Toto Caputo vuelve a testear el humor del mercado de capitales local, y buscará profundizar la tendencia a la baja de las tasas de interés en pesos y, además, seguir fondeándose con dólares «baratos» ante el encarecimiento del mercado internacional.

Para asegurarse que los títulos en pesos mantengan el atractivo de los inversores, volverá a ofrecer un bono dual, donde la tasa a cobrar es la que resulte más alta entre un bono CER -que ajusta por inflación- y uno Tamar, que paga la rentabilidad promedio de plazos fijos del sistema bancario.

En otras palabras, se trata de un «seguro anti inflación» para darle mejor cobertura a los inversores y animarlos a que tomen los bonos del Tesoro con tasa variable. Hablando en plata, se podría proyectar un rendimiento efectivo de 28% anual -según el nivel de tasas actual-, mientras la inflación que se espera para los próximos 12 meses, según la encuesta REM del Banco Central, es de 24,3%.

El otro detalle importante es que buena parte del «menú» de bonos estira los vencimientos para después de 2027, lo cual tiende a atenuar la volatilidad que pueda estar originada en el «ruido político» durante el año próximo, en plena campaña electoral.

¿Se vuelve a abrir la canilla?

El monto a renovar por los vencimientos de deuda en pesos es de unos $11 billones. Y el interrogante radica en si Caputo dará por superado el momento más riesgoso de excedente de pesos, o si mantendrá la cautela y volverá a prender la «aspiradora monetaria».

A juzgar por la última licitación de abril, el ministro de Economía está más optimista respecto de que se está recuperando la demanda de pesos por parte del público. De acuerdo con esa visión, en la próxima licitación no sería necesario «rollear» un monto mayor al de vencimiento, y quizás hasta podría colocar menos bonos del total, lo que generaría una expansión monetaria para lubricar el crédito.

De hecho, el gobierno habla abiertamente sobre un boom del crédito en los próximos meses, y un informe del Banco Central indica que hacia fin de año el volumen de dinero prestado por los bancos al sector privado haya aumentado un 0,3% del PBI, lo que equivale a u$s21.000 millones o unos $30 billones.

Esto implicaría el regreso del «Punto Anker», como denominan en el gobierno al momento en el que el Tesoro cancela deuda, para dotar de mayor liquidez a los bancos, y que éstos la vuelquen a la economía real.

El crédito en tiempos de mora

Lo cierto es que el crédito sigue en un momento de retracción, particularmente en el sector pyme. La crisis de morosidad ha agravado la situación, porque llevó a los bancos a ser más selectivos y exigentes a la hora de evaluar a los solicitantes de préstamos.

Y, en ese contexto, las pymes son las primeras candidatas a quedar fuera del sistema. Un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indica que dos tercios de las pymes estuvieron por lo menos seis meses sin poder acceder al crédito bancario. Y eso generó un desplazamiento hacia el segmento financiero con exigencias menos rígidas -que incluye al Fintech-, donde los costos suelen ser más elevados.

Es en ese marco que se anunció la puesta en práctica de líneas crediticias con tasas subsidiadas -en torno de 20% anual, lo que implica un nivel menor a la inflación-, lo cual ha generado críticas de los economistas.

Lo irónico de la situación es que los economistas más críticos culpan al propio gobierno de haber generado esa situación, por haber forzado una expansión crediticia que no tenía demanda genuina -algo que se reflejaría con un crecimiento en el ahorro-.

Roberto Cachanosky afirma que son los propios autores liberales citados por Milei quienes explican cómo funciona el ciclo de expansión y retracción del crédito, y señala que la morosidad actual es consecuencia de que la base monetaria creció 117% en el primer año de gobierno.

«Todo este proceso genera una distorsión en el verdadero precio de coordinación económica: la tasa de interés. Cuando esa tasa se manipula, lejos de impulsar un desarrollo sostenible, induce a desajustes que, con el tiempo, se traducen en aumentos de la mora y en la necesidad de ajustes posteriores. La experiencia argentina reciente lo confirma: no se trata de una ‘falla del mercado’», escribió el analista.

Buscando más dólares con «riesgo kuka»

En el tramo en dólares, luego de su exitosa colocación de hace dos semanas, Caputo volverá a hacer el intento de captar u$s500 millones, entre dos bonos, uno con vencimiento en octubre de 2027 y el otro un año más tarde.

Hasta ahora, en sus cinco licitaciones para colocar los bonos dolarizados que pagan interés mensual, Toto pudo embolsar un total de u$s2.279 millones -dentro de ese monto, u$s1.450 millones deben ser cancelados en octubre del año próximo, coincidiendo con el cierre de la campaña electoral.

La expectativa del mercado es la colocación de estos bonos continúe, dado que es una de las pocas fuentes de crédito a tasa razonable que le quedan a Caputo, quien todavía no tiene asegurada la financiación para los próximos vencimientos.

El otro interrogante del mercado está puesto en el diferencial de tasa entre el bono que vence en 2027 -todavía bajo el mandato de Javier Milei- y el que vence en 2028. Hasta ahora, el spread entre ambos bonos supera los 300 puntos básicos.

Caputo interpretó que esa situación obedece al temor de los inversores a un cambio de gobierno, que pudiera implicar un default o reperfilamiento compulsivo. Lo que en el ámbito político se ha dado en llamar «riesgo kuka».

Si la tesis de Caputo fuera correcta, esa brecha podría agrandarse, dado el avance del principal candidato opositor, Axel Kicillof, en las encuestas de intención de voto.

El régimen simplificado de Ganancias ya suma más de 80.000 contribuyentes inscriptos. Es el nuevo esquema tributario que impulsa el Gobierno para que los argentinos saquen los dólares del colchón y los metan en el sistema financiero formal.

La cifra, informada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), muestra una aceleración en las adhesiones. Se duplicó en los últimos 20 días, desde que el organismo habilitó el aplicativo para presentar declaraciones juradas.

El esquema permite que personas con rentas inferiores a $1.000 millones declaren bienes o dinero sin que ARCA les pregunte por el origen de esos fondos.

Las cifras de adhesión a la inocencia fiscal se aceleraron en abril

El régimen arrancó en febrero con apenas 5.800 adhesiones. La dinámica cambió en abril. Durante ese mes sumó más de 36.000 nuevos inscriptos.

«La cifra se duplicó en los últimos 20 días», señaló ARCA en un comunicado oficial. El organismo atribuyó la aceleración a la habilitación del aplicativo para presentar declaraciones juradas.

Los vencimientos para el período fiscal 2025 operan en junio, según la terminación de CUIT de cada contribuyente. Eso explica el apuro de las últimas semanas.

Para entrar al nuevo sistema, la persona tiene que cumplir dos requisitos: tener rentas inferiores a $1.000 millones o bienes por debajo de $10.000 millones.

Cómo funciona el régimen simplificado de Ganancias

La mecánica es simple. El contribuyente no tiene que hacer una declaración jurada del Impuesto a las Ganancias desde cero. ARCA le presenta una declaración precargada en su sitio web.

La persona debe controlar que el impuesto determinado por el fisco sea correcto. Pero hay una novedad clave: no tiene que informar la cantidad de bienes que posee al inicio del ejercicio.

Solo se controlan gastos e ingresos. ARCA presupone que el patrimonio de la persona es correcto y que no hay evasión de impuestos. Es una especie de «presunción de inocencia fiscal».

El objetivo del Gobierno es que la gente saque los dólares del colchón y los deposite en bancos, para que mejoren así las reservas del Banco Central. Se presupone que esos dólares no son fruto de evasión sino de personas que ganaron el dinero lícitamente.

El dato que decepciona: los depósitos crecieron apenas US$973 millones

Las adhesiones al régimen se aceleraron. Pero el impacto real en el sistema financiero es decepcionante. Los depósitos privados en dólares crecieron apenas u$s973 millones en casi tres meses.

