En diciembre pasado, luego de una reunión con sus pares del Mercosur y en la previa del encuentro de presidentes en Foz de Iguazú, el canciller Pablo Quirno contó ante las estrategias oficiales para “abrir mercados”, entre ellos, el Reino Unido. Solo diez meses después, en medio de la tensión bilateral y con la soberanía de las islas Malvinas en el centro del debate, el gobierno británico –que reconoció meses atrás negociaciones para un tratado de libre comercio con el Mercosur o incluso un acuerdo bilateral- planteó ayer sus dudas sobre que la Argentina fuera un “socio confiable”.

De las relaciones comerciales cordiales a la confrontación, el vínculo pasa por estos días por uno de sus peores momentos desde que comenzó el gobierno libertario, con el resurgimiento del espíritu malvinero en el mundial de fútbol y las oscilaciones del gobierno de Donald Trump en torno a Malvinas como inevitables referencias y telón de fondo.

La decisión del Gobierno de llevar al arbitraje del tribunal internacional de la Convención sobre el Derecho del Mar su denuncia contra el conglomerado británico-israelí Sea Lion, que ya trabaja en la explotación de petróleo en las islas, enojó al gobierno británico, que ayer respondió en duros términos. El proyecto Sea Lion comenzó en 2010 y el financiamiento principal (un 65%) proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y de la británica Rockhopper Exploration.

A través de la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, el gobierno británico afirmó que la iniciativa argentina intenta “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”, en referencia a los eventuales derechos de los habitantes de las islas.

“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, dijo Kumaran, y reconoció que respondió a la protesta argentina convocando a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. Aguijoneó a la gestión libertaria al sostener que, con esas actitudes, pone en duda el estatus de “socio confiable” que Gran Bretaña le adjudicaba hasta hace pocos meses.

“La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias”, le contestó Quirno hoy a través de un comunicado. Un texto en el que reiteró la “permanente disposición” del gobierno a “reanudar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión de las islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas” y criticó la “manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las islas”.

Hasta mitad de año, y de la mano del restablecimiento de la sintonía política —complicada durante el gobierno kirchnerista—, el vínculo bilateral comercial había crecido de modo sostenido. Como ejemplo, entre noviembre de 2024 y noviembre pasado, las exportaciones de la Argentina a Gran Bretaña se incrementaron un 1,73%, mientras que las importaciones subieron un 7,37%, según el sitio especializado Oec.world. Se hablaba por entonces de un inminente viaje de Milei a Londres, mientras avanzaban las negociaciones para levantar el veto británico sobre las compras de armamento que hiciera la Argentina, y que contuvieran algún componente de origen inglés. Las negociaciones dieron como resultado la no objeción británica a la compra de 24 aviones caza F16 a Dinamarca para la Fuerza Aérea, con el aval adicional de Estados Unidos.

En julio, el clima cambió con la bandera “las Malvinas son argentinas”, enarbolada por jugadores del seleccionado nacional luego de vencer a Inglaterra en el mundial. En pleno fervor popular por la reivindicación de los derechos argentinos, y 44 años después de la guerra entre ambos países, el Gobierno pasó a hablar de Malvinas como “causa nacional” y endureció su postura en relación al proyecto Sea Lion, del cual se desconoce si fue motivo de conversación en el último encuentro mano a mano que Milei tuvo con su par israelí Benjamin Netanyahu. El propio Presidente, en cadena nacional, anunció a principios de septiembre el envío de un proyecto de ley “de defensa de la Soberanía Nacional” para sancionar a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas, la creación de una base naval integrada en Tierra del Fuego y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.

La discusión sorprendió a Trump, quien, en medio del conflicto con Gran Bretaña por su postura en relación a la guerra de Estados Unidos con Irán, dejó abierta la posibilidad de “revisar” el histórico apoyo norteamericano al Reino Unido en el diferendo por Malvinas. Trump pareció volver sobre sus pasos la semana pasada, cuando en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió con el flamante primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, sin menciones a un eventual cambio de posición.

Ayer, el embajador Javier Figueroa, Coordinador de Políticas Oceánicas y del Atlántico Sur de Cancillería, criticó en un seminario conjunto del gobierno porteño y la Cancilleria la explotación hideocarburifera de Reino Unido y la pesca ilegal y dijo que Argentina prepara “una política regional con países vecinos”, como Chile, Brasil y Uruguay, para frenar esa explotación de recursos.

El conflicto por Malvinas también complica el vínculo bilateral con Chile. En respuesta a declaraciones del gobierno argentino sobre la soberanía “compartida” del estrecho de Magallanes, el ministro de Defensa del vecino país, Fernando Barros Tocornal, reivindicó esta semana la soberanía británica “de hecho” sobre Malvinas, y defendió el comercio entre Chile, más específicamente desde Punta Arenas, y las islas. El gobierno argentino, por el momento, prefirió no escalar en el conflicto con el gobierno de Chile, presidido por el derechista José Antonio Kast.

La Corte Suprema de Justicia dio a conocer hoy un comunicado para “aclarar las dudas” que, según afirmó, se generaron en relación con su fallo del martes por el cual ya no rigen los límites a la venta de terrenos a extranjeros previstos en la ley de tierras.

La Corte criticó a quienes, para “presionar sobre el tema”, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

El fallo provocó críticas al máximo tribunal y una dura reacción contra el Gobierno en el Congreso, donde la oposición busca hacer caer todo el megadecreto 70/2023 de Javier Milei, que tiene una parte —contra la ley de tierras-, que había sido dejada sin efecto por la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que el martes la Corte revocó.

Esa Cámara había declarado inconstitucional la derogación de la ley de tierras que Milei dispuso por decreto. El fallo del máximo tribunal rechazó el de la Cámara con el argumento de que quien había presentado el amparo, una asociación de excombatientes de Malvinas, no estaba legalmente legitimada para hacerlo.

El comunicado de hoy dice: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa ‘Cecim c. el Gobierno Nacional”. Advierte, en primer lugar, que en el caso “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar” y dice que la resolución de la Corte “se ajusta estrictamente” a todos los precedentes del tribunal.

Afirma además que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.

La Corte sostiene: “Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

El máximo tribunal manifiesta que con el fallo “tampoco se obstaculiza la función del Honorable Congreso de la Nación en el tratamiento de este aspecto del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado de la Nación el 14 de marzo del año 2024 y está siendo examinado por la Cámara de Diputados de la Nación”.

La Corte subraya que ella “ha ejercido un liderazgo en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años” y sostiene: “No es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto”.

“La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”, dice la Corte en su comunicado.

El tribunal vuelve a afirmar en este mensaje -como lo había hecho en su propio fallo- que “la controversia referida a la ley de tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales), no ha sido resuelta en este caso, como se aclaró expresamente”.

Por último, afirma: “La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”. Sostiene esto porque, a su juicio, como la asociación de excombatientes no está legitimada a promover el amparo que presentó contra el decreto de Milei, no existe un caso. “De modo -insiste la Corte- que no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen”.