POLITICA
Quién ganó en las elecciones del Colegio de Abogados de Capital Federal
Las elecciones en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) se llevaron a cabo entre el 21 y 22 de abril en su sede de Av. Corrientes 1441, CABA. En ese sentido, fue electa la primera mujer que presidirá la institución.
Según datos oficiales que publicó el Cpacf, ganó la Lista 67 “Unidad en Defensa de la Abogacía”, liderada por la doctora Alejandra García, quien fue elegida como la primera presidente mujer de la institución en sus 41 años de historia. El oficialismo ―una coalición de 12 agrupaciones integrada por radicales, miembros de Pro, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional― obtuvo 47,38% de los votos para Consejo Directivo, el 47,35% para Tribunal de Disciplina y el 47,42% para Asamblea de Delegados. De esa forma, se consolidó como la fuerza más votada en las tres categorías.
En segundo lugar se ubicó la Lista 47, “Gente de Derecho”, con el 24,90% en Consejo Directivo, el 24,86% en Tribunal de Disciplina y el 24,80% en Asamblea de Delegados. Por su parte, la Lista 66 “Espacio Abierto de Abogados” alcanzó el 10,99% en Consejo Directivo, el 11,01% en Tribunal de Disciplina y el 11,02% en Asamblea de Delegados.
La Lista 68 “Por más abogacía” ―identificada con el kirchnerismo y encabezada por Eduardo Javier Lema Castillo como candidato a presidente― obtuvo el 10,37%, 10,44% y 10,45% en cada una de las categorías, mientras que la Lista 69, “Los que vemos el Colegio”, registró el 5,42% en Consejo Directivo, el 5,43% en Tribunal de Disciplina y el 5,42% en Asamblea de Delegados.
De esa forma, Alejandra García sucederá a Ricardo Gil Lavedra, que la acompañó en la lista y celebró el triunfo. Se impuso a dos expresidentes de la institución: Jorge Rizzo, que buscaba regresar con su agrupación Gente de Derecho, y Eduardo Awad, por la lista Los que Vemos el Colegio.
La abogada es graduada por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con más de 30 años de ejercicio profesional. Actualmente, ocupa el cargo de coordinadora Legal y Técnica de la institución.
En declaraciones a la prensa, la doctora García aseguró que “el resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años junto a Ricardo Gil Lavedra: un Colegio Público de la Abogacía que se ordenó, modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”. Luego, prometió “seguir adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión”.
Cuando se le consultó sobre el hecho de ser la primera mujer en presidir el Colegio Público, subrayó: “Quiero asumirlo con la conciencia de que no es un mérito individual. También es resultado de una forma de conducir que llevó adelante Ricardo Gil Lavedra, que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es, además, parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad”.
Según la información oficial, votaron 16.554 abogados en la elección, aproximadamente unos 3000 matriculados más que en 2024. Gil Lavedra expresó su satisfacción por “la enorme participación de letrados que han venido masivamente a apoyar este rumbo de gestión”.
elecciones en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal,datos oficiales que publicó el Cpacf,Ver esta publicación en Instagram,Una publicación compartida de ABOGADOS EN ACCIÓN CABA (@aeacaba),Agenda,Ciudad de Buenos Aires,,Fecha confirmada. Cuándo es la marcha universitaria,,“Cuidar esa herencia”. Estas son las obras de restauración de una de las mayores joyas arquitectónicas de la Ciudad,,Oficial. Cuándo son las vacaciones de invierno en CABA,Agenda,,Quini 6. Cuáles fueron los números de la suerte en el sorteo del miércoles 22 de abril,,Fechas exactas. Cuándo son las vacaciones de invierno en Santa Fe,,Para tener en cuenta. Estos son los días no se trabaja por los feriados de mayo
POLITICA
Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.
En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.
La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.
En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.
Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.
El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
Los reclamos por los salarios y las becas universitarias
El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.
El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.
La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.
POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso
La apelación del Gobierno Nacional contra el fallo que ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario volvió a tensar el conflicto con las universidades. La disputa abarca el destino de los recursos, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, mientras el sistema universitario prepara una movilización al Congreso el 15 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que busca demorar la vigencia de una norma sancionada y luego ratificada por el Congreso.
“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó en Infobae Al Amanecer.
El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se había frenado su aplicación. Según planteó, el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado.
La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario
Cagnacci afirmó que el fallo judicial estableció que la ley de financiamiento universitario es constitucional y que el Gobierno debe acatarla. “La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, sostuvo.
La posición oficial apunta a que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. Frente a ese argumento, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.
