán ser “específicas y bien fundadas, como ya sucede en tratados bilaterales de inversiones” firmados desde hace larguísimos años por la Argentina. Es decir, alinear la ley con documentos que el país ya tiene vigentes con otras naciones y suelen rubricar todas las administraciones centrales.
Además, el funcionario apuntó a compensaciones “al valor del mercado”, la contemplación del “lucro cesante” y la preservación de dicho derecho ante eventuales declaraciones del sector público, así como la “no transferencia de dominio sin previo pago” y la “clarificación del proceso judicial cuando no se logre definir un valor”.
Sobre procesos de desalojo, confirmó un “cambio sustancial” para activar “juicios sumarísimos” y así “tener otros tiempos y velocidades”, con el fin de un proceso “más efectivo”. En ese capítulo se incorpora la notificación electrónica y la falta de pago como condicionante, lo que objetó parte de la oposición.
No llamó la atención, pese a haber sido parte del Gobierno de Cambiemos –Mauricio Macri-, cómo defenestró la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. En este sentido, sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Para Sturzenegger, hay una explicación “clarísima” por haber “transferido responsabilidades territoriales, como la municipalidad o la provincia”.
“Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Después habló de una “ley tapón” y usó de ejemplo de eficiencia en este problema al intendente -en uso de licencia- de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El gran problema aquí, como en otras cuestiones, es quién pondrá millonadas.
Seguido a ello, observó el límite de compra de hectáreas a extranjeros, diferenció los casos en los que sí se blindarían -si se sanciona el proyecto- ante cuestiones de seguridad nacional, y a posterior denostó la ley de fuego de Máximo Kirchner. “O sea que si tengo una catástrofe -en un campo ganadero- no puedo hacer otra cosa -por 30 años- mientras crece. ¿Alguien pensó que podía tener algún sentido?”, preguntó, y calificó al régimen de “dislate”.
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POLITICA
“Los cuadernos eran originales”: el periodista Diego Cabot declaró como testigo en el juicio

Diego Cabot, el periodista de que recibió las anotaciones del chofer Oscar Centeno y lideró la investigación de los Cuadernos de las Coimas, declaró este martes durante más de 11 horas como testigo en el juicio oral y ofreció detalles sobre su trabajo, que derivaría en la causa por corrupción más resonante en los tribunales argentinos.
“Diego Hernán Cabot. Soy periodista”, se presentó en respuesta a las preguntas de rigor formuladas al comienzo por el tribunal. Cabot comenzó por describir cómo llegó a sus manos el material que dio origen a la investigación.
Relató así que un vecino, Jorge Bacigalupo, a quien trataba ocasionalmente por su interés en el periodismo, le confió una caja con ocho cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, en los que se detallaban numerosos viajes realizados durante diez años por funcionarios del kirchnerismo, desde 2005 hasta 2015, muchos de ellos para recaudar dinero de empresarios.
En esa caja, sostuvo el periodista, había facturas, DVDs, CDs y los cuadernos que derivaron en la investigación y la posterior denuncia judicial. “La abrí y empecé a trabajar sobre el material que había ahí”, dijo Cabot. “Los cuadernos eran originales”, agregó, ante una consulta puntual de la fiscal.
“La típica bitácora de alguien que tiene que facturar el servicio”, sumó. “Era un chofer [Centeno] que anotaba absolutamente todo de sus viajes. Origen, destino y motivo”, siguió.
La primera parte de su relato se ordenó a partir de las preguntas que le formuló la fiscal del juicio, Fabiana León. Entre otras cuestiones, León buscó saber por qué Centeno se había desprendido en primer término de aquellas anotaciones.
De acuerdo con la explicación que Bacigalupo le dio a Cabot, el chofer “sentía temor” por el desarrollo de una causa que ya estaba en marcha -conocida como Gas Natural Licuado- y buscaba sacar esas anotaciones de su casa por miedo a un posible allanamiento.
En un tramo de su investigación —que se extendió de enero a abril de 2018— Cabot le devolvió esos cuadernos a Bacigalupo porque el chofer Centeno se los estaba reclamando. “Puse absolutamente todo para que nadie sospeche de que eso había salido de las manos del amigo [Bacigalupo]. Puse todo como estaba y se lo llevé a la casa un mediodía”, relató Cabot.
El periodista detalló aspectos de su metodología de trabajo, entre ellos, cómo fue que reclutó a los periodistas Candela Ini y Santiago Nasra para apuntalar la investigación y convertir las anotaciones del chofer en una “base de datos” que sirviera para trabajar el caso de manera más ordenada. “El trabajo pesado lo hacíamos por fuera del horario de redacción”, expresó.