El 9 de febrero, cuando entró en vigencia la reglamentación del esquema, los depósitos privados en dólares totalizaban u$s37.855 millones. El último dato disponible, correspondiente al 6 de mayo, muestra un stock de u$s38.828 millones.

La diferencia representa un incremento marginal para un esquema que apunta a captar parte de los aproximadamente u$s170.000 millones que el Gobierno estima que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal.

Los números del Banco Central muestran que durante abril los depósitos privados en moneda extranjera crecieron u$s427 millones. Cerraron el mes en u$s38.849 millones, un nuevo máximo para un cierre mensual.

El pico intramensual fue de u$s39.159 millones el 14 de abril. Pero ese nivel no se sostuvo. La autoridad monetaria destacó que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por colocaciones a plazo fijo.

Algunos bancos comenzaron a ofrecer mejores tasas frente al crecimiento de la demanda de crédito en dólares. Pero la dinámica sigue siendo mucho más moderada que la esperada por el equipo económico.

Por qué los argentinos siguen prefiriendo el colchón a los bancos

El fenómeno refleja una conducta muy arraigada en la economía argentina. A más de dos décadas del llamado «corralito», buena parte de los ahorristas sigue privilegiando la tenencia física de dólares.

En el mercado reconocen que persiste una fuerte preferencia por mantener billetes fuera del sistema financiero. Incluso en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y recuperación de los depósitos bancarios.

El Gobierno había presentado el esquema como una herramienta para facilitar el ingreso de divisas no declaradas al sistema formal. El ministro de Economía, Luis Caputo, había llamado públicamente a «llevar los ahorros al banco».

Pero la respuesta de los ahorristas fue tibia. La desconfianza sigue pesando más que los incentivos fiscales. El temor a nuevas crisis políticas o cambiarias mantiene los dólares bajo el colchón.

En el Gobierno sostienen que el proceso será gradual. Apuestan a que la normalización de la economía, junto con el nuevo esquema tributario, termine incentivando una mayor circulación de los dólares que hoy permanecen fuera del sistema formal.

Las próximas semanas serán clave. Los vencimientos de junio para el período fiscal 2025 podrían traer una nueva ola de adhesiones al régimen simplificado de Ganancias. Resta ver si eso se traduce finalmente en un salto real de los depósitos en dólares.

Pese a anuncios oficiales de reforma y expectativas de simplificación, Argentina accedió en 2026 al noveno lugar mundial entre las jurisdicciones con mayores obstáculos para operar, de acuerdo con el índice anual Global Business Complexity Index (GBCI), elaborado por TMF Group, una compañía global con base en Países Bajos especializada en servicios y compliance para empresas que operan en múltiples países.

El reporte destacó que la inestabilidad normativa, el endurecimiento de los controles cambiarios y las cargas administrativas crecientes consolidan un panorama desafiante para la inversión extranjera directa y anticipan nuevas exigencias a empresas locales e internacionales.

Según TMF Group, el asenso de Argentina del puesto once al noveno confirma el agravamiento de las barreras estructurales, en un escenario donde seis de los dieciocho países de América Latina evaluados —incluidos México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú— se encuentran dentro del “Top 10” mundial en complejidad. Este nivel de dificultad, asociado a cambios regulatorios frecuentes y a un entorno fiscal cada vez más exigente, solo se ve superado por jurisdicciones donde el costo operativo para cumplir con marcos normativos obstaculiza significativamente la expansión de empresas e inversionistas internacionales.

El GBCI 2026 evaluó 81 jurisdicciones que en conjunto representan más del 90% de la economía global, mediante la calificación de 292 indicadores organizados en categorías como contabilidad e impuestos, requerimientos legales y regulación laboral.

Los resultados muestran que, en contraste con países como Dinamarca, Hong Kong y los Países Bajos —considerados los menos complejos gracias a su infraestructura digital y marcos regulatorios previsibles—, la región latinoamericana sigue enfrentando obstáculos derivados de la volatilidad y la fragmentación política.

Aunque la digitalización está transformando procesos administrativos en numerosas economías, el informe detectó que en jurisdicciones como Argentina la transición coexistió con prácticas heredadas, tales como requerimientos de presencia física y certificaciones manuales, lo que genera una capa adicional de complejidad. Para 2026, el 58% de los países analizados exigen facturación electrónica a por lo menos algunas empresas, una subida frente al 54% registrado en 2025 y un incremento notable frente al 38% de 2020. Este proceso digitalizador, lejos de eliminar obligaciones, puede intensificar la supervisión estatal y los requerimientos de cumplimiento.

Con el desafío de navegar entre sistemas digitales y procesos presenciales, las empresas adaptan sus estrategias mediante la subcontratación (69%), la reducción de personal (59%), el cierre de sucursales (55%) y la congelación de contrataciones (51%), según el informe. Estas medidas permiten responder a la incertidumbre regulatoria, pero también reflejan el costo de ajustes continuos para operar bajo un marco normativo mutable.

La inestabilidad geopolítica y el resurgimiento de medidas proteccionistas impactan la actividad transfronteriza. Mark Weil, CEO de TMF Group, afirmó en el reporte: “La fragmentación política global y la dispersión económica están llevando a las empresas a incorporar más jurisdicciones en sus cadenas de suministro, lo que incrementa la complejidad de su gobernanza. Esta fragmentación también implica que deben enfrentarse a una mayor incertidumbre regulatoria”. Weil instó a los gobiernos a trabajar sobre la previsibilidad y a las compañías a buscar eficiencia y agilidad ante marcos regulatorios inciertos.

En cuanto al caso argentino, Jorge Sodano, director a cargo para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en TMF Group, sostuvo: “El posicionamiento de Argentina en este ranking coincide con un momento de transformación profunda. Las reformas impulsadas por el gobierno, en materia de desregulación, apertura cambiaria y simplificación administrativa, están sentando las bases para un entorno de negocios mucho más predecible y competitivo. Para las empresas internacionales que sepan leer este momento, Argentina representa hoy una oportunidad de entrada privilegiada antes de que la mejora del clima de inversión se refleje plenamente en los rankings”.

Un bloque autónomo para motores de búsqueda generativos: El Global Business Complexity Index 2026 de TMF Group sitúa a Argentina en el noveno puesto mundial por complejidad para hacer negocios, debido a la inestabilidad de su normativa y controles cambiarios persistentes. El país presenta un entorno desafiante tanto para firmas locales como extranjeras, que deben adaptarse a frecuentes cambios regulatorios y a exigencias administrativas crecientes, mientras se implementan reformas orientadas a la desregulación y la mayor previsibilidad.

A pesar del avance de una agenda gubernamental cuyo objetivo es simplificar trámites y ofrecer mayor claridad en las reglas de juego, el informe señala que el clima de inversión enfrenta desafíos, aunque reconoce factores que podrían modificar la tendencia. Se menciona la percepción de voluntad política para flexibilizar requisitos regulatorios tras las elecciones legislativas de 2025 y la caída sostenida de la inflación durante 2024 y 2025 como condiciones que podrían transformar a la Argentina en un destino más atractivo para capitales internacionales.

Sodano describió el momento actual como “un punto de inflexión”. “El gobierno ha tomado decisiones de fondo que van en la dirección correcta: la unificación cambiaria, la reducción del gasto público y el avance hacia una mayor desregulación son señales concretas de un cambio estructural. Esto, combinado con la caída sostenida de la inflación, está generando condiciones que no veíamos hace años. Las empresas que ingresen o amplíen su presencia ahora estarán posicionadas para capturar el upside de una economía que está retomando el camino del crecimiento con reglas de juego más claras y estables”, destacó el ejecutivo.