“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió Cagnacci. A su juicio, la resolución judicial rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos integra las facultades del Poder Ejecutivo.
El sindicalista ubicó el debate en el terreno de las prioridades de gestión. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.
Incumplimiento de la paritaria de junio
Cagnacci también cuestionó la falta de cumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.
Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó.
Según los datos aportados por el dirigente, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA), percibe menos de $500.000 netos.
Cagnacci indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.
“La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la consulta sobre si ese monto alcanza para sostener a un estudiante universitario.
Marcha al Congreso
En su planteo sobre el presupuesto, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales. Señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa implicó dejar de percibir $140.000 millones.
También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Para el dirigente, esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.
El secretario general advirtió que el proyecto presupuestario del Gobierno prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades. Según dijo, se trata del nivel más bajo desde 2001.
Rectores y rectoras de todo el país tienen previsto sesionar en Plaza de Mayo a las 14.30 y, desde esa actividad, convocarán a una movilización hacia el Congreso Nacional. La marcha en defensa de la educación pública universitaria está prevista para el 15 de octubre a las 13.30 horas.
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POLITICA
Defensa de la Soberanía de Malvinas: el oficialismo avanzó en Diputados y prepara el proyecto para llevarlo al recinto el 21 de octubre
El oficialismo logró avanzar con el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional durante un concurrido plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que contó con la participación de especialistas e invitados propuestos por la oposición. Los libertarios buscan cerrar la discusión el miércoles 14 y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, junto con un amplio temario.
El debate seguirá este miércoles a las 11 con la exposición de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. La iniciativa del Gobierno cuenta con 133 artículos y, además de endurecer las sanciones económicas y penales contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, rediseña áreas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad.
Durante la reunión, la oposición planteó dividir el proyecto y avanzar en un primer capítulo referido a las sanciones para las empresas que exploren y exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Lee También: Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó su inmediato cumplimiento
Los invitados propuestos por las bancadas opositoras cuestionaron la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre quienes expusieron estuvieron Jerónimo Guerrero Iraóla, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Luciano Anzelini; Sergio Eissa; Raúl Gustavo Ferreyra; David Angueira; Daniel Filmus; Mariana Altieri; Guillermo Carmona; Pablo Testori Schroeder; Fernando Morales y Víctor Sierra.
Los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez y Agustina Propato reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente, y de la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro.
Para el exministro Daniel Filmus, el proyecto establece “protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales”. Según Filmus, esas disposiciones “ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN”.
Qué plantea el proyecto de soberanía
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente contra quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
Según explicó la Casa Rosada al presentar el proyecto, la propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos; generar incentivos para que esas actividades cesen; y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que no se limita a los hidrocarburos y alcanza también otros recursos naturales renovables y no renovables.
El proyecto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
Además, propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo encabezado por el Presidente, para coordinar políticas de defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.
Un momento de tensión durante el plenario
La reunión tuvo un momento de tensión cuando el diputado libertario Beltrán Benedit reivindicó su visita a los genocidas detenidos en la cárcel de Ezeiza en 2024. “Hemos callado durante mucho tiempo”, dijo el entrerriano, y fue cuestionado por Germán Martínez y otros diputados de Unión por la Patria.
Carlos Zapata intervino rápidamente para terminar la exposición de Benedit y dio por finalizado el encuentro.
El 11 de julio de 2024, un grupo de diputados de La Libertad Avanza había visitado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a los genocidas Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglialminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros.
Lee También: Frente a la presión de la oposición, el Gobierno advirtió sobre las consecuencias de derogar el DNU de desregulación económica
En la previa de la reunión de las tres comisiones, la diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres, acompañada por Carlos Gutiérrez, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, José Núñez, Pablo Farías y Juan Brügge, presentó un proyecto de resolución para exhortar a los integrantes de la Cámara baja a mantener un trato respetuoso y acorde con la investidura parlamentaria.
Los legisladores argumentaron que “el Parlamento es un ámbito naturalmente atravesado por el pluralismo y el disenso, pero precisamente por eso requiere reglas de convivencia que permitan desarrollar las discusiones dentro de un marco de respeto institucional”.
En el mismo sentido, sostuvieron que la firmeza en la defensa de las posiciones políticas no es incompatible con un intercambio respetuoso centrado en ideas y argumentos.
Por su parte, Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó una iniciativa para sancionar con la suspensión de la dieta a los legisladores que insulten dentro del Congreso. “La crítica política es parte esencial del debate democrático, pero lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, explicó la legisladora mendocina.
malvinas, debate, Diputados
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