En la sala auditorium, en la planta baja de Comodoro Py, lo escuchaban los jueces del tribunal; la fiscal León, Centeno -que es testigo protegido y arrepentido en la causa- y los abogados de muchos de los empresarios acusados de pagar coimas, señalados por el chofer en sus anotaciones. Entre las libretas y los apuntes que tenían a mano, varios de los abogados llevaban también consigo el libro del periodista sobre el caso, llamado “Los cuadernos”.
En la sala se encontraba Carlos Beraldi, el abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en el juicio y apuntada por la fiscalía como la cabeza del mecanismo de recaudación ilegal.
Otros defensores, en cambio, seguían la declaración por la plataforma Zoom y lo confrontaron de manera virtual.
Judicialización
Cabot contó también por qué, antes de publicar la investigación, decidió llevar el caso a la fiscalía de Carlos Stornelli, a quien conocía previamente por su trabajo periodístico. “Había llegado a una fuerte convicción de que había hecho una enorme investigación y decidí hacer una denuncia y entregar mi trabajo periodístico para que la Justicia […] lo investigue”, afirmó.
“Hablé con él [Stornelli] porque estaba investigando en esta causa de Gas Licuado a varios de los que estaban en mi trabajo de investigación”, afirmó el periodista.
Por temor, en un primer momento consideró hacer la pesquisa bajo identidad reservada. “Pensé mucho en la protección de mis hijos -dijo-. Conocía la conducta de los políticos investigados, pero no la de los empresarios”.
Relató también que, por octubre de 2019, una persona que no conocía lo contactó por “la causa cuadernos” y le devolvió 6 de las 8 libretas originales.
Fue un encuentro veloz, en una esquina cerca del diario, según habían convenido. El hombre le entregó una bolsa con el material y se fue. “Eran los mismos; los seis con los que yo había trabajado. No me dijo nada, de dónde habían salido, nada”, contó Cabot. Tras meditarlo, el periodista contó que resolvió llevarlos también a la Justicia.
Ante otra consulta de la fiscal León, relató que nunca había sido imputado en ninguna causa, pero que sí había sido impulsor de varias, en respuesta a los muchos robos y aprietes que sufrió en los últimos siete años. “Busqué que se imputara a algunos y nunca lo logré”, afirmó.
Preguntas
La defensa de Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores, lo consultó sobre su relación y contactos con Bacigalupo y el fiscal Stornelli, sobre posibles tachaduras en los cuadernos y sobre otros aspectos de su trabajo como reuniones con colegas o autoridades del diario.
El periodista contestó esas y otras preguntas y sostuvo siempre que el foco de su investigación estuvo puesto en comprobar si el contenido de los cuadernos era o no “veraz”, y que por eso se había reunido con empresarios y otras fuentes.
Se negó a contestar, en tanto, con qué empresarios se había reunido durante su investigación, amparado en el derecho a no revelar las fuentes periodísticas.
La abogada de Baratta, la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, se opuso y pidió al Tribunal que “ordene” a Cabot responder esa pregunta. Otras defensas se sumaron al pedido de Gómez Alcorta, se abrió un incidente y el tribunal, después de una hora de deliberación, resolvió en favor del periodista, que no debió finalmente revelar sus fuentes.
En respuesta a una pregunta del abogado Juan Manuel Ubeira, Cabot dijo no saber si existió una presión por parte del fiscal Stornelli sobre los imputados para convertirse en arrepentidos.
Con la declaración de Cabot se puso en marcha una extensa ronda de testigos que dominará el juicio oral durante los próximos meses. En un principio, la fiscal León había solicitado la declaración de casi 900 testigos, aunque este martes desistió de un grupo de casi 100 personas.
En tanto, las declaraciones de los periodistas Ini y Nasra se postergaron para la próxima audiencia del jueves.
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POLITICA
Gisela Scaglia: “El Gobierno demostró que es más casta que lo que quiso combatir”

Gisela Scaglia opinió sobre la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y afirmó que debe dar un paso al costado, ya que, según su mirada, los problemas judiciales del funcionario están socavando la credibilidad del gobierno de Javier Milei frente a quienes apostaron al cambio prometido en campaña. La diputada nacional por Santa Fe del bloque Provincias Unidas pasó por Infobae al regreso y fue contundente: “Si creías en el proyecto antes que en vos mismo, tenés que defenderlo. Y hoy la gente necesita creer que ese cambio valió para algo”.
La legisladora santafesina disparó contra la lógica que, a su juicio, se instaló en la cúpula del Ejecutivo nacional. Según Scaglia, el vínculo entre el presidente y su jefe de Gabinete se invirtió de manera llamativa: ya no es Adorni quien protege a Milei, sino el presidente quien sale a respaldar a su funcionario. “El jefe de Gabinete ya no es más un fusible del gobierno, hoy el gobierno lo defiende al jefe de Gabinete, por lo tanto, ese rol dejó de existir en la Argentina”, señaló. Y fue más lejos: “Si uno mira a Milei yendo a respaldarlo, ya te das cuenta que cambió un poco la lógica, se invirtieron los roles”.
