El Gobierno evalúa incluir cambios en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que enviará al Congreso antes del 15 de septiembre. En el Ejecutivo sostienen que es una de las opciones sobre la mesa para reducir el impacto fiscal de dos normas que el oficialismo intentó modificar en diciembre de 2025, pero no logró sostener en la votación particular del Presupuesto 2026.

La decisión todavía no está cerrada. En despachos oficiales advierten que la posibilidad “persiste”, pero dependerá de que la mesa política consiga antes los consensos necesarios con gobernadores y bloques aliados. “En diciembre de 2025 se intentó y no se pudo”, expresan en Nación.

El diagnóstico interno es que aquella derrota combinó impericia, exceso de confianza tras la victoria electoral y falta de trabajo previo con los mandatarios provinciales. La Casa Rosada había incluido en el Presupuesto 2026 un capítulo para derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ambas vetadas por Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso. Diputados aprobó el Presupuesto en general, pero rechazó ese tramo en particular.

En Balcarce 50 ahora buscan evitar que se repita ese escenario. La idea es llegar a septiembre con acuerdos políticos más firmes, especialmente con gobernadores que puedan acompañar la reforma electoral, el Presupuesto y otras iniciativas económicas. En Nación creen que, si esos mandatarios quedan alineados con Milei de cara a 2027, tendrán menos incentivos para votar en contra de una ley clave para el oficialismo.

El proyecto presupuestario aparece como la herramienta más viable para ordenar la discusión fiscal. En el entorno del jefe de Estado sostienen que el debate sobre universidades y discapacidad debe quedar dentro del cálculo general de recursos y gastos, y no avanzar por leyes específicas que generen aumentos de gasto por fuera de la programación financiera del Estado.

La situación universitaria es el frente más judicializado. La Corte Suprema dejó firme una cautelar que obliga al Gobierno a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de becas estudiantiles. El fallo no resolvió el fondo de la controversia, pero mantuvo vigente la orden mientras sigue el expediente.

En el Ejecutivo remarcan que la decisión de la Corte no implica todavía una sentencia definitiva sobre toda la ley. “No es el costo total de la ley, es un costo parcial”, explican en Nación. La discusión alcanza por ahora a los artículos sobre salarios y becas, aunque el expediente sigue abierto y puede condicionar la estrategia presupuestaria de 2027.

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La Casa Rosada ya había intentado descomprimir el conflicto con un acuerdo parcial con las universidades: una recomposición salarial del 24,33%, una suba del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una mejora en becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las universidades no retiraron el reclamo judicial y advirtieron que ese entendimiento no implicaba cumplir la ley vigente.

En Discapacidad, la mesa política también busca rediscutir el esquema dentro del Presupuesto. El oficialismo ya había enviado un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, con foco en auditorías, reempadronamiento, incompatibilidades para pensiones no contributivas por invalidez laboral y revisión del financiamiento. La intención oficial es acotar el costo fiscal y reforzar controles sobre beneficios.

La estrategia forma parte de una negociación más amplia. En Balcarce 50 quieren remitir el Presupuesto 2027 con un acuerdo macro con varios gobernadores aliados para sostener reformas hasta, por lo menos, marzo. En Nación creen que ese entendimiento debe incluir votos para la reforma electoral, acompañamiento presupuestario y respaldo a proyectos sensibles que puedan generar resistencia sectorial.

El Gobierno calcula que la reforma electoral debe quedar sancionada antes del envío del Presupuesto o, al menos, llegar a septiembre con una negociación muy avanzada. La suspensión o eliminación de las PASO es una prioridad para la mesa política, que entiende que esa reforma ordenará el tablero electoral y permitirá cerrar acuerdos de competencia con mandatarios provinciales.

La discusión presupuestaria también estará condicionada por el frente fiscal. El informe de avance del Presupuesto 2027 sostiene que el proyecto se remitirá antes del 15 de septiembre y que mantendrá el compromiso con el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica. Además, anticipa metas orientadas a aumentar actividad, empleo e ingresos reales, junto con una fuerte desaceleración de la inflación.

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En la ejecución acumulada a mayo de 2026, el Ejecutivo registró un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,6 billones. En ese mismo período, las transferencias a universidades nacionales alcanzaron $1,95 billones, con una ejecución del 37,3% del crédito vigente, mientras que las prestaciones de la seguridad social —que incluyen pensiones no contributivas por discapacidad— fueron el principal factor de aumento del gasto primario.

En la Casa Rosada creen que esos números refuerzan la necesidad de ordenar cualquier modificación de gasto dentro del Presupuesto. El razonamiento oficial es que, si el Congreso obliga a aplicar leyes con impacto fiscal sin fuentes claras de financiamiento, el oficialismo deberá compensar con recortes en otras partidas o con una reestructuración más amplia del programa de gastos.

La definición final dependerá del acuerdo político. En Balcarce 50 quieren evitar otra derrota como la de diciembre y llegar al debate de 2027 con una coalición legislativa más disciplinada: gobernadores con incentivos electorales, reformas encaminadas y un Presupuesto que funcione como instrumento para encuadrar universidades, discapacidad y el resto de las prioridades fiscales.

Gobierno, Discapacidad, universidades

El sector más extremo del cristinismo endurece cada vez más su postura respecto al escenario electoral del año que viene y el proceso de reorganización del peronismo. Para La Cámpora y los dirigentes que orbitan a su alrededor no hay otro candidato a presidente posible que no sea Cristina Kirchner. Aunque esté condenada y detenida. Las expresiones se repiten en las voces más potentes del espacio. Cada día. Cada semana.

Para ese esquema político Axel Kicillof no solo no es el candidato a presidente del peronismo, sino que, además, es un traidor. El miércoles se encargó de marcarlo con una parábola histórica el diputado provincial Facundo Tignanelli, cuando comparó al gobernador bonaerense con el sindicalista Augusto Vandor.

El entonces secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue asesinado por la izquierda peronista en 1969, acusado de traidor. Tal es así que la misión para matarlo fue denominada “Operativo Judas”, en referencia al apóstol que traicionó a Jesús. Fue uno de los impulsores de lo que se denominó un “peronismo sin Perón”. Hace poco desde La Cámpora aseguraron que Kicillof está construyendo un “kirchnerismo sin Cristina”.

“Tenemos historia de revertir las realidades que nos explican desde el posibilismo que no se puede. Soy de una familia peronista de La Matanza. Mis abuelos militaron la Resistencia Peronista creyendo y trabajando para que Perón vuelva, no para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor”, fue la explicación que dio Tignanelli durante una entrevista con Futurock.

El diputado camporista, que forma parte de la mesa chica de Máximo Kirchner, apuntó contra quienes ven como “una utopía pensar que Cristina pueda ser candidata” y buscan “una alternativa”, como en su momento hizo Vandor, siguiendo el paralelismo histórico, que entendía que Perón había cumplido su ciclo.

La molestia de Tignanelli se manifestó también en una afirmación que relacionó la decisión de Kicillof, de no visitar a la ex presidenta, con la situación económica y social de la Argentina. “Desde que Axel tomó distancia de Cristina, cada vez le fue peor al pueblo argentino. No sé en qué momento vio Axel que tenía que tomar distancia de Cristina y eso no fue bueno para el país”, señaló. La interna rompe límites todo el tiempo y deja en el aire definiciones que multiplican la polémica.

La diputada nacional y secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, también le apuntó al gobernador bonaerense sin nombrarlo. “No creo que alcance con decir Estado presente o defendamos esto. Hay que discutir las medidas que hay que tomar. Hay que enfrentarse a sectores muy poderosos y no veo tan claro que todos se animen. Es una discusión de ideas”, sostuvo durante una entrevista con el canal de streaming LACA.

“La que crece en las encuestas es Cristina, a pesar de que la han perseguido y violentado. Son cada vez más los argentinos que la quieren votar. Lo vemos en la calle y en las encuestas. Sigue siendo la que representa una esperanza. No estamos dispuestos a aceptar que ella no esté en la cancha”, afirmó la legisladora.

En el cristinismo sostienen la idea de que el gobierno que viene, en el caso de ser opositor, no tendrá legitimidad si la ex presidenta no es liberada. Tiempo atrás lo puso en palabras el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli, en la previa de una reunión del PJ Nacional: “Va a ser un candidato trucho el que esté el año que viene, porque ella está proscripta. Es una democracia inconclusa si ella está presa”.

El cristinismo plantea que no hay otro candidato posible que no sea Cristina Kirchner y que si ella está presa, la democracia es trucha y el candidato que represente al peronismo no será del todo legítimo. En ese lugar se van atrincherando, discursivamente, cada vez más. Entonces, la amenaza de una ruptura con otros sectores del peronismo empieza a tener más consistencia.

Si Kicillof no es el candidato posible y tampoco lo es alguien del PJ Federal, a los que acusan de no tener fuerza para enfrentar a los poderes y de ser acomodaticios frente al círculo rojo, las posibilidades de un candidato aceptado se reducen en un gran porcentaje. O es CFK o es Máximo Kirchner, que ayer volvió a hablar en público y sumó su cuarto acto como orador principal en lo que va del año.

Algunos dirigentes cristinistas creen que lo mejor es un candidato puro. Mayra Mendoza fue tal vez la que mejor lo expresó en sus redes sociales: «Hay una receta para cumplir con nuestras obligaciones como país, primero con la gente y luego el resto: CRISTINA LIBRE y KIRCHNER para la Argentina». Esa es la receta del cristinismo en este tiempo.

La tesis del camporismo es que Cristina Kirchner es la que más mide en las encuestas, la que conduce a la mayor parte del peronismo, la que tiene mayor experiencia y la que tiene mayor influencia en el electorado de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del padrón. En el resto del peronismo discuten casi todas esas afirmaciones. No hay unidad y, sobre todo, hay un hartazgo creciente en la convivencia política puertas adentro del justicialismo.

“Si alguien va camino a pelear la presidencia de la Nación, no puede negar o prescindir de Cristina”, explicó, hace un tiempo, Teresa García. El mensaje fue para Kicillof, al que le reprochan no ir a ver a la ex mandataria desde octubre del año pasado, y argumenta la postura que atraviesa a todo el cristinismo respecto a ese vínculo tan complejo y al proyecto electoral que tienen en mente. Por eso para todo ese espacio el gobernador bonaerense es, en definitiva, “un candidato por default”, tal como dijo Máximo Kirchner.

Para el camporismo no hay candidato que no sea Cristina Kirchner. Ahí está anclada su postura, su militancia política y su capacidad de negociación hacia adelante. Le reclaman a todas las vertientes del peronismo que levanten la bandera de la libertad y la inocencia de la ex presidenta. Pero esa postura, en los hechos, y teniendo en cuenta la amplitud del peronismo a nivel nacional, la tiene un sector minoritario del movimiento político.

Los representantes de otras líneas internas piden por la libertad de la ex jefa de Estado cuando se los preguntan en algún medio de comunicación o sostienen que la causa judicial esta amañada. Pero no lo mantienen en el vértice de la agenda política, tal como lo pide el cristinismo. Entonces, las exigencias aumentan pero las respuestas no cambian. Esa dinámica provoca cada vez más tensión y rispideces, y empuja a los representantes ultra K a pelear por la instalación de su causa política.

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Tras participar del acto por la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán junto a Javier Milei, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, tomó distancia este jueves del proyecto del Gobierno para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque dejó abierta la posibilidad de acompañar una nueva suspensión. “Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, afirmó. Además, consideró que “son una buena herramienta”.

La definición se dio en un momento en el que la Casa Rosada busca reunir apoyos para avanzar con la reforma política que el presidente volvió a colocar entre sus prioridades legislativas y luego de que Milei pidiera públicamente el respaldo de los gobernadores para impulsar el paquete de proyectos que enviará al Congreso. Entre esas iniciativas figura la eliminación de las PASO, una propuesta que todavía requiere acuerdos parlamentarios con fuerzas políticas y mandatarios provinciales.

Sadir sostuvo que el tema fue parte de las conversaciones que mantuvieron los gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y también de los intercambios con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una posición cerrada. “Hemos hablado bastante de ese tema con Santilli, pero obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso. Sobre todo, me parece que demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.

La posición del mandatario jujeño introduce un matiz dentro del grupo de gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada. Si bien acompañó distintas iniciativas del oficialismo en el Congreso, en este caso dejó en claro que no comparte la eliminación permanente del sistema de primarias. La discusión volverá a quedar en manos del Congreso, donde el oficialismo necesitará construir mayorías para avanzar con una de las reformas que Milei incluyó entre las prioridades de la nueva etapa de su gestión.

El diálogo con la Casa Rosada

Además de referirse al debate electoral, Sadir valoró el vínculo que mantiene con el Gobierno nacional y consideró que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete puede fortalecer esa relación. “Está bien que haya más diálogo porque es lo que necesitamos”, afirmó.

El gobernador también relativizó la posibilidad de que hubiera existido una reunión política con Milei durante el acto realizado en Tucumán. “No hubo una charla a solas”, dijo, y explicó que, una vez finalizado el Himno Nacional, el Presidente “saludó a todos y se fue”.

Sobre el discurso presidencial, sostuvo que Milei realizó “una breve reseña de algunos puntos” incluidos en el Pacto de Mayo y repasó parte de la agenda legislativa que el Gobierno pretende impulsar en las próximas semanas. Según señaló, el mensaje también incluyó un agradecimiento a los gobernadores que acompañaron distintos proyectos oficiales.

Entre esas iniciativas, Sadir destacó la Ley de Modernización Laboral, al considerar que las modificaciones “favorecen las inversiones” y actualizan el marco normativo.

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