Para la diputada, esa inversión de roles tiene un costo político que termina recayendo sobre el propio presidente. “Al final del día, el costo siempre lo va a pagar el gobierno”, sostuvo, y vinculó ese deterioro con algo que considera más profundo que cualquier escándalo puntual: la pérdida de confianza. “¿Por qué te voy a creer en el plan económico? ¿Por qué te voy a creer con esto que vos me dijiste que iba a pasar?”, planteó.
Scaglia enmarcó su reclamo de renuncia en el contrato simbólico que el gobierno firmó con sus votantes. La casta, los privilegios, la mano en la lata: esas fueron las promesas que movilizaron a millones de argentinos. Traicionarlas, dijo, tiene consecuencias. “Sos más casta que la casta que quisiste combatir”, afirmó sobre quienes, frente a una sospecha instalada, eligen quedarse en el cargo antes que proteger el proyecto que juraron defender. Y recordó el sacrificio que implicó sostener ese proceso: “¿Vos sabés el sacrificio que hizo mucha gente en la Argentina para sostener esto y llegar hasta acá?”.
La diputada reconoció que hay una lógica de resistencia dentro del gobierno —un “no me van a ganar”— pero advirtió que esa postura termina siendo contraproducente. Lo peor para la economía, insistió, es la desconfianza. Y la desconfianza crece cuando quienes prometieron transparencia no dan respuestas.
Dentro del PRO, partido del que Scaglia forma parte aunque no integra su bloque legislativo, la situación también genera tensiones. La legisladora reconoció diferencias internas, pero reivindicó lo que considera una convicción compartida: “El PRO ha sido un defensor siempre de que cuando pasó algo hay que ir a la Justicia y rendir cuentas”. Citó al expresidente Mauricio Macri como referencia: “Cada vez que le pasó algo dijo: ‘Soy el primero que muestro todo y que aclaremos la situación’”.
Desde esa perspectiva, Scaglia también puso el foco en la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Santa Fe, dijo, atraviesa una cosecha récord, hace obra pública y mantiene el esfuerzo fiscal, pero no recibe la contraparte en transferencias de recursos. “Los gobernadores del PRO la están peleando en su territorio con una situación crítica que tiene que ver con los recursos que no se transfieren y que te parece injusto”, planteó.
En ese marco, presentó un proyecto para modificar el esquema de retenciones, al que describió como un sistema que va en contra de quienes quieren producir más. “El campo es el motor de nuestro país”, afirmó, y señaló que cuando se le da herramientas al productor, el derrame es inmediato: compra maquinaria, invierte, genera actividad. Puso a Santa Fe como ejemplo de una provincia que eximió de ingresos brutos a los componentes productivos más relevantes, un modelo que, a su juicio, el gobierno nacional no replica.

También cuestionó que los grandes instrumentos de incentivo a la inversión —el RIGI y el RIMI— estén diseñados para la minería y el petróleo, pero no para el agro. “Vos también hoy tenés productores agropecuarios que tienen grandes inversiones o que las podrías tener, que les ponés la mano en el bolsillo y no le das ningún incentivo”, señaló.
La diputada reclamó una reforma tributaria de fondo que siente a la Nación y las provincias en la misma mesa. Una reforma que contemple cómo se coparticipan los impuestos, cómo se financia la educación, la salud y la seguridad en territorios alejados de los grandes centros urbanos. “Para tener ingresos brutos a cero tenemos que ver cómo coparticipamos impuestos para que yo pueda tener una escuela abierta”, ejemplificó.
Scaglia cerró con una defensa de las pymes industriales de su provincia, muchas de ellas con décadas de historia familiar, que hoy no saben si pueden mantener las puertas abiertas. “Esta es la patria PYME que tiene la Argentina”, dijo, y fue por ellas que insistió en la necesidad de que el gobierno tome decisiones que estén a la altura del sacrificio de quienes sostienen la economía real.
POLITICA
Piden la detención del financista de Chiqui Tapia y la AFA

La fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA pidieron hoy la detención de Ariel Vallejo, el financista de la AFA cercano a Claudio Chiqui Tapia.
El financista y su madre, Graciela Vallejo, debían presentarse a declarar por la mañana. Como no aparecieron, la fiscal pidió su detención.
Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.
Vallejo es el titular de Sur Finanzas, la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield.
Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba sólo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.
Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del BCRA. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.
La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.
Ante el pedido de detención de Incardona, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, resolvió darle tiempo hasta mañana para que Vallejo se presente. De lo contrario, avanzaría con la detención